Autor: Yolanda Magaña

  • Solo 4,468 salvadoreños con TPS aprobado de más de 117,600 solicitudes hasta marzo según USCIS

    Solo 4,468 salvadoreños con TPS aprobado de más de 117,600 solicitudes hasta marzo según USCIS

    Un total de 4,468 solicitudes de salvadoreños para mantener su Estatus de Protección Temporal (TPS) habían sido aceptadas desde octubre de 2024 hasta marzo de 2025, según la Oficina de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés).

    El reporte estadístico de la USCIS indica que aprobaron 3,753 solicitudes de TPS a salvadoreños durante el primer trimestre del año fiscal estadounidense y 715 en el segundo trimestre del mismo, totalizando 4,468.

    La USCIS aún no informa cuántas solicitudes de TPS interpuestas por salvadoreños aprobó durante el trimestre de abril a junio de 2025.

    Hasta marzo, tenía pendientes 117,693 solicitudes de salvadoreños y registró 1,123 denegadas durante el semestre analizado.

    El reporte incluye un total de 808,124 solicitudes de TPS pendientes de migrantes de diferentes nacionalidades que han llenado el formulario I-821 de solicitud de TPS que incluye 17 países de los cuales aún se mantienen Venezuela, Haití, Honduras y Nicaragua para los cuales la administración Trump ha cancelado el programa.

    De enero a marzo, la USCIS recibió 116,233 solicitudes de salvadoreños, una cifra superada solo por los formularios presentados por ucranianos y venezolanos.

    Alianza Las Américas señaló “retrasos críticos en renovaciones de TPS” y divulgó este miércoles una guía popular para “empoderar” a los salvadoreños beneficiarios del TPS.

    El TPS para El Salvador fue extendido por 18 meses más el 10 de enero de 2025 durante la gestión de Biden, decisión que no ha sido modificada por la administración de Trump, quien aseveró que darían “un vistazo” al beneficio para los salvadoreños.

    El periodo de reinscripción para enviar los formularios I-821 de renovación del TPS y el I-765 de solicitud de nueva autorización de empleo con fecha de expiración 9 de septiembre de 2026, inició e l17 de enero de 2025 y finalizó el 18 de marzo de 2025.

  • Ya hay inversionistas interesados en aplicar a Ley de Bancos de Inversión: Minec

    Ya hay inversionistas interesados en aplicar a Ley de Bancos de Inversión: Minec

    La asesora del Ministerio de Economía (Minec), Martha Solís, aseveró que ya hay inversionistas interesados en acogerse a las regulaciones de la nueva Ley de Bancos de Inversión que sería aprobada por la Asamblea Legislativa este jueves.

    Los bancos de inversión en El Salvador deberán tener un capital social mínimo «equivalente a 50 millones de dólares de los Estados Unidos de América» pagado al momento de su constitución y únicamente podrá realizar operaciones pasivas o activas, de préstamos o de inversión, con «inversionistas sofisticados«.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, le preguntó a Solís si existen prospectos de bancos de inversión para El Salvador.

    “Sí, la verdad es que hay inversionistas interesados, no podemos dar muchos detalles en el caso de las pláticas que se han tenido con el ramo porque hay mucha información que es confidencial”, respondió.

    La representante del Minec, que brindó una explicación de la normativa antes de la aprobación del dictamen, respondió que “el gobierno está trabajando de manera coordinada” y que “la intención es que este proyecto se dé reglas claras”.

    Indicó que “el vacío” que existe actualmente en la regulación consiste en que “hasta este momento la ley vigente regula una banca comercial, muy diferente a la banca de inversión”.

    La Asamblea Legislativa aprobará posiblemente este jueves la Ley de Bancos de Inversión, que regulará a instituciones financieras que atenderán únicamente a inversionistas sofisticados.

    Los inversionistas sofisticados, según la representante del Ministerio de Economía, deben tener dinero o activo de libre disponibilidad, libres de gravámenes, o de fácil liquidación, que pueden ser bienes o recursos que pueden ser usados sin restricciones legales, “tales como, puede ser no necesariamente es el único, puede ser el bitcoin, monedas estables, bonos del tesoro, oro, oro tokenizado”. Son “transacciones que pueden ser muy innovadoras a la banca comercial”, consideró.

    Los bancos de operación podrán realizar operaciones en moneda de curso legal o extranjera, como abrir y mantener cuentas, captar fondos, contratar créditos, mantener activos y pasivos en monedas extranjeras, otorgar todo tipo de financiamiento; pero también podrán comprar activos de fácil liquidación –bienes que pueden ser usados inmediatamente libres de gravámenes como bitcoin, monedas estables, bonos del tesoro, oro, bonos u oro tokenizados–, financiamiento e inversiones en bitcoin o monedas estables, así como operaciones de inversión en bitcoin o activos digitales.

    La ley también permitirá que, para los servicios de bitcoin o activos digitales, sean contratados terceros que estarán sujetos a la “misma regulación y supervisión en lo aplicable que el banco, siendo este último el responsable en última instancia de la integridad, disponibilidad y confiabilidad del servicio prestado y brindar cualquier información que pueda solicitar la Superintendencia así como de responder ante cualquier daño o perjuicio que dicha prestación de servicio pueda producir a sus clientes”.

  • Diputados aprueban dictamen de “Ley de bancos de inversión” con modificaciones

    Diputados aprueban dictamen de “Ley de bancos de inversión” con modificaciones

    La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa aprobó la tarde de este miércoles el dictamen favorable de la Ley de bancos de inversión para facultar a estas entidades financieras a atender exclusivamente a los inversionistas sofisticados y poder realizar operaciones en bitcoin o monedas estables, entre otros.

    El dictamen fue aprobado con modificaciones la tarde de este miércoles, después de la visita de Martha Solís, asesora del Ministerio de Economía, quien solicitó los cambios, incluso en el nombre de la normativa: Ley de bancos de inversión.

    La redacción del artículo 4 se simplificó para establecer que el “inversionista sofisticado” –tanto para personas naturales o jurídicas– deba “contar al menos con la libre disposición de una proporción igual o mayor a 250,000 dólares de los Estados Unidos de América conformado por 1) Dinero en efectivo en moneda de curso legal o 2) Activos de fácil liquidación”.

    En el mismo artículo, se estableció que se entenderán como “activos de fácil liquidación aquellos bienes o recursos propiedad de una persona natural o jurídica que puedan ser usados inmediatamente sin restricción legales o contractuales, entendiéndose que estos activos se encuentran libres de gravamen y cualquier restricción que limite su uso o enajenación, tales como bitcoin, monedas estables, bonos del tesoro, bonos tokenizados, oro, oro tokenizado, entre otros”, según leyó el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas.

    Para constituirse los bancos de inversión deberán tramitar su autorización ante la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y la SSF deberá pronunciarse de forma expedita sobre la solicitud. Dichos bancos también deberán establecer al menos una oficina física en El Salvador y no podrán podrán inscribir en el Registro de Comercio su escritura constitutiva “sin llevar una razón emitida por la Superintendencia”.

    En el artículo 24, se modificó el porcentaje a “un mínimo de 8 %” de la relación entre el Fondo Patrimonial y la suma de sus activos ponderados netos de depreciación, reservas y provisiones de saneamientos de los bancos de inversión; en el anteproyecto se exigía por lo menos un 12 % de relación; y un mínimo de 14 % durante los primeros tres años de su constitución.

    En el 41, el artículo que permitirá a estos bancos que puedan realizar inversiones o financiamiento en bitcoin o monedas estables, se modificó, manteniendo la facultad y simplificando la redacción.

    Quedó así:

    Además, los bancos de inversión, siempre que hayan sido autorizados por la autoridad correspondiente como proveedor de servicios bitcoin o como proveedor de servicios de activos digitales, podrán:

    a) Comprar productos financieros y activos de fácil liquidación.
    b) Realizar operaciones de financiamiento en bitcoin o monedas estables.
    c) Gestionar inversiones, coberturas y otros derivados en monedas estables.
    d) Operaciones de inversión en bitcoin o activos digitales.

    En la Comisión, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, preguntó a la asesora del Ministerio de Economía si esta ley responde a una demanda que ya existe y si existen prospectos de entidades financieras que den estos servicios. «Sí, la verdad es que hay inversionistas interesados», contestó Solís, quien aclaró que no podía dar más detalles de las «pláticas» sostenidas porque «hay mucha información que es confidencial».

    Luego de las modificaciones solicitadas por la asesora del Ministerio de Economía, la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, pidió que leyera el dictamen favorable al diputado Soriano, quien aclaró que se debía corregir del dictamen el nombre de la ministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé, ya que en su lugar asistió su asesora Martha Solís, entre otros. En el proyecto de decreto se sustituyó «banca de inversión» por «bancos de inversión» y se modificó el nombre de la ley de «Ley de entidades de banca de inversión» a «Ley de bancos de inversión».

  • Embajada de EEUU en El Salvador confirma retiro de su embajador William Duncan

    Embajada de EEUU en El Salvador confirma retiro de su embajador William Duncan

    Un vocero de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador confirmó este miércoles el retiro del embajador William Duncan al frente de la oficina diplomática y detalló que el funcionario se retira del Servicio Exterior después de 33 años de trabajo diplomático.

    «El Embajador William Duncan está finalizando su misión en El Salvador. El Embajador Duncan se retira del Servicio Exterior después de 33 años. Expresó su profunda gratitud al gobierno y al pueblo salvadoreño por las múltiples muestras de cariño que les brindaron a él y a su esposa, Nora, durante los últimos tres años», indicó un vocero de la Embajada de Estados Unidos, la tarde de este miércoles.

    Duncan fue confirmado en el cargo de embajador en El Salvador por el Senado estadounidense el 13 de diciembre de 2022 luego de que fuera nominado en febrero de ese mismo por el presidente estadounidense Joe Biden para suceder al embajador Ronald Johnson, nombrado durante la primera gestión de Donald Trump y cuyo periodo había vencido en enero de 2021.

    Antes de su confirmación, en julio, Duncan sostuvo que sería “un defensor de la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y la impunidad” en El Salvador y que “sin el estado de derecho El Salvador nunca tendrá el crecimiento económico que necesita”.

    Durante su gestión, el diplomático exhortó a no sacrificar la libertad de prensa en El Salvador pese a los desacuerdos que puedan existir. En mayo de 2023, publicó un mensaje en redes sociales por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en el cual sostuvo que los periodistas “tienen el derecho de trabajar libres de presiones, persecuciones o descalificaciones” y que respaldan a la “prensa fuerte, independiente, fuerte y profesional”.

    En julio de 2024, Duncan elogió las condiciones actuales de El Salvador, en referencia a la seguridad y clima de negocios, instando a invertir en el país.

    En noviembre de 2024, en una de sus más recientes declaraciones como embajador en El Salvador aseguró que «la transparencia e integridad son piedras angulares para la democracia y que son «herramientas que se necesitan para construir una administración pública responsable y efectiva».

  • Relatora de la ONU señala “alarmante erosión del Estado de derecho” por caso Ruth López

    Relatora de la ONU señala “alarmante erosión del Estado de derecho” por caso Ruth López

    La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, informó este miércoles que escribió al gobierno de El Salvador porque está “profundamente preocupada por el caso de Ruth Eleonora López Alfaro”, capturada en El Salvador desde el 18 de mayo de 2025, trasladada a un centro penitenciario y contra quien Probidad «habría iniciado una revisión patrimonial» nueve años después.

    “La detención prolongada de Ruth López refleja una alarmante erosión del Estado de derecho en El Salvador”, señaló.

    En un hilo publicado en X, la representante señaló que López Alfaro está bajo detención en un “régimen de incomunicación” y que parece que se están violando “los principios más básicos del debido proceso y la independencia judicial”.

    Indicó que la detención sin orden judicial y el incumplimiento del plazo constitucional de 72 horas para presentar cargos es “detención arbitraria conforme al derecho internacional”, y señaló la reserva total del caso.

    “Me alarma saber que el 6 de julio fue trasladada al penal de máxima seguridad de Izalco, nuevamente incomunicada y a pesar de una orden judicial que citaba preocupaciones médicas”, indicó.

    La relatora señaló que es preocupante que el 21 de julio la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia “habría iniciado una revisión patrimonial de sus declaraciones de 2016”, “nueve años después de haberse presentado”.

    “Parece ser una táctica para fabricar legitimidad administrativa a fin de sustentar cargos penales, lo cual podría constituir una violación del principio de legalidad”, reclamó.

    La relatora manifestó el pasado 6 de junio su preocupación por la captura de la jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la asociación Cristosal. En esa ocasión, manifestó que las normas internacionales exigen que los juicios sean públicos como garantía contra el abuso, la represalia y la instrumentalización del sistema judicial. “Seguiré de cerca este caso”, indicó.

    López fue acusada formalmente el 2 de junio del delito de enriquecimiento ilícito, aunque las autoridades informaron en X que la acusarían del delito de peculado. Fue trasladada de la delegación de Tránsito a la granja penitenciaria de Izalco, en Sonsonate, el 4 de julio.

  • Educación nombra a representantes en Juntas de la Carrera Docente en Sonsonate y Ahuachapán

    Educación nombra a representantes en Juntas de la Carrera Docente en Sonsonate y Ahuachapán

    El ministro de Educación, José Mauricio Pineda, nombró a nuevos integrantes en las Juntas de la Carrera Docente de los departamentos de Sonsonate y Ahuachapán, mediante acuerdos emitidos el pasado 16 de mayo de 2025.

    Los nombramientos durarán por cinco años contados a partir del 2 de junio de 2025 según los acuerdos publicados en el Diario Oficial.

    Junta de la Carrera Docente del departamento de Sonsonate:
    1- Harold Enrique Cook Aguiñada, propietario
    2- Úrsula Guadalupe García Cerón, suplente
    Ambos fueron nombrados mediante acuerdo 15-0780/2025, del 16 de mayo de 2025, publicado el 21 de julio.

    Junta de la Carrera Docente del departamento de Ahuachapán:
    1- María Elizabeth Silva Alvarado, propietaria
    2- Vladimir Edilson Serrano Orellana, suplente
    Ambos fueron nombrados mediante acuerdo 15-1781/2025, del 16 de mayo de 2025, publicado el 21 de julio.

    Harold Enrique Cook es docente graduado de Licenciatura en Educación en Ciencias Sociales. En 2020 fue candidato a diputado suplente del Parlamento Centromericano (Parlacen) de Nuevas Ideas y estuvo dentro de la nómina de afiliados al partido para su constitución.

    También fue candidato a director propietario por el sector docente del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) en noviembre de 2024.

    Úrsula Guadalupe García Cerón ha sido directora del centro escolar cantón Los Mangos, Armenia, en Sonsonate, y directora suplente por el sector docente de la Caja Mutual de Empleados del Ministerio de Educación.

    Harold Enrique Cook Aguiñada, propietario en la Junta de la Carrera Docente de Sonsonate. / FB.

    Las Juntas de la Carrera Docente están integradas por tres miembros propietarios nombrados por el Ministerio de Educación, uno designado por el titular de Educación, un segundo electo por los educadores y un tercero propuesto por la Corte Suprema de Justicia; de la misma manera son nombrados tres suplentes.

    Los nombramientos fueron realizados, según el Ministerio luego de que los anteriores integrantes presentaran sus renuncias.

    El 18 de noviembre de 2024, Susana Magdalena Menjívar de Pérez, integrante propietaria de la Junta de la Carrera Docente de Sonsonate, presentó su renuncia a partir del 1 de diciembre de 2024, renuncia que fue legalizada el 3 de diciembre de ese mismo año. El nuevo nombramiento de Harold Enrique Cook Aguiñada fue autorizado por Hacienda el 18 de marzo de 2025.

    En Ahuachapán, la renuncia fue presentada el 30 de julio de 2024 por César Arturo Romero Castaneda, de su cargo como miembro propietario de la Junta de la Carrera Docente, renuncia que se hizo efectiva a partir del 12 de agosto de 2024. Según el nombramiemto la renuncia se legalizó mediante acuerdo 01-0580 del 8 de agosto de 2024. También, el nuevo nombramiento fue autorizado por la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda el 18 de marzo de 2025.

  • Empresas recibirán mano de obra calificada de salvadoreños retornados dicen funcionarios

    Empresas recibirán mano de obra calificada de salvadoreños retornados dicen funcionarios

    Funcionarios de Cancillería, así como el diputado pecenista Reynaldo López Cardoza señalaron ayer que las empresas que contratarán a los salvadoreños retornados a su país aprovecharán que son «mano de obra calificada» debido a la experiencia laboral que han tenido en el extranjero, específicamente en Estados Unidos.

    La Asamblea Legislativa aprobará el jueves la Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, que permitirá a las empresas deducir de su renta imponible cantidades anuales desde $1,226.7 hasta $2,044.5 dependiendo de cuántos salvadoreños retornados contraten.

    “La empresa privada tiene esta gran oportunidad de poder aprovechar esta mano de obra súper calificada con técnicas que no han venido al país y que pueden venir a capacitar a sus empleados a través de nuestro Departamento de Atención a las Personas Retornadas”, consideró la viceministra de la diáspora y movilidad humana, Cindy Portal.

    Los salvadoreños retornados, según Portal, vienen con experiencia pero no tienen cómo demostrarlo, por lo que Cancillería ha realizado convenios con el Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF) para que otorgue las certificaciones respectivas.

    El jefe del Departamento de Atención a la Persona Migrante de la Cancillería, Wilber Alfaro, también consideró que las personas retornadas tienen una experiencia que puede aprovecharse.

    “Este es un enfoque de trabajo ganar-ganar porque va a haber una transferencia de conocimiento, en el marco de la migración inversa, buscamos fortalecer toda la estructura empresarial y otras áreas de El Salvador para que los salvadoreños con las características que hemos mencionado encuentren ese asidero que les genere desarrollo personal pero también desarrollo comunitario”, aseveró Alfaro.

    Ambos funcionarios opinaron de esta forma luego de que el diputado del Partido de Concertación Nacional, Reynaldo López Cardoza, aseguró que Estados Unidos fue una “universidad” para los salvadoreños que han emigrado y laborado en dicho país.

    “¿Por qué decía que las empresas se van a beneficiar? Porque viene en los deportados, porque lamentablemente hay mucha gente que está viniendo y que por las leyes de otros países los están deportando, las empresas que contraten estos deportados van a tener beneficios fiscales pero aparte van a tener una mano de obra de primera calidad”, prometió el diputado, quien también mencionó que muchos salvadoreños quieren regresar a El Salvador.

    López Cardoza aseguró que él trabajó durante ocho años en “demolition roofing” (remoción de techos) en Estados Unidos. “Usted no sabe cuánta gente hay experta en materia laboral en Estados Unidos, es que Estados Unidos es una universidad para aprender a trabajar”, insistió.

    Agregó que tuvo “una empresa fuerte, grande”. “Tenía como 80 personas que yo las andaba a mi cargo, y ahí andaban de diferentes países, el único que sabe trabajar de manera adecuada, de manera rápida, ordenada, es el salvadoreño”, indicó.

    La diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, indicó: “Esta migración inversa es inédita”.

    De acuerdo con cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería, solo durante los primeros seis meses del año 2025, El Salvador ha recibido un total de 9,806 salvadoreños deportados, de los cuales 9,798 se han deportado vía aérea.

  • Cancillería ha atendido a más de 28,000 salvadoreños retornados desde 2020

    Cancillería ha atendido a más de 28,000 salvadoreños retornados desde 2020

    La viceministra de la diáspora y de movilidad humana, Cindy Mariella Portal, informó el martes que la Cancillería salvadoreña ha atendido a un total de 28,000 salvadoreños retornados a El Salvador.

    La funcionaria declaró que trabajan con 20 proyectos relacionados con las personas retornadas y que han firmado 17 instrumentos de cooperación.

    “Desde 2020 la Cancillería ha atendido a más de 28,000 salvadoreños que han retornado al país y estamos trabajando con 20 proyectos que tienen que ver con las personas que están retornando”. Cindy Portal, viceministra de la diáspora y movilidad humana de El Salvador.

    Al explicar una nueva normativa para ayudar a los salvadoreños retornados desde el exterior, la viceministra aseguró que la nueva normativa permitirá «abrir oportunidades de inversión».

    «Hasta la fecha llevamos más de $51 millones de inversión directa de la diáspora salvadoreña”, indicó, al presentar a diputados de Nuevas Ideas y sus aliados una nueva ley que otorga incentivos fiscales a las empresas formales que contraten más de dos personas retornadas.

    “Aquellas empresas que decidan trabajar con las personas retornadas van a tener beneficios fiscales”, indicó. Las empresas podrán deducir de su renta imponible montos de tres a cinco salarios mínimos por año fiscal, es decir, de $1,226.70 a $2,044.5, si se basa en el salario del sector comercio e industria de $408.90.

    La mitad de los deportados atendidos

    Solo de enero a junio de 2025, El Salvador ha recibido 6,050 ciudadanos deportados, de los cuales 6,029 fueron deportados vía aérea, la mayoría de Estados Unidos. Estas cifras implican que cada día El Salvador recibe un promedio de 34 personas deportadas.

    Durante el año 2024, Estados Unidos deportó un total de 15,284 salvadoreños a su país, según cifras oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Esta oficina registra un total de 46,287 salvadoreños deportados de 2020 a 2024.

    Así, las personas atendidas por Cancillería conforman un 53.4 % de las personas deportadas registradas desde 2020 a junio de 2025 (52,337).

    Sin embargo, muchos de los deportados tienen antecedentes penales o han cumplido una condena. De 2021 a 2024, un total de 9,594 salvadoreños deportados habían sido condenados por algún delito no migratorio y otros 2,096 tenían cargos judiciales pendientes por algún delito en Estados Unidos según ICE, un 34.7 % del total de deportados en ese periodo.

  • Bancos de inversión atenderán a inversionistas que posean $250,000 de activos de fácil liquidez y darían servicios bitcoin

    Bancos de inversión atenderán a inversionistas que posean $250,000 de activos de fácil liquidez y darían servicios bitcoin

    Una nueva “Ley de entidades de banca de inversión” en estudio de comisión de la Asamblea Legislativa permitirá que entidades de banca de inversión sean autorizadas por el Banco Central de Reserva (BCR) para que puedan realizar operaciones y prestar servicios exclusivos a “inversionistas sofisticados”, que serán personas que tengan activos de fácil liquidación por al menos $250,000.

    Las nuevas entidades bancarias podrán realizar realizar actividades de proveedores de servicios de activos digitales, emisores de activos digitales y proveedores de servicios bitcoin e integrarán el sistema financiero.

    Los “inversionistas sofisticados” serán calificados como tales por dichas entidades bancarias y podrán ser personas naturales con capacidad financiera de asumir riesgos y posibles pérdidas con patrimonio de libre disposición como efectivo, títulos de alta liquidez y bajo riesgo, y activos de fácil liquidación, por al menos $250,000.

    Pero también podrán haber personas jurídicas sofisticadas, que tendrán las mismas condiciones pero con al menos un accionista calificado a su vez como inversionista sofisticado.

    Estos bancos podrán ser autorizados como proveedor de servicios bitcoin o activos digitales, comprar activos de fácil liquidación, podrán realizar inversiones en bitcoin o en monedas estables, entre otros.

    Así mismo, podrán otorgar financiamientos a los inversionistas sofisticados con garantías en moneda de curso legal de El Salvador o activos de fácil liquidación superior al monto de los préstamos; captar fondos, recibir depósitos, mantener activos y pasivos en monedas extranjeras. Para estas operaciones podrán contratar a terceros que deberán tener el aval del Banco Central o de la Comisión Nacional de Activos Digitales.

    En junio de 2024, uno de los directores de la Comisión de Activos Digitales, Miguel Serafín Flamenco, aseguró que “inversionistas sofisticados” estaban tratando de inyectar capital a El Salvador y propuso reformar la Ley de Bancos para regular los bancos privados de inversión y que también permitiría inversiones en proyectos gubernamentales.

    Reserva de liquidez

    Según el proyecto de ley, la reserva de liquidez de cada entidad de banca de inversión podrá estar constituida en forma de depósitos de dinero en dólares de los Estados Unidos de América a la vista en el BCR o en títulos valores emitidos y no podrá ser menor a la establecida por el BCR para los bancos de la Ley de Bancos, aunque se podrán establecer reservas de liquidez diferenciadas.

    Sin embargo, en el artículo 33 indica que del total de reserva un 50 % se constituirá de títulos valores emitidos por el BCR según lo determine la Superintendencia, tramo que podrá ser usado “únicamente con la previa autorización del superintendente”.

    Los activos de fácil liquidación pueden ser bitcoin, stablecoins, bonos del tesoro, bonos del tesoro tokenizados, oro, oro tokenizado, siempre y cuando se tenga un mecanismo de valoración.

    Las entidades deberán contar con “al menos una oficina física en el país con fines de representación legal” y se establece en el proyecto de ley que deberán cumplir las leyes de prevención de lavado de dinero y de activos, así como la de protección al consumidor de servicios financieros.

    El capital social mínimo de una entidad de banca de inversión será $50 millones y deberán mantener una relación mínima de 14 % del fondo patrimonial respecto a los activos ponderados, en los tres primeros años de constitución, algo que posteriormente revisará la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

  • Nueva ley regulará a las agencias reclutadoras de trabajadores salvadoreños en programas de movilidad laboral

    Nueva ley regulará a las agencias reclutadoras de trabajadores salvadoreños en programas de movilidad laboral

    La nueva Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana también regulará las agencias reclutadoras de trabajadores temporales salvadoreños, según puede leerse en el proyecto dictaminado y de acuerdo con la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Mariella Portal.

    Las agencias reclutadoras deberán registrarse obligatoriamente si participan en los procesos de movilidad laboral para contratar a los salvadoreños temporalmente. El registro será obligatorio en el Ministerio de Trabajo.

    Estas agencias deberán presentar “informes periódicos detallados sobre sus actividades y los contratos gestionados”.

    La viceministra Portal dijo que la regulación incluye registro, acreditación y supervisión a estas agencias y que buscan “evitar el fraude en aquellas personas que quieren migrar de manera irregular, regular, a través de un trabajo temporal”.

    Según la funcionaria, el objetivo es evitar que se cometa un fraude por parte de personas que aplican a un programa de movilidad laboral temporal pero en realidad migran irregularmente.

    “El registro y regulación de las agencias reclutadoras, este es muy importante, viene a proteger a todas aquellas personas que tienen este deseo de poder viajar hacia el exterior. Lo que estamos y estará llevando el Ministerio de Trabajo es precisamente un registro, una acreditación y una supervisión por parte del Ministerio de Trabajo a todas aquellas empresas que ofrezcan estas visas laborales hacia el exterior”, indicó Portal.

    La funcionaria explicó: “con ello, buscamos garantizar procesos éticos, transparentes y sobre todo evitar el fraude en aquellas personas que quieren migrar de manera irregular, regular, a través de un trabajo temporal”.

    El artículo 34 de la normativa, dictaminada el martes por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa, se titula “Regulación de agencias reclutadoras” y detalla que deberán registrarse obligatoriamente en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social mediante el llenado de un formulario oficial con los documentos que acrediten su legalidad y capacidad operativa.

    La supervisión también busca evitar violaciones a derechos humanos y laborales según la normativa.

    Luego, las reclutadoras privadas deberán solicitar la acreditación para operar en los programas de movilidad laboral, para lo cual estarán sujetas a monitoreo y supervisión regular “con el propósito de asegurar el cumplimiento de los estándares laborales y de derechos humanos en los procesos de reclutamiento”.

    Así también, deberán presentar “informes periódicos detallados sobre sus actividades y los contratos gestionados”, así como “garantizar que todos los contratos de trabajo” amparados en programas de movilidad laboral “respeten los derechos laborales y humanos de las personas trabajadoras salvadoreñas.

    Según la viceministra, el programa de movilidad laboral ha facilitado más de 17,000 oportunidades laborales para salvadoreños desde el año 2021, mientras ha reportado remesas relacionadas por un total de $76.3 millones desde 2021 a 2024. La Cancillería salvadoreña ha facilitado reuniones y convenios con más de 500 empresas.