Autor: Uveli Aleman

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que el gobierno salvadoreño

desmantelará el monedero estatal Chivo a finales de julio como parte de los compromisos asumidos en el programa de $1,400 millones.

El multilateral con sede en Washington informó este martes que concluyó la primera revisión del Servicio Ampliado (SAF) que aprobó en febrero pasado, que incluye compromisos fiscales, así como la reducción de la participación del gobierno en

actividades económicas vinculadas a la criptomoneda.

Para el FMI, el programa ha tenido un «sólido

desempeño» y, a partir de esos resultados, hubo entendimientos con el gobierno sobre «políticas para seguir garantizando los objetivos».

Entre esas políticas, mencionó que «se seguirán realizando esfuerzos para garantizar que la cantidad total de bitcoin en todas las billeteras propiedad del gobierno permanezca sin cambios, en consonancia con los compromisos del programa, al tiempo que se asegura el desmantelamiento de la participación del sector público en la billetera Chivo para fines de julio».

El

desmantelamiento del monedero estatal fue anunciado el 19 de diciembre de 2024 por Stacy Herbert, directora de la Oficina de Bitcoin, quien emitió un comunicado en respuesta a las críticas de algunos bitcoiners sobre que el gobierno cedió a la presión del FMI para acceder a financiamiento. En un afán de tranquilizar el mercado, la funcionaria aseguró que se acelerarían las compras para aumentar la reserva de bitcoins.

Chivo Wallet debutó en el mercado en septiembre de 2021 como una medida del gobierno salvadoreño para impulsar la adopción del bitcoin. Se ofrecía un bono de $30 para los nuevos usuarios, pero en los primeros días del lanzamiento se documentaron largas filas de salvadoreños en los cajeros de Chivo intentando sacar ese dinero en dólares. Además, hubo serias fallas en el sistema que generó cobros no autorizados y movimientos de miles de dólares entre cuentas.

En marzo pasado, como parte de los acuerdos de transparencia asumidos ante el FMI, el gobierno publicó los estados financieros del monedero, los cuales confirmaron que opera con

pérdidas. En un resumen de cinco hojas, se detalló que Chivo Wallet cerró el año pasado con $245.4 millones en pasivos, que incluye los gastos pendientes por facturas, salarios de empleados, impuestos, cuentas o deudas.

Compras de bitcoin

Tal como lo anticipó la portavoz de la Oficina del Bitcoin en diciembre, se mantuvieron las

compras de la criptomoneda y acumula una reserva de 6,189 monedas, 98 adicionales en relación con los 6,091 que tenía el 26 de febrero de 2025, fecha en que el FMI aprobó el programa que estuvo en negociaciones por cuatro años.

En medio de cuestionamientos por las compras, el FMI dijo en abril pasado que el gobierno

cumple con los compromisos asumidos en el programa de no acumular bitcoins por parte del sector fiscal.

Sin embargo, la Administración de Nayib Bukele no ha explicado el origen de los fondos para adquirir las criptomonedas ni si hubo separación de la Oficina del Bitcoin, creada por decreto ejecutivo en noviembre de 2022 bajo la dirección de la Presidencia de la República.

Al margen del programa, la Asamblea Legislativa aprobó en enero pasado un paquete de reformas a la polémica Ley Bitcoin, vigente desde septiembre de 2021, cuyo cambio más significativo fue el establecimiento de su uso voluntario estrictamente para el sector privado.

Además, se aprobó la eliminación de la opción de pagar obligaciones tributarias con la criptomoneda y se aseguró que los impuestos se honren solo en dólares estadounidenses.

El decreto que valida el aumento del 12 % al salario mínimo fue publicado este martes en el Diario Oficial con fecha del 23 de mayo, donde se detallan las tablas salariales a partir del 1 de junio de 2025.

Según el decreto ejecutivo, el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) aprobó el ajuste salarial con base en indicadores económicos como el costo de la canasta básica, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) -inflación-, y las condiciones del mercado laboral.

En el decreto se incluye salario mínimo para cuatro sectores: industria, comercio y servicios, maquila textil y confección, y agrícola.

El salario mínimo se fijó en $305.23 para el sector agrícola, que incluye ganadería, pesca, recolección de cosecha de café y otras actividades agrícolas.

Mientras tanto, para la industria se fijó en $408, aplicado para los trabajadores en ingenios azucareros, beneficio de café y otras actividades de la industria y la agroindustria.

Servicios y comercio también tendrá un salario mínimo de $408.80, mientras que maquila textil y confección quedarán con $402.32.

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Confusión entre decreto y publicación de Ministerio de Trabajo

El documento plantea un cambio drástico para el sector agrícola, porque en el ajuste de agosto de 2021 se dividían las actividades de beneficio de café y recolección de caña de azúcar con un salario base de $272.55, mientras que el rubro agrícola, recolección de café y algodón tenía $243.46.

En cambio, en el decreto se plantea un solo salario para el sector agrícola de $305.23.

El decreto señala que la industria incluye a los ingenios azucareros, beneficio de café y otras actividades industria y agroindustria. Entretanto, el sector agrícola abarca ganadería, pesca, recolección de cosecha de café y otras actividades agrícolas.

Sin embargo, después de la difusión en el Diario Oficial, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, publicó en redes sociales la tabla donde se mantenía la anterior distribución para los salarios del sector agrícola.

Según esta tabla, recolección de caña de azúcar y beneficio de café pasaría a $305.25, un incremento de $32.70 y equivalente a 12 %.

Entretanto, recolección de café y sector agropecuario pasaría sería de $272.67, un alza de $29.21. Sin embargo, si se considera el decreto, el incremento real sería de $61.79, un 25.4 %.

Salario por obra

El decreto establece las tarifas de salario mínimo para los trabajadores en el rubro de recolección de café y caña de azúcar contratados por unidad de obra, sistema mixto o con otras estipulaciones de salarios, pero que no están sujetos al horario de trabajo.

En este caso, la recolección de caña por tarea quedó en $10.035 por tarea y por tonelada en $5.018, mientras que en recolección de café por arroba es de $2.007 y por libra de $0.08.

“Los empleadores que infrinjan cualquier disposición de este decreto incurrirán en una multa por cada prestación vulnerada, sin que ello deje de cumplirse con el derecho laboral de conformidad con lo regulado en el Código de Trabajo u otra normativa aplicable”, señala el documento.

Nota aclaratoria: esta nota se actualizó con la publicación de la tabla de salario mínimo publicada por el Ministerio de Trabajo.

A partir del 1 de junio de 2025 entrará en vigencia un aumento del salario mínimo del 12 %, informó este martes el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS).

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, dijo a través de una publicación en redes sociales que el incremento entrará en vigencia el domingo 1 de junio, tal como propuso el presidente Nayib Bukele cuando envió el proyecto el 22 de abril pasado.

El Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) se decantó por la propuesta enviada por el presidente Bukele de aumentar un 12 %, similar a la iniciativa que presentó la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) en febrero pasado conforme a la evolución de la inflación.

El decreto que valida el ajuste salarial fue publicado esta tarde en el Diario Oficial con fecha del 23 de mayo, donde se detallan las tarifas salariales para los sectores de agricultura, industria, comercio, servicios, y maquila textil y confección.

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Esta vez el salario mínimo solo incluye sector agrícola, a diferencia del ajuste de agosto de 2021 cuando se dividía para las actividades de beneficio de café y recolección de caña de azúcar con un salario base de $272.55, mientras que el rubro agrícola, recolección de café y algodón tenía $243.46.

El decreto señala que la industria incluye a los ingenios azucareros, beneficio de café y otras actividades industria y agroindustria. Entretanto, el sector agrícola abarca ganadería, pesca, recolección de cosecha de café y otras actividades agrícolas.

En la mesa de negociación también llegaron propuestas de sindicatos de aumentos para llegar a un salario mínimo de $456.2, $500, $600 y hasta $901.9, amparadas en el costo de la canasta básica alimentaria (CBA) que en abril pasado se situó en $247.27 en la zona urbana.

Nota aclaratoria: esta nota fue modificada a partir de la publicación del decreto que valida el ajuste salarial.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades salvadoreñas alcanzaron un acuerdo a nivel de personal técnico de la primera revisión del programa de Servicio Ampliado (SAF) que liberaría $120 millones.

El FMI detalló que cerró la primera revisión del programa de 40 meses que contempla un financiamiento de $1,400 millones y finalizaron las conversaciones para la revisión del Artículo IV, una consulta periódica sobre el desempeño económico y fiscal de los países miembros. La misión estuvo liderada por Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental.

Dicho desembolso está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, pero la misión afirmó que el programa ha tenido un «Sólido desempeño».

La mayoría de los objetivos del programa, establecidos en la primera revisión, se cumplieron con creces, y la implementación de los parámetros estructurales avanza satisfactoriamente, sostuvo.

Para el FMI, la economía salvadoreña continúa su expansión a pesar de un contexto externo muy complejo, sostenida por una  mayor confianza y un flujo de remesas aún sólido.

El FMI indicó que se alcanzaron entendimientos con el gobierno salvadoreños para apoyar en medidas que continuarán este año como parte del plan de consolidación fiscal a través de recortes salariales y la moderación del gasto corriente.

El Fondo adelantó que el gobierno prepara planes para reformar la función pública y el sistema de pensiones, a fin de apuntalar el ajuste de este año. Estas medidas se incluirán en una nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal, cuya promulgación está prevista próximamente. Además, se fortalecerán los colchones externos mediante la acumulación de depósitos públicos en el Banco Central de Reserva (BCR). Esto incluye incrementar los requisitos de liquidez bancaria, a la vez que se fortalecerá la supervisión bancaria y de cooperativas.

Con la Ley Anticorrupción, el gobierno se ha comprometido a garantizar su aplicación adecuada y oportuna para mejorar la gobernanza, la rendición de cuentas y la transparencia, incluidas las cuentas fiscales del sector público en general.

El Fondo Monetario indicó que acompañarán los esfuerzos del gobierno para garantizar que la cantidad de bitcoin en las billeteras del gobierno se mantengan sin cambios mientras se avanza en el desmantelamiento de la Chivo Wallet para julio.

En cuanto a Bitcoin , se seguirán realizando esfuerzos para garantizar que la cantidad total de Bitcoin en todas las billeteras propiedad del gobierno permanezca sin cambios, en consonancia con los compromisos del programa, al tiempo que se asegura el desmantelamiento de la participación del sector público en la billetera Chivo para fines de julio, indicó.

En esta ocasión, el FMI no se refirió a las compras de bitcoin que realiza la Oficina del Bitcoin, una institución gubernamental que ha mantenido la adquisición de activos desde la aprobación del programa.

El gobierno salvadoreño propuso sitios candidatos al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en San Vicente y Chalatenango para la instalación de la primera planta nuclear de El Salvador.

La Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) anunció este martes la primera Misión de Diseño de Sitios y Eventos Externos (SEED), en la cual expertos del OIEA analizarán los sitios propuestos por el gobierno para instalar una planta nuclear que cumplan con los parámetros de seguridad física nuclear y protección al medio ambiente.

“Durante los últimos meses, nuestro equipo técnico interinstitucional ha llevado a cabo un proceso riguroso de la primera selección de sitios, uno en San Vicente y otro en Chalatenango, ambas áreas cuentan con todas las características necesarias para determinar un sitio potencial para el desarrollo de una futura instalación nuclear”, afirmó Daniel Álvarez, presidente de CEL y director ad honorem del Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear en El Salvador.

Álvarez enfatizó que los sitios identificados cumplen con “todos los estrictos requisitos” que pide el OIEA para instalar una central nuclear. “Este trabajo se ha fundamentado en criterios científicos, ambientales y sociales, aplicados de manera sistemática y rigurosa para delimitar zonas con condiciones favorables”, sostuvo el funcionario.

Primera misión
La misión SEED es uno de los servicios del OIEA a solicitud de los países miembros, cuya evaluación ofrecerá recomendaciones de los sitios y los diseños de instalaciones nucleares.

Los técnicos delegados por el OIEA revisarán que los territorios propuestos cumplan con los estándares de seguridad internacional, así como potenciales amenazas naturales, como terremotos, inundaciones, vientos, tormentas o eventos sísmicos.

La evaluación también incluye riesgos humanos y relacionados a las actividades humanas. “Esta fase es modular para nuestro programa de energía nuclear, es una etapa sumamente importante”, agregó Álvarez, al recordar que el programa busca la independencia energética de El Salvador.

En octubre de 2024, Álvarez, que también está al frente de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), dijo que el gobierno planea que el primer reactor nuclear esté listo en 2030 e inicialmente se destinaría para fines de investigación.

El gobierno aún no define el combustibles que utilizará la planta, pero en marzo de 2023 firmó un convenio con Thorium Energy Alliance, que promueve el uso del torio, que plantea un proceso de generación más seguro y eficiente que con el uranio.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un préstamo de $65 millones para proyectos de infraestructura vial y servicio de agua del programa Surf City- Fase II.

Este financiamiento se destinará para la ampliación de 8.2 kilómetros de dos a cuatro carriles de la ruta CA02W en el Litoral, que comprende entre la residencial Xanadú y la playa El Zonte, uno de los corredores de mayor carga vehicular al conectar la zona metropolitana con diferentes puntos turísticos de la costa salvadoreña.

Según el BCIE, la ampliación de esta carretera reducirá tiempos y costos de traslados de los usuarios, al tiempo que favorece la integración territorial y estimula el comercio.

La carretera contempla una ciclovía en dos sentidos, aceras y espacios públicos seguros para los peatones. Asimismo, el BCIE detalló que la operación contempla Sistemas Inteligentes de Transporte para anticipar control de tráfico en casos de emergencia.

El préstamo también contempla financiamiento para la construcción de un puente sobre el río Huiza, en el cantón Melara, que incluirá cuatro carriles y una ciclovía.

El BCIE agregó que se construirán dos plantas de tratamiento de aguas residuales en las playas de El Majahual, San Blas, El Cocal, Conchalío, San Diego y Cangrejera, que beneficiará directamente a 20,000 personas al prevenir la propagación de enfermedades y conservación de ecosistemas acuáticos.

Según el comunicado del BCIE, al menos 6,500 vehículos pasan a diario por el tramo del Litoral que cubre Surt City-Fase II, por lo cual la inversión en infraestructura vial aliviará la congestión vehicular y los tiempos de transporte.

Aseguró que las obras contempladas en el proyecto beneficiarán a 69,000 salvadoreños, de los cuales un 52 % son mujeres.

De acuerdo con el Ministerio de Turismo (MItur), el complejo turístico del Puerto de La Libertad, así como las playas del Litoral se encuentran entre los destinos de mayor demanda de los turistas locales e internacionales.

Las exportaciones de condensadores eléctricos fijos, considerados el producto estrella de la industria salvadoreña, han retrocedido a valores de 2020, indican estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR).

De enero a marzo, las exportaciones de condensadores -conocidos también como chips-, sumaron $52.77 millones, inferiores en $1.3 millones (2-5 %) respecto a los $54.12 millones registrados en igual período de 2024.

Los condensadores eléctricos fijos son pequeñas baterías de energía que se utilizan en diferentes sectores, como automotriz, telecomunicaciones o aviación. La producción es exclusiva de la empresa japonesa Kyocera AVX, que inició operaciones en El Salvador en 1977 en la zona franca de San Bartolo, Ilopango.

Después de un fuerte repunte entre 2021 y 2022, las exportaciones anuales de este producto cayeron en 2023 y 2024. Según el BCR, al término del año pasado, se desplomaron un 16.8 % al totalizar $160.75 millones.

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El informe de comercio exterior correspondiente a abril detalla retrocedió al puesto 12 de los primeros 50 productos de mayor exportación después de estar en el top 10, con una participación de un 2.3 % del total exportado ($2,238.1 millones)

Los ingresos por las exportaciones de condensadores eléctricos han retrocedido a valores de 2020, cuando sumaron $43 millones en el primer cuatrimestre del año.

En volumen, sin embargo, las exportaciones de este producto de alta gama tecnológica experimentaron un crecimiento interanual de un 0.95 %. El BCR reporta que se despacharon 272,506 kilogramos, al menos 2,581 adicionales en relación a igual período de 2024.

A pesar del ligero crecimiento, se queda por debajo del volumen de 2021 y 2023, cuando superaba los 350 kilogramos.

Los ingresos de las exportaciones de textiles se encuentran en el mínimo desde 1996 luego de caer un 20 % en el primer cuatrimestre de 2025, con el cual acumula tres años de contracción, según el registro del Banco Central de Reserva (BCR).

De enero a abril, las empresas del rubro maquila exportaron mercadería valorada en $236.79 millones, $59.46 millones menos en relación con los $296.26 millones registrados en igual período de 2024.

Según el BCR, las exportaciones de maquila experimentaron crecimientos interanuales en el primer cuatrimestre de 2021 (un 45 %) y en 2022 (15.3 %). Estos desempeños estuvieron marcados por eventos coyunturales, en 2021 fue la recuperación del bache de la pandemia y en 2022 se dispararon los precios internacionales por la invasión rusa en Ucrania.

A partir de 2023, las exportaciones de este sector, uno de los mayores empleadores privados del sector formal, comenzaron a experimentar caídas que llevaron a los ingresos a su menor cifra registrada desde 1996.

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El volumen exportado también se redujo un 17.8 % en los primeros cuatro meses de 2025, al sumar 16.3 millones de kilogramos. En este caso, se trata de la cifra más baja desde 2005, cuando el BCR incorporó esta variable en su registro.

El kilogramo se ha exportado este año a un precio promedio de $14.5, inferior en relación con los $14.9 de igual período de 2024.

Los exportadores han atribuido la caída a que las empresas, principalmente en Estados Unidos, tenían exceso de inventario debido a que en 2022 hubo problemas de logística e hicieron compras anticipadas. Sin embargo, un informe analítico del BCR de 2024 cita que los compradores estadounidenses se inclinaron más hacia compras en línea, sobre todo de proveedores asiáticos.

¿Qué se ha exportado menos?

El BCR detalla que las mayores caídas se han registrado en el rubro de demás artículos confeccionados, de un 59 % menos este año respecto al primer cuatrimestre de 2024.

También cayeron un 29.1 % las exportaciones de productos plásticos y un 22.7 % las prendas y complementos de vestir de no punto.

El único rubro que experimentó crecimiento fue textiles, con despachos valorados en $20.1 millones y que significaron un crecimiento de un 20.3 %.

Compradores

El Banco Central reporta que el 68.6 % de las exportaciones de este rubro se destinan a Estados Unidos, quien demandó bienes valorados en $162.61 millones en los primeros cuatro meses del año.

Sin embargo, la cifra registrada a abril es $58.2 millones menos (26.3 %) respecto a los $220.89 millones de igual período de 2024.

Honduras y Nicaragua son el segundo y el tercer destino de las exportaciones textiles, con $37.6 millones y $14.42 millones, respectivamente. Tienen una participación de un 15.8 % y un 6 %.

En la lista de destinos también se encuentran Guatemala, México, Canadá, Bélgica y Reino Unido.

El Salvador es uno de los ocho países latinoamericanos donde la deuda bruta del gobierno central experimentó una reducción como proporción del producto interno bruto (PIB), según el panorama fiscal publicado este lunes por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El reporte señala que la deuda pública bruta del gobierno central promedió 51.2 % del PIB en América Latina al cierre de 2024, inferior en relación con el 53.8 % registrado en 2023.

Esa reducción fue sostenida, en buena parte, porque el saldo de las obligaciones del gobierno central de Argentina mostró una gran reducción de 73 puntos porcentuales al pasar de 156.6 % del PIB en 2023 a 83.2 % en 2022 debido a un cambio en la metodología de construcción de la relación entre la deuda y el PIB.

Según el informe, ocho de los 17 países evaluados mostraron una reducción en el nivel de deuda del gobierno central. En el caso salvadoreño, pasó de 53.8 % a 51 % entre 2023 y 2024, al menos 2.8 puntos porcentuales menos.

“En los países se observan variaciones muy diversas en comparación con 2023. Los niveles de deuda pública cayeron en ocho países de la región —entre ellos, la Argentina, El Salvador y Nicaragua—, mientras que aumentaron en nueve”, señala el informe.

De la región latinoamericana, también hubo una reducción en el nivel de deuda en Costa Rica, que pasó de 61.1 % en 2023 a 53.7 % en 2024.

En Honduras bajó de 48.6 % a 47.9 %, mientras que en Nicaragua pasó de 44.1 % a 36.9 %, Perú de 29.7 % a 29.6 %, y Guatemala de 27.2 % a 26.4 %.

Según el informe, El Salvador tiene el tercer nivel de deuda más alto de Centroamérica, superado por Costa Rica (59.8 %) y Panamá (61.5 %).

Sin embargo, el nivel de deuda considerado por la CEPAL solo incluye al gobierno central, pero al considerar el resto de las obligaciones el saldo incrementa y su proporción del PIB.

El informe del Ministerio de Hacienda señala que la deuda del sector público no financiero (SPNF) cerró el año pasado en $20,372.2 millones, equivalente a un 57.7 % del PIB. Las obligaciones aumentaron en $1,490.2 millones en relación con los $18,882 millones de 2023, cuando representaron 55.5 % del PIB.

Las obligaciones suben más si se incluye el saldo derivado del sistema de pensiones, que llegó a $10,525.9 millones en 2024 y representó un 29.8 % del PIB.

De esa manera, las obligaciones suman $30,898.1 millones, equivalente a un 87.5 % del PIB.

Una vez más, El Salvador fue el país centroamericano que menos inversión extranjera directa (IED) recibió en 2024, con una participación de un 5.4 %, según estadísticas de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (Secmca).

Centroamérica recibió un poco más de $11,832.3 millones de inversión extranjera directa, un crecimiento de $1,330.79 millones (12.6 %) en comparación con los $10,501.59 millones canalizados en 2023.

De la región, en Honduras y El Salvador hubo caídas en el ingreso de inversión extranjera, mientras que en el resto aumentó.

Citando datos oficiales de cada país, el Consejo Monetario recuerda que la inversión extranjera en El Salvador
sumó $639.5 millones al cierre de 2024, equivalente a un 5.4 % del total regional.

La inversión recibida por la economía salvadoreña cayó un 10.9 % y fue inferior en $78.85 millones respecto a los $718.3 millones captados en 2023.

Después de caer un 7.6 %, Honduras se colocó como el segundo país que menos inversión extranjera recibió en Centroamérica. La IED totalizó $993.91 millones, $82.45 millones menos que en 2023.

Destinos preferidos por los inversionistas

Costa Rica se mantiene como el país centroamericano de mayor atracción de la inversión extranjera luego de sumar $4,321.59 millones. Esta cifra significó un incremento de $533.41 millones sobre los resultados de 2023, un 14.08 % de crecimiento y representó un 36.5 % del total regional.

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Según las estadísticas de la Secmca, la inversión extranjera que recibió adicional Costa Rica representa el 83.4 % del total que captó El Salvador en 2024.

Panamá recibió $2,832.63 millones de IED el año pasado, con un crecimiento de $635.62 millones sobre 2023 (28.9 %). Además, el país centroamericano representó el 23.9 % del total regional y se colocó como el segundo destino de mayor atracción para los inversionistas.

Guatemala recibió $1,692.45 millones, un 14.3 % del monto global. El Consejo Monetario reporta que el flujo aumentó $84.66 millones respecto a 2023, equivalente a un crecimiento de un 5.2 %.

Incluso Nicaragua que se encuentra sumergida en una crisis política, captó más inversión extranjera que El Salvador. Al cierre de 2024, las entradas de IED sumaron $1,352.30 millones, un 11.4 % de participación en la región y con un crecimiento de $238.4 millones (21.4 %) respecto a 2023.

Según los economistas y analistas de mercado, El Salvador se convertiría en un destino más atractivo para la inversión extranjera si logra cumplir el acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que establece un reordenamiento en las cuentas fiscales, transparencia y gobernabilidad.

Mauricio Choussy, un reconocido economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), dijo en diciembre pasado que El Salvador se queda atrás frente a Honduras, donde hay altos niveles de violencia y de Nicaragua, que vive bajo un régimen.

“En El Salvador, por lo menos, ya solucionamos el tema de la seguridad y ese ha sido un gran logro, pero, a pesar de eso, no logramos atraer inversión y la única variable que me sale a mí suelta es el tema de la estabilidad fiscal”, dijo en ese
momento el economista.

Después de cuatro años de negociaciones, el gobierno de Nayib Bukele firmó un programa de $1,400 millones con el Fondo en febrero de 2025, cuya primera evaluación del cumplimiento de metas se estima para junio próximo.