Autor: Yolanda Magaña

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa estudia este martes una reforma a la Ley Orgánica Judicial para convertir el Juzgado de Dulce Nombre de María en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango, que mantendrá la competencia sobre nuevos casos penales de Dulce Nombre de María y conocerá además procesos laborales.

Los juzgados de instrucción de Chalatenango y Tejutla se repartirán los procesos penales que tenía primera instancia de Dulce Nombre de María, según el proyecto de reforma solicitada por la Corte Suprema de Justicia. El Juzgado deberá realizar un inventario y remitir los procesos en 180 días o menos.

“Se advierte una sobrecarga de trabajo del Juzgado de lo Civil y Mercantil en el distrito de Chalatenango, por lo que es necesario adoptar medidas para incrementar la capacidad de respuesta mediante una redistribución de los recursos con los que ya cuenta el Órgano Judicial”, asegura la propuesta de decreto.

La Asamblea Legislativa recibió el 2 de julio la solicitud del presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Órgano Judicial, Henry Alexander Mejía. La Corte acordó el 24 de junio aprobar un anteproyecto de reforma.

Actualmente el Juzgado de Dulce Nombre de María recibe 130 procesos al año, “una carga baja”, dijo el magistrado Alejandro Quinteros, presidente de la Sala de lo Penal. Con la conversión, afirmó que proyectan 389 casos al año. «La idea es mejorar los tiempos de respuesta», indicó.

Los cambios son:
Juzgado de Dulce Nombre de María
El Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María se convierte en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango, pero conservará su residencia en el distrito de Dulce Nombre de María.

Por ello, hoy habrá dos juzgados civil y mercantil de Chalatenango, el actual será 1o. y el convertido será el Juzgado 2o. de lo Civil y Mercantil de Chalatenango.
Competencia laboral, civil, mercantil
Los dos juzgados 1º y 2º de lo Civil y Mercantil de Chalatenango tendrán competencia de conocer los procesos de lo laboral y los regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil dentro de la circunscripción territorial del departamento de Chalatenango.

Los procesos laborales, civiles, mercantiles o de inquilinato del Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María serán continuados por el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de Chalatenango hasta su conclusión.
Competencia penal y los casos penales
El Juzgado de Instrucción de Chalatenango asumirá la competencia en materia penal en el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María.

El Juzgado de Instrucción de Tejutla y el Juzgado de Instrucción de Chalatenango asumirá los procesos penales del Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María.
Segunda instancia
La Cámara Ambiental con sede en Santa Tecla: conocerá en segunda instancia los procesos civiles, mercantiles y de inquilinato de los juzgados primero y segundo de lo civil y mercantil de Chalatenango.

La Cámara de lo Laboral de San Salvador conocerá procesos laborales de dichos juzgados civil y mercantil de Chalatenango.

Y la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro: procesos penales de dichos juzgados.

La Secretaria de Innovación de la Presidencia de la República contratará una consultoría para crear el diseño de lo que será un Centro de Datos del Estado, con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuyos fondos empezarán a integrarse al presupuesto general del Estado de 2025.

La incorporación solicitada por el gobierno asciende a $9 millones, y su dictamen favorable fue aprobado el lunes. Los fondos serán transferidos a la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República, que ejecutará el proyecto.

Con estos primeros fondos se financiará la consultoría para la adecuación, la distribución y el equipamiento de un edificio estatal ya existente que tendrá aproximadamente 3,500 metros cuadrados y que se convertirá en el Centro de Datos del Estado que busca mejorar los servicios digitales en 57 instituciones públicas.

“Básicamente busca la adecuación y equipamiento de un edificio de aproximadamente 3,500 metros cuadrados para el funcionamiento de un centro de datos, no se pretende la adquisición de un nuevo edificio ni la construcción de uno, se pretende usar algún inmueble propiedad del Estado que permita ser adecuado y equipado”. Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público.

Se trata de un préstamo que promete financiar la mejoría en los servicios digitales estatales a ejecutarse durante los próximos años hasta 2029.

Según el director de inversión de Hacienda, Marlon Herrera, estos primeros $9 millones se usarán en la contratación de una consultoría para la elaboración del diseño del Centro de Datos del Estado. Con el proyecto, se promete que 57 entidades del Estado tengan acceso a la nube del Estado alojada en el Centro de Datos TIER III, es decir capacidad de continuar sin interrupciones, gracias a «sistemas redundantes» y «múltiples rutas de distribución de energía y enfriamiento”.

El contrato de préstamo Programa para el Desarrollo de la Infraestructura de Datos de El Salvador de $60 millones fue aprobado en octubre de 2024 por el BID y autorizado el 7 de febrero y aprobado el 25 de marzo de 2025 por la Asamblea Legislativa. Su objetivo, según el BID, es mejorar la prestación de los servicios digitales del Estado para impulsar la economía digital en El Salvador. Uno de los primeros componentes es encontrar un “edificio existente adecuado y equipado para la infraestructura de datos del Estado” que cumpla los estándares, para lo cual se asigna un total de $30 millones.

Un centro de datos TIER III, según el Uptime Institute, puede funcionar sin interrupción. Es común en bancos, gobiernos o empresas tecnológicas y un máximo de 1.6 horas de inactividad al año.

“Para la definición de la meta se ha estimado que, a partir del año 3, se podrá sumar 1 entidad al mes a la nube del Estado”, indica el informe de monitoreo del proyecto del BID, compartido el pasado 25 de junio. Se busca certificar en habilidades digitales a 2,500 funcionarios públicos anuales desde 2025 durante tres años con un puntaje mínimo de 7.5 base 10.

La “gran y hermosa ley” de presupuesto del presidente Donald Trump aprobada a inicios de julio incluye una tarifa de visa de integridad para los turistas extranjeros en Estados Unidos que ascenderá a $250 ajustable por la inflación.

Esta “Tarifa de Integridad de Visa” será exigida por la Secretaría de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos “además de cualquier otra tarifa autorizada por ley” “a cualquier extranjero al que se le haya emitido una visa de no inmigrante al momento de dicha emisión”.

La ley establece una tarifa de $250 o “el monto que el secretario de Seguridad Nacional establezca mediante reglamento”.

Aunque la ley establece que estas tarifas “no se eximirán y reducirán”, el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. “podrá reembolsar a un extranjero la tasa de $250 “tras el vencimiento de su periodo de validez” si el extranjero cumplió sus condiciones como no aceptar “empleo no autorizado” y si “no ha solicitado la extensión de su periodo de admisión” y ha salido de EE.UU. a más tardar cinco días después del último día; o se le extendió su estatus de no inmigrante o un ajuste al estatus de residente permanente.

La ley fue aprobada el 1 de julio por el Senado de Estados Unidos y firmada por el presidente estadounidense el 4 de julio.

El decreto fiscal y presupuestario del gobierno estadounidense incluye más de 20 tarifas de inmigración, como la tarifa de formulario I-94, de $24, y la tarifa relacionada con la renovación y prórroga de la Autorización de Empleo para personas en libertad condicional, de $275, o de renovación o prórroga de la Autorización de Empleo para solicitantes de asilo, también de $275, y para Estatus de Protección Temporal, por $500.

Las tarifas mencionadas se establecen “para el año fiscal 2025” en curso, que inició el 1 de octubre de 2024 y terminará el 30 de septiembre de 2025 y ajustables desde el año fiscal 2026, que inicia en octubre próximo.

Actualmente la tarifa para realizar el trámite de visa de no inmigrante no reembolsable asciende a $185. Esta tarifa se aplica para visas de turismo, negocios, tratamiento médico, tránsito, estudiante, medios de comunicación, intercambio, formación profesional, víctimas o testigos. La tarifa para el trámite de visa basadas en petición es $205 y aplica a trabajadores temporales, transferencias intraempresariales, personas con habilidades extraordinarias, entre otros.

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador no ha anunciado algún cambio.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes cuatro dictámenes favorables, incluido el dictamen 109, para la ratificación del contrato de préstamo por $75 millones suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF) “Programa sectorial de apoyo a la gestión integral para una salud de calidad en El Salvador” y que podrá ser usado para pago de obligaciones estatales o manejo de caja fiscal.

Los dictámenes serán aprobados posiblemente en la sesión plenaria, programada para este miércoles 16 de julio.

El crédito, cuya suscripción fue autorizada por la Asamblea Legislativa el 19 de junio de 2025, tendrá un plazo de 18 años, con dos años de gracia y, según la explicación de Hacienda, es un «reconocimiento» del CAF a esfuerzos del Ministerio de Salud, que de acuerdo al artículo 2 del decreto de autorización puede ser utilizado para pago de deudas del Estado.

En la sesión de este lunes, el director de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera, explicó a los diputados que el objetivo del programa del crédito del CAF es “contribuir a la consolidación del proceso de transformación integral del sector salud”, “fortalecimiento de infraestructura hospitalaria, atención primaria, integración de tecnología de vanguardia y el fortalecimiento del capital humano en salud”.

El préstamo incluiría, en palabras del funcionario, “la ampliación de hospitales y unidades de salud especialmente en zonas rurales y de alta vulnerabilidad”, salud digital y capacidad de respuesta de emergencias.

Sin embargo, el funcionario inmediatamente agregó que esos “objetivos ya el Ministerio de Salud en estos años está trabajando, ha desarrollado diferentes iniciativas, diferentes acciones con recursos de préstamos externos” o “del fondo general”, por lo que la CAF con este préstamo “lo que hace es reconocer esos esfuerzos y acciones” con este nuevo crédito con la modalidad SWAT o “Crédito de Enfoque Sectorial Amplio).

El préstamo puede ser utilizado en “obligaciones generales del Estado, diversas transferencias y apoyo a caja fiscal” según su decreto de autorización, así como otro crédito similar del CAF por $75 millones ya ratificado y que también puede ser utilizado en manejo caja fiscal.

Los legisladores también votaron por tres reformas presupuestarias:

1. Dictamen 106: Incorporación de $9 millones para la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República para la contratación de una consultoría con el fin de «la elaboración del diseño del Centro de Datos del Estado» que se realizará en un edificio del Estado que tengan un área de 3,500 metros cuadrados.

2. Dictamen 107: de recursos propios incorporaron $549,419 al Instituto Salvadoreño del Bienestar Magisterial (ISBM) para construir y equipar la clínica de de diálisis y prediálisis en San Miguel.

3. Dictamen 108: Incorporación de $500,000 de un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) al Ministerio de Salud.

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), una de las cuatro empresas públicas del Estado salvadoreño, cerró el año 2024 con un patrimonio de $301.4 millones, $17 millones menos respecto al año 2023 cuando era de $318.4 millones pero más que los $282.8 millones con los cuales cerró el año 2022.

Sus activos cerraron en $900.5 millones y sus deudas o pasivos totales, $615.3 millones, lo que hace que se concluya una diferencia o patrimonio a su favor de $301.4 millones.

Sus balances, publicados en el Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda, muestran también que los ingresos por ventas han aumentado en la ANDA, pero que los gastos han superado sus ingresos al menos durante los últimos cinco años.

Por ello, los «resultados» de los últimos cinco años han sido negativos: en 2023 fue -48.9 millones y en 2024 -16.2 millones.

En 2024, la ANDA tuvo $256.5 millones de ingresos pero $272.7 millones en gastos, una diferencia de $16.2 millones. Esta diferencia en donde los gastos dejan atrás a los ingresos ha sido más grande en tres años anteriores: $65.9 millones en 2020, $61.2 millones en 2021 y una diferencia de $21.2 millones en 2022, siempre los gastos mayores a los ingresos.

El mayor gasto de la administradora estatal de agua se concentra en personal, gastos financieros y costos de venta. Sus ingresos, en su mayoría, provienen de sus ventas, que durante los últimos años van en aumento: desde $120.4 millones en 2020, $133.6 millones en 2021, $147.6 millones en 2022, $149.5 millones en 2023 y $158.6 millones en 2024.

El Ministerio de Hacienda publica en su Portal de Transparencia Fiscal los balances financieros y estados de resultados de las empresas públicas.

La publicación de la información está comprendida dentro del ángulo de transparencia del acuerdo del gobierno salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que el 27 de junio pasado aseguró que en la primera revisión del Servicio Ampliado para el gobierno salvadoreño «se promulgó una nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal; (ii) se publicó un decreto presidencial que limita las excepciones a la Ley de Contratación Pública; (iii) se publicó información financiera sobre las empresas estatales más grandes; y (iv) se facilitó el acceso a la información sobre contratos públicos». El FMI también reconoció que se «siguen tomando medidas para mitigar los riesgos asociados al Bitcoin y deshacer la participación del sector público en Chivo».

El gobierno pidió a la Asamblea Legislativa que incorpore en el presupuesto estatal $9 millones de un préstamo de $60 millones para la contratación de una consultoría en la elaboración del diseño y la adecuación del edificio en donde funcionaría un centro de datos.

Con el préstamo, se busca que se cumplan «estándares internacionales de certificación TIER III».

Se trata del contrato de préstamo 5937/OC-ES para financiar el «Programa para el Desarrollo de la Infraestructura de Datos de El Salvador», aprobado el 25 de marzo de 2025.

Los fondos serán recibidos en el presupuesto de la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República, según el proyecto de decreto, concretamente, $8,500,000 para bienes y servicios, y $500,000 para inversiones en activos fijos.

El proyecto de reforma presupuestaria no incluye más detalles. Los fondos solicitados terminarían de ejecutarse en diciembre de 2025.

Los fondos del préstamo buscan adecuar y equipar un edificio que ocupará un Centro de Datos del Estado y la capacitación de especialistas en infraestructura digital con «un enfoque especial en mujeres, niñas y personas con discapacidad».

Según el BID, este proyecto beneficiaría a 57 instituciones públicas, 1,140 trabajadores de tecnologías de información y 10,000 funcionarios públicos, y permitiría que todas las instituciones del Estado accedan a la «nube del Estado», aumente la disponibilidad de servicios en línea y mejore la gobernanza.

La iniciativa fue recibida el 9 de julio y será estudiada en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa este lunes.