Autor: Yolanda Magaña

Un 67.3 % de los salvadoreños –dos de cada tres– que residen en los Estados Unidos califican como «muy bueno» o «bueno» el desempeño del gobierno de El Salvador según una encuesta realizada por la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera.

El estudio indica que el 44.2 % de los salvadoreños en EE.UU. considera el desempeño del gobierno como «muy bueno» y el 23 % lo califica de «bueno», sumando un 67.3 %, aproximadamente siete de cada diez salvadoreños en EE.UU.

El resto de la población que reside en el país norteamericano, un 32.7 %, califica el desempeño del gobierno salvadoreño como regular, malo o muy malo, o no responden.

De la diáspora salvadoreña en Estados Unidos, las personas mayores son las más optimistas con el gobierno de Bukele: mientras un 37.4 % de los jóvenes entre 18 y 25 años piensan que es «muy bueno» el desempeño del gobierno salvadoreño, este porcentaje sube a un 54.5 % entre los mayores de 65 años.

La calificación «regular» es más abundante en los jóvenes que en los mayores. Por ejemplo, un 23.1 % de los jóvenes entre 18 y 25 años lo califican de esa manera, mientras solo lo hacen de esa forma un 9.9 % de las personas mayores de 65 años.

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La evaluación positiva es otorgada casi en la misma proporción por salvadoreños mujeres y hombres, sin embargo, hay levemente más mujeres que ven un buen o muy buen desempeño del gobierno de Nayib Bukele, es decir, un 68.4 % contra un 65.8 % de hombres que viven allá.

La encuesta fue realizada en línea a una muestra de 1,020 encuestas con un margen de error de 3.1 % y un nivel de confianza del 95 % con una estrategia de anuncios segmentados en redes sociales y reclutadores residentes en Estados Unidos, y por invitación en correo electrónico o redes sociales, sin control directo sobre variables demográficas.

Relacionado: Bukele aprobado con 8.48, Asamblea con 7.19 y alcaldías reprobadas, según encuesta UCA

El nuevo Consejo Nacional de las Especialidades Médicas (Conadem) ya registró 5,560 médicos o profesionales de salud en diferentes especialidades y el detalle de los ya inscritos puede consultarse en el sitio web conadem.gob.sv.

El presidente del Colegio Médico, Iván Solano Leiva, es uno de los registrados como especialista en Infectología, con un número único. Solano Leiva es uno de los 1,384 médicos con certificación de especialistas incluidos en un directorio que el Conadem ha hecho público. Por ley, el Conadem debe publicar un registro de especialistas autorizados y un listado de certificaciones suspendidas o canceladas.

En el sitio se detalla dónde realizó su especialidad, en el Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en 1996 y en el Hospital de Infectología del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1999.

El sitio web dispone un lugar para colocar las amonestaciones. «No se han encontrado amonestaciones», indica el registro del presidente del Colegio Médico.

El lunes, en una entrevista televisiva, Solano Leiva hizo un llamado general el lunes a los médicos de El Salvador para que se registren en el Conadem; mientras, el vicepresidente del Colegio Médico, Carlos Ramos Hinds, aseguró que aún no ha recibido una notificación sobre su inscripción en el registro. Ese día, Solano aseguró que los médicos en el país viven bajo un régimen de «ver, oír y callar».

El Conadem será la única instancia que podrá certificar a los profesionales de la salud –médicos y técnicos– para poder ejercer en El Salvador. Las credenciales tienen una duración de un año y su precio es establecido por el Conadem. Si no se certifican enfrentan una multa de hasta $180,000 e incluso a la suspensión o cancelación de su especialidad, con lo cual no podrán ejercer su profesión. Los médicos con especialidades tienen un periodo transitorio de seis meses para obtener su credencial luego de un proceso de obtención de unidades valorativas evaluadas por un Comité Nacional de Educación Médica para lo cual el Conadem otorgará un periodo de 18 meses.

El Conadem tendrá un presupuesto de $1.1 millón que le será transferido de Hacienda para lo que resta del año, de los cuales $463,575 será destinado a las remuneraciones de 45 empleados, $575,000 a bienes y servicios, $23,775 para compras de seguros de bienes y personas, y $50,000 para muebles y equipos informáticos.

La Asamblea Legislativa aprobará en la próxima sesión plenaria el contrato de préstamo por $71,847,393.66 de Deutsche Bank para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales del río Chilama y la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario del distrito de La Libertad.

El proyecto incluye la construcción de cinco estaciones de bombeo «que se han identificado como el Cementerio, El Obispo, Conchalío, Chilama Oeste y Chilama 2 Norte», una planta de tratamiento de aguas residuales, y una red de alcantarillado de 31.5 kilómetros de longitud y 764 unidades de pozos, detalló el director de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera.

En la carta que envió el ministro de Hacienda, Jerson Posada, a la Asamblea Legislativa, detalla que el MOPT suscribirá contrato con la sociedad ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A. para la construcción.

«En el marco de la Ley especial para la contratación de obras públicas y servicios esenciales con financiamiento incluido, es el que el MOPT impulsó el proceso y financiamiento que en esta oportunidad estamos solicitando su ratificación», explicó el director Herrera a los diputados de la Comisión de Hacienda.

El contrato C-10/2024 estará a cargo de la empresa española ASCH Infraestructura y Servicios, que serían los responsables de las cinco intervenciones y de la ejecución del proyecto.

El gobierno promete contribuir a la sostenibilidad del recurso hídrico en la zona del río Chilama en La Libertad y beneficiaría «más de 8,000 familias» de la zona. Actualmente, según el sitio de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) ya existe una planta de tratamiento en el río Chilama.

La Asamblea Legislativa suma un total de $1,235.7 millones en nueve préstamos autorizados o aprobados, tomando en cuenta el crédito adicional de $120 millones para transporte e infraestructura resiliente que será autorizado y otro por $75 millones para educación o manejo de caja fiscal que será aprobado en una próxima sesión plenaria.

Del total de préstamos que han pasado este año por el Legislativo, seis por $940,747,393.7 están aprobados, o por aprobarse, si se cuenta el otorgado por Deutsche Bank que asciende a $71.8 millones y cuyo dictamen fue avalado el lunes y por tanto su aprobación pasará en una próxima sesión plenaria.

Los préstamos aprobados tienen como destino infraestructura de datos, Surf City I, sostenibilidad macroeconómica, atención de salud, fortalecimiento integral de la educación, pago de obligaciones o manejo de caja fiscal, además de la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales del río Chilama, que será aprobado en la próxima sesión.

Dos créditos, uno por $100 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para modernización del sistema educativo y otro del CAF por $75 millones para salud o manejo de caja fiscal, ya recibieron la autorización legislativa para ser suscritos, pero aún no han sido aprobados, proceso que los diputados conocen como «segunda vuelta» o segunda votación.

La finalidad de dos de los créditos otorgados por la CAF será «atender prioridades estratégicas del Gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal» indica el artículo 2 de su decreto de autorización, aunque fueron originalmente a «programas sectoriales» de apoyo a la educación y a la salud en El Salvador. De estos empréstitos, uno está aprobado y el otro únicamente autorizado.Garantías a deudas de autónomasAlgunas instituciones están facultadas a asumir deudas directamente sin que estas sean aprobadas por la Asamblea Legislativa, sin embargo, los acreedores les exigen garantías estatales para respaldarlas.

Así, durante el mismo año, la Asamblea Legislativa ha visto garantías soberanas para respaldar créditos de instituciones autónomas por $970,988,636.4, contando la garantía para el préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) por $150 millones para energía geotérmica cuyo dictamen ya está aprobado en Comisión de Hacienda.

Sumando únicamente las garantías que respaldaron créditos nuevos, los préstamos y garantías de créditos que han pasado por la Asamblea Legislativa de El Salvador, el presente año, suman $1,625,747,394. Si se tomaran en cuenta garantías de créditos de años anteriores, dicha suma se dispara a $2,206,736,030. Cuatro garantías aprobadas en febrero corresponden a deudas de años anteriores.

Es así como las nuevas deudas suscritas por el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda o por instituciones autónomas como la CEL, Fondo Social para la Vivienda y el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal) que han pasado este año por la Asamblea Legislativa suman $1,625 millones.

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El director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, aseveró el lunes que, de los $39 millones presupuestados para el año 2015 del préstamo del Banco Mundial de $150 millones para transporte e infraestructura resiliente, ya se ejecutaron $14 millones o $15 millones.

El contrato de préstamo «Proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador» suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Banco Mundial, fue autorizado el 9 de enero y aprobado (ratificado) el 9 de abril de 2024 por la Asamblea Legislativa. De esta cantidad, se han incorporado $39 millones al presupuesto de 2025.

«Solamente en este año lleva asignado $39 millones de los cuales de los cuales ya se ejecutó casi el 50 por ciento por el Ministerio de Obras Públicas», expresó el director de Crédito Público a los diputados de la Comisión de Hacienda, el pasado lunes, cuando solicitó la autorización para suscribir un segundo préstamo para el mismo proyecto, pero que se destinará en su mayoría para la construcción del puente atirantado que compone la estructura del bypass de Apopa.

Según Herrera, el financiamiento del primer préstamo «está cubriendo» «la infraestructura vial excepto el bypass, la obra del puente» y los $14 millones ejecutados corresponden «posiblemente a anticipos que se entregan a las empresas proveedoras, estudios, diseños, así como la contratación de la unidad ejecutora responsable del proyecto».

En el Portal de Transparencia, hasta mayo de 2015, aparecían $10,991.50 ejecutados, de un total de $39,704,500 programados para el año fiscal 2025, aunque $57,908.17 ya aparecían comprometidos para ese entonces.

La infraestructura estará entre Apopa (San Salvador Oeste), Tonacatepeque (San Salvador Este) y Ciudad Delgado (San Salvador Centro).

El nuevo contrato de préstamo por $120 millones con el BIRF se denomina «Financiamiento adicional para el proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador» e incluye la construcción de una carretera de circunvalación de 13 kilómetros, pasos subterráneos y elevados, diseño, ejecución y supervisión de obras complementarias, iluminación, señalización de velocidad, paradas de autobús e infraestructura peatonal, y el puente con una estructura «atirantada».

El puente «atirantado» del bypass de Apopa tendrá una longitud de 320 metros con dos pilones que sostendrán los cables, un claro central de 160 metros y dos de 80 metros, y cuatro carriles de circulación.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele respondió con una carcajada a una noticia sobre una iniciativa demócrata presentada en el Senado de Estados Unidos que sugiere sanciones contra él y sus funcionarios que hayan cometido «graves violaciones de derechos humanos» y que exige al secretario de Estado de EE.UU. presentar un informe sobre las compras de bitcoin por el gobierno salvadoreño.

«Los demócratas están simplemente salados», escribió Bukele en X.

La iniciativa de «Ley de responsabilidad de El Salvador de 2025» fue presentada el 12 de julio por el senador Chris Van Hollen y otros senadores demócratas; y remitida al Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

La iniciativa propone sanciones del gobierno de Estados Unidos contra el presidente Bukele, el vicepresidente, Félix Ulloa, y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, Hacienda, Justicia y Seguridad, Turismo, procurador general de la República, el presidente del Banco Central de Reserva y cualquier persona extranjera en El Salvador que trabaje en nombre del gobierno o partido político «que haya cometido graves violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos», haya «participado en la aceptación de dinero de contribuyentes estadounidenses para privar de libertad a estadounidenses», o que haya dado apoyo para dichos fines.

En el proyecto demócrata se sugieren sanciones como bloqueo de bienes y transacciones en Estados Unidos, inadmisión, no elegibilidad para visas o no libertad condicional para extranjeros bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad; revocatoria de visas vigentes; prohibición de préstamos.

La solicitud demócrata también plantea, al final de la misma, que el secretario de Estado de EE.UU. entregaría un informe sobre las acciones del presidente Nayib Bukele y funcionarios salvadoreños «que utilizan criptomonedas como mecanismo para la corrupción flagrante, el soborno y la evasión de sanciones», con detalles de la cantidad de fondos del gobierno salvadoreño para comprar bitcoin y otras criptomonedas, una lista de plataformas de intercambio utilizadas para ello, direcciones de depósito, personas con acceso.

HAHAHAHAHAHAHA the Dems are just salty… https://t.co/O6CLtZuV46

— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 8, 2025

La Comisión de Hacienda aprobó ayer el dictamen favorable 105, con el fin de aprobar en la sesión plenaria del jueves un contrato de garantía estatal que respalda el préstamo 9788-SV por $150 millones que el Banco Mundial otorgará a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

El contrato de préstamo fue suscrito el 6 de mayo por el representante del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el 2 de mayo por el representante de la CEL y el 12 de junio por el ministro de Hacienda.

Los $150 millones se destinarían al financiamiento del «Proyecto de energía geotérmica para el desarrollo sostenible e inclusivo de El Salvador».

En la misiva enviada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, el funcionario menciona que se adjuntó una copia del contrato de garantía, el cual no ha sido publicado por la Asamblea Legislativa junto al proyecto de decreto.

La Comisión de Hacienda aprobó el dictamen favorable número 105 este lunes. Con esta aprobación la Asamblea Legislativa suma un total de $730,988,636 respaldados en garantías estatales para préstamos de CEL, de los cuales $580,988,636 fueron adquiridos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y que corresponden a deudas suscritas en 2008, 2017, 2022 y 2025.

La Ley de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa establece como una atribución de la CEL «obtener préstamos directos, emitir y colocar bonos en los mercados interno y. externo, titularizar activos y otras obligaciones ya sea de forma directa o a través de sociedades mercantiles que forme para tal fin» aunque no podrá hipotecar o gravar sus instalaciones y demás bienes.

El Ministerio de Vivienda podrá imponer multas de hasta 10 % el valor de la obra o incluso demolerla si no tiene su autorización cuando se trate de torres de telecomunicaciones, viviendas sociales y áreas de construcción menores a los 250 metros cuadrados si dicho Ministerio determina que la municipalidad no tiene capacidad.

Según las nuevas disposiciones, en estos cass, será infracción «muy grave» no construir con el permiso del Ministerio de Vivienda e implicará multas desde el 6 % hasta el 10 % del valor del terreno o la obra.

El decreto «Disposiciones especiales para el otorgamiento de trámites y permisos para obras de infraestructura pasiva para el servicio público de telecomunicaciones y otras obras o proyectos de construcción por el Ministerio de Vivienda» fue aprobado ayer como dictamen favorable para que sea aprobado formalmente en una sesión plenaria por la Asamblea Legislativa.
Evaluará a municipalidadesEl Ministerio de Vivienda será la autoridad competente de dar los permisos en la construcción de viviendas declaradas de interés social y de torres de comunicaciones.

En el caso de los proyectos de construcción con áreas menores a 250 metros cuadrados asumirá los permisos, si el mismo Ministerio determina que la municipalidad no tiene capacidad técnica para otorgarlos o realizar los trámites.

Por ley de creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción, los permisos para construcciones superiores a los 250 metros cuadrados son otorgados por la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT).
Vivienda hará inspecciones físicasDificultar la verificación que haga el Ministerio de Vivienda sobre los proyectos de construcción en los que tenga competencia será infracción grave e implicará multas desde 1 % hasta el 5 % del valor del terreno y de la obra edificada. También lo será omitir las normas técnicas de los planes y documentos aprobados, y no acatar suspensiones de obras ordenadas por el Ministerio por haberse realizado sin autorización del mismo.

El Ministerio de Vivienda quedará facultado a «realizar inspecciones físicas en los lugares de construcción y requerir a los sujetos obligados documentos, informes y aclaraciones» y podrá emitir lineamientos.¿Cuándo las obras serán demolidas?Según las disposiciones, si después de impuesta la multa por el Ministerio de Vivienda, los «sujetos» no inician «procedimientos para obtener los trámites y permisos «en un plazo de 30 días hábiles posteriores a la imposición de la sanción» o no culminen en los plazos establecidos por el Ministerio de Vivienda, «deberán proceder a la demolición de la obra o proyecto» según las instrucciones de Vivienda.

La Asamblea Legislativa aprobó el dictamen de estas disposiciones el lunes, en su Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial, que también dictaminó otras disposiciones para eliminar el requisito de disponer un área de estacionamiento a todas las construcciones y volverlo opcional.

«Estos permisos los va a dar exclusivamente el Ministerio de Vivienda a nivel nacional, este es el primer paso para ordenar este tema. Todo va a ser desde el Ministerio de Vivienda, esto va a tener impacto en comercios digitales».
Michelle Sol, ministra de Vivienda.

El permiso que dará el Ministerio de Vivienda para las construcciones de viviendas sociales o en áreas menores a los 250 metros cuadrados incluye permisos factibilidad de aguas lluvias, revisión vial y zonificación, permiso de parcelación, permiso de construcción y recepción de obras.

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa emitió este lunes un dictamen favorable para eliminar el requisito de designación de plazas o espacios para estacionamientos a través de «Disposiciones especiales para la eliminación del requisito de designación de plazas o espacios para estacionamientos«.

El decreto, que podrá ser aprobado en la sesión plenaria del jueves, prohibirá a instituciones de gobierno, autónomas, municipalidades y oficinas de planificación y gestión del territorio que exijan este requisito cuando autoricen proyectos de construcción, «salvo» espacios para la «facilitación a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y vehículos de emergencia» según principios de «inclusión, accesibilidad universal y equidad».

«Nosotros lo que estamos haciendo es que ya no sea una obligación, que no sea algo que se imponga, ellos van a tener la opción de construir con parqueo o sin parqueo», dijo este lunes la ministra de Vivienda, Michelle Sol, a los diputados, antes de la aprobación del dictamen. La ministra explicó que esto aplicará también a los establecimientos comerciales.

La funcionaria argumentó que «un parqueo en un edificio de interés social eleva el valor del apartamento en $10,000 más por parqueo».

Aseguró que muchas veces las familias están «comenzando» y puede ser «accesible» comprar una vivienda sin parqueo y, en el futuro, pueden «venderla y ya pasar a otro apartamento que en ese momento ya lo necesiten o que sus ingresos le permitan comprar uno que ya tenga parqueo».

El artículo 70 de la «Ley de desarrollo y ordenamiento territorial del área metropolitana de San Salvador y de los municipios aledaños» indica que las áreas para estacionamiento en las edificaciones comerciales o institucionales «deberán tener un número mínimo de espacios vehiculares».

La obligatoriedad en la construcción de estacionamientos también fue eliminada en una reforma al Reglamento de la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del AMSS y de los municipios aledaños, al cual se le incorporó un artículo 33-A que indica que las disposiciones técnicas de los estacionamientos para proyectos inmobiliarios «no será de obligatorio cumplimiento».

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa emitió este lunes un dictamen favorable de «Disposiciones especiales para el otorgamiento de trámites y permisos para obras de infraestructura pasiva para el servicio público de telecomunicaciones y otras obras o proyectos de construcción por el Ministerio de Vivienda». El decreto podría aprobarse en la sesión plenaria del jueves.

Con dichas disposiciones, para obtener permisos de construcción de torres, viviendas de interés social o con menos de 250 metros cuadrados, los desarrolladores o inversionistas deberán acudir a la Gerencia de Trámites y Permisos del Ministerio de Vivienda y no requerirán solvencias municipales.

«Estos permisos los va a dar exclusivamente el Ministerio de Vivienda a nivel nacional, este es el primer paso para ordenar este tema. Las compañías de telecomunicaciones podrán presentar todos sus permisos en un solo lugar permitiendo expandir la conectividad», explicó la ministra de Vivienda, Michelle Sol, quien aclaró que serán las alcaldías las que seguirán cobrando las tasas por las torres.

Sol agregó que las empresas de telecomunicaciones podrán «tramitar en un solo lugar» y no tendrán que ir a alcaldías para obtener los permisos de las torres de comunicación. «Todo va a ser desde el Ministerio de Vivienda, esto va a tener impacto en comercios digitales», enfatizó.

«Los trámites y el permiso de construcción e instalación de infraestructuras pasivas emitido por el Ministerio de Vivienda será la única autorización administrativa que el interesado deberá obtener para ejecutar dichos proyectos», reza el primer inciso del artículo 4 del proyecto aprobado.

El mismo artículo establece que «ninguna institución pública, incluyendo a las municipalidades, asociaciones municipales y oficinas de planificación y/o gestión territorial podrá requerir la presentación de otras autorizaciones», salvo que Vivienda se las pida o se esté construyendo en bienes municipales.

Según la ministra, la baja cantidad de torres en El Salvador es «una barrera estructural para reducir la brecha digital». «Esto va a abonar al despliegue del 5G», proyectó.Para viviendasCon el nuevo decreto, el Ministerio de Vivienda también será la única instancia encargada para otorgar los permisos de construcción de proyectos calificados como de interés social por el Ministerio de Vivienda y de construcciones de dimensión menor a 250 metros cuadrados si la municipalidad no tiene capacidades técnicas.

Esto incluye factibilidad de aguas lluvias, revisión vial y zonificación, permiso de parcelación, permiso de construcción y recepción de obras.

Los permisos para construcciones superiores a los 250 metros cuadrados son otorgados por la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT).

Los trámites iniciados en las municipalidades serán asumidos por el Ministerio de Vivienda si la oficina carece de capacidad técnica.

Las disposiciones crean infracciones graves y muy graves, como dificultar la verificación del Ministerio de Vivienda sobre los proyectos de construcción, como infracción grave, e iniciar obras de construcción o instalar torres sin el permiso del Ministerio de Vivienda, como infracción muy grave. La infracción grave implicará multas desde 1 % hasta el 5 % del valor del terreno y de la obra edificada; y la muy grave, del 6 % al 10 %.