Autor: Uveli Aleman

El nuevo Instituto Kriete de Ingeniería y Ciencias (Key), fundado por Roberto Kriete con apoyo de empresarios amigos, inició oficialmente este lunes clases correspondientes al primer año académico.

A través de redes sociales, Key confirmó el inicio del año académico 2025, definido como un “momento histórico” en la educación salvadoreña.

“Para nuestros estudiantes es el inicio del camino para convertirse en ingenieros que cambiarán el futuro. Para todo el equipo detrás de este proyecto, es la materialización de una visión construida con la pasión y el compromiso de nuestro fundador, Roberto Kriete”, escribió la institución en redes sociales.

El Instituto Kriete se especializa en la formación de ingeniería y ciencias, con un modelo diseñado en colaboración con el Tecnológico de Monterrey. De acuerdo con el portal oficial, cuenta con “laboratorios de última generación, tecnología y espacios flexibles creamos un campus pensado para el éxito académico y personal”.

Actualmente ofrece tres carreras enfocadas en ingeniería y ciencias de la computación integrada, ingeniería industrial y manufactura avanzada, e ingeniería mecatrónica y robótica.

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El instituto recibió la autorización por el Ministerio de Educación para que imparta clases en las instalaciones de la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (Fepade), en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este.

El rector y director académico del Instituto Kriete, Juan Francisco Sifontes, indicó en noviembre pasado que la colegiatura oscila entre los $8,000 y $9,000 anuales, aunque la institución ofrece becas que cubren una parte del costo de la carrera.

Dicho instituto fue anunciado por Roberto Kriete en julio de 2024 como una alternativa a la educación avanzada y especializada, que responda a la demanda de las nuevas industrias.

“Creemos que una universidad enfocada en las ingenierías es importante en este momento para el desarrollo del futuro del país. Va a ser una universidad muy futurística”, dijo en ese momento el empresario, uno de los gigantes de aviación y accionista de Avianca, Volaris y Aeroman.

De momento, la institución no ha confirmado con cuántos estudiantes arranca el primer año académico ni cuántos de estos tienen becas.

El Salvador solo tiene una universidad pública y 23 de carácter privado. Además, hay institutos tecnológicos y especializados. Entre los casos más exitosos se encuentra la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), fundada en 1990 con el respaldo de la familia Poma.

DHL Global Forwarding invirtió $2.7 millones en la construcción de su nueva bodega, equipada con tecnología de punta para fortalecer su músculo logístico en El Salvador.

La planta se encuentra ubicada en el kilómetro 18.5 sobre la carretera a Quezaltepeque, en Apopa, un área de desarrollo logístico por su conectividad vía con la zona central y oriental de El Salvador, así como con las fronteras hacia Guatemala y Honduras.

La inversión es un “testimonio de nuestra confianza en el potencial de El Salvador como un centro logístico clave en Centroamérica”, añadió John Knöhr, CEO para CENAC en DHL Global Forwarding.

El nuevo plantel dispone de una capacidad para 6,500 posiciones de almacenamiento, con una altura de 14 metros y 10 muelles de carga y descarga. Además, incorpora un sistema de radiofrecuencia (RF) para el control de las mercaderías, lo que, según la empresa, reducirá los tiempos de procesamiento y aumentará la precisión de los inventarios.

Huella ambiental

DHL Global Forwarding, la división de transporte aéreo y marítimo del Grupo DHL, instalará posteriormente paneles solares para generar electricidad que atienda el consumo interno de la operación.

Según la firma, la planta solar tendrá una capacidad de 400 kilovatios hora (kWh), que se traducirá en una reducción de más de 300 toneladas de emisiones de gases contaminantes.

“Esta inversión no solo refuerza nuestra presencia en El Salvador, sino que también demuestra nuestro compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia en nuestras operaciones logísticas”, afirmó Oscar Ayala Bichara, gerente país para DHL Global Forwarding en El Salvador.

DHL aseguró que la nueva planta, donde se crearán 30 nuevos empleos, tiene “características excepcionales que no son comunes en la región ni en la industria”, que agregan mayor capacidad de almacenamiento vertical y una operación más eficiente.

El 13.02 % de los contribuyentes utilizan la factura electrónica, según datos publicados por el Ministerio de Hacienda en el Plan Fiscal 2025-2027, elaborado en el marco del programa de asistencia con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El documento señala que en 2024 se “expandieron los esfuerzos para masificar” la factura electrónica, lanzada oficialmente por el gobierno en diciembre de 2022 después de una etapa de prueba con un grupo de empresas.

Hacienda detalló que 14,462 contribuyentes adoptaron la factura electrónica al cierre de 2024, un 13.02 % de los 111,038 contribuyentes que reporta la institución. Esta cifra, sin embargo, difiere del registro en Transparencia Fiscal que documenta que el fisco tiene un poco más de 57,537 contribuyentes.

“Si bien, el porcentaje global es el 13.02 %, los 14,462 contribuyentes corresponden al 89.15 % de las ventas declaradas de IVA anuales y representan una cobertura del 74.65 % de los documentos fiscales anuales emitidos”, sostiene Hacienda.

La institución registra que 942 grandes contribuyentes usan la factura electrónica, equivalente a un 97.41 % de los 967 inscritos ante el Tesoro salvadoreño. Además, 2,765 medianos implementan este método, un 96.8 %.

La mayor diferencia radica en la categoría de “otros contribuyentes”, donde solo 10,755 utilizan la factura de los 107,217 que reporta Hacienda.

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Estos agentes emitieron más de 562.4 millones de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), cuyos resultados validan, según la institución, la “estabilidad del sistema y la tecnología de última generación utilizada”.

Incorporación para 2025

El uso masivo de la factura electrónica es la principal alternativa que planteó Hacienda ante el FMI para aumentar los ingresos en el marco de un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB).

“Esta es una herramienta tecnológica en beneficio tanto de la administración tributaria y de las empresas, incentivando la formalización de los negocios y la reducción de gastos, contando con todos los tipos de documentos fiscales en formato electrónico», indica el documento.

En los dos años de implementación, Hacienda ha notificado a las empresas, vía correo electrónico, que debían adoptar la factura electrónica. Para 2025, incorporarán al resto de las grandes empresas, los “principales medianos contribuyentes y profesionales libres”, así como el resto de las instituciones del Estado.

Hacienda se comprometió ante el FMI a lanzar una aplicación de facturación para contribuyentes con una facturación menor a $100 mensuales. Junto a la factura electrónica, la institución espera un rendimiento adicional de ingresos del 0.2 % del PIB.

Cinco distritos concentran el 23 % del total de remesas recibidas en 2024, confirma el Banco Central de Reserva (BCR).

Un 26.8 % de los hogares salvadoreños son receptores de remesas, uno de los principales motores de la economía al estimular el consumo y clave para reducir la pobreza. De acuerdo con el BCR, al cierre de 2024 se recibieron un poco más de $8,479.7 millones, con un crecimiento de $204.3 millones (2.5 %) frente a 2023.

De estos, al menos $1,950.8 millones llegaron solo a los distritos de San Salvador, San Miguel, Santa Ana, Usulután y Soyapango.

El Banco Central señala que el distrito de San Salvador recibió $803.8 millones, con una participación de un 9.5 % del total. Sin embargo, el saldo disminuyó un 5 % respecto a 2023.

San Miguel, considerado la “perla de oriente”, recibió un 5.9 % de las remesas de 2024, al superar los $501.2 millones. En este caso, el saldo creció un 2.4 %.

Con un 3.4 %, Santa Ana es el tercer distrito con más recepción de remesas. Según el BCR, al cierre del año pasado se canalizaron $286.8 millones y crecieron un 1.9 %.

Usulután y Soyapango reciben un 2.1 % de remesas, respectivamente, por lo que son el cuarto y el quinto de mayor recepción.

Los hogares de Usulután recibieron $181.1 millones en 2024, una cifra que disminuyó un 0.2 %, mientras que las familias en Soyapango sumaron $177.9 millones en remesas, también un 1.6 % menos que en 2023.

Top 5 de los distritos de mayores remesas

1. San Salvador: $803.8 millones (9.5 %)
2. San Miguel: $501.2 millones (5.9 %)
3. Santa Ana: $286.8 millones (3.4 %)
4. Usulután: $181.1 millones (2.1 %)
5. Soyapango: $177.9 millones (2.1 %)

Al revisar los distritos con menor participación en la recepción de remesas figura San Isidro y San Fernando, en Morazán, con $2.70 millones y $2.43 millones, respectivamente. También Mercedes La Ceiba, en La Paz, con solo $1.60 millones.

Meanguera del Golfo, en La Unión, cerró el año pasado con $4.75 millones; Gualococti (Morazán) $4.16 millones; así como Apaneca (en Ahuachapán) con $3.56 millones.

El precio del café ha retrocedido un 13.4 % después de dos semanas de alcanzar una cotización histórica sobre los $424 en un mercado presionado por los augurios de una guerra comercial y un menor suministro mundial del aromático.

En la jornada de este viernes, el aromático se ubicó en $374.25 el saco de 60 kilogramos, $50.4 menos que los $424.61 reportados el 13 de febrero pasado cuando alcanzó el mayor precio visto desde la década de 1970, desde que se comenzó a llevar registro de la cotización en la bolsa.

De esa manera, el café retrocedió a su cotización más baja desde el 30 de enero de 2025. Sin embargo, se encuentra $180.82 por arriba de los $193.43 reportados en igual fecha de 2024, con un crecimiento de un 93.48 %.

¿Qué pasó en el mercado?

Una nota del Instituto Salvadoreño del Café (ISC) explicó que la jornada del viernes cerró con tendencia mixta porque el café arábica de mayo (KCK25) revirtió las ganancias iniciales por una depreciación del real brasileño, que alcanzó su nivel más bajo en un mes frente al dólar estadounidense.

Sin embargo, la caída fue sostenida por el temor del mercado en el suministro ante las pérdidas de los grandes productores mundiales, principalmente de Brasil donde el desarrollo de las plantas se ha visto debilitado por eventos climáticos extremos y se espera una mejor cosecha 2025-2026.

Durante la semana, los precios del aromático cayeron bruscamente después de conocerse que el índice de confianza de Estados Unidos retrocedió a 98.3 puntos frente a los 105.3 de enero como reflejo de la preocupación del consumidor sobre las medidas anunciadas por el presidente Donald Trump de aumentar los aranceles a las importaciones, que derivaría en un incremento de precios.

El repunte del precio del café no se traducía en mayores ganancias a los caficultores. Por un lado, un grupo vendió a otros valores antes del incremento de la cotización y, por el otro, no hay suficiente producción para exportar debido a las pérdidas de 2024 por los eventos climáticos extremos, entre altas temperaturas, lluvias atípicas o excesos de precipitaciones a la salida del invierno.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) declaró estado de emergencia zoosanitaria por la presencia del gusano barrenador de ganado (GBG), una plaga que afecta también a los seres humanos.

La declaratoria se publicó en el Diario Oficial el 20 de febrero de 2025, dos meses después de que se confirmó el primer caso el 10 de diciembre de 2024, según el
registro de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). A través de redes sociales, como usualmente realiza los anuncios, el MAG no ha confirmado la presencia de la plaga ni ha compartido recomendaciones a los productores.

De acuerdo con la declaratoria, el MAG emitió la resolución técnica N.02/2024 después de que se confirmó un caso de miasis en un bovino a través del sistema de vigilancia epidemiológica de los Servicios Veterinarios de la Dirección de Ganadería.

Dicho caso, el primero en 30 años desde que fue erradicada la plaga en 1995, fue confirmado por la Red de Laboratorios Veterinarios y posteriormente fue ratificado el 13 de diciembre por el laboratorio de la Comisión Panamá-Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (Copeg).

Al 11 de enero de 2025, el Copeg reportaba dos casos de gusano barrenador en El Salvador, mientras que OMSA reveló que el primer contagio se identificó en el distrito de Sociedad, en el municipio de Morazán Sur.

Disposiciones

En la declaratoria, el MAG ordena una delimitación de las zonas focales, perifocales y de contención sanitaria para realizar las actividades de vigilancia epidemiológica en los animales. Además, establece que toda persona natural o jurídica que sospeche de la presencia de la plaga notifique inmediatamente al MAG.

“Se deberá considerar caso sospechoso toda herida que tenga presencia de miasis”, señala Agricultura en el Diario Oficial, que advierte que la condición oficial de la enfermedad se “comunicará únicamente a través de las autoridades nacionales competentes.”

De igual manera, las importaciones de animales que procedan de países con infestación deben tener un certificado veterinario internacional que acredite el comercio.

El ingreso de animales de producción queda establecido en un horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Asimismo, el itinerario de viaje debe ser lo más “directo posible” y no incluir ninguna escala sin autorización previa del país importador.

Para los productores se prohíbe la movilización de animales de producción que presenten heridas infestadas por miasis, además deben permitir el ingreso de trabajadores del MAG para las inspecciones.

El documento señala que el incumplimiento de las disposiciones será sancionado por el MAG.

Las medidas, según la declaratoria, serán aplicadas en un período mayor a 12 meses. Finalizado dicho período, se puede prorrogar conforme a la situación sanitaria.

El ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) inicia este 2025 con un tramo de 1.5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), informó el Ministerio de Hacienda.

El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó este miércoles el programa por $1,400 millones, con un desembolso inmediato de $113 millones para implementar un ajuste fiscal de 3.5 puntos del PIB durante tres años.

Antes de conocerse la aprobación públicamente, el Ministerio de Hacienda entregó a la Asamblea Legislativa una petición para ratificación de los términos de financiamiento y la carta de intención, que fue aprobada con dispensa de trámite por la bancada oficialista y los aliados.

A través del Plan Fiscal 2025-2027, publicado en Transparencia Fiscal, Hacienda detalló que el ajuste fiscal iniciará este año con un tramo de 1.5 puntos porcentuales, mientras que en 2026 y 2027 se implementará un 1 %, respectivamente. Para este año, el ajuste vendrá por un 0.2 % a través de incremento de ingresos y un 1.3 % por contención del gasto.

“Estas medidas ya se encuentran contenidas en la Ley de Presupuesto 2025”, indicó Hacienda en el informe, al tiempo que detalló que para este año se suspendieron los incrementos y las nivelaciones salariales a funcionarios.

Además, el presupuesto de 2025 prohíbe la creación de nuevas plazas en el gobierno y municipalidades, además ordena que toda plaza vacante y fuente de financiamiento originada en el año fiscal se notifique al Ministerio de Hacienda para previa autorización.

El presupuesto, cuya aprobación estuvo rodeada por polémica por manifestaciones, contempla un escalafón para los trabajadores del ramo de Salud con un salario inferior a $1,500, al igual que suspende el otorgamiento de prestaciones o beneficios económicos.

De acuerdo con Hacienda, el ajuste de un 1.3 % a través del gasto vendrá por la contención en remuneraciones de un 0.6 % del PIB, mientras que la disminución del gasto en bienes y servicios será de un 0.4 % por medio de eficiencia de uso de energía y restricciones de compras no esenciales. Además, se esperan ahorros de un 0.2 % del PIB en transferencias corrientes.

Aumento de ingresos al fisco

Para aumentar los ingresos Hacienda continuará con “acciones graduales”, que tienen por objetivo mejorar el desempeño de la recaudación, promover la eficiencia tributaria y ampliar la base tributaria.

Este año se continuará con la implementación de la factura electrónica, que al cierre de 2024 alcanzó a 14,462 contribuyentes. Para 2025, Hacienda tiene previsto incorporar a los grandes empresarios, el resto de instituciones públicas y los profesionales libres.

Además, se lanzará una aplicación móvil para que otros contribuyentes se incorporen de manera voluntaria, en participar los emisores de documentos fiscales menores a $100 mensuales.

Según las estimaciones, entre la modernización de la gestión tributaria y la facturación electrónica se tendrá un rendimiento adicional de ingresos de un 0.2 % del PIB.

Al término del período de consolidación fiscal, según estimaciones de Hacienda con el FMI, el gasto del sector público no financiero (SPNF) pasará de un 30 % del PIB en 2024 a un 28.4 % del PIB en 2027.

Los ingresos, entretanto, aumentarán de un 25.6 % del PIB en 2024 a un 26.3 % del PIB en 2027.

De igual manera, Plan Fiscal 2025-2027 plantea que Hacienda realizará “acciones sólidas” que permitan obtener balances primarios positivos para colocar la deuda del SPNF en una “trayectoria descendente visible y sostenible”, que pasará de un 88.9 % en 2024 como relación del PIB a un 86.4 % en 2027.

El gobierno se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a realizar un ajuste fiscal de 3.5 puntos del producto interno bruto (PIB) para corregir los desequilibrios de las finanzas públicas.

Dicho compromiso es clave del programa de $1,400 millones que aprobó el Directorio Ejecutivo del FMI este miércoles, cuyo ajuste se ejecutará durante tres años a través de medidas de ingresos y gastos públicos.

El Ministerio de Hacienda detalló en el Plan Fiscal 2025-2027, publicado en Transparencia Fiscal, que ese ajuste iniciaría en 2025 con 1.5 puntos porcentuales, de los cuales 0.2 % procederán de acciones orientadas a incrementar los ingresos al fisco y 1.3 % corresponde a la contención del gasto.

Para 2026 se ejecutará un ajuste fiscal de 1 % y en 2027 se completará otro 1 %.

INGRESOS

Hacienda señaló que continuará con «acciones graduales para fortalecer los ingresos tributarios», la principal fuente de financiamiento del aparato público que depende de la actividad económica.

Según el reporte, el plan para incrementar los ingresos tiene tres objetivos: mejorar el desempeño de la recaudación, promover la eficiencia tributaria y ampliar la base tributaria.

«Para ello, se propone el uso eficiente de herramientas de fiscalización y de reducción de la evasión fiscal, la ampliación de la base tributaria, la incorporación de la economía digital al sistema tributario, entre otros», dijo.

La institución recordó que en 2024 intensificó la implementación de la factura electrónica, que ha incentivado la formalización de negocios y reducido el gasto de la gestión tributaria. Hasta diciembre del año pasado se habían incorporado a 14,462 contribuyentes, que representan un 89.1 % de las ventas declaradas con IVA y un 74.6 % de los documentos fiscales.

Para 2025 se incorporarán a los grandes contribuyentes, instituciones del Estado y profesionales libres.

Para 2026 y 2027, Hacienda evaluará otras medidas orientadas a fortalecer la administración tributaria, así como disminuir el gasto tributario y ampliar la base de contribuyentes.

De esa manera, Hacienda prevé que los ingresos tributarios aumenten un 0.5 % como proporción del PIB durante la ejecución del ajuste fiscal, mientras que los ingresos no tributarios incrementarán 0.2 % del PIB. En total, se estima que crezcan un 0.7 % del PIB.

En suma, la facturación electrónica y la ampliación de la base aumentarán los ingresos del sector público no financiero (SFPN) de 25.6 % en 2024 a 26.3 % en 2027, una variación de 0.7 %.

GASTOS

El gobierno se comprometió con el FMI a asignar los recursos de «manera eficiente», con prioridad en los proyectos sociales y la inversión pública.

Insistió que el presupuesto de 2025 ya incorpora medidas para contener la masa salarial, como la suspensión de los incrementos y nivelaciones salariales de los funcionarios, así como la reacción de nuevas plazas, escalafón para empleados del sector de salud con una remuneración menor a $1,500, y suspensión de beneficios económicos.

De acuerdo con Hacienda, esta política consolidará una reducción de 1.2 % del PIB, de los cuales 0.6 % es por la contención del rubro de remuneración.

Además, un 0.4 % será por eficiencia en el gasto, digitalización de actividades, eficiencia en el uso de energía y restricción de contrataciones y compras no esenciales. El restante 0.2 % se generaría por ahorros en las transferencias corrientes.

Hacienda anticipó que en 2026 y 2027 se continuarán con las «mismas medidas». En total, la institución prevé que el gasto público genere ahorros al Tesoro de 1.6 % del PIB entre 2024 y 2027, de los cuales 1.4 % será por la contención de la cuenta salarial.

Más medidas

La institución recordó que el pago de pensiones representa un 1.7 % del PIB, por lo que en el mediano plazo se realizarán estudios y análisis para fortalecer el sistema previsional.

«No se afecta el gasto de capital (inversión), este se mantendrá en alrededor del 3.9 % del PIB manteniendo el componente de inversión bruta arriba del 3% del PIB, que resulta fundamental para mantener un impulso en la productividad y el crecimiento», indicó.

En suma, Hacienda prevé que el gasto del SPNF pase de un 30 % del PIB en 2024 a un 28.4 %, una variación de 1.6 %.

Esto se logrará por una reducción del gasto en remuneraciones del 1.4 % del PIB entre 2025 y 2027, así como un ajuste fiscal de bienes y servicios de 0.8 % del PIB.

Además, un aumento en los intereses de 1.3 % del PIB, priorización de las transferencias en 0.5 % del PIB, y una disminución del gasto de capital en 0.1 % del PIB.

El Ministerio de Hacienda prevé que la deuda del sector público no financiera (SPNF), con las obligaciones del sistema de pensiones, se reduzca a un 86.4 % del producto interno bruto (PIB) en 2027, según el Plan Fiscal 2025-2027 publicado en Transparencia Fiscal al margen de la aprobación de un programa de asistencia con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El programa de $1,400 millones con el FMI contempla un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del PIB durante tres años para ordenar las cuentas públicas, principalmente para reducir el alto nivel de endeudamiento.

El Plan Fiscal 2025-2027 plantea que Hacienda realizará «acciones sólidas» que permitan obtener balances primarios positivos para colocar la deuda del SPNF en una «trayectoria descendente visible y sostenible» hasta un 80 % del PIB en los próximos cuatro años.

Hacienda detalla que la deuda bruta del SPNF con pensiones alcanzó un 88.9 % del PIB en 2024, pero con el proceso de consolidación fiscal se reducirá a 88.8 % en 2025, para continuar en 2026 en 87.7 % y llegar a 86.4 % en 2027, cuando concluya el ajuste fiscal con el FMI.

Sin embargo, Hacienda anticipa que la deuda continuará en los siguientes años en disminución hasta colocarse en 80 % del PIB en 2029.

«Esto explicado por el proceso de crecimiento económico esperado, aunado a la estrategia de gestión de pasivos que ha venido implementado el gobierno desde el año 2022; y que se compensa parcialmente por el aumento de la deuda previsional en 1.6 % del PIB», señala el informe.

De acuerdo con Hacienda, la deuda del SPNF con pensiones cerró en $20,372.3 millones en 2024, al menos $1,490.2 millones adicionales a 2023. La caja fiscal constantemente se encuentra bajo presión por el alto costo de los intereses, que el año pasado superaron los $1,517.7 millones, el monto más alto en tres décadas.

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Hacienda señaló en el documento que el lustro 2019-2023 fue «desafiante para las finanzas públicas» por la inestabilidad y los desequilibrios macroeconómicos generados inicialmente por la pandemia de covid-19 en 2020, así como por la crisis inflacionaria de 2022 y la desestabilización del sistema financiero internacional en 2023.

Ajuste fiscal

Un ajuste fiscal en esencia incluye medidas para aumentar los ingresos y reducir los gastos del fisco.

Hacienda detalló que el ajuste iniciará con un 1.5 % en 2025, que contempla medidas de 0.2 % por el lado de ingresos y 1.3 % a través del gasto. Estas acciones, añadió, ya se encuentran en el presupuesto general de 2025.

Para los siguientes dos años, el ajuste será de 1 %, respectivamente. «Es importante recalcar que el plan fiscal será revisado junto al Marco Fiscal de Mediano Plazo, por lo que estas proporciones podrán ser ajustadas de acuerdo a la coyuntura y la oportunidad de las medidas», indica el informe.

Según el documento, el proceso de consolidación fiscal incorporará «acciones» para «movilizar los ingresos a partir de mejoras en la eficiencia recaudatoria y ampliación de la base tributaria».

En gasto público, por su parte, se plantea una reducción del consumo del gobierno en el rubro de remuneraciones, bienes y servicios, al tiempo que se priorizan las transferencias corrientes al sector público.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que una vez esté en ejecución el programa de $1,400 millones se limitará tanto la compra de bitcoin como la participación del gobierno salvadoreño en actividades económicas vinculadas a la criptomoneda.

Después de cuatro años de iniciadas las negociaciones, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó este miércoles un acuerdo bajo el Servicio Extendido, con un desembolso inmediato de $113 millones, el cual contempla un paquete de medidas en materia fiscales, gobernanza y sobre bitcoin.

“De cara al futuro, los compromisos del programa limitarán la participación del gobierno en las actividades económicas relacionadas con bitcoin, así como en las transacciones gubernamentales y compras de bitcoin. La reglamentación y supervisión de los activos digitales se mejorarán en consonancia con la evolución de las mejores prácticas internacionales”, señaló el Fondo en un comunicado emitido tras la aprobación.

El pasado 19 de diciembre, un día después de que el FMI publicara que llegó a un acuerdo técnico con el gobierno salvadoreño, Stacy Herbert, directora de la Oficina de Bitcoin, aseguró que las compras de la criptomoneda se mantendría, incluso a un “ritmo acelerado”.

Según la Oficina, una dependencia de Casa Presidencial, la reserva de El Salvador alcanza los 6,090 bitcoins, valorados en $523.2 millones -a precio actual de cotización-.

Reformas de “conformidad” a las políticas del Fondo

El 19 de enero de 2025, el gobierno, a través del Ministerio de Turismo, envió a la Asamblea Legislativa un paquete de reformas a la polémica Ley Bitcoin, vigente desde septiembre de 2021, cuyo cambio más significativo fue el establecimiento de su uso voluntario estrictamente para el sector privado.

Además, se aprobó la eliminación de la opción de pagar obligaciones tributarias con la criptomoneda y se aseguró que los impuestos se honren solo en dólares estadounidenses.

El FMI reconoció el cumplimiento de estas medidas en “conformidad con las políticas del Fondo y con el asesoramiento del Fondo a las autoridades”. Además, recordó que el “gobierno planea relajar gradualmente su participación” de la Chivo Wallet.

La Oficina del Bitcoin afirmó en diciembre pasado que la billetera se vendería o se discontinuaría, pero desde entonces no ha informado sobre los avances. En redes sociales, el monedero estatal no publica desde abril de 2024.

Medidas fiscales

El tema medular del acuerdo radica en un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) durante tres años, para abordar los desequilibrios macroeconómicos y corregir el alto nivel de endeudamiento, así como fortalecer la transparencia y la gobernanza.

Un ajuste fiscal significa que se implementarán medidas para aumentar los ingresos y reducir los gastos. La primera acción, señaló el FMI, es una racionalización de la factura salarial, al tiempo que protege el gasto social y de infraestructura prioritario.

Además, el gobierno se ha comprometido a reforzar los amortiguadores de reservas internacionales y la estabilidad financiera. De igual manera, incorpora medidas para fortalecer los marcos de transparencia fiscal y la lucha contra la corrupción y el blanqueo de dinero.