La comunidad de Santa Marta, en el departamento de Cabañas expresó este jueves su satisfacción por la absolución de cinco ambientalistas y tres personas más acusadas de un asesinato ocurrido en 1989. Sin embargo, cuestionaron la decisión del tribunal de imponerles una responsabilidad civil pese a no existir condena penal.
El Juzgado de Sentencia de San Vicente, integrado por tres jueces, declaró la inocencia de los imputados y ordenó su sobreseimiento. La resolución ratifica la total inocencia de los defensores ambientales, según la comunidad, y para ellos confirma que las acusaciones respondían a una estrategia de criminalización del activismo ambiental en El Salvador.
Los ambientalistas absueltos son Miguel Gómez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco y Saúl Rivas, junto con Fidel Recinos, Eduardo Sancho (alias Fermán Cienfuegos, firmante de los Acuerdos de Paz de 1992) y Arturo Serrano Ascencio.
Pese a la absolución penal, el tribunal impuso una responsabilidad civil en abstracto a Pacheco, Gómez, Pedro Rivas y Serrano, que deberá resolverse en un juzgado civil. La comunidad calificó esta medida como «incongruente», ya que no existe condena penal que sustente dicha demanda.
Ayer, miembros de la comunidad también pidieron a la Fiscalía General de la República que no apele el segundo fallo que les da la razón a los procesados.
La Fiscalía General de la República acusaba a los procesados —en su mayoría excombatientes del FMLN— del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, ocurrido el 22 de agosto de 1989. El proceso judicial se reabrió en enero de 2023 y este segundo fallo reafirma la absolución, después de que un tribunal de apelaciones anulara la primera sentencia.
El tribunal dispuso levantar las órdenes de captura vigentes, devolver las fianzas y objetos incautados, y ordenó que dos hijos de la víctima reciban atención psicológica como parte de las reparaciones.
