Autor: Yolanda Magaña

Diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobaron este lunes los dictámenes 62 y 63 para autorizar al Ministerio de Hacienda a otorgar las «garantías soberanas del Estado» en dos créditos que suman $190 millones y que están siendo gestionados por el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El primer préstamo por $60 millones servirá para dar préstamos a las micro, pequeña y mediana empresas (mipymes) que quieran invertir en ahorro de energía y reducción de gases de efecto invernadero.

El segundo préstamo por $130 millones serviría para dar créditos a las mipymes para que inviertan en centros de datos o compra de equipo o programas informáticos. Es el «Programa de apoyo a la transformación tecnológica y digital de mipyme en El Salvador».

Los créditos a las mipymes serán otorgados mediante las instituciones financieras intermediarias (IFI) o bancos a condiciones aún no detalladas.

Según Delia Reyes, subdirectora de Inversión y Crédito Público, el artículo 148 de la Constitución permite al Poder Ejecutivo otorgar una garantía previa autorización de la Asamblea Legislativa. La gestión de estos préstamos, según la funcionaria, inició en el segundo semestre de 2023.

Ambos préstamos deben ser cancelados al BID en un plazo mayor a los 23 años. Para otorgar los créditos a las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, conocidas como «mipymes», que serán beneficiadas, se exigirá «ser un cliente solvente sujeto de crédito».

Las condiciones de dos créditos por $130 millones que dará el BID a Bandesal para préstamos a las mipymes

1. Préstamo de $60 millones para reducir emisiones de gases de efecto invernadero de las mipymes
Condiciones:
Plazo del préstamo: 23.6 años.
Periodo de gracia: 7 años.
Tasa de interés: variable base SOFR más margen aplicable a préstamos de capital ordinario.
Comisión del crédito: hasta 0.75 % por año.

¿Para qué destinos darán los créditos a las mipymes en el programa de reducción de gases de efecto invernadero?
1. Calderas de alta eficiencia
2. Iluminación de alta eficiencia
3. Motores y bombas eléctricas de alta eficiencia
4. Hornos de alta eficiencia
5. Sistemas solares térmicos
6. Sistema de biogás
7. Generación solar fotovoltaica

¿Quiénes serían los beneficiarios?
Micro, pequeña y mediana empresas (mipymes) de todos los sectores de la economía.

¿Cuáles serán los requisitos?
1. Ser un cliente solvente sujeto de crédito.
2. Usuarios que califiquen como mipymes.
3. Cumplir con requisitos del crédito de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI).

2. Préstamo de $130 millones del BID a Bandesal la transformación digital de las mipymes
Condiciones:
Plazo del préstamo: 23 años y seis meses.
Periodo de gracia: 7 años.
Tasa de interés: variable base SOFR más margen aplicable a préstamos de capital ordinario.
Comisión del crédito: hasta 0.75 % por año.
Pagos: semestrales.

¿Para qué destinos darán los créditos a las mipymes en el programa de transformación digital?
1. Compra de equipo, maquinaria y programas informáticos.
2. Contratación de garantías extendidas, actualizaciones y mantenimiento de equipos y maquinarias.
3. Capacitación en transformación tecnológica digital, certificaciones y capital de trabajo asociados a la transformación tecnológica.
4. Construcción o remodelaciones de centros de datos.

Durante la aprobación, la diputada Dania González (Nuevas Ideas), preguntó cuáles son las instituciones financieras intermediarias (IFI) para que los propietarios de los negocios lo sepan y cuáles podrían ser las tasas de interés para los créditos que serían otorgados a las mipymes.

La subdirectora de crédito público respondió que las IFI son «todos los bancos, las facultadas para otorgar créditos a los usuarios». Explicó que las micro, medianas y pequeñas empresas están definidas por la cantidad de sus empleados a partir de 10, 50 y 100 trabajadores; y en función del volumen de sus ventas, de $175,000 anuales, $1.7 millones anuales y $7 millones anuales.

El diputado Edgardo Mulato (Nuevas Ideas) preguntó detalles sobre la tasa de interés que deberá pagar el Estado salvadoreño al préstamo al BID.

La representante de Hacienda explicó que la tasa SOFR sustituyó a la tasa LIBOR, la base para determinar el costo del financiamiento y es variable, pero que actualmente asciende al 6 % anual.

El Gobierno creará una Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), que estará adscrita a la Presidencia de la República y coordinará actividades relacionadas a la Inteligencia Artificial (IA) en El Salvador.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, entregó a la Asamblea Legislativa el proyecto de «Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías» el pasado 6 de febrero, a las 2:48 p.m. El proyecto ingresó mediante cambio de agenda en medio de la sesión plenaria.

La ley promete que el Estado asistirá a los desarrolladores para registrar sus innovaciones de IA que sean de su propiedad intelectual.

El proyecto, que será estudiado por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa, exige a las entidades o personas que realicen actividades con datos de dominio abierto o de su propiedad, que no tengan fines comerciales o uso público general, se inscriban en el Registro Nacional de Desarrollo, Innovación y Aplicación de IA.

Los sujetos que se encuentren en el Registro deberán cumplir una normativa técnica «según las hubiera» y tendrán ciertos beneficios como ser exentos de «responsabilidad alguna» por «consecuencias no deseadas o errores que deriven de ellas».

Otra salvaguarda para ellos es la exención de responsabilidad a desarrolladores de IA por el uso «indebido» de herramientas, si demuestran «esfuerzos razonables» de garantizar estándares de seguridad y ética.

La normativa también busca que ninguna entidad privada ponga condiciones para mejorar resultados generados por la IA, excepto «la legislación salvadoreña». Sin embargo, toda propiedad intelectual desarrollada de la IA pertenecerá a la entidad o persona desarrolladora.

Si estas actividades de la IA se relacionan con las funciones de instituciones públicas o son supervisadas por alguna autoridad administrativa también deberán cumplir normas de seguridad establecidas por la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE).

Además, la Agencia de Inteligencia Artificial diseñará el marco de «evaluación de riesgos» que deberán aplicar los sistemas con «datos confidenciales, reservados o personales»; tendrá 90 días para hacerlo.

Las víctimas o denunciantes del delito de administración fraudulenta deberán presentar una “auditoría contable que demuestre la existencia del delito a investigar” cuando presenten su denuncia, y deberán asumir el costo económico de las pericias para acreditar o desvirtuar los hechos.

Esta fue una reforma al artículo 27 del Código Procesal Penal aprobada el viernes por la Asamblea Legislativa y que regula los delitos de “instancia particular”, es decir, que se perseguirán penalmente únicamente a petición de la víctima o de su representación legal.

El decreto de reforma se incluyó junto al dictamen con un primer decreto de reforma que permitirá extender la detención provisional de los imputados sin sentencia firme.

Según la reforma, si la víctima no presenta la “auditoría contable” que “demuestre” la existencia de administración fraudulenta, “la víctima deberá demostrar la imposibilidad de su obtención” e indicará el lugar donde está la documentación necesaria para realizar esta auditoría.

Delitos patrimoniales serán perseguidos pese a conciliación

El decreto también modifica el artículo 38 del Código Procesal Penal, que extingue la acción penal en ciertos delitos menos graves cuando hay conciliación o mediación. Recientemente, se excluyó de esta extinción el delito de conducción temeraria por consumo de alcohol.

El viernes, la Asamblea Legislativa también excluyó los delitos de hurto agravado, robo, robo agravado, estafa, estafa agravada y extorsión de los delitos que pierden la acción penal si el imputado concilia.

Peritos de FGR y CCR

Además, incorporó como peritos permanentes los técnicos de la Fiscalía General de la República y los auditores nombrados por las dependencias tributarias de Hacienda o de la Corte de Cuentas de la República.

Archivo de casos

Otra reforma al artículo 293 permitirá al fiscal el archivo de las investigaciones cuando “se tenga la certeza de que no se ha afectado el bien jurídico protegido atendiendo a los resultados de la investigación efectuada”.

La reforma también obliga al imputado a responder por los daños causados, autoriza el procedimiento abreviado para los imputados que confiesen y señalen copartícipes, y permite procedimientos sumarios por conducción peligrosa pero no para delitos graves como homicidios.

A solicitud del Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio de Hacienda acordó el 8 de enero pasado que la Policía Nacional Civil (PNC) brinde los servicios de seguridad al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) por un monto de $6.5 millones.

El precio es superior a lo que el ISSS paga actualmente por los servicios de seguridad. El precio del servicio de la PNC ascendería a $6,569,183.06.

Según la orden de compra del 21 de octubre de 2022, para contratar los «Servicios de seguridad física para diferentes dependencias del ISSS a nivel institucional», el servicio por 12 meses de seguridad costó $3,321,309 ($3.3 millones), es decir, $3.2 millones menos.

Esta se encontraba a cargo de la empresa Seguridad de El Salvador y Limpieza (Segusal), S.A. de C.V. El contrato comprendía la seguridad de las zonas central, occidental y oriental.

Un contrato similar adquirido en marzo de 2020 costó $1,618,740 al ISSS. En este caso se adquirió a la empresa SIEDES, S.A. de C.V. el 31 de marzo de 2020 e incluía seguridad a instalaciones de la zona metropolitana y central.

Según el contrato, a los agentes de seguridad se les exigía un curso de capacitación impartido por la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) en asignaturas de procedimientos de agentes privados de seguridad y derechos humanos.

Los fondos serán depositados a la cuenta «Dirección General de Tesorería» del Fondo de Actividades Especiales, subcuenta «Venta de productos y prestación de servicios de la Policía Nacional Civil», a través de una cuenta corriente del Bancoagrícola de la PNC.

Se trató de una reforma al «Fondo de Actividades Especiales para la Venta de Productos y Servicios en la Policía Nacional Civil» creado en marzo de 1999.

Según Hacienda, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública consideró prestar servicios de seguridad especializada en instituciones públicas que lo requieran y destinar «agentes policiales encargados de brindar directamente ese servicio» a cambio de una cantidad.

El cambio se realizó a solicitud del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Es la primera institución, según la reforma al acuerdo, que se incluye como compradora del servicio de seguridad a la PNC.

Actualmente, el acuerdo original tiene precios por los siguientes servicios: reposición de placa personal por $13.56, reposición de carné al personal de la institución por $2.60, emisión y reposición de carné al personal que brinda servicios privados de seguridad, $2.60; emisión de solvencias, $3.50; traslado mediante grúa por kilómetro recorrido, $5; aparcamiento de vehículos decomisados, $1; certificación de documento de inspección de accidentes de tráfico, $1; y experticia de campo, por $5; y experticia formal de restauración de series, por $10.

Este fondo fue aprobado durante la administración del exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, a solicitud de la PNC.

Diputados de Nuevas Ideas presentaron el viernes por la noche ante el pleno de la Asamblea Legislativa la primera reforma a la Constitución de la República que aprobarían bajo el mecanismo rápido aprobado el 29 de abril de 2024 y ratificado el pasado 29 de enero de 2025.

«Derógase el Art. 210 de la Constitución», reza la reforma propuesta, en referencia al artículo que establece «la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia».

En su petición, los diputados calificaron de «contradictorio» que el Estado «deba reconocer o retribuirle al partido político o coalición la cuantía por votos obtenidos en determinado evento electoral», ya que «podría interpretarse que al final lo que busca el funcionario es obtener un beneficio económico de parte del Estado».

Esa primera solicitud de reforma constitucional pasó a estudio de la Comisión Política, que se reunirá el martes 11 de febrero.

El Estado programó $38 millones de financiamiento público para el financiamiento a los partidos políticos durante el año 2024; según los cálculos de la organización Acción Ciudadana, $27 millones serían para Nuevas Ideas, $2.7 millones para Arena, $2.5 millones para el FMLN, $1.2 millones para Gana.

De enero a junio de 2019, para las elecciones presidenciales, Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) recibió un total de $7,167,994, Vamos recibió $109,005.75; el Partido Demócrata Cristiano (PDC), 43,149.75; y el Partido Social Demócrata recibió $71,328.69, según datos del Ministerio de Hacienda.

Reforma constitucional en una votación

Hasta enero pasado, una reforma constitucional en El Salvador exigía la votación de dos legislaturas diferentes, proceso que requería la intervención de dos conformaciones legislativas.

La sentencia de la Sala de lo Constitucional 33-2015 exigía que en todo proceso de reforma constitucional era necesario un «intervalo de tiempo adecuado para que la ciudadanía se informe de las alternativas en juego y de la exacta dimensión de la reforma constitucional sometida a su consideración», es decir, consideraba que la ciudadanía debía conocer la posición de los partidos políticos sobre las reformas constitucionales antes de la elección legislativa y no hasta después.

Sin embargo, el pasado 29 de enero, la Asamblea ratificó la primera votación de la reforma al artículo 248 de la Constitución que permitía, también, aprobar una reforma constitucional en una sola votación.

La oposición ha argumentado que la anulación de la deuda política es un pretexto para «trastocar la Constitución» de El Salvador.

Con 59 votos, la Asamblea Legislativa abrió el proceso de elección del procurador general de la República para el periodo que inicia el 2 de mayo de 2025 y finaliza el 1 de mayo de 2028.

Los candidatos pueden enviar sus hojas de vida y atestados desde ya en un horario de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. El último día para recibir currículums y los documentos requisitos es el viernes 28 de febrero de 2025.

El cargo lo ocupa actualmente el abogado René Gustavo Escobar Álvarez, quien acompau00f1ó recientemente al comisionado presidencial de derechos humanos, Andrés Guzmu00e1n, durante el Examen Periódico Universal de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a El Salvador. Escobar afirmó que durante el régimen de excepción «la defensa técnica se le ha brindado de manera oportuna a todas las personas procesadas», aunque organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que no se cumple el derecho de defensa.

Escobar Álvarez finaliza su periodo el 1 de mayo de 2025.

Los aspirantes deberán adjuntar constancias de Probidad, Investigación Judicial, Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Corte de Cuentas de la República.

También, deberán presentar constancia del Tribunal Supremo Electoral en la que conste no tiene afiliación partidaria, del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), la constancia de antecedentes penales y policiales, y solvencia del Ministerio de Hacienda en la que demuestre se encuentra solvente.

A ello deberán sumar el respectivo acuerdo de autorización de abogado, la certificación de la partida de nacimiento y una copia certificada de Documento Único de Identidad (DUI).

La Asamblea Legislativa reformó este viernes el artículo 8 del Código Procesal Penal para ampliar el límite máximo de la detención provisional de un imputado en cualquier proceso judicial hasta la media pena del delito por el cual es acusado.

El máximo podrá extenderse hasta la media pena para el delito imputado o del delito más grave imputado si son varios delitos.

La reforma fue aprobada con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados.

Esta extensión de la privación de libertad podrá aplicarse “a todos los procesos penales que no cuenten con una resolución firme”.

“La privación de libertad también podrá extenderse mediante resolución fundada por el equivalente de la media pena dispuesta para el delito imputado y en el caso que se imputen varios delitos por la mitad de la pena señalada en el delito más graves durante o como efecto del trámite de los recursos de la sentencia condenatoria”, indica la reforma.

Actualmente, la detención provisional de un imputado de delito “menos grave” no puede exceder un año y la detención de un imputado por delito grave puede extenderse hasta dos años e incluso ampliarse un año más por el trámite de recursos. Con la reforma, este límite podrá extenderse.

También, la reforma permite no aplicar el plazo máximo de detención provisional en casos de:
1. Pericias complejas.
2. Conflictos de competencia.
3. Asistencia legal mutua activa en materia penal.
4. Mientras dure la extradición activa o pasiva.
5. De oficio o a petición de parte debe descontar prácticas dilatorias o litigación temeraria, incidentes procesales infundados u otras infracciones similares.

Según el gobierno, “al agotarse los plazos los acusados por delitos graves” son “puestos en libertad”. “La puesta en libertad anticipada de los imputados por el agotamiento de dicho plazo permite que estos puedan evadir la acción de la justicia, entorpecer la investigación o, en el peor de los casos, intimidar a los ciudadanos que han sido víctimas del delito o que intervienen como testigos o jurados”, dijo.

Hay muchos abogados que dilatan adrede los procesos, esto para que sus clientes puedan salir libres y en algunos casos hasta puedan huir del país, esto también le servía a muchos delincuentes para que al salir podían intimidar a los testigos, las víctimas y el jurado. Francisco Villatoro (Nuevas Ideas).

La Asamblea Legislativa aumentó este viernes las penas de prisión para una veintena de delitos en El Salvador, estableciendo hasta 35 años de prisión por el delito de homicidio simple, hasta 60 años por homicidio agravado, hasta 20 años por robo y hasta 30 años de prisión por el delito de robo agravado.

La reforma al Código Penal fue aprobado con 56 votos.

El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, pidió aumentar más las penas para los delitos de homicidio simple y homicidio agravado, para mantener la «simetría» en los delitos cometidos contra la vida respecto a las nuevas penas para los delitos como hurto y robo. La modificación fue aprobada con 56 votos.

En la reforma, se incluye el nuevo delito de «dilaciones procesales» que tendrá penas entre cuatro y ocho años de prisión, y que será aplicado tanto a la autoridad pública que retarde o permita el retraso de un proceso judicial indebidamente, así como para quienes en cualquier calidad dentro de un proceso judicial «paralicen el curso ordinario del proceso» con conductas negligentes o litigaciones temerarias que suspendan audiencias o interpongan recursos reiterativos, entre otros.

Además, se permite la «excusa absolutoria», es decir, se eximiría la pena, una sola vez para una persona, a quien repare integralmente el daño en el delito de hurto.

Las nuevas penas aprobadas en la reforma al Código Penal

Homicidio simple: 25 a 35 años de prisión. Pena actual: de 10 a 20 años.

Homicidio agravado: de 55 a 60 años de prisión cuando es ejecutado por funcionario público, autoridad pública, agente de autoridad o miembros de personal penitenciario, sea que se encuentren o no en el ejercicio de sus funciones. Para agravantes como alevosía, premeditación, veneno y motivos fútiles, se establecen las penas entre 35 a 40 años de prisión, y por agravantes como si la víctima es familiar, si el homicidio ocurriere para ocultar delitos de por ensañamiento, por precio, precedido de desaparición, las penas serán entre 45 y 50 años de prisión. Pena actual: de 30 a 50 años de prisión.

Privación de libertad: 3 a 8 años de prisión. Actual: 3 a 6 años.

Violación: 10 a 16 años de prisión. Actual: 6 a 10 años.

Violación en menor o incapaz: 18 a 26 años. Actual: 14 a 20 años.

Agresión sexual en menor o incapaz: 10 a 15 años de prisión. Actual: 8 a 12 años.

Estupro: 5 a 13 años de prisión. Actual: de 4 a 10 años.

Estupro por prevalecimiento: 8 a 17 años de prisión. Actual: 6 a 12 años.

Hurto: 6 a 8 años si el valor es mayor a 200 colones. Actual: 2 a 5 años.

Hurto agravado: 10 a 15 años de prisión por las agravantes, en las cuales se agregan: sobre objetos de infraestructura de servicio público o valor histórico, en estaciones de abordaje o servicio de transporte de pasajeros, de un vehículo automotor, de cinco o más cabezas de ganado, de uniformes de autoridad pública, entre otros. Actual: 5 a 8 años.

Robo: 10 a 20 años de prisión. Actual: 6 a 10 años.

Robo agravado: 20 a 30 años si en el hecho interviene un funcionario, empleado público o municipal, agente de autoridad, autoridad pública o servidor público. Actual: 8 a 12 años.

Receptación: 6 a 10 años de prisión. Actual: 6 meses a 2 años.

Conducción de mercaderías de dudosa procedencia: 6 a 10 años de prisión. Actual: 2 a 4 años.

Proposición y conspiración (de robo, receptación, extorsión): Mitad del mínimo y el mínimo de la pena. Actual: igual pena que los delitos.

Uso ilícito de vehículo automotor: 2 a 5 años de prisión. De 5 a 8 años por el uso de vehículo hurtado o robado en la ejecución de un delito.

Estafa: 5 a 8 años si la defraudación es mayor a 200 colones. También, cometen este delito quienes usen tarjetas de crédito o débito en perjuicio de su titular o un tercero, sustraer producto financiero o instrumento distinto del efectivo para facilitar un delito. Actual: 2 a 5 años.

Estafa agravada: de 8 a 15 años de cárcel. Si el valor supera los 87,500 colones o afecte a 10 personas o más, si es cometida en distrito distinto al domicilio del autor o intervengan una o más personas de organizaciones terroristas. Actual: 5 a 8 años.

Daños: de 2 a 5 años de prisión. Actual: 6 meses a 2 años.

Daños agravados: de 5 a 10 años de prisión. Actual: 2 a 4 años.

Dilataciones procesales: 4 a 8 años de prisión. Se impondrá a la autoridad pública y también se considerará autores de este delito y se les impondrá la misma pena quienes actuando en cualquier calidad paralicen el curso ordinario del proceso o procedimiento, a través de actuaciones de mala fe o procesal, litigación temeraria, interposición de recursos reiterativos, entorpecimiento u obstrucción de la realización de un acto procesal.

Con 59 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este viernes una Ley Anticorrupción que crea un sistema y un centro anticorrupción que sería dirigido por la Fiscalía General de la República (FGR) y le da acceso directo en tiempo real a información de todas las instituciones parte del sistema.

 

A favor de la normativa votaron los diputados de Nuevas Ideas, PCN, PDC y Arena. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, se abstuvo.

La ley obligará a los funcionarios y empleados públicos a declarar sus activos o bienes que posean, además de sus pasivos, todas sus deudas, al Ministerio de Hacienda. Estos «informes de activos y pasivos» serán declarados cada año a partir de 2025 y serán publicados por Hacienda, luego de 15 días de ser presentados.

La nueva obligación no suprime la obligación ya existente de los funcionarios y empleados públicos de declarar patrimonio ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, establecida en la «Ley sobre el enriquecimiento ilícito», que está vigente desde el año 1959 en que se aprobó.

Un fuerte saludo a todos aquellos que andan por Guatemala, que se fueron a México, Nicaragua, que están en Italia o Alemania porque jamás van a prescribir sus delitos y hasta allá va a llegar el brazo de la ley.
Christian Guevara (Nuevas Ideas).

 

Actualmente, las declaraciones patrimoniales de Probidad no son públicas y en 2021 en Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) cerró acceso a las adendas patrimoniales de los funcionarios.

Con la Ley Anticorrupción, la Corte de Cuentas de la República remitirá todos «los informes de auditorías con hallazgos y observaciones» a la Fiscalía General de la República, así como toda la información que le requiera la Fiscalía.

También establece la «obligación» de toda persona de denunciar contra empleados y funcionarios «contra quien tenga pruebas» de delitos de corrupción.

La ley anticorrupción no solamente se enfoca a quienes incurran en prácticas corruptas sino que también en prevenir, que es lo más importante. Esta ley le da a la población salvadoreña una llave que antes no tenía.
Raúl Chamagua (Nuevas Ideas).

 

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, exhortó al gobierno a quitar la reserva de información pública relacionadas a denuncias de corrupción en el actual gobierno y recriminó la eliminación de la Comisión Internacional contra la Corrupción en El Salvador (Cicies) en junio de 2021, así como la mención de funcionarios en la Lista Engel.

«Ustedes mismos, colegas diputados, han aprobado leyes que prácticamente permiten grandes espacios para la corrupción, por ejemplo, reformar leyes de compras públicas para que los mismos funcionarios públicos puedan vendarle al Estado».
Claudia Ortiz (Vamos).

 

La legisladora reclamó también la creación de esquemas de contrataciones públicas para que las sociedades anónimas puedan ser contratistas del Estado sin que sus integrantes sean conocidos públicamente, ejemplificó la Constructora El Salvador, S.A. de C.V., cuyos «accionistas son un secreto».

Los tres órganos que componen el Estado salvadoreño, desde el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, aquí no se hace excepción de nadie, las 44 alcaldías, las 87 autónomas, los 17 ministerios, todos, deberán presentar la información que requiere esta ley para determinar si cumplen o no con lo establecido. Y el que no cumpla simple y sencillamente deberá responder ante la justicia.
William Soriano (Nuevas Ideas).

 

El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aseguró que en los anteriores gobiernos nunca hubieran aprobado una ley similar.

«La guerra contra la corrupción ha dado un paso fuerte, un paso bastante grande, eso es lo que le vamos a heredar a las nuevas generaciones, ese es mi compromiso», dijo el diputado cian.

El legislador opositor, Francisco Lira, también pidió levantar la restricción en el acceso a la información pública que tienen todas las instituciones del Estado y opinó que el problema no es de falta de leyes.

El Centro Nacional Anticorrupción va a perseguir los casos de esos funcionarios que han llegado a enriquecerse antes, durante y después de su gestión pública. Esperaría que se pudiera desempolvar todos esos casos de la extinta Cicies, será importante conocer el caso Catedral. Francisco Lira, diputado de Arena.

 

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, recordó que la aprobación de la ley obedece al acuerdo entre el gobierno para un financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) por más de $1,000 millones, así como se desactivó «prácticamente» la Ley Bitcoin.

Villatoro celebró que se investigue el delito de «tráfico de influencias», incluido en la reforma al Código Penal, ya que «durante la pandemia, se dieron casos de personas, miembros del gobierno, que obtuvieron contratos para beneficio propio. Estas personas deberían comenzar a ser procesadas».

Añadió que nueva Ley Anticorrupción también habla del «nepotismo». «Eso quiere decir que las personas que se pongan a contratar a sus amigos, maquillistas, amigos que no tienen años en la cosa pública, modelos, cantantes, no podrían ser contratados en las instituciones de Gobierno, por lo tanto, también deberían seguir el proceso que dice esta Ley Anticorrupción», añadió.

La legisladora aseguró que un funcionario del actual gobierno «no tenía ni para hacerle aceite al carro» y «de repente dueños de talleres en Santa Elena y hoy desaparecido». Pidió que, en el futuro, no se hagan excepciones en la publicación de los informes de activos y pasivos que deberán presentar los funcionarios.

Qué bueno que se va a combatir la corrupción. Últimamente hemos conocido casos de personas que han tenido contratos de más de 25 años y que son de más de medio millón de dólares y que después de 11 meses ya los pagaron, entre otras cosas como ocupar la banca estatal para obtener préstamos para mí, mis familiares, ¿por qué?, porque para eso está la banca privada.
Marcela Villatoro (Arena).

 

Posteriormente, el diputado Caleb Navarro, sujeto de fracción de Nuevas Ideas, aseguró que no están discutiendo la reforma al Código Penal.