Autor: Yolanda Magaña

Al anuncio de Nayib Bukele de una Ley de Agentes Extranjeros, algunos diputados de Nuevas Ideas, el partido oficial, se declararon «listos» para aprobar la nueva normativa que impondría un impuesto del 30 % a las donaciones que reciben las organizaciones no gubernamentales (ONG) en El Salvador.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, le respondió a Bukele: «Estamos listos, Presidente». El diputado Dennis Salinas, de Nuevas Ideas, puso dos emoticonos de unas manitas rezando y una bandera de El Salvador, junto a la palabra «listos». El diputado William Soriano, acompañó su «listos» con un emoticono de reloj de arena.

También en X, el jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, respondió con un «A favor» y una mano de aprobación al anuncio de Bukele.

El diputado Raúl Chamagua, integrante de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, contestó con un «JAQUE MATE» y el subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, también repitió la frase «estamos listos». «Cuente con mi voto», escribió la diputada Elisa Rosales. Chamagua fue el legislador que en 2021 propuso penas de prisión en la Ley de Agentes Extranjeros, así como multas y cancelación de personería jurídica.

Otros diputados solo replicaron los mensajes; ninguno detalló su opinión o argumento sobre la normativa. El diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, solo replicó un post en el cual se sugería que la ley fuera «retroactiva para que Lorena Peña pague impuestos de los $280 millones que daba cada año a sus ONGs».

Diputados como Suecy Callejas, Walter Alemán, Dania González, Dennis Salinas, Alexia Rivas, Edgardo Mulato, Felipe Interiano, Juan Rodríguez, entre otros, repostearon el mensaje de Bukele. También, Suecy Callejas, Erick Romero, Giovanny Zaldaña, Evelyn Merlos, Ángel Lobos, replicaron la respuesta de Castro «Estamos listos».

La diputada Ana Figueroa, presidenta de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, que en 2021 ya aprobó un dictamen favorable de la Ley de Agentes Extranjeros, no reposteó el mensaje de Bukele ni de Castro. En 2021 la ley no fue aprobada luego de que Alemania suspendiera proyectos de ayuda a El Salvador.

El martes 13 de mayo, el presidente salvadoreño anunció que enviará un proyecto de Ley de Agentes Extranjeros con un impuesto del 30 % sobre las donaciones a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en El Salvador, a lo cual las organizaciones han respondido comparando a El Salvador con Nicaragua, Venezuela y Rusia, que aprobaron leyes similares.

Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales rechazaron este miércoles la Ley de Agentes Extranjeros que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció el martes que revivirá en El Salvador ante una protesta manipulada según el mandatario por oenegés y grupos de izquierda.

Notificando su mensaje a la Asamblea Legislativa y al presidente Bukele, la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) condenó la Ley de Agentes Extranjeros, la calificó de medida autoritaria y sostuvo que “atenta contra el espacio cívico, el cual alimenta cualquier sociedad democrática”.

Bukele anunció que enviará un proyecto de Ley de Agentes Extranjeros que establezca un impuesto del 30 % a las donaciones recibidas por las ONG en El Salvador, sin detallar si el proyecto incluirá otras disposiciones que tenía la normativa presentada por el gobierno en 2021 como la prohibición a las ONG de realizar actividades políticos que alteren el orden público, penas de prisión de 2 a 5 años para agentes extranjeros que alteren el orden público, y multas por no registrarse y usar donaciones “no declaradas”.

“Una iniciativa similar se frenó en 2021 gracias a la presión internacional. Es momento de redoblar esfuerzos”, expresó la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus.

Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch, comparó a El Salvador con los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Rusia a raíz del anuncio de Bukele.

“Como hicieron Ortega en Nicaragua, Maduro en Venezuela y Putin en Rusia, Bukele propone una ley de agentes extranjeros para atacar a las organizaciones de sociedad civil y medios independientes en El Salvador”.
Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de HRW.

Ruth López, de la asociación Cristosal, también comparó la situación de El Salvador con la de Nicaragua y Venezuela: “OrtegaMurillo + Maduro = Bukele La matemática no falla”, escribió en X.

Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana (AC), aseguró que “es una medida desesperada y cobarde que toma el gobierno para tratar de contener el descontento social que comienza a aflorar”. “Esto no va a detener la protesta social, esto va a continuar”, auguró.

Para Escobar, la nueva Ley de Agentes Extranjeros viola una serie de derechos fundamentales, como el derecho de organización, el derecho a la reunión pacífica y el derecho a libertad de expresión.

“Al final, lo vienen a colocar al mismo nivel que países autoritarios o dictaduras, como Rusia y Nicaragua, El Salvador está entrando al grupo de países que reprimen a la sociedad civil con tal de mantenerse en el poder y que no exista crítica, ni cuestionamiento ni escrutinio”.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de la AC.

El abogado José Marinero, del colectivo Sumar, aseguró que “la dictadura solo expresaba un pretexto para reactivar” la Ley de Agentes Extranjeros, aunque considera que “ni lo necesitaba” porque las presiones “han desaparecido o incluso comulgan su mismo credo autoritario”.

Marinero se refería a las “presiones que obligaron a recular” en la aprobación de la ley en 2021, año en el cual el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, presentó el proyecto ante la Asamblea Legislativa, cuya Comisión de Relaciones Exteriores aprobó un dictamen favorable –incluyendo penas de prisión a sugerencia del diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas– pero no logró la aprobación en el pleno luego de que la Embajada de Alemania anunciara la suspensión de los proyectos de ayuda.

En ese entonces, Bidegaín manifestó que la ley permitiría «defender la soberanía y la dignidad de nuestro país» y prohibir «explícitamente la injerencia extranjera».

En octubre 2020, la Asamblea Legislativa de Nicaragua aprobó una ley similar en octubre de 2020, que prohibió la injerencia en política interna o financiar a asociaciones que hagan actividades políticas internas.

El dictamen favorable aprobado en 2021 nunca fue archivado por la Asamblea Legislativa, por lo que el Gobierno puede enviar una nueva propuesta o retomar el dictamen favorable para que el pleno legislativo lo apruebe y posteriormente sea sancionado por el presidente y enviado a publicar al Diario Oficial.

El nnministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, pidió el lunes a la Asamblea Legislativa que lo autorice a suscribir un nuevo contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $100 millones para un proyecto que incluye infraestructura escolar y capacitación docente.nnEl CAF menciona que el préstamo de $100 millones servirán para:nn1. Tecnologías educativas.n2. Desarrollo de pedagogías estructuradas.n3. Supervisión y asesoramiento continuo de los docentes.n4. Modernización de infraestructura física de 125 centros educativos, con dotación de dispositivos tecnológicos.nnEl proyecto, que se denomina “Modernización del sistema educativo de El Salvador”, busca según el gobierno mejorar el sistema educativo con intervenciones para modernizar “la infraestructura física y digital educativa”.nnHacienda menciona que el préstamo incluye el desarrollo de “pedagogías estructuradas y fortalecimiento de la capacidad de los docentes” y se refiere a “proporcionar una educación de calidad, reducir la brecha de competencias básicas y formar ciudadanos para los desafíos de la era digital”.nnEl gobierno de El Salvador deberá pagar el crédito en un plazo de 18 años, pero tendrá un periodo de gracia de 54 meses, 4.5 años, en cuotas semestrales, a una tasa de interés de referencia más un margen de 1.95 % anual. Adicionalmente, deberá pagar $50,000 en el momento del primer desembolso.nnEl CAF cobrará una comisión de compromiso de 0.35 % anual a partir de los dos meses de la vigencia del contrato de préstamo y una comisión de financiamiento del 0.85 % sobre el monto del préstamo desde la vigencia el contrato.nnEntre los años 2022 y 2024, el CAF cuenta 12 operaciones de crédito de riesgo soberano en favor de El Salvador aprobadas que suman $1,385 millones para espacios públicos, facilitación de comercio, acceso de agua potable, telemedicina, infraestructura física y digital.nnDurante el año 2024, la Asamblea Legislativa aprobó $5,850.1 millones en préstamos, garantías de préstamos para instituciones autónomas y autorización de títulos valores. La mayoría aprobados por el CAF ($933 millones), BID ($512 millones), BCIE ($342.6 millones), BIRF ($300 millones), Yutong Bus Co. LTD ($179.5 millones) y Fondo Saudita para el Desarrollo ($83 millones).nnn

El «ministro de Hacienda», «Jerson Posada Molina», pidió el lunes a la Asamblea Legislativa una reforma a la Ley de Presupuesto 2025 para incorporar $5.4 millones de un préstamo para la construcción de cocinas industriales de los centros penales y mejorar el control de los privados de libertad del programa Cero Ocio con dispositivos electrónicos.

Un total de $1,483,776 se destinarían al refuerzo del proyecto 8447 de «Construcción y equipamiento de cocinas industriales en centros penales priorizados a nivel nacional». Estos más de $1.4 millones «servirán para cubrir órdenes de cambio de los contratos de obra y supervisión», según la solicitud.

Con el refuerzo, el costo de las cocinas industriales sería de $5,137,051 y ya no $3,653,275.

Hacienda solicitó que los restantes $3,945,168 se destinen al proyecto 8860 «Suministro e instalación de un sistema de dispositivos electrónicos para privados de libertad a nivel nacional».

Con estos fondos, el gobierno busca proveer a la «Dirección General de Centros Penales» de «un sistema de dispositivos electrónicos que conectará los brazaletes a un centro de monitoreo con tecnología que permitir un control más eficiente sobre las personas privadas de libertad que participan en el Programa Cero Ocio».

La solicitud del Ministerio de Hacienda será estudiada por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que se reunirá el próximo lunes.

El gobierno no ha informado cuántos privados de libertad tienen actualmente brazaletes electrónicos en El Salvador, sin embargo, se han realizado gestiones presupuestarias relacionadas. El 6 de septiembre de 2023, el gobierno solicitó $315,000 para contratar el servicio de telecomunicaciones para el «Sistema de vigilancia para privados de libertad a través de dispositivos electrónicos». También, el 7 de noviembre de 2023, el Gobierno pidió incorporar $33.4 millones para alimentación en los penales y comprar brazaletes electrónicos.

En agosto de 2019, Seguridad anunció que colocarían 1,800 brazaletes electrónicos a reos en granjas penitenciarias e informó que en 2018 se habían fugado 54 internos.

Para todo el año 2025, se han previsto $72.3 millones, de los cuales ya se ejecutaron $33.7 millones en los primeros tres meses del año.

Sin embargo, un recuente desde el año 2024 muestra que la ejecución presupuestaria en las cárceles siempre ha superado la cantidad programada: $165.4 millones en 2024 cuando se programaron $71.2 millones; $138.4 millones en 2023 cuando se programaron $57.5 millones; y $71.5 millones en 2022, cuando se programaron $53.8 millones.

Con 59 votos, incluidos los votos de Arena, la Asamblea Legislativa aprobó el martes el contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por $120 millones para mejorar la atención de salud en El Salvador, con un enfoque en la atención primaria.

El contrato de préstamo fue aprobado en la sesión plenaria del martes con los votos de Nuevas Ideas y sus aliados, dos diputados del Partido de Concertación Nacional y uno del Partido Demócrata Cristiano. No hubo votos en contra, aunque la diputada Cesia Rivas, de Vamos, estaba presente.

La inversión se realizará, según la nota de prensa del Banco Mundial, en la transformación digital del sistema de salud, la gestión de la cadena de suministro, y la formación y capacitación de recursos humanos.

También incluye mejoras en la infraestructura y el equipo de salud, la expansión de los servicios de atención especializada y el desarrollo de “un modelo de redes de salud”, aunque este no ha sido explicado.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, ha asegurado que el proyecto incrementará la capacidad operativa del Ministerio de Salud.

El proyecto, que se denomina “Proyecto mejora de la atención de salud en El Salvador (Promas)”, fue aprobado el 19 de marzo pasado por el directorio ejecutivo del Banco Mundial. El crédito tiene un plazo de 25 años y un periodo de gracia de 4.5 años.

El Ministerio de Salud impulsa una estrategia de transformación digital en el sector salud que busca mejorar el acceso a la atención médica e incluye diferentes componentes como la telemedicina, los historiales clínicos electrónicos, el expediente clínico único, procesos de atención ambulatoria, entre otros componentes.

Con 60 votos, la Asamblea Legislativa prorrogó nuevamente, este martes, la obligatoriedad notarial de llevar un protocolo digital y de usar la firma electrónica hasta el 1 de diciembre de 2025. El plazo vencía hasta el 31 de mayo de 2025.

«Esta reforma, que básicamente regula la presentación de libros de protocolo de manera digital, de los testimonios, de testamento y las actas notariales de manera digital», dijo el diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.

«Yo creo que es bastante procedente, no porque la Corte no tenga los insumos para iniciar con esta reforma sino que ha existido una preocupación de la comunidad jurídica sobre la capacitación, que ha sido poca».
Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.

El diputado Navarro, quien dijo que tiene 10 años de ser notario, aseguró que ha recibido observaciones de la comunidad jurídica sobre todo en el oriente de El Salvador.

Por su parte, la diputada Cesia Rivas, del partido opositor Vamos, aseguró que hay prórrogas necesarias «y esta es una de ellas».

«Hay mucha población de notarios no están actualizados acerca de estas reformas, por un lado, y por otro, de los cambios que se tenían que hacer».
Cesia Rivas (Vamos).

La diputada de Vamos aseveró que «hay prórrogas que deberían ser un vergüenza» para los legisladores, como la que permite que no se apliquen las sanciones por las violaciones a la Ley de inclusión. «Ya hasta perdimos la cuenta de cuántas prórrogas lleva, prórrogas que son una excusa vergonzosa, ustedes han cometido una dilatación grave que atenta contra la dignidad de las personas con discapacidad», añadió.

En su solicitud, el presidente de la CSJ, Henry Alexander Mejía, pidió una reforma al artículo 12 inciso segundo del decreto legislativo 555, aprobado el 8 de noviembre de 2022, una reforma a la Ley de Notariado, que establece un plazo para la firma electrónica certificada y los libros de protocolo digital.

En su escrito, la CSJ informó que el 10 de abril de 2025 aprobó los «Lineamientos técnicos para la presentación y resguardo de los libros de protocolo e instrumentos notariales y aranceles por los servicios por la Sección del Notariado» para regular la presentación de libros de protocolo, testimonios de testamento y actas notariales en formato digital, y la exigencia a los notarios para que adquieran un certificado de firma electrónica.

La Corte aseguró que «cuenta con todos los insumos informáticos y logísticos necesarios» pero fundamentó la prórroga en que las reformas exigen a los notarios «el uso de plataformas electrónicas», además de capacitación. En la prórroga anterior, aprobada en 2024, la CSJ argumentaba que se requería un plazo para completar la infraestructura tecnológica y material, y una inversión en la compra de equipos de oficina, informático y tecnológico.

El 8 de noviembre de 2022, se aprobó una reforma a la Ley de Notariado que estableció el sistema de protocolo digital y el uso de la firma electrónica en las labores de resguardo y conservación de los libros de protocolo notarial, que daba un plazo inicial de seis meses para su aplicación, que se cumplían en noviembre de 2024, dado que fue publicado hasta en el Diario Oficial número 85, tomo 443, del 7 de mayo de 2024.

La Asamblea Legislativa prorrogó este martes la «Ley especial y transitoria para la estabilización de los precios de gas licuado de petróleo» que subsidia la compra de los cilindros de gas mediante el pago a las empresas envasadoras ante las variaciones de precios hasta el 31 de mayo de 2026.

Con el decreto, se busca mantener estables los precios de ventas al consumidor de los cilindros de gas: el de 10 libras, a $4.61; el de 20 libras, a $8.98, el de 25 libras, a $11.13; y el de 35 libras a $15.50.

«Creo que todos estamos de acuerdo en que queremos llevarle el beneficio a todos los salvadoreños», dijo el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas.

El mecanismo creado en 2021 permite transferir a las empresas envasadoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para que el Estado absorba el aumento de los precios internacionales de hidrocarburos y que afectan a los precios del gas.

El decreto fue aprobado con 60 votos, incluidos los votos de Marcela Villatoro y Francisco Lira, de Arena, así como el voto de la diputada Cesia Rivas, de Vamos.

Luego de que se venciera el plazo del 9 de mayo para aprobar la Ley de Responsabilidad Fiscal, establecido en el acuerdo de financiamiento entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el economista Carlos Acevedo, presidente del Banco Central de Reserva (BCR) sugirió retomar la normativa anterior con algunos ajustes para aprobarla.

«Deberían restablecer y ajustar la Ley de Responsabilidad Fiscal anterior, que es bastante buena», sugirió.

Acevedo cree que no es necesario modificar la parte conceptual de la normativa, sino únicamente ajustar los parámetros de deuda en relación al Producto Interno Bruto (PIB) y los cronogramas de disminución de esa relación.

El economista sugirió aprobar la normativa «cuanto antes», debido a que dentro de las políticas del Acuerdo de Servicio Ampliado entre el gobierno salvadoreño y el FMI se estableció aprobación «por el Parlamento de una nueva Ley de Sostenibilidad y Responsabilidad Fiscal» para el 9 de mayo de 2025.

El acuerdo prevé «reglas más robustas para mejorar la rendición de cuentas presupuestarias» por parte de El Salvador.

La «Ley de responsabilidad fiscal para la sostenibilidad de las finanzas públicas y el desarrollo social» fue aprobada el 10 de noviembre de 2016 e inició su vigencia el 1 de enero de 2017; fue aprobada como parte de un acuerdo entre el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, que solicitaba la aprobación de $550 millones de deuda, y la oposición, Arena.

La normativa tenía como fin establecer reglas fiscales para limitar el déficit y el endeudamiento público, diseñar un presupuesto acorde a estas medidas fiscales, garantizar asignación a áreas sociales y tener una mayor transparencia.

Establecía un ajuste fiscal del 3 % del PIB, un límite de la deuda no mayor al 45 % del PIB después de un fase de consolidación fiscal de siete años y gastos corrientes no mayores al 18.5 % del PIB después del periodo de consolidación fiscal.

La Ley de Responsabilidad Fiscal fue suspendida temporalmente durante la pandemia por covid-19 mediante un decreto del 26 de marzo de 2020 que exigió a Hacienda presentar un plan de regulación actualizado en 90 días. En 2021, Hacienda previó que se aplicaría en 2022.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aún no aprueba una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, compromiso asumido por el gobierno salvadoreño en el acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para el financiamiento de $1,400 millones, aprobado en febrero.

El 9 de mayo se venció el plazo para que El Salvador aprobara una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), una normativa que busca mejorar las finanzas públicas y que fue suspendida durante la pandemia por covid-19.

El punto 21 de las “Políticas bajo el Acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo», se estableció que el programa tendría «mayores avances» con la «ii) aprobación por el Parlamento de una nueva Ley de Sostenibilidad y Responsabilidad Fiscal (FSRL, 9 de mayo de 2025)», la cual tendría «reglas más robustas para mejorar la rendición de cuentas presupuestarias».

El proyecto, en marzo, se encontraba «en desarrollo con asistencia técnica» del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Este compromiso de El Salvador con el FMI también aparece en tabla 13 sobre «Acciones prioritarias y estructurales»: «Aprobación por el Parlamento de una nueva FSRL» y detalla que la nueva normativa tendrá: «reglas fiscales, cláusulas de escape claras, una vía de transición coherente con los objetivos del programa y normas para mejorar la credibilidad presupuestaria» con informes anuales sobre gasto fiscal. El plazo en este caso se establecía bajo la condición de «primera revisión».

El economista Rommel Rodríguez, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), cree que la aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal no puede ignorarse porque es un objetivo estructural que sirve de base para cumplir otros objetivos fiscales. «Es como un ancla, es un hito que contribuye a que otros se vayan dando, por eso no creo que es soslayable», respondió, ante la pregunta sobre si el incumplimiento arriesga el acuerdo con el FMI.

En un acuerdo donde el tema fiscal es fundamental, creo que no es soslayable (la Ley de Responsabilidad Fiscal)… Es una meta u objetivo estructural, es clave y en caso extremo habría una prórroga o un compás de espera al organismo.

Rommel Rodríguez, economista de la Funde.

El economista Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), advierte que al FMI no le suelen gustar los incumplimientos en los acuerdos, excepto una buena excusa.

«Al FMI no le suelen gustar los incumplimientos a no ser que haya una buena excusa. Deberían restablecer y ajustar la Ley de Responsabilidad Fiscal anterior, que es bastante buena».

Carlos Acevedo, expresidente del BCR.

Para Acevedo, esta ley se debería «aprobar cuanto antes, para no empezar a hacer un papelón ante el FMI a las primeras de cambio».

Este lunes, las diputadas Claudia Ortiz, de Vamos, y Marcela Villatoro, de Arena, dijeron no haber recibido, por el momento, ningún borrador o solicitud de proyecto de nueva Ley de Responsabilidad Fiscal.

«Al momento la Asamblea Legislativa no ha aprobado ni discutido una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal. Es muy importante que el Gobierno de El Salvador cumpla el Programa definido por el Fondo para generar cambios que hagan más sostenibles nuestras finanzas públicas».

Claudia Ortiz (Vamos).

La diputada de Vamos consideró que el ajuste fiscal de 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), al que se ha comprometido el gobierno con el FMI, «es enorme» porque un país «con tantas necesidades y sin crecimiento económico significativo como el nuestro». Recriminó el recorte de presupuesto en Educación y Salud, y los despidos en el Estado.

«Y los que negociaron el Acuerdo, ¿van a ajustarse el cinturón también? Tienen que ponerse a trabajar y tomar esto en serio», cuestionó sobre los recortes en el Estado.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, aseguró que se debería aprobar una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal para cuidar el dinero público. «La Ley de responsabilidad fiscal es importante para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas del país, es necesaria para controlar el déficit fiscal, la transparencia, estudiar metas fiscales así como planificar el futuro de las finanzas; esto buscando el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad fiscal, es por ello la importancia de contar con esta herramienta jurídica a modo de no endeudar al país más de lo que las finanzas lo permiten».

Debería haberse aprobado no porque el FMI lo pide sino como una obligación de saneamiento y de cuido del dinero público. Hasta este día no tenemos ningún documento para aprobación pero debe hacerse lo más pronto posible.

Marcela Villatoro (Arena).

El acuerdo entre el gobierno de El Salvador con el FMI también incluyó otros compromisos relacionados a la sostenibilidad fiscal, como una Ley de Estabilidad Financiera a finales de junio de 2025 y un Marco Fiscal de Mediano Plazo para finales de octubre de 2025.

El acuerdo con el FMI para un programa por $1,400 millones inicia un desembolso inmediato de $113 millones e incluye un ajuste fiscal de 3.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) durante tres años, que inicia con un tramo de 1.5 puntos porcentuales del PIB para este año 2025.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos han detenido a un total de 270 migrantes salvadoreños en todo su territorio durante abril según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), 14.8 % menos que los 317 retenidos en marzo y 94.2 % menos que en abril de 2024.

En la frontera sur de los Estados Unidos, la cifra de migrantes salvadoreños llegó a 154. En este lugar, los encuentros de migrantes salvadoreños habían superado los 10,000 mensuales en algunos meses de 2021 (abril a septiembre) y desde entonces habían disminuido poco a poco, pero sin bajar de 2,700 al mes.

2025: casi 3,000 salvadoreños

La disminución más drástica, marcadas por las políticas antimigrantes de la administración Trump, ocurrió en febrero, mes desde el cual los migrantes salvadoreños ya no se cuentan en miles sino en cientos.

Solo en los primeros cuatro meses de 2025, un total de 2,915 salvadoreños han sido retenidos por las dos unidades de la CBP –Patrulla Fronteriza y Oficina de Operaciones de Campo–, 14,214 menos que los salvadoreños detenidos en el mismo periodo de 2024.

En enero se encontraron a 1,963 migrantes, cuando a partir de febrero cayeron a 365, en marzo a 317 y en abril, datos publicados ayer, a 270.

Año con año

La disminución, aunque fue más pronunciada este año, viene desde 2022, cuando bajó un 26 % la detención de salvadoreños, con 86,018 respecto a los 117,114 de 2021.

En 2023, la cantidad de salvadoreños aprehendidos bajó un 21 % a 67,905 y en 2024 disminuyó un 33 % a 45,362.

También ha sido una tendencia general en los Estados Unidos en la frontera sur detuvieron a 2.4 millones de todas las nacionalidades en 2022, 2.5 millones en 2023 y 1.6 millones en 2024.

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