Kilmar u00c1brego García, el migrante salvadoreño cuya deportación errónea desató controversia en la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró inocente este viernes ante un tribunal federal en Tennessee por cargos relacionados con tráfico de personas.

u00c1brego, quien residía legalmente en Maryland desde hace mu00e1s de una década, fue detenido tras un control de tru00e1nsito en Tennessee en 2022, cuando transportaba a nueve personas. La administración Trump lo deportó en marzo de 2025 a El Salvador, pese a una orden judicial de 2019 que lo protegía ante un posible riesgo de persecución por pandillas.

Su defensa calificó las acusaciones como u201cabstrasu201d y advirtió que el caso evidencia graves fallos en el debido proceso. u00c1brego fue retornado a EE.UU. la semana pasada para enfrentar el proceso penal.

Durante la audiencia, se debatió si el acusado debía seguir detenido mientras espera el juicio. Sus abogados denunciaron que fue recluido injustamente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), y solicitaron su liberación inmediata como acto de justicia bu00e1sica y dijeron que si sigue detenido un sería un acto contrario al debido proceso..

Aunque la fiscalía asegura que u00c1brego García transportó migrantes desde Houston a distintos puntos del país, su defensa sostiene que no existen pruebas suficientes y que se trata de un u201ctrabajador de la construcción acusado injustamenteu201d.

La decisión final sobre su libertad quedó en manos del juez federal, mientras los movimientos de apoyo continúan exigiendo justicia y respeto a los derechos humanos.

u003cimg alt=»Manifestaciones de apoyo a Kilmar u00c1brego en las afueras de la audiencia judicial» src=»https://static.elmundo.sv/elmundo/uploads/images/2025/06/13/114137.png» style=»width: 800px; height: 464px;» /u003e

u003ch2u003eManifestaciones en su apoyou003c/h2u003e

u00c1brego ingresó a la sala del tribunal a las 9:55 a.m., vestido con un uniforme color naranja. Al momento de su declaración de inocencia, mu00e1s de 100 personas protestaban frente al edificio judicial exigiendo justicia.

Su esposa, Jennifer Vu00e1squez Sura, leyó un mensaje en el que él instaba a mantener la fe y a seguir luchando: u201cEstos tiempos oscuros son pruebas de Dios, pero la luz llegaru00e1 y podremos reencontrarnos con nuestras familiasu201d.

En el interior del juzgado, su00f3lo se permitió el ingreso de 44 personas debido al límite de espacio. Mientras tanto, fuera del recinto, decenas de carteles pedían respeto al debido proceso y denunciaban la separación de familias migrantes.

Entre los manifestantes, se encontraban miembros del Consejo Metropolitano de Nashville, representantes de organizaciones pro inmigrantes y ciudadanos que denunciaron recientes redadas de ICE en vecindarios latinos del estado.

u003ch2u003eu003cimg alt=»La esposa de Kilmar u00c1brego dijo que hasta el jueves lo pudo visitar en una cárcel de Tennessee.» src=»https://static.elmundo.sv/elmundo/uploads/images/2025/06/13/114138.png» style=»width: 800px; height: 460px;» /u003e
Las acusacionesu003c/h2u003e

El gobierno estadounidense también lo vincula sin cargos formales con tráfico de armas, drogas y abuso contra mujeres transportadas, ademu00e1s de haber participado en un homicidio en El Salvador, acusaciones que no figuran en el proceso judicial. La jueza advirtió a la fiscalía que no puede basar la detención únicamente en señalamientos.

La Fiscalía asegura que u00c1brego transportó personas durante casi una década, aunque no se le ha imputado ninguna condena previa. Su defensa subrayó que la pena promedio por tráfico humano en 2024 fue de 15 meses.

Ademu00e1s, sus abogados continúan una demanda en Maryland contra la administración Trump por desacato, exigiendo sanciones por ignorar una orden judicial que obligaba su repatriación desde El Salvador.

Un video divulgado de su detención en Tennessee muestra una interacción pacífica con la policía, sin indicios claros de delito. Pese a que no fue arrestado en el momento, un oficial comentó que u201cestaba transportando personas por dinerou201d y que llevaba $1,400 en efectivo.

El proceso judicial sigue en desarrollo, mientras la defensa insiste en que u00c1brego es un trabajador de la construcción, no un cabecilla de una red criminal.

El caso también provocó la renuncia de Ben Schrader, jefe de la división criminal de la Fiscalía en el Distrito Medio de Tennessee, quien dejó su cargo el mismo día de la acusación y publicó que su único compromiso era u201cmake it right, in the right way and for the right reasonsu201d.

Las protestas contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) llegan este fin de semana a Florida, estado líder en aplicar la política migratoria del presidente Donald Trump, entre el miedo de los activistas porque el Gobierno de Ron DeSantis advierte de usar la fuerza contra los «disturbios».

Las manifestaciones de Los Ángeles, que cumplen este viernes una semana, se han replicado en rincones del país como Texas y Nueva York, pero en Florida, donde uno de cada cinco residentes es inmigrante, solo hubo una en Tampa que convocó a unas 200 personas el lunes pasado.

La situación cambiará este fin de semana, cuando los activistas han convocado a una protesta explícita contra el ICE en Homestead, ciudad al sur de Miami con casi un 40 % de sus habitantes nacidos en el extranjero, y una de las mayores comunidades de mexicanos en Florida.

Esto se suma a las cerca de 75 demostraciones en el estado, incluyendo Miami, como parte de las protestas «No Kings» (No reyes) que ocurrirán a nivel nacional ante el cumpleaños de Trump y su desfile militar por los 250 años del Ejército, con la más significativa en Mar-A-Lago, club del mandatario en Palm Beach.

Pero activistas consultados por EFE perciben temor entre la comunidad para manifestarse de forma pacífica ante el despliegue de 4,000 elementos de la Guardia Nacional y 700 Marines en Los Ángeles, sin autorización del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, además de las advertencias del gobernador de Florida, el republicano DeSantis, y sus funcionarios sobre responder con fuerza.

«Es un mal escalamiento y todo eso vendrá a suceder aquí en Florida, especialmente porque tenemos una comunidad que en su mayoría es negra y morena», expresó Esai Burgos, estudiante de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y parte del movimiento «ICE Breakers».

En una protesta contra un acuerdo entre ICE y FIU para que la policía universitaria detenga a indocumentados, el alumno Dariel Gómez coincidió en que existe una «cultura de miedo» por la persecución de los agentes migratorios y el uso de la fuerza contra los manifestantes, como ocurre en Los Ángeles.

«Definitivamente, creo que la gente tiene miedo. No voy a decir que lo mismo va a suceder acá en Miami, pero es más que ya vemos cómo la agenda de inmigración en este momento en el país está resultando en muchas violaciones de leyes, de derechos constitucionales», indicó en una entrevista.

Florida promete cárcel o muerte

La polémica se agudizó tras una conferencia del fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien anunció este jueves un programa para proteger a los agentes del ICE de los manifestantes y avisó que el estado «no tolerará» protestas como California, además de recordar que hay una Ley Antidisturbios estatal desde 2021.

El alguacil del condado de Brevard, Wayne Ivey, advirtió en dicha conferencia de cárcel o muerte para manifestantes que incurran en violencia.

«Si golpean a uno de nosotros, irán al hospital y a prisión, y lo más probable es que los muerda uno de nuestros grandes y hermosos perros. Si arrojan un ladrillo, una bomba o apuntan a alguno de nosotros, notificaremos a su familia donde recoger sus restos porque los mataremos», avisó.

El gobernador DeSantis también señaló en mensaje que los conductores floridanos pueden arrollar a los manifestantes si rodean su auto.

ICE, omnipresente en Florida

Las protestas cobran relevancia también porque Florida es líder en la aplicación de la política migratoria de Trump, pues el gobernador ha impulsado los acuerdos llamados 287(g) que obligan a las autoridades de los 67 condados a cooperar con ICE, además de proponer que la Patrulla de Carreteras de Florida haga sus propias redadas.

Asimismo, el fiscal Uthmeier anunció el jueves que Florida será el primer estado en tener asignado un oficial de enlace de ICE para «fortalecer la aplicación de la ley migratoria» y tener «una línea directa de comunicación» entre el Servicio de Inmigración federal y autoridades estatales y locales.