Autor: Uveli Aleman

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó al gobierno salvadoreño aumentar ciertos impuestos si no recauda suficiente en medio de un ajuste fiscal para corregir las distorsiones de las cuentas públicas.

En el informe final de la primera revisión al programa de Servicio Ampliado (SAF), publicado este martes, el FMI destacó que el cumplimiento de las metas fiscales en el ejercicio de 2025 es esencial, pero, si los ingresos tributarios no son suficientes, ofreció una batería de propuestas tributarias.

“Si los ingresos no son suficientes, acordaron (las autoridades salvadoreñas) adoptar medidas de contingencia para optimizar aún más el gasto no salarial no prioritario”, señala el FMI en el informe, en el cual introdujo propuestas para ampliar la base impositiva, racionalizar los regímenes fiscales especiales y aumentar las tasas.

En el abanico de propuestas se encuentra la introducción de una tarifa de entrada turística para no residentes de $20, así como aumentar el impuesto especial cobrado al consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas.

Además, propone elevar las tasas de registro de vehículos y ampliar la base tributaria para el cobro de los impuestos sobre la Renta (ISR) y al Valor Agregado (IVA).

Asimismo, se contempla la introducción de un impuesto verde, por ejemplo, de $5 por tonelada de gases contaminantes.

En la propuesta se incluye imponer IVA a los servicios digitales, así como un impuesto sobre las ganancias de capital del 30 %. Asimismo, un pago de dividendos distribuidos del 10 %.

Ajuste fiscal
El programa fiscal con el FMI contempla un ajuste fiscal de 3.5 puntos del producto interno bruto (PIB) durante tres años, comenzando en 2025 a través de medidas como eliminación de grasa salarial y reducción del gasto corriente.

“Las autoridades acordaron seguir ejerciendo un estricto control del gasto público para cumplir con las metas de balance primario durante el resto del año con el fin de salvaguardar la credibilidad, reconstruir los márgenes fiscales y externos, y encaminar la deuda pública hacia una senda de firme descenso”, indicó el FMI en el informe.

El programa de asistencia fiscal ofrece un margen para asignar menos del 1.5 % del PIB a transferencias en especie específicas, alimentación escolar y programas de transferencias monetarias, sostuvo el FMI.

Las autoridades salvadoreñas se han comprometido con el gobierno a fortalecer la recaudación tributaria mediante la expansión de la factura electrónica, que cubre un 95 % de las grandes empresas y un 30 % del total de unidades económicas.

Además, ha planteado al FMI la simplificación de trámites para los contribuyentes, como las declaraciones presuntivas del IVA, y la agilización de la presentación electrónica de los formularios de devolución del IVA que se pondrá en una prueba piloto en agosto para su plena implementación a principios de 2026.

Según el reporte, el gobierno trabajará en la extracción de datos de las facturas de IVA y la mejora en el intercambio de datos de los acuerdos internacionales para identificar y evaluar los riesgos de incumplimientos.

Las demoras en el Puerto de Acajutla sumaron 238 días en el primer semestre de 2025 ante una camándula de problemas que van desde falta de camiones hasta cierres por mareas vivas, detalló este martes Luis Canto, gerente de la Unión Portuaria del Pacífico (UPDP).

Durante un foro de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), al que tuvo acceso la prensa, Canto explicó a los empresarios los avances y los atrasos sufridos en la principal terminal marítima desde que asumió en diciembre de 2024 la administración UPDP, una sociedad de economía mixta conformada por la empresa turca Yilport y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

Canto atribuyó las demoras a factores externos, internos y por clima, las cuales en conjunto suman 5,735 horas, que equivalen a 238 días. Junio fue un mes crítico para la administradora, ya que hubo mareas vivas que obligaron a cerrar la terminal por ocho días y también una reacomodación de los barcos.

En los factores externos se incluye la espera de rastras contratistas, falta de camiones para mover carga, demoras en la llegada de los camiones o desperfectos de la grúa de buque, las cuales suman 2,373 horas.

“En el primer semestre fueron 2,373 horas esperando barcos de proveedores externos, estos son casi 100 días que hemos estado pagándole a nuestra gente con barcos de otros clientes esperando afuera y esperando que, los que se tienen que llevar la carga, manden sus camiones”, zanjó.

En internos se contempla la espera de contenedores en el patio, demoras en las rastras por congestionamiento de los patios y contenedores vacíos, con una acumulación superior de 800 horas.

“Todos saben que en El Salvador hay un déficit grande de camiones para transporte”, indicó Canto, al tiempo que recordó que hay empresas importadoras que tienen despacho directo, pero no camiones suficientes para mover la carga y eso genera cuellos de botellas.

Las demoras atribuidas a factores por clima sumaron 2,483 horas, equivalente a 103 días.

El portavoz de UPDP detalló que el puerto tuvo un tiempo de espera promedio de 20 días en el primer trimestre de 2025, con casos que llegaban hasta 35 o 40 días de demoras. “No es un número del cual estábamos orgullosos, pero fue lo que recibimos y así es como teníamos que operar”, dijo.

Para el segundo semestre se redujo a 13 días gracias a “algunas mejoras operativas que hicimos sin haber recibido equipo todavía”, aunque con picos de 20 a 25 días en casos puntuales. Incluso, puso de ejemplo un barco con hierro procedente de China en el cual trabajaron 50 días porque estaba un “poco desorganizado”.

Canto destacó que la última inversión en infraestructura en el puerto fue en 1975. “El Salvador, durante 50 años, ha tenido el mismo puerto y por eso es la congestión que hay”, dijo.

A la fecha, UPDP ha adquirido 126 equipos de los cuales cuatro han llegado a El Salvador, pero “nos han marcado una gran diferencia”, indicó Canto. El resto se encuentra en fabricación en “diferentes lugares del mundo”, añadió.

La salida del gobierno del monedero Chivo, la eliminación del Fidebitcoin y un marco jurídico que unifique las responsabilidades en la supervisión de criptoactivos son parte de las tareas pendientes de las autoridades salvadoreñas para el resto de 2025 como parte de los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El bitcoin fue la piedra en el zapato en las negociaciones con el FMI desde 2021, pero finalmente el gobierno salvadoreño retrocedió con una reforma en enero de 2025 que eliminó la categoría de aceptación legal y la opción de pago de impuestos, con lo cual en febrero de este año se aprobó un programa de $1,400 millones.

En informe final de la revisión al Artículo IV y la primera evaluación del programa de Servicio Ampliado, publicado este martes por el Fondo, destaca que las autoridades salvadoreñas han cumplido los compromisos vinculados a la no acumulación de bitcoin voluntariamente ni emisión de deuda indexada o denominada en bitcoin, así como instrumentos tokenizados que generen pasivos en las cuentas públicas.

Además, destacó que las reformas a la Ley Bitcoin han sido cruciales para mitigar los “riesgos clave” de la criptomoneda, que incluye la norma que prohíbe el pago de impuestos en bitcoin con vigencia el 1 de mayo de 2025.

“A pesar del compromiso de no acumular bitcoin voluntariamente, el criterio sobre la acumulación voluntaria de bitcoin se incumplió con márgenes mínimos debido a fluctuaciones temporales en los depósitos de los clientes de Chivo denominados en bitcoin”, señala el FMI en su reporte, en el cual no se mencionan las compras realizadas por la Oficina del Bitcoin, una agencia creada bajo la dirección de Casa Presidencial.

¿Qué falta cumplir?
El FMI destacó que el gobierno publicó un plan para detener el uso de fondos públicos en el monedero Chivo y finalizará su participación a finales de julio de 2025.

Actualmente se realiza una asistencia técnica sobre el marco legal para la regulación y la supervisión de los criptoactivos que abordará los “problemas pendientes” relacionados con la protección de activos antes de finalizar la participación del gobierno en el monedero.

Con la eliminación de la Chivo, se salvaguardarán los dólares estadounidenses de los clientes en el Banco Central de Reserva (BCR).

Además, se liquidará el fondo fiduciario (Fidebitcoin) creado en 2021 para garantizar la liquidez con dinero estatal en la conversión de bitcoin a dólares y se publicarán los estados financieros de Chivo auditados por un experto independiente a finales de julio.

Las autoridades salvadoreñas se han comprometido ante el Fondo con un marco integral para la “gestión de bitcoin y otros criptoactivos propiedad del gobierno” con el objetivo de fortalecer la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas.
Unificación de regulación
El Fondo señaló que el marco legal del bitcoin es dual. Por un lado, es regulado y supervisado por el BCR y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), mientras que otros criptoactivos son jurisdicción de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD).

Esto “necesita ser revisado, incluyendo su armonización con las recientes modificaciones a la Ley Bitcoin”, donde el FMI brinda asistencia para presentar un nuevo marco regulatorio en diciembre de 2025.

“Promulgaremos, para finales de diciembre, un marco integral para la gestión de Bitcoin y otros criptoactivos propiedad del gobierno con el fin de mejorar la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas, y definiremos el papel de la Agencia Bitcoin, incluyendo directrices de inversión y políticas de mitigación de riesgos”, dice la carta enviada por el Ejecutivo ante el FMI.

Además, las autoridades salvadoreñas se han comprometido a enviar al personal técnico del FMI una declaratoria firmada que enumere todas las direcciones públicas de monederos activos y fríos propiedades del gobierno, así como las entidades públicas y jurídicas del sector público con participación a finales de diciembre de 2025.

En la lista de compromisos se contempla la publicación trimestral de los estados financieros del Fidebitcoin y Chivo, así como la CEL y LaGeo.

La Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) y el Consejo Industrial de El Salvador firmaron este martes una alianza para impulsar las exportaciones y el crecimiento económico.

La alianza contempla el trabajo en conjunto para la atracción de la inversión local y extranjera, así como impulsar una imagen de El Salvador como destino exportador competitivo, innovador y sostenible con productos y servicios de alto valor agregado.

“Se apoyará la transición hacia modelos productivos más sofisticados y tecnológicos, que generen empleo de calidad y promuevan el encadenamiento productivo, apoyando el desarrollo de áreas industriales en las cuales pueda continuar su crecimiento para la exportación”, señaló Coexport.

El Consejo Industrial se lanzó en abril pasado como un nuevo espacio para impulsar una reindustrialización de El Salvador, articulado por los sectores que conforman la manufactura, empresas y organizaciones.

Ambas instituciones han anunciado estrategias para impulsar las exportaciones, uno de los renglones de mayor atención en la economía por el encadenamiento en la producción de la economía.

Por un lado, el Consejo Industrial lanzó en junio un plan que contempla entre sus objetivos un crecimiento anual de las exportaciones del 8 % en los próximos cinco años. En paralelo, Coexport entregó al presidente salvadoreño Nayib Bukele una propuesta para acelerar las exportaciones un 10 % anual.

“Coexport ha señalado que es importante consolidar una coordinación eficaz entre los sectores público y privado, para lograr mejores resultados, del trabajo de fortalecimiento de la inversión y las exportaciones”, indicó la gremial en un comunicado.

Después de las remesas, las exportaciones son el principal generador de divisas en la economía salvadoreña, que el año pasado aportaron $6,447.5 millones, equivalente a un 16.3 % del producto interno bruto (PIB), según el Banco Central de Reserva (BCR).