Autor: Yolanda Magaña

El registro de salvadoreños en el exterior creció 4,773 en un mes, del 31 de marzo de 2026 al 1 de mayo de 2026, un 20 % menos que el promedio mensual de 6,023 de nuevas inscripciones durante los primeros tres meses de 2026.

Al 31 de marzo de 2026, había inscritos 956,917 salvadoreños en el exterior, mientras que al 1 de mayo de 2026 el director del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco, reportó 961,690.

La cantidad es divulgada por el RNPN, institución que se encarga de inscribir a todos los salvadoreños mediante la emisión del Documento Único de Identidad (DUI) y es la base del Registro Electoral que también se usará para el sufragio en el extranjero en 2027.

En el primer trimestre de 2026, el ritmo de inscripción de salvadoreños domiciliados en el exterior aumentó en un 60 % –6,023 al mes– respecto al último trimestre de 2025, que cerró con 3,763 inscripciones mensuales.

Sin embargo, el aumento del registro exterior de salvadoreños se había desacelerado a lo largo del año pasado, ya que arrancó el primer trimestre con un promedio de 9,039 nuevos registros mensuales y bajó a 6,703 en el segundo trimestre.

En el tercer trimestre los nuevos registros volvieron a bajar a un promedio mensual de 5,936 y en el cuarto trimestre continuó a la baja con 3,763 mensuales.

Después de esta desaceleración que presentó el año 2025, la inscripción de salvadoreños en el exterior tuvo un repunte durante el primer trimestre de 2026 –los 6,023 nuevos registros– pero el mes más reciente reportó un aumento de 4,773.

Desde noviembre de 2014, los mayores caudales de inscripción de salvadoreños en el extranjero ocurrieron en los trimestres de octubre a diciembre de 2023, con 17,476 mensuales; y de enero a marzo de 2024, con 10,279 mensuales, ambos periodos previos a las elecciones generales de 2024, que se celebraron el domingo 4 de febrero las presidenciales y legislativas, y el 3 de marzo, las municipales.

Desde el año 2014, el registro de salvadoreños en el exterior ha aumentado de 199,367 a 961,690, equivalente a 762,323 nuevos registros, un alza del 382.3 % en 12 años.

El RNPN tiene en el extranjero 24 oficinas en donde los salvadoreños en el extranjero pueden solicitar su documento y suele realizar ferias de identidad móviles en diferentes ciudades del extranjero. Recientemente el director del RNPN anunció la apertura de tres centros de impresión de documentos en Barcelona, Madrid, España, y Milán, Italia; y proyecta abrir otros seis centros de impresión, cinco en Estados Unidos y uno en Canadá.

La Agencia de Promoción de Inversión y Exportación de El Salvador (Invest) no tendrá ninguna facultad en la nueva Ley de Alianzas Público Privadas (APP), la cual fue propuesta por el Ministerio de Economía y está bajo estudio de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa.

Las competencias que la propuesta le quita a Invest, antes Proesa, serían asumidas por la Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP), una unidad que sería dirigida por un director y un subdirector nombrados por el ministro de Hacienda.

De acuerdo con el artículo 13 de la propuesta, la DAPP aprobará o desaprobará los estudios de factibilidad de los proyectos para APP, llevará el registro centralizado de las contrataciones de APP y dictará los lineamientos de la gestión y la ejecución de los contratos de APP, entre otras funciones.

En la ley actual, Proesa puede proponer las políticas de APP, aprobar los proyectos de APP, sus bases de licitación y proyectos de contrato, aprobar licitaciones y elaborar normas para el funcionamiento de los contratos.

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, le preguntó al presidente de la agencia Invest, Rodrigo Ayala, cuál será el rol de la institución en la nueva normativa.

“Lo que pasa que Invest se encarga de la inversión extranjera directa, como inversión nacional, inversión de diáspora, pero directa, no inversión en Asocio Público Privado (APP), no digo tampoco que haya sido malo que Invest interviniera pero no es su facultad principal», argumentó a favor de la salida de Invest en la normativa de las APP.

Ayala agregó que la agencia Invest no maneja el erario público, ni los impuestos, ni un rol de defensa del bien público.

«Todas esas facultades realmente no nos competen, a una agencia que está diseñada para la inversión directa tanto nacional como extranjera”, agregó el funcionario.

El funcionario relató que, en las mesas en donde se estudió la propuesta de nueva ley de APP, les resultó «mejor» «dejar claro en una nueva Dirección que se encarga absolutamente del proceso».

«Hoy por hoy, el rol de Invest no va a existir en Invest, pero va a existir en la Dirección de Alianzas Público Privadas en el Ministerio de Hacienda. No hay ningún paso que se pierda, ningún estudio de prefactibilidad que se pierda, todo eso se va a seguir haciendo en la nueva Dirección». Rodrigo Ayala, presidente de Invest.

La diputada de oposición repreguntó si la agencia Invest no ha tenido en su existencia un rol en la estructuración de asocios público privados.

Ayala respondió que en el único APP que existe, sí, aunque Ortiz le recordó que esas facultades pasaron a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) con la aprobación de la Ley del Invest. “Tiene razón, como Invest, no ha tenido; Proesa, que es ex Invest, sí la tuvo, durante todo el proceso de la terminal de carga del Aeropuerto”, le respondió Ayala. La diputada subrayó que la institución que preside el funcionario «no tiene ningún tipo de facultad en las APP».

«La institución que usted preside no tiene ningún tipo de facultad en las APP». Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

La nueva ley para regular las APP es estudiada en la Comisión de Tecnología, que aún no emite un dictamen favorable. En la comisión, diputados de Nuevas Ideas han rechazado que vayan a privatizar los servicios de salud o educación.

La propuesta de ley levantaría la prohibición de las APP en los servicios de salud, educación, recursos hídricos, Universidad de El Salvador (UES) e Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). El presidente del Invest aseveró ayer que él desconoce que haya un proyecto gubernamental para hacer una APP para prestar servicios públicos de salud y educación.

La Corte de Cuentas de la República informó que realiza un examen especial a la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-Fepade Regional de Santa Ana que busca verificar el uso de los fondos públicos en programas educativos de jóvenes de escasos recursos.

Según la revista de la CCR, el equipo auditor de la Regional en Santa Ana inició el examen a los periodos fiscales de 2024 y 2025.

La institución informó que auditan la gestión financiera de los fondos que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) otorgó al ITCA-Fepade para el Modelo Educativo Gradual de Aprendizaje Técnico y Tecnológico (Megatec) en donde jóvenes reciben becas “Red Megatec”, alimentación y transporte.

La institución también informó que realiza auditorías al fondo circulante, consumo de combustible y el uso de vehículos nacionales en la municipalidad de Cabañas Oeste del ejercicio fiscal 2025. La auditoría, según la revista, incluye a los distritos de Ilobasco, Tejutepeque, Cinquera y Jutiapa.

Así mismo, realiza un examen especial a los ingresos, egresos y el cumplimiento de la normativa durante 2025 en la municipalidad de Sonsonate Este, que abarca Izalco, Armenia, San Julián, Caluco, Cuisnahuat y Santa Isabel Ishuatán.

En redes sociales, la CCR también informó que realiza un examen especial en el municipio de La Unión Sur para verificar el uso adecuado de los recursos públicos del 1 de mayo de 2024 al 31 de diciembre de 2025.

Así mismo, se realiza una auditoría especial al Viceministerio de Transporte para evaluar normas de control interno, estructura organizativa y documentación financiera, del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2025.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró 426 agresiones a periodistas y medios de comunicación durante el año 2025, un 9 % menos de las reportadas en 2024, cuando registró 467.

«Aparentemente los casos son menos porque los casos de exilio forzado se salen de esta metodología de contabilización de casos», aseguró Suchit Chávez, de la directiva de la APES, quien presentó el reporte este miércoles.

Aunque en general se registró esa disminución del 9 %, las agresiones que aumentaron este último año fueron acosos. El acoso digital fue la variante de agresión más común y que incluso aumentó a 88 casos, con 21 adicionales al año 2024; y acoso en general, con 51 casos, 43 más que en 2024; y los insultos, con 28 casos, 21 más que el año 2024.

El informe plantea que para El Salvador la agresión a la prensa es un problema histórico no resuelto desde hace más de 30 años.

De acuerdo con la APES, la mayor proporción de agresiones son cometidas por actores vinculados al Estado, en su mayoría policías, exfuncionarios, empleados públicos y funcionarios públicos, seguidos de militares, Policía Militar, Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), y en menor cantidad instituciones públicas y gobierno.

En 2025 se registraron 201 agresiones provenientes del Estado según la APES; mientras, se registraron 77 en 2022, 155 en 2023 y 487 en 2024.

Los usuarios de las redes sociales también cometieron un total de 110 agresiones cometidas según el monitoreo.

La mayor parte de las agresiones ocurrió en el espacio digital, según el estudio, con 231 casos, y el resto en la zona central, con 175, zona orientan con 18 casos y en el extranjero con 2 casos.

Entre los funcionarios identificados como agresores por la APES está el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, con 17 casos; presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con 9 casos; el director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Peter Dumas; la alcaldesa de La Unión, Victoria Salmerón, entre otros.

El informe registra un total de 53 periodistas salvadoreños que salieron del país de manera forzada, 43 directamente y 10 de manera indirecta, por razones de acoso, vigilancia, amenazas o temor de captura arbitraria.

Para elaborar el estudio, la APES realizó un monitoreo corriente de agresiones denunciadas así como entrevistas a periodistas que se enfrentan el exilio, a la pérdida de empleo, al cierre de espacios informativos o a otras restricciones al ejercicio del periodismo.

En febrero pasado, la APES registró un aumento de 342 % en las agresiones a periodistas comunitarios salvadoreños en 2025, un total de 57. Este informe también registró que la mayoría siente temor de ejercer su labor debido a la vigilancia militar, el acoso policial y la persecución judicial relacionada al régimen de excepción.

La Comisión de Niñez e Integración Social de la Asamblea Legislativa aprobó la declaratoria del 30 de agosto de cada año como el «Día de la Confraternidad Salvadoreño-Coreana» como «un reconocimiento a los aportes sociales, culturales y económicos de la comunidad coreana en el país», según el proyecto de decreto.

Ambas naciones establecieron relaciones diplomáticas el 30 de agosto de 1962, por lo que fue seleccionada dicha fecha.

Según la solicitud, la declaratoria busca reconocer la contribución de la comunidad coreana en El Salvador y fortalecer los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países.

Luego de que ningún diputado pidiera la palabra para opinar sobre la solicitud leída en la Comisión, la diputada Suecy Callejas, quien hizo la solicitud, explicó que fue una solicitud de la comunidad coreana que reside en El Salvador, tanto de coreanos que migraron a El Salvador como de coreanos-salvadoreños que residen en el país.

«Es para reconocer la resiliencia del pueblo coreano, todos hemos visto el avance tecnológico que ellos poseen pero también tienen una gran capacidad de preservación de su identidad milenaria. Para El Salvador, este contraste armónico es un buen ejemplo de cómo conseguir una modernización que no sacrifique la esencia cultural», dijo Callejas.

La legisladora mencionó como ejemplo «la recuperación de centros históricos» como una visión que «comparte futuro y pasado», destacó la mejora en la seguridad y el aumento de la llegada de visitantes al país.

«Corea, creo yo, es un aliado, en un nivel histórico, en la formación de profesionales salvadoreños a través del programa de becas y cooperación coreana, El Salvador es un socio estratégico para Corea del Sur y ambas naciones comparten un ADN de superación de superación y de resiliencia», afirmó, al comparar las realidades de ambas naciones.

La diputada preguntó si algún diputado quería tomar la palabra. Nadie la pidió. Luego, sometió la iniciativa a votación. «Por unanimidad queda aprobado el dictamen, el expediente, damos indicaciones para que se pueda hacer el dictamen favorable», indicó.

La congresista republicana Anna Paulina Luna, presidenta del Caucus El Salvador del Congreso de los Estados Unidos, sostuvo recientemente reuniones con el presidente de la República, Nayib Bukele; y el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

«Fue un honor absoluto reunirme con Nayib Bukele en El Salvador en representación del @SAL_Caucus y ser testigo de primera mano del increíble progreso que el país está logrando en educación, crecimiento económico y desarrollo empresarial», publicó la congresista republicana este miércoles en redes sociales.

Luna consideró que «la ventana de oportunidad en El Salvador nunca ha sido mayor» y que «el futuro es brillante gracias al liderazgo audaz del presidente Bukele». No realizó detalles sobre la conversación con el mandatario.

Según Castro, el encuentro los permitió «fortalecer las relaciones entre ambos congresos y reiterar el compromiso de un trabajo conjunto».

Durante las reuniones, fue acompañada de la embajadora de El Salvador en Washington, Milena Mayorga, y otras personas que tampoco fueron detalladas.

Por unanimidad, la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa acordó este miércoles citar al ministro de Hacienda, Jerson Posada, para que dé su opinión sobre la propuesta de nueva Ley de Alianzas Público-Privadas (APP) propuesta por el Ministerio de Economía.

La Comisión, a la que únicamente han asistido representantes del Ministerio de Economía y de la Agencia de Promoción de Inversión y Exportaciones de El Salvador (Invest), no logró votos para invitar a organizaciones, sindicatos y universidades.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, reiteró su petición de invitar a un listado de 14 entidades que propuso desde el pasado 21 de abril y agregó al ministro de Hacienda, Jerson Posada. Solamente Ortiz votó por su propuesta.

«Creo que es parte de la democracia escuchar a todos. Y, si hay en la sociedad, preocupaciones sobre este proyecto de ley, ¿qué mejor manera de salir avante con estos cuestionamientos, que es escuchar a la gente y escuchar sus inquietudes y sus propuestas. Y también quisiera solicitar que se invite al ministro de Hacienda para que podamos hacer pregunta respecto de cuál será el rol del Ministerio de Hacienda en el proyecto y su implementación», solicitó la diputada en la Comisión, antes de la votación.

Posteriormente, la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, quien preside la Comisión, propuso invitar al ministro de Hacienda. Todos votaron por la propuesta de la legisladora de Nuevas Ideas.

El listado propuesto por Vamos incluye a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Universidad de El Salvador, Universidad Don Bosco, Universidad Dr. José Matías Delgado; a las organizaciones Acción Ciudadana, Foro del Agua, Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes), Alianza contra la Privatización del Agua; a las gremiales Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco), Cámara de Comercio de El Salvador (Camarasal), Colegio Médico; y al Sindicato de Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss) y al Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco).

El nuevo proyecto de Ley de alianzas público privadas, propuesto por el Ministerio de Economía, derogaría la «Ley especial de asocios público privados» y eliminaría la exclusión de asocios público privados (APP) en la prestación de servicios de salud, educación pública y de recursos hídricos. Los diputados de Nuevas Ideas han descartado una privatización. En su visita a la comisión, el presidente de la agencia Invest, Rodrigo Ayala, aseguró este miércoles que desconoce que exista un proyecto para realizar una alianza público privado para dar servicios públicos de salud o educación.

El presidente de la Agencia de Promoción de Inversión y Exportación de El Salvador (Invest), Rodrigo Ayala, aseguró que por el momento no conoce ningún proyecto de Alianzas Público-Privadas (APP) que se vaya a aprobar para prestar los servicios de salud y educación públicas en El Salvador.

Ayala asistió a la Comisión de Teconología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa para dar su opinión sobre la propuesta de nueva Ley de Alianzas Público-Privadas (APP), que sustituiría la actual Ley de Asocios Público-Privados (APP).

Lo que no habla este cuerpo de ley y lo que no hay ningún proyecto, que yo podría decir existe es que esto se vaya a concesionar, que la educación pública o los institutos públicos se vayan a concesionar a un privado. Rodrigo Ayala, presidente del Invest.

“¿A qué se debe no excluir de la posibilidad de APP los servicios de salud, educación, recurso hídrico? ¿Está planteándose el Ejecutivo llevar a cabo asocios público privados en sectores de salud y educación?”, preguntó la diputada de Vamos, Claudia Ortiz.

“Por el momento, yo no tengo conocimiento que se esté planteando eso… Para contestar, no, no hay ningún proyecto de eso o al menos que nosotros hayamos conocido en las mesas (de estudio de la propuesta de ley)», fueron algunas frases de Ayala sobre la pregunta de Ortiz.

Como argumento, el funcionario recordó que el Ministerio de Educación y Tecnología (Mineducyt) tiene la rectoría de la educación en El Salvador según la Constitución.

«Tampoco hay un plan que yo podría decir que sí yo conozco y he visto, porque les mentiría, yo no sé si existe un plan para tal cosa pero toda la rectoría sigue siendo del Ministerio de Educación porque así lo plantea la Constitución.

Sin embargo, el presidente de la agencia Invest aclaró que, en un caso «hipotético» o «ilusorio» de una APP en educación y salud no habrá un costo adicional para el ciudadano.

«Pero imaginémonos, en un caso inventado, hipotético, fantasioso, ilusorio, que eso llegara a pasar, entonces, también volvemos a la responsabilidad del Estado, que no se le va a cobrar o no se le cobraría a un ciudadano porque tanto la salud como educación es un bien que el Estado debe garantizar y ya está presupuestado dentro del Estado». Rodrigo Ayala, presidente de Invest.

La Comisión de Tecnología citó para la próxima reunión al ministro de Hacienda, Jerson Posada. Los diputados de Nuevas Ideas no votaron por invitar a organizaciones, universidades y sindicatos para que opinen sobre el proyecto, tal como lo había solicitado la diputada de Vamos.

El proyecto de Ley de alianzas público privadas fue enviado a la Asamblea Legislativa el 9 de abril de 2026 y recibido el 14 de abril por la Comisión de Tecnología. La propuesta deroga la «Ley especial de asocios público privados» y elimina la exclusión de asocios público privados (APP) en la prestación de servicios de salud, educación pública y de recursos hídricos, así como de la Universidad de El Salvador (UES) y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Diputados de la fracción de Nuevas Ideas aseveraron el martes que aún no se ha definido la cantidad de diputados que tendrá la circunscripción de electoral de salvadoreños en el extranjero, al dictaminar la ratificación de la reforma al artículo 79 de la Constitucional para ordenar esta nueva representación legislativa.

La diputada Alexia Rivas, aunque no opinó en la Comisión Política, detalló en X que «aún no está definido cuántos diputados serán por la nueva circunscripción del exterior ni cómo será la forma de elección».

«En este momento solo se está ratificando la reforma constitucional; los demás detalles se definirán después con otras reformas a leyes secundarias», escribió la legisladora cian, quien destacó que «lo importante es que se avanza hacia que puedan elegir directamente a quienes ustedes quieran, sin imposiciones».

En la Comisión Política, el diputado Raúl Chamagua, también de Nuevas Ideas, aseguró que «no es el momento para hablar de cifras ni cómo se va a hacer», sino que «se le está devolviendo ese derecho que tiene un ciudadano salvadoreño como cualquier otro».

El diputado Ernesto Castro, también de Nuevas Ideas, ha afirmado que él personalmente no cree que hay que aumentar la cantidad de diputados, que actualmente son 60, lo que implicaría que la cantidad de escaños asignada a la circunscripción electoral de la diáspora salvadoreña tendría que ser restada a algunos departamentos.

La distribución de escaños deberá estar regulada en el Código Electoral. Sin embargo, la reforma al artículo 79 ya establece que la circunscripción del territorio nacional se basará en la población y que la del exterior se basará en el Registro Electoral.

Con ello, si se busca una representación proporcional y se toman en cuenta al 1 de mayo hay 961,690 salvadoreños enl exterior más la población según el VII Censo de Población y VI de Vivienda 2024 –sin la población carcelaria– cada uno de los 60 escaños legislativos de El Salvador deben representar a 114,744 salvadoreños. Esta cifra resulta de dividir el total de la población entre la cantidad de escaños.

Según ese valor, el departamento de San Salvador debería tener 13.62 escaños; mientras la circunscripción exterior, 8.38; La Libertad, 6.67; Santa Ana, 4.81; Sonsonate, 4.1; San Miguel, 3.90; Ahuachapán, 3.04; Usulután, 2.83; La Paz, 2.77; Cuscatlán, 2.13. Pero hay algunos departamentos que resultarían con menos de dos diputados, como Chalatenango, 1.62; Cabañas, 1.24; San Vicente, 1.41; y Morazán, 1.47. El Código Electoral actual actualmente que cada circunscripción electoral «se integrará actualmente con al menos 2 diputados o diputadas propietarios e igual número de suplentes».

Los diputados tampoco han dado a conocer si únicamente los salvadoreños en el exterior podrán postularse para una candidatura a diputado o diputada de la circunscripción del exterior o también podrán competir salvadoreños que residan en un departamento de El Salvador.

En la sesión plenaria de este jueves, la Asamblea Legislativa posiblemente ratificaría la reforma al artículo 79 de la Constitución, que únicamente establece que habrá una circunscripción electoral en el exterior y que esta se basará en el Registro Electoral, cuya cifra más actualizada tiene 961,000 salvadoreños y podría aumentar ya que las nuevas inscripciones o trámites de Documentos Únicos de Identidad (DUI) cierran hasta el 30 de noviembre de 2026.

El diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, defendió ayer la posibilidad de restar los escaños de algunos departamentos de El Salvador para poder asignarlos a la diáspora salvadoreña, luego de la reforma al primer inciso del artículo 79 de la Constitución de la República, que podría ser ratificada en la sesión plenaria de mañana jueves.

“Entonces, ahora, si dentro de la configuración de 60, nosotros, de algunos departamentos, vamos a bajar para que nuestros hermanos en el exterior tengan sus representantes de manera directa, ¿ustedes de verdad creen de que va a haber un caos en el país?”, cuestionó en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.

El diputado de Nuevas Ideas ha dicho que la cantidad de escaños que tendrá la diáspora salvadoreña es una decisión que implicará reformas al Código Electoral y a la Ley de Partidos Políticos que será «totalmente independiente» a la reforma constitucional.

Sin embargo, defendió la idea de mantener la cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa, escenario que implicaría restar los escaños de algunos departamentos.

Si todavía hay salvadoreños que todavía dicen que lo que deberían de hacer es un diputado por departamento, yo creo que tal vez algún día, si el país llega a estar preparado a eso, ¿por qué no?». Ernesto Castro, diputado de la Asamblea Legislativa.

«Varios andan ahí con fórmulas, lo cual está bien, no tengo problema con eso. Lo que sí debemos dejar postura es que la manera formal y oficial es lo que se decida acá, porque acá es donde se están tomando las decisiones de manera oficial, de manera formal», advirtió el legislador oficialista.

Castro agregó que, en su momento, «si van a ser 3, 5, 14, 10, 8, 7, lo que se decida aquí, en su momento, en esta Comisión Política, al igual que en el pleno, se va a preguntar ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? y la respuesta va a estar entre un sí y un no».

El presidente de la Comisión Política aseveró que la cantidad de diputados del departamento de San Salvador disminuyó de 24 a 16 diputados. «¿Y en qué le afectó al país eso?, en nada. Si todavía hay salvadoreños que todavía dicen que lo que deberían de hacer es un diputado por departamento, yo creo que tal vez algún día, si el país llega a estar preparado a eso, ¿por qué no?», planteó.

Citó que en Estados Unidos hay dos senadores por cada uno de los 50 estados; «son 100 senadores que representan a 50 estados y ahí no hay una fórmula, yo me imagino que hay estados que tienen más población que otros», señaló.

El artículo 79 de la Constitucional indica que «para elecciones de Diputados se adoptará el sistema de representación proporcional», el segundo inciso que no ha sido reformado.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa dictaminó la ratificación de los acuerdos constitucionales 7 y 8 que reformarán los artículos 79 y 208, la primera para crear una circunscripción electoral de salvadoreños en el exterior y la segunda para quitar la potestad a los tres partidos políticos mayoritarios en votos presidenciales de proponer magistraturas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).