El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este viernes el examen de la primera revisión al programa de Servicio Ampliado (SAF) de El Salvador, con lo cual habilitó un nuevo desembolso de $118 millones.
En la revisión del expediente también se concluyó la consulta al Artículo IV. Con la aprobación al examen, el FMI ha desembolsado $231 millones de los $1,400 millones del programa SAF de 40 meses avalado en febrero pasado.
«El programa económico de El Salvador, apoyado por el mecanismo del Fondo Ampliado, tuvo un comienzo auspicioso. En particular, la economía continúa expandiéndose, la inflación se ha moderado aún más y el déficit en cuenta corriente se ha reducido en medio de los esfuerzos por abordar los desequilibrios macroeconómicos. La consolidación fiscal sigue en camino, se están reconstruyendo colchones externos y financieros, y las reformas de la gobernanza y la transparencia se están llevando a cabo de acuerdo con los compromisos del programa», afirmó Nigel Clarke, presidente interino del Directorio Ejecutivo del FMI.
En la revisión, el Fondo Monetario destacó que la Administración de Nayib Bukele ha cumplido con la aprobación de una nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal, además, se ha promulgado un decreto presidencial que limita las excepciones a la Ley de Contratación Pública.
También, reconoció que el gobierno salvadoreño ha publicado información financiera sobre las «mayores empresas estatales y se ha hecho más accesible la información sobre contratos públicos».
Bitcoin
En un tema que no pasa desapercibido, los directores del FMI volvieron a recomendar al gobierno que mitigue los riesgos derivados del uso de bitcoin y que impulse la supervisión de los criptoactivos.
Insistieron en la «necesidad de relajar la participación del sector público en el monedero electrónico del gobierno (Chivo) y de no aumentar las tenencias generales de bitcoin por parte del sector público y subrayaron la importancia de una comunicación clara y coherente a este respecto».
De acuerdo con el Fondo, el gobierno sigue tomando medidas para mitigar los riesgos asociados con la criptomenda y relajar la participación del sector público en el monedero Chivo, cuyo desmantelamiento se prevé para julio próximo
¿Cómo salió en el examen ante el FMI?
En un comunicado, el FMI aseguró que los directores «elogiaron a las autoridades salvadoreñas por la fuerte apropiación y el desempeño satisfactorio del programa apoyado por el Fondo y acogieron con beneplácito los continuos esfuerzos para abordar los desequilibrios macroeconómicos».
Sin embargo, advirtieron de los riesgos derivados de las tensiones comerciales mundiales y las políticas de inmigración más estrictas, especialmente hacia Estados Unidos, que podría afectar negativamente a las remesas y el crecimiento.
En FMI destacó la necesidad de mantener la consolidación fiscal a través de una racionalización más estricta de la factura salarial, al tiempo que contenga los gastos corrientes para asegurar espacio a fondos sociales y para infraestructura, sin que afecte la trayectoria descendente de la deuda pública.
Según el comunicado, los directores del FMI acogieron con «satisfacción» la nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal. Además, hubo acuerdos con el gobierno salvadoreño para el «desarrollo y la aplicación de reformas de la función pública y las pensiones y el fortalecimiento de la gestión de las finanzas públicas son esenciales».
El FMI insistió que la mejora en los indicadores de seguridad ofrece una «oportunidad única para impulsar aún más el crecimiento», pero alentaron a impulsar reformas para aumentar la productividad, mejorar el clima de inversión y mejorar la inclusión financiera.
Asimismo, destacaron la «importancia» de reformas estructurales para «desbloquear el potencial de crecimiento de El Salvador», cuyo producto interno bruto (PIB) crecería 2.5 % en 2025 y 2026.
Los directores del FMI recomendaron, además, seguir el fortalecimiento a «la gobernanza y la transparencia y, a este respecto, alentaron a mejorar el marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de conformidad con las recomendaciones del GAFI, asegurando la aplicación coherente y equitativa del nuevo marco de lucha contra la corrupción y reforzando la transparencia de la información pública, incluso en el proceso de adquisición».
