Autor: Yolanda Magaña

Las redadas migratorias en zonas agrícolas del sur de California han comenzado a mostrar un patrón de creciente violencia, según denunciaron líderes sindicales, tras un nuevo operativo registrado esta semana que dejó heridos de gravedad y centenares de detenidos y en medio de las demandas de Donald Trump para que el ICE utilice la fuerza para detener a los que intentan bloquear las detenciones de migrantes.

«Fue una redada extremadamente violenta», dice Teresa Romero, presidenta de la Unión de Campesinos (UFW), en una entrevista con EFE sobre el operativo realizado el jueves en una plantación de cannabis en una localidad cercana a Los Ángeles, que se perfila como el mayor que se ha llevado a cabo bajo el actual gobierno de Donald Trump, la cual ha recurrido incluso al uso de helicópteros para amedrentar a los jornaleros y a quienes intentan bloquear al ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas).

«Lo que está pasando ahora es algo que en mi vida había visto», lamenta Romero, quien reconoce que en EE.UU. ha atravesado por varios momentos históricos marcados por el racismo. «Yo pensé que estábamos en un punto en el que ya habíamos aprendido algo», añade.

La redada del jueves en dos instalaciones de Glass House Farms, una de las principales productoras de cannabis legal en el sur de California, provocó un tenso enfrentamiento entre manifestantes y agentes de inmigración, cuyas camionetas tuvieron que salir cargadas de detenidos bajo una lluvia de piedras (sin que se haya informado de heridos entre los agentes).

El operativo derivó en una escalada de violencia cuando agentes federales, equipados con armamento de alto calibre y equipo táctico, lanzaron gas pimienta contra familiares y manifestantes que habían acudido al lugar en busca de sus seres queridos, tras enterarse de que estos estaban siendo arrestados de forma violenta.

«Esta vez usaron gas y arrestaron con mucha fuerza. Eso no lo habíamos visto antes así», asegura la líder sindicalista, quien desde el ascenso de Trump al poder no ha podido pasar ningún día tranquila.

La agresividad también se salió de control de parte de los manifestantes, cuando uno de ellos aparentemente apuntó con un arma de fuego a los agentes y, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), disparó contra ellos.

En respuesta, Trump aseguró que ha dado a los agentes federales de inmigración «autorización total» para protegerse ante cualquier agresión y ordenó a las autoridades de Seguridad Nacional instruir a los agentes para que usen «cualquier medio necesario» para detener a quienes ataquen a los oficiales, en una publicación en Truth Social.

Pero Romero advierte que este clima de confrontación es precisamente lo que las redadas están generando.

«No quiero que la gente caiga en esto, porque entonces ellos sí van a tener una razón para reaccionar violentamente. Por eso todas las protestas que hagamos tenemos que hacerlas de una forma pacifista, si no nuestro mensaje desaparece», considera.

Desde el 6 de junio, California ha sido epicentro de una intensificación en la política migratoria del Gobierno de Trump, marcada por redadas masivas que han provocado protestas y encendido las alertas entre la comunidad latina, con o sin documentos, ante lo que muchos denuncian como una selección basada en el perfil racial, incluyendo características como el tono de piel o el idioma.

El viernes, el estado tuvo un triunfo judicial cuando una jueza federal ordenó suspender las redadas migratorias indiscriminadas en siete condados de California y exigió al Gobierno garantizar el acceso a abogados a los detenidos en un centro de Los Ángeles, en respuesta a una demanda por detenciones violentas y violaciones constitucionales.

El fallo llega en un contexto donde la preocupación entre los trabajadores ya está presente. En EE.UU. hay al menos un millón de trabajadores agrícolas de los cuales aproximadamente el 40 % de ellos no es ciudadano o no cuenta con un permiso especial para trabajar acá.

Y el miedo no se va a ir fácilmente, advierten líderes sindicales, quienes temen que las redadas hayan dejado una huella profunda volviéndolos aún más vulnerables a la explotación de la que muchas veces ya son víctimas.

«Es un mito eso de que es un trabajo manual que cualquiera puede hacer, es un mito decir que los trabajadores agrícolas no pagan impuestos, es una mentira. Pagan impuestos, son profesionales y trabajan muy duro», asegura Romero.

Para la UFW, una solución clave es el proyecto de ley conocido como la «tarjeta azul», presentado en tres ocasiones durante la administración de Trump, que busca otorgar a los campesinos un camino hacia la legalización y la posibilidad de continuar trabajando en la agricultura.