El delantero del Barcelona Lamine Yamal, que este domingo 13 de julio cumplirá 18 años, ha sido retratado como un superhéroe en un mural del artista urbano TVBoy, que lo largo de su trayectoria ha reproducido en sus grafitis por las calles de Barcelona a Leo Messi, Alexia Putellas o Rosalía, entre otros.
La obra, ubicada en el pintoresco barrio barcelonés de Gracia, viste a la joven estrella azulgrana con el traje de Superman, aunque con la letra ‘L’ en el pecho en vez de la icónica ‘S’.
Sobre un fondo grana, el futbolista aparece sonriente y confiado, con los brazos en jarra, junto a las inscripciones «When the will is strong, obstacles are small» (Cuando la voluntad es grande, los obstáculos son pequeños) y «Super Lamine».
«Es un chico muy joven que ha conseguido muchas cosas, pero también representa una España nueva, hecha de hijos de inmigrantes. No sólo representa a la juventud, sino a una juventud más inclusiva. Nació aquí, como muchos otros hijos de personas que han venido al país para trabajar. También es un mensaje contra el racismo», explicó TVBoy en declaraciones al diario Mundo Deportivo.
No es la primera vez que el artista italiano destaca este rasgo de Lamine Yamal, del que también elogia su estilo desenfadado y madurez. El verano pasado ya retrató al extremo de Rocafonda acompañado por su amigo y compañero en la selección española Nico Williams para pedir respeto para ambos.
Tampoco es la primera ocasión en la que TVBoy apela al universo de los superhéroes para dibujar a futbolistas del Barcelona. Lo hizo en 2022 en un grafiti de Alexia Putellas y, posteriormente en 2024, en otra obra en la que la centrocampista de Mollet aparecía junto a sus compañeras Aitana Bonmatí y Salma Paralluelo.
Un 23.51 % de la población se identifica con el partido oficial Nuevas Ideas en los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate según un estudio de opinión pública realizado en junio pasado por la Universidad de El Salvador (UES).
En la encuesta, el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) sale con el 3.15 % y Arena (Alianza Republicana Nacionalista) con el 2.51 %, Gana (Gran Alianza por la Unidad Nacional) aparece con un 2.65 % de las preferencias.
Posteriormente, el Partido de Concertación Nacional (PCN) aparece con un 0.86 % de preferencias, seguido de Partido Demócrata Cristiano (0.72 %), Vamos (0.57 %) y otros (1 %).
Un 48.69 % de los salvadoreños que viven en estos tres departamentos no tienen preferencia según la encuesta; y el 16.34 % no respondió.
El estudio indica que el 9.75 % de la población occidental se identifica con ideología de derecha y el 5.95 % con la izquierda, mientras el 11.47 % con el centro. La mayoría (54.7 %) no se identifica con ninguna ideología y el 18.56 % no respondió.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en estos tres departamentos recibió una nota promedio de 7.92 con diferentes notas en cada departamento: 8.04 en Ahuachapán, 7.92 en Santa Ana y 7.81 en Sonsonate.
Lo mejor evaluado de la gestión de Bukele es la seguridad, con un 50.47 % que se declara “muy satisfecho” y un 36.85 % que se declara “satisfecho”, respuestas positivas que suman 87.32 % a favor de la gestión en seguridad. Hay un 7.52 % de la población de estos departamentos que se sienten insatisfechos o totalmente insatisfechos con el área de seguridad del gobierno de Bukele.
Las siguientes áreas mejor evaluadas del gobierno de Bukele son Educación (23.4 % muy satisfecho y 41.5 % satisfecho), obras de infraestructura (21.15 % muy satisfecho y 43.87 % satisfecho) y relaciones internacionales (19.5 % muy satisfecho y 44.8 % satisfecho).
En occidente hay más insatisfechos con el área de economía (47.9 %), acceso a fuentes de empleo (43.8%) y salud (40.93 %).
Un 60.28 % de los salvadoreños de occidente dicen que están satisfechos o muy satisfechos con el primer año de gestión de Bukele contra un 21.94 % que están insatisfechos o totalmente insatisfechos.
La investigación fue realizada por la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador (UES) del 9 al 18 de junio de 2025 a una muestra de 1,395 personas mediante un muestreo aleatorio estratificado en los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate, con un nivel de confianza del 97 % y un error muestral de más o menos 3 %.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó este viernes la región de Texas afectada por las devastadoras inundaciones la semana pasada que dejaron al menos 120 muertos y más de cien desaparecidos.
«Nunca había visto algo así. (…) He visto muchos huracanes, tornados y nunca había visto algo de ese tipo. Eso es algo terrible», dijo el mandatario republicano en una mesa redonda junto al gobernador de Texas, Greg Abbott.
Persiste la búsqueda de más de 170 desaparecidos por las inundaciones del pasado fin de semana en Texas, donde hasta ahora suman cerca de 120 muertos, la mayoría en el condado de Kerr y el resto en otros cinco condados en las proximidades de San Antonio. Trump visitó la zona en medio de cuestionamientos sobre el sistema de alertas de inundaciones y los recortes de personal a oficinas climáticas como el NWS.
El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, en inglés) alertó el viernes de más tormentas en regiones como Texas y Nuevo México tras las inundaciones recientes que han dejado más de una centena de muertos.
El organismo avisó del «retorno de riesgo de inundaciones repentinas en las Llanuras del Sur este sábado, incluyendo porciones del centro de Texas», además de «generalizadas tormentas con el riesgo de inundaciones repentinas y clima severo» en el Medio Oeste este fin de semana.
«Un amplio (aviso de) ‘riesgo ligero’ tiene lugar a lo largo de gran parte de las Llanuras del Sur, incluyendo partes del centro y norte de Texas, donde las condiciones antecedentes permanecen delicadas», indicó en un boletín.
Un 41.4 % de la población de los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate evalúan bien la gestión municipal de los alcaldes de sus respectivos municipios, pero un 38.85 % se siente insatisfecho o muy insatisfecho con sus trabajos, y el resto es indiferente, según la encuesta del Laboratorio de Opinión Pública de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador (UES).
Las notas otorgadas por la población occidental a sus alcaldes oscilan entre un 4.51 otorgada al alcalde Jorge Castro, de Nuevas Ideas, hasta 6.01, que logró un alcalde pecenista.
El estudio fue realizado del 9 al 18 de junio de 2025 a una muestra de 1,395 personas mediante un muestreo aleatorio estratificado en los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate, con un nivel de confianza del 97 % y un error muestral de más o menos 3 %.
Así califican los salvadoreños a sus 10 alcaldes en el occidente del país (de mayor nota a peor nota):
1. Ahuachapán Centro:6.01. Alcalde: Luis Carlos Milla (PCN). 2. Santa Ana Centro: 5.97. Alcalde: Gustavo Acevedo (Nuevas Ideas). 3. Ahuachapán Norte: 5.95. Alcalde: Darwin Regalado (Nuevas Ideas). 4. Sonsonate Centro: 5.47. Alcalde: Roberto Aquino Ruiz (PDC). 5. Sonsonate Norte: 5.35. Alcalde: Hugo Ernesto Zavaleta (Nuevas Ideas). 6. Santa Ana Norte: 5.35. Alcalde: Carlos Landaverde (Nuevas Ideas). 7. Santa Ana Este: 5.3. Alcaldesa: Carolina Escobar (Nuevas Ideas). 8. Ahuachapán Sur: 5.25. Alcalde: Hugo Torrento (Nuevas Ideas). 9. Sonsonate Este: 4.77. Alcalde: Gabriel Serrano (Nuevas Ideas). 10. Sonsonate Oeste: 4.65. Alcalde: Emerson Chris Alemán Sánchez (Nuevas Ideas). 11. Santa Ana Oeste:4.51. Alcalde: Jorge Castro (Nuevas Ideas).
Solo el 18.49 % de los salvadoreños dice que la atención de los servicios municipales «ha mejorado», el 25.88 % cree que «ha empeorado» y un 49.82 % percibe que «está igual».
El servicio considerado como deficiente por una mayor proporción de población (39 %) es «el apoyo a emprendedores y pequeños negocios» y «contacto y acercamiento a la comunidad» (35.5 %),
Un 60.5 % de la población occidental califica el primer año de gestión municipal en recolección de desechos sólidos como «excelente», «muy buena» o «buena»; la promoción de actividades deportivas y culturales también recibe esas percepciones de un 48.45 % de la población occidental; y la limpieza y ornato de espacios públicos, un 50.33 %. Estas serían las tres áreas mejor calificadas.
Sin embargo, al evaluar el desglose, solo un 11 % de la población occidental ve el servicio de recolección de desechos sólidos como «excelente», un 21 % dice que es «bueno», pero un 23.5 % dice que es «regular» y un 16 % lo considera deficiente.
Según esta encuesta, la calificación que recibe el presidente de la República, Nayib Bukele, por parte de la población de estos tres departamentos de occidente es 7.92.
El subsecretario principal de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Harry Fones, aseguró que «decenas de miles» de migrantes se han sometido a la deportación voluntaria con la aplicación CBP Home y destacó como beneficio desde junio la condonación de multas.
CBP Home es una aplicación que puede descargarse desde un teléfono y originalmente era CBP One, que servía para gestionar asilo en los Estados Unidos. «Se utilizaba para eludir nuestro sistema migratorio», señaló, en una rueda de prensa virtual.
«No tengo un desglose por país, pero decenas de miles han usado esta aplicación». Harry Fones, subsecretario principal de la Oficina de Asuntos Públicos de Seguridad Nacional de EE.UU.
Fones destacó que desde junio «se condonarán las multas por incumplimiento de salida» voluntaria, que pueden oscilar entre $2,000 y $10,000, así como las multas por incumplimiento de una orden de expulsión definitiva, que pueden llegar hasta $998 al día.
Además, recordó que el estipendio de $1,000 que ofrece el gobierno estadounidense por cada miembro de familia autodeportado, incluidos los niños. «Esa aplicación CBP Home es una buena alternativa», concluyó.
Ante la pregunta sobre qué le recomendaría a personas sin papeles con hijos estadounidenses, respondió que CBP Home «está disponible para cualquier persona que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos», incluso «si tenía TPS y este ha sido cancelado» y que «puede usar la aplicación CBP Home para registrar a los niños de toda la familia» para quienes también entregarán $1,000 por cada uno.
«Cada persona que use la aplicación, es decir, toda la familia, se beneficiará. Esto incluye el estipendio de $1,000. Si se trata de una familia de digamos cuatro personas, esa familia recibiría un estipendio de $4,000», fueron las palabras del subsecretario de Asuntos Públicos de DHS.
Luego de aplicar a la autodeportación por CBP Home, un representante se pone «en contacto» con el migrante «para ayudarle a reservar su vuelo de regreso a casa y le guiará en todo el proceso». Al usarla, la persona deportada según el gobierno estadounidense podría ayudarle a preservar una vía para regresar a Estados Unidos en el futuro. Pero si es deportado no podrá regresar.
La Asamblea Legislativa aprobó el jueves dos garantías crediticias del Estado, una sirve para respaldar una emisión de títulos valores por $580 millones de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), $80 millones de los cuales servirán para financiar el nuevo Fondo de Mitigación del Sector de Energía (FMSE) y el resto para reestructurar deuda de CEL.
Como era previsto, el jueves, los diputados también ratificaron en el pleno la garantía estatal para que CEL adquiera un préstamo del Banco Mundial de $150 millones para el «Proyecto de energía geotérmica para el desarrollo sostenible e inclusivo de El Salvador».
Ambos decretos facultan al Ministerio de Hacienda a que sea el garante de la CEL en ambas operaciones financieras y así pueda suscribir los respectivos contratos de garantía crediticias.
La aprobación de la garantía estatal para respaldar la emisión de títulos se dio con dispensa de trámites, con 57 votos a favor y 3 votos en contra. Mientras, la garantía estatal para el préstamo se dio mediante dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y fue aprobada con 57 votos y 1 en contra, de Vamos.
El nuevo Fondo de Mitigación del Sector de Energía (FMSE), que iniciará con $80 millones de la emisión de títulos, fue creado el pasado 3 de julio. Será administrado por el Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET) que estará bajo la Dirección General de Subsidios del Ministerio de Hacienda. Este nuevo FMSE apoyará «el cumplimiento de obligaciones en el sector eléctrico«.
Con 57 votos, la Asamblea Legislativa autorizó este jueves al Ministerio de Hacienda a que suscriba un segundo contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar la construcción del bypass de Apopa, que estará ubicado en los distritos de Apopa, Ciudad Delgado y Tonacatepeque,
El proyecto de $120 millones se denomina «Financiamiento adicional para el proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador». Un primer crédito de $150 millones fue aprobado el 9 de abril de 2024.
El segundo préstamo del BIRF financiará: -La construcción de una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros. -Pasos subterráneos y elevados. -Diseño, ejecución y supervisión de obras complementarias en la infraestructura existente, iluminación, señalización, control de velocidad, paradas de autobús e infraestructura peatonal. -Un puente con una estructura atirantada de 320 metros de longitud y cuatro carriles de circulación.
El director de Crédito Público, Marlon Herrera, explicó el lunes que hay aumento de presupuesto por la «ampliación del alcance del puente», obras complementarias y fortalecimiento institucional. El financiamiento adicional también incluye «estudios de diseño de proyectos futuros», fortalecimiento institucional al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y asistencia técnica en la evaluación de impacto y auditorías.
Mencionó «estudios de ingeniería relativos diseños detallados», «la ampliación del alcance del puente, con un diseño atirantado»; «aumento en el presupuesto asignado a obras complementarias a vías de acceso en la circunvalación y sus alrededores»; y «aumento en el presupuesto asignado a actividades de fortalecimiento institucional».
Con 60 votos, la Asamblea Legislativa prorrogó hasta diciembre de 2026 las «Disposiciones transitorias para la definición de energía a facturar a usuarios finales» aprobadas hace un año, que están permitiendo fijar tarifas de energía eléctrica, gestionar fondos para absorber el aumento en el precio y «asegurar la recuperación progresiva de los montos diferidos» que deben pagar el Estado a través de las empresas de energía.
Estas disposiciones aprobadas el 15 de abril de 2024 facultaron a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) a que defina las tarifas de energía, y al Ministerio de Hacienda a que emita notas de crédito del tesoro público y gestione los recursos para absorber el aumento del precio que la energía tiene en realidad.
La prórroga seguirá permitiendo que las distribuidoras y generadoras asuman transitoriamente las diferencias luego de la fijación de las tarifas respecto al precio; y que posteriormente estos montos diferidos puedan ser recuperados gradualmente.
Estas disposiciones vencían el 14 de julio de 2025 y fueron prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 2026.
El Ministerio de Economía argumenta que persisten condiciones macroeconómicas, geopolíticas y climáticas como el fenómeno El Niño y las variaciones en los precios internacionales de energía.
Actualmente, las tarifas de energía eléctrica se mantienen sin variación para el periodo del 1 de mayo al 31 de julio, pese a que el precio de la energía tuvo un aumento del 13 % de $94.58 a $106.92 por megavatio hora de febrero a marzo.
El 3 de julio pasado, la Asamblea Legislativa reformó la Ley del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET) para que dicho Fondo se encargue de emitir subsidios al consumo de energía eléctrica bajo la Dirección General de Subsidios del Ministerio de Hacienda, que además administrará un nuevo Fondo de Mitigación del Sector de Energía (FMSE), con $80 millones emitidos en títulos valores en una emisión de $580 millones de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) cuya garantía soberana estatal fue aprobada ayer. El nuevo FMSE apoyará «el cumplimiento de obligaciones en el sector eléctrico».
La reforma faculta al FINET a «otorgar cualquier otro subsidio que al efecto se determine» siempre por acuerdo de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. El FINET ya está autorizado a otorgar el subsidio al consumo de energía y a servicios de telefonía en áreas rurales de bajos ingresos o consumo residencial.
La Asamblea Legislativa aprobó este jueves el decreto «Disposiciones especiales para el otorgamiento de trámites y permisos para obras de infraestructura pasiva para el servicio público de telecomunicaciones y otras obras o proyectos de construcción por el Ministerio de Vivienda«, que faculta a este Ministerio como encargado de otorgar los permisos de construcción de proyectos calificados como de interés social, de construcciones de dimensión menor a 250 metros cuadrados si la municipalidad no tiene capacidades técnicas y de torres de telecomunicaciones.
El decreto fue aprobado con 56 votos a favor, de Nuevas Ideas y sus aliados.
Según el decreto, será infracción grave obstaculizar la verificación del Ministerio de Vivienda en los proyectos de construcción y será infracción muy grave realizar obras de construcción o instalar torres sin el permiso respectivo del Ministerio de Vivienda. La infracción grave implicará multas desde 1 % hasta el 5 % del valor del terreno y de la obra edificada; y la muy grave, del 6 % al 10 %.
Los permisos que serían gestionados en el Ministerio de Vivienda incluirían, por ejemplo, factibilidad de aguas lluvias, revisión vial y zonificación, permiso de parcelación, permiso de construcción y recepción de obras.
Los permisos para construcciones superiores a los 250 metros cuadrados son otorgados por la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT).
De acuerdo con el decreto, los trámites iniciados en las municipalidades serán asumidos por el Ministerio de Vivienda si esta cartera de Estado determina que la oficina municipal carece de capacidad técnica para otorgar los permisos.
La Asamblea Legislativa aprobó el jueves disposiciones especiales que eliminan el requisito de incluir plazas para vehículos o estacionamientos en los proyectos de construcción, salvo para personas con discapacidad, embarazadas, adultos mayores y vehículos de emergencia.
“Se prohíbe exigir como requisito para la obtención de factibilidades, calificaciones, permisos, licencias para funcionamiento, autorizaciones o cualquier otra de similar naturaleza la obligación de proyectar y construir plazas o espacios destinados para estacionamientos”, indica el artículo 3 de las aprobadas “Disposiciones especiales para la eliminación del requisito de designación de plazas o espacios para estacionamientos”.
Según el decreto, el objetivo es «simplificar los trámites» para que los inversores o constructores obtengan «calificaciones, factibilidades, licencias, permisos y autorizaciones»; la prohibición de exigir obligatoriamente la construcción de parqueos aplicará a las «distintas instituciones de gobierno, instituciones autónomas, municipalidades y oficinas de planificación».
El decreto sancionará a los funcionarios o servidores públicos que contravengan dichas prohibiciones. Según Nuevas Ideas, esto significa que la construcción de parqueos en la construcciones será «opcional». «Era un intervencionismo ineficiente. El parqueo no desaparece, lo que desaparece es la obligación irracional de construirlo donde no hace falta», indicó el diputado Walter Coto, de Nuevas Ideas.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, rechazó el decreto. “La calidad de vida de la gente que vive con el estrés día a día de no saber si va a llegar a su casa y va a encontrar parqueo para dejar su carro seguro en la noche, déjeme decirle que a esa gente sí le importa”, indicó Ortiz. La diputada agregó que se le quita a las municipalidades y a la Opamss (Oficina de Planificación del Area Metropolitana de San Salvador) “si conviene o no exigir este requisito”.
“Si se quita este requisito de forma generalizada en todo el país, incluso habría sanciones para aquellas instituciones o funcionarios que exijan este requisito, estaríamos afectando en las zonas urbanas la calidad de vida de la gente porque se genera desorden”. Claudia Ortiz (Vamos).
Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, aseguró que entiende la finalidad pero cuestionó qué pasará con los proyectos habitacionales que se están construyendo en San Salvador y La Libertad. “¿Qué es lo que va a pasar? Al final van a construir y van a dejar sin parqueo, y el problema van a estar molestando a los otros vecinos, y va a ser de verdad un desorden”, indicó.
La diputada de Arena, además, pidió mejorar la redacción ya que esta ley es de “carácter especial” pero que la Ley de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) también fue aprobada con “carácter especial”. “Hay un choque de leyes”, observó.
“El problema más grande de que si hay parqueo o no es el desorden que hay porque no existe un buen sistema de transporte público en nuestro país, hay que orden el sistema de transporte público que dé un transporte de calidad para que las personas no tengan que estar comprando carro”. Marcela Villatoro (Arena).
“No estamos prohibiendo que construyan casas o apartamentos con parqueos”, dijo por su parte el diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, quien calificó el requisito de absurdo, ya que “ha encarecido la vivienda”. Agregó que muchas veces otras personas viven otras realidades y no se ve la necesidad de la mayoría de la población.
“¿Por qué no hay más proyectos como la IVU o la Zacamil? Porque esta ley que ahora estamos cambiando ha impedidos por décadas que se construyan apartamentos de vivienda social porque siempre los obligan a incluir en el precio el costo de los parqueos”. Ernesto Castro, diputado de Nuevas Ideas.
Posteriormente, la diputada Ortiz aseguró que “el tema no lo están abordando con la seriedad que lo amerita” y sugirió “incentivos reales y oferta de vivienda social”.
Recordó que, se había reforzado a la Presidencia de la República con $16.7 millones, mientras el presupuesto del Ministerio de Vivienda asciende a $11 millones de los cuales se destinan $5 millones para inversión. “Ese es el problema, colegas, y no son los parqueos”, dijo.
El diputado Castro respondió que se busca bajar los costos de los inversionistas para que puedan ofrecer las viviendas a un precio accesible a los salvadoreños. “Y siguen hablando preocupados de qué va a pasar en la Escalón y la San Benito, nosotros estamos enfocados en la vivienda social”, reclamó.
Al final de la discusión, el decreto tuvo 57 votos a favor y un voto en contra. Las dos diputadas suplentes de Arena pidieron posteriormente que se les consignara sus votos en contra del decreto correspondiente al dictamen 17 de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial. El diputado Castro dijo que no estaban incorporadas.
