La Casa Blanca aseguró este lunes que no hay límite acordado sobre el número de personas a las que puede expulsar a El Salvador bajo la acusación de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua (TdA) o de las maras, pese a la oposición judicial y de organizaciones de derechos civiles.
«No hay límite para el acuerdo: seguiremos enviando terroristas extranjeros a El Salvador, así como a muchos otros países», explicó a medios Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y considerado el arquitecto de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Las palabras de Miller se dieron poco antes de que Trump se reúna en la Casa Blanca con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.
«Quedan miles de miembros del Tren de Aragua en este país, o sus afiliados y asociados. Así que, obviamente, una parte de ellos irá a El Salvador como parte de nuestro esfuerzo por erradicar esta organización terrorista extranjera de Estados Unidos», añadió Miller.
Tras sellar un contrato que implica una prestación de 6 millones de dólares por parte de Washington y del que se desconocen muchos detalles, El Salvador ha permitido el uso de su prisión de máxima seguridad, el Centro de Confinamiento para el Terroristo (Cecot), para albergar a supuestos miembros de las pandillas Tren de Aragua (TdA) y MS-13 expulsados de EE.UU.
En el marco de la gran ofensiva migratoria de Trump, Washington declaró que el Tren de Aragua está invadiendo su territorio y echó mano de una norma de 1798, la ley de Enemigos Extranjeros, para expeditar procesos de deportación de supuestos miembros de la organización criminal, lo cual los expertos consideran incapaz de acometer semejante asedio sobre la primera potencia mundial.
Esa fue la ley que su Administración abanderó en un polémico operativo el 15 de marzo en el que envió al Cecot a 238 venezolanos y 23 salvadoreños, entre ellos Kilmar Ábrego García, al que las autoridades migratorias reconocieron que expulsaron por error puesto que un juez en 2019 había concedido el bloqueo a su deportación por que devolverlo a su país pone en riesgo su vida.
El pasado jueves, el Tribunal Supremo ordenó asegurar su retorno al Gobierno Federal, que ha puntualizado sus limitaciones en este terreno al no estar ya Ábrego García bajo su custodia.
Por su parte, Miller argumentó hoy mismo que a Ábrego García no se le deportó por error porque «las órdenes de protección (a la deportación) no se aplican a las organizaciones terroristas extranjeras por razones obvias», pese a que el propio Gobierno reconoció que se le expulsó por error y no han aportado pruebas de pertenecer a ninguna organización criminal.
Aún así, el viernes el propio Trump mostró su deseo de acatar lo dicho por el máximo tribunal estadounidense, lo que apunta a que tal vez podría anunciarse su retorno a EE.UU. cuando se reúna hoy con Bukele.
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