Autor: Uveli Aleman

Después de vivir durante más de diez años en Texas, Chris O’Riley se acostumbró a ver en su barrio carteles que le recuerdan que el agua escasea. Por eso, cuando se enteró de los planes para construir un gran centro de datos -instalaciones que consumen en promedio 300,000 galones de agua al día- a menos de diez kilómetros de su hogar se llenó de indignación.

«Nos dicen que seamos conscientes de nuestro gasto, pero luego estas compañías pueden llegar y tomarla así nada más», cuenta O’Riley a EFE.

Texas se encamina a convertirse en potencia para los centros de datos, impulsado por la administración de Donald Trump, que considera estos proyectos esenciales para mantener la ventaja tecnológica- especialmente el boom de la Inteligencia Artificial- y la seguridad nacional de EE.UU.

El mayor mercado para centros de datos

Según varios análisis de la industria, Texas podría convertirse en el mayor mercado para centros de datos del mundo para el 2030, superando a Virginia, gracias a su vasta extensión de tierra y menores regulaciones al sector privado.

Miles de millones de dólares están siendo inyectados en enormes ‘granjas’ de inteligencia artificial, incluyendo el proyecto Stargate, financiado por OpenAi, SoftBank y Oracle y Project Matador, que se espera sea el mayor centro de datos del mundo. Ambos están ubicados al oeste de Texas y han recibido el espaldarazo de la Casa Blanca.

Este ‘boom’ ha provocado el rechazo en algunos ciudadanos como O’Riley, que se rehúsan a compartir recursos con los servidores y se preguntan si sus líderes han considerado las consecuencias que este proyecto tendrá en la región y sus habitantes.

«¿Qué va a pasar? ¿Nos van a castigar o a cobrar más por la nueva escasez, por que se lleven más recursos?», explicó durante una manifestación a principios de mes en contra de la construcción de un centro de datos en Round Rock, un suburbio de Austin, la capital del estado.

Varios estudios sobre el impacto ambiental de los centros de datos confirman sus temores. En los próximos cuatro años, la tasa actual de crecimiento de la IA generará cada año entre 24 y 44 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono en la atmósfera, una cantidad equivalente a sumar entre 5 y 10 millones de automóviles a las carreteras de EE.UU.

También consumiría entre 731 y 1,125 millones de metros cúbicos de agua al año, lo que equivale al consumo anual de agua de 6 a 10 millones de hogares estadounidenses, de acuerdo con la Universidad de Cornell.

Un sistema hídrico al límite

Desde antes de la carrera por construir centros de datos, Texas se enfrentaba a una crisis de agua a largo plazo, con un sistema hídrico al límite, especialmente en zonas áridas y suburbios que crecieron más rápido de lo esperado.

Margaret Cook, ingeniera y experta en políticas ambientales, advirtió que, de no abordarse de manera adecuada, el impulso tecnológico en el estado va a desembocar en un «desastre».

«Estamos ya en esa trayectoria, debido a la falta de transparencia y a la incapacidad de planificar», señaló Cook, vicepresidenta del Houston Advanced Research Center de Houston a EFE.

Cook y sus colegas estiman que los centros de datos podrían aumentar aproximadamente un tres por ciento la demanda total de agua del estado en los próximos años, en un territorio que ya sufre escasez.

La mayoría de las empresas que construyen estos centros de datos no divulgan el uso esperado de agua e incluso en algunos casos han firmado acuerdos de confidencialidad con entidades locales, opacando la información que pueden acceder los ciudadanos.

Esa falta de transparencia, argumentó la experta, genera desconfianza, especialmente cuando las empresas aseguran que sus instalaciones son muy eficientes pero se niegan a compartir los datos.

«Nadie quiere esto en su barrio», sentenció Garry Oldham, impulsor del movimiento contra los centros de datos en Round Rock. Su petición, con la que intentó frenar los permisos para las instalaciones del gigante Skybox, fue en últimas descartada por el consejo local.

«No soy anti-tecnología, uso la IA casi todo los días, pero esto no debería construirse en un estado azotado por las sequías y con un sistema eléctrico inestable», insistió.

La NASA anunció este viernes cambios en su programa Artemis, por lo que ahora prevé dos nuevas misiones a la Luna en 2028 en lugar de una, aunque la tercera expedición, Artemis III, ahora ya no irá al satélite natural ese año como se esperaba y solo será un viaje en la órbita terrestre baja en 2027.

Las modificaciones implican que la misión Artemis IV buscará llegar a la Luna a principios de 2028 y la nueva Artemis V también lo intentará a finales de ese año, reveló el administrador de la agencia espacial estadounidense, Jared Isaacman, en una conferencia de prensa en Cabo Cañaveral en Florida.

Esto significa que Artemis III, que estaba pensada como el regreso del ser humano a la superficie lunar por primera vez desde 1972, se adelanta para 2027, pero ahora será una misión intermedia en la órbita terrestre baja.

En tanto, la NASA intenta seguir adelante con el lanzamiento de Artemis II, que se ha aplazado por lo menos hasta abril tras estar programada para enviar a cuatro astronautas a la órbita lunar el 6 de marzo, después de fallos en la primera prueba en frío que impidieron el lanzamiento en febrero.

El calendario de misiones

El administrador de la agencia espacial estadounidense explicó que buscan «incrementar el ritmo de lanzamientos» para «reducir la complejidad» de las misiones en «la mayor medida posible».

El funcionario también expuso que el organismo «necesita reconstruir y fortalecer la fuerza de trabajo en la NASA» para lograr las nuevas metas, que implican que los lanzamientos ocurran cada 10 meses en vez de cada año.

«Necesitamos empezar a volver a lo básico y movernos en esta dirección, así que necesitamos reconstruir la fuerza de trabajo civil y restaurar de nuevo las capacidades cruciales, eso contribuirá directamente a la cadencia de lanzamientos de la NASA», sostuvo.

Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, dijo que los cambios permitirán a la NASA mantener su calendario de misiones y crear condiciones para mayor seguridad y menores costos.

«Es desafiante, es ambicioso, pero con esta corrección de ruta, estamos en una base más estable, en un camino más realista a los hitos que tenemos hacia adelante», aseveró.

Los cambios se anuncian tras los retrasos por fallas técnicas que ha afrontado Artemis II, que será la misión encargada de enviar a los primeros humanos a la órbita lunar en más de medio siglo, aunque no contempla un alunizaje.

Pese a las modificaciones en las misiones posteriores, la NASA aún está trabajando para «tener la mejor probabilidad posible» de lanzar Artemis II a principios de abril, señaló Lori Glaze, viceadministradora asociada de la agencia.

El ministro de Seguridad de México, Omar García Harfuch, señaló el viernes que el Gobierno baraja que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene hasta cuatro posibles sucesores de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, que fue abatido el pasado fin de semana en un operativo del Ejército.

«Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente que están bajo investigación», aunque serían dos los «más probables», informó el ministro de Seguridad durante la rueda de prensa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, desde Sinaloa, donde encabezará un gabinete de seguridad.

Si bien García Harfuch no ha dado más detalles sobre estos perfiles, pocas horas después de la muerte de ‘El Mencho’, la prensa mexicana desveló la identidad de algunos de los potenciales sucesores de quien lideró hasta hace unos días la principal organización criminal de país y la tercera más poderosa del mundo.

Entre ellos se encuentra su hijastro Juan Carlos Valencia González, ‘El 03’, heredero natural tanto por linaje como por capacidad operativa, después de que otros familiares hayan caído o bien hayan sido detenidos. Las autoridades estadounidenses ofrecen por él una recompensa de cinco millones de dólares.

Sin embargo el parentesco no garantiza la sucesión y hay otros como Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias ‘El Sapo’; Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’; Ricardo Ruiz Velasco ‘Doble R’; Heraclio Guerrero Martínez, el ‘Tío Lako’; que también están detrás del vacío de poder que deja tras de sí la muerte de ‘El Mencho’.

El presidente de la comisión parlamentaria para la aplicación de la Ley de Amnistía en Venezuela, el diputado Jorge Arreaza, informó este sábado que 31 militares fueron excarcelados con «medidas alternativas» con el objetivo de contribuir a la paz y al encuentro nacional.

A través de un mensaje en X, el diputado indicó que el Sistema de Justicia Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) acordó otorgar estas medidas el viernes a los militares que, dijo, «ya se encuentran en libertad».

Arreaza no precisó las identidades de los militares o cuáles son sus causas ante la Justicia.

El viernes, el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, informó de la excarcelación de al menos ocho presos políticos militares, entre ellos, Rocío Fernández, capitán del Ejército Bolivariano y perteneciente al pueblo indígena wayuu, y Jesús Sifontes, teniente de corbeta de la Armada.

Foro Penal indicó que ambos estaban «arbitrariamente» detenidos desde agosto de 2024, cuando Venezuela atravesaba una crisis que se desató tras la cuestionada victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales de julio de ese año proclamada por un organismo electoral afín al chavismo que luego no publicó las actas de votación.

El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó la semana pasada por unanimidad una histórica Ley de Amnistía para los casos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero que se aplicará de forma específica a 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Asimismo, creó una comisión especial para garantizar el cumplimiento de la norma, además de revisar casos «no contemplados» en la ley, una función que también cumplirá el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, instalado en enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado mes.

Rodríguez pidió, tras la aprobación de la ley, revisar de forma «expedita» aquellos casos que no estén dentro de la normativa aprobada.