Autor: Yolanda Magaña

El presidente estadounidense Donald Trump prometió el viernes una revisión del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) que tienen más de 230,000 salvadoreños en los Estados Unidos, luego de ser cuestionado por qué no cancela el beneficio temporal si considera que El Salvador es uno de los países más seguros del hemisferio.

El gobierno de Estados Unidos designó el TPS para El Salvador el 9 de marzo de 2001 en respuesta a los terremotos de enero y febrero de 2001, y ha sido extendido en varias ocasiones. La última prórroga fue otorgada antes del inicio de la administración de Donald Trump en enero de 2025, por lo que actualmente la fecha de vencimiento es el 9 de septiembre de 2026, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

El primer gobierno de Trump canceló en 2018 TPS para El Salvador porque la entonces secretaria de seguridad nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, determinó que las condiciones originales causadas por los terremotos de 2001 «ya no existen». En esa ocasión, se dejaron temporalmente vigentes los permisos de trabajo (EAD) de los salvadoreños bajo este estatus.

Desde entonces, el gobierno de Trump no se ha pronunciado por el TPS.

Sin embargo, este viernes, una periodista le preguntó a Trump por qué aún no ha cancelado el TPS si su administración ha dicho que El Salvador es uno de los países más seguros del hemisferio y si fue «parte del trato» con El Salvador, en referencia implícita al acuerdo con el presidente Nayib Bukele para enviar migrantes o criminales al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), ubicado en Tecoluca, San Vicente Sur.

Trump inició su respuesta con la frase: «We will take a look» (Nosotros echaremos un vistazo»).

Luego, elogió al presidente salvadoreño y al sistema carcelario de El Salvador, que calificó como «un sistema duro» en donde los prisioneros «no salen» y que, «cuando escuchan que tienen que ir» a la prisión de El Salvador, «se convierten en personas muy agradables».

Luego, prometió: «Vamos a hablar sobre El Salvador, mucho respeto», sin referirse a los salvadoreños que se encuentran en Estados Unidos bajo este programa migratorio.

Durante su segundo mandato, la administración Trump ya canceló el TPS para Venezuela (350,000 venezolanos) y Haití (521,000 haitianos), en este último caso consideró que la situación ambiental de Haití «ha mejorado lo suficiente»;

Los permisos del TPS de El Salvador están extendidos hasta el 9 de septiembre de 2026 por la prórroga del 10 de enero de 2025 emitida por el entonces secretario de Seguridad Nacional de Biden, Alejandro Mayorkas; el gobierno de Trump, que inició el 20 de enero de 2025, no se ha pronunciado por el TPS a El Salvador.

El 25 de marzo de 2025, en una conferencia de prensa virtual con medios latinoamericanos, el subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, Joseph Salazar, ante la pregunta si habrá un trato preferencial migratorio para los salvadoreños por el acuerdo con el presidente Nayib Bukele para recluir a criminales o migrantes deportados de Estados Unidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot) de El Salvador.

«¿Habrá algún trato preferencial para los salvadoreños debido al acuerdo alcanzado entre el gobierno de Estados Unidos y el presidente Nayib Bukele?», se le preguntó a Salazar. «Puedo responder. El acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador no fue una negociación; no se trató de un quid pro quo ni de ningún tipo de acuerdo. No existe un trato preferencial con respecto a la inmigración ilegal en Estados Unidos», respondió en esa ocasión.

Al completar $231 millones de financiamiento y revisar el cumplimiento del programa por parte de El Salvador, el Fondo Monetario Internacional (FMI) exhortó a El Salvador a que aplique imparcialmente la ley anticorrupción, que en el futuro eleve los estándares de transparencia en los contratos públicos y refuerce el marco de prevención antilavado y financiamiento del terrorismo.

El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó el viernes el examen de la primera revisión al programa de Servicio Ampliado (SAF) de El Salvador y aprobó un desembolso de $118 millones de $1,400 millones que contiene dicho programa que busca estabilizar las finanzas del país.

«Las reformas de la gobernanza y la transparencia se están llevando a cabo de acuerdo con los compromisos del programa (…) Las medidas para fortalecer la gobernanza y la transparencia deben continuar», dijo Nigel Clarke, presidente interino del Directorio Ejecutivo del FMI, según el comunicado publicado el viernes por el organismo financiero.

El representante el FMI agregó que «una aplicación coherente e imparcial de la nueva Ley Anticorrupción sigue siendo fundamental, junto con los esfuerzos para reforzar el marco de AML/CFT (prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en línea con las mejores prácticas internacionales», «en consonancia con las recomendaciones» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Así mismo, el FMI sugirió «elevar estándares» de transparencia, así:

«Aumentar la confianza y la inversión requiere elevar los estándares de información fiscal y transparencia sobre los contratos públicos y un mejor acceso a la información pública».
Nigel Clarke, presidente interino del Directorio Ejecutivo del FMI.

Los directores del FMI «elogiaron a las autoridades salvadoreñas» por sus esfuerzos ante desequilibrios macroeconómicos, pero «señalaron riesgos» ante tensiones comerciales y políticas de inmigración e instaron a racionalizar «aún más la factura salarial» y «poner la deuda firmemente en una trayectoria descendente».

Según el comunicado, con la nueva aprobación, los directores del FMI pidieron «no aumentar las tenencias generales de bitcoin por parte del sector público y subrayaron la importancia de una comunicación clara y coherente en este sentido», dar «una resolución temprana de la participación del sector público en la billetera electrónica del gobierno (Chivo)», apoyar la inversión extranjera directa y en infraestructura, mejorar la supervisión de los criptoactivos y del sector financiero.

El presidente estadounidense Donald Trump, elogió este viernes a su homólogo Nayib Bukele y al sistema carcelario salvadoreño, al ser cuestionado por qué no anula el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) a El Salvador si considera que este es uno de los países más seguros del hemisferio.

En la conferencia de prensa este viernes, una periodista le preguntó al gobernante estadounidense: «Su administración ha dicho que El Salvador es uno de los países más seguros del hemisferio; entonces, ¿por qué aún no ha cancelado el Estatus de Protección Temporal a ese país?, ¿era parte del trato?».

“Nosotros echaremos un vistazo. Nosotros hemos tenido una gran relación con El Salvador, tienen un líder fantástico, ellos construyeron un sistema carcelario masivo y no sé exactamente por qué, pero es un sistema impresionante y nosotros llevamos gente ahí y, cuando enviamos gente ahí, no salen. Y francamente, cuando escuchan que tienen que ir ahí, ellos se convierten en personas agradables, ellos se convierten en personas agradables. Es un sistema duro, pero es un sistema brillante. Es un sistema realizado por un muy buen líder. Vamos a hablar sobre El Salvador, mucho respeto”, fue la respuesta de Trump.

La Secretaría de Prensa de la Presidencia salvadoreña publicó el fragmento del video de la conferencia de Trump, esta mañana, en donde el gobernante también respondió preguntas sobre aranceles, Irán y la decisión de la Corte Suprema estadounidense contra la ciudadanía por nacimiento.

“#SocioConfiable | El mandatario de Estados Unidos @realDonaldTrum destaca la excelente relación que mantiene su país con El Salvador y resalta la labor del presidente @nayibbukele, así como los proyectos ejecutados en materia de seguridad”, destacó la oficina del gobierno salvadoreño.

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Este viernes, Trump anunció el fin del TPS para Haití después de determinar que la situación ambiental de Haití “ha mejorado lo suficiente”; unos 521,000 haitianos estaban protegidos bajo el TPS hasta 2026 pero la Secretaría de Seguridad Nacional ordenó modificar el periodo de extensión; ahora, la designación vence el 3 de agosto de 2025 y el vencimiento iniciará a partir del 2 de septiembre de 2025.

En el caso de El Salvador, el TPS fue extendido por 18 meses hasta el 9 de septiembre de 2026, pero esta prórroga fue anunciada por el secretario de Seguridad Nacional de Biden, Alejandro Mayorkas.

El gobierno de Trump aún no se ha pronunciado una nueva decisión en torno a la prórroga del TPS para El Salvador decidida en enero de 2025 todavía durante la gestión de Biden.

Sin embargo, el subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, Joseph Salazar, aseguró el 25 de marzo que el acuerdo con el presidente Nayib Bukele no fue un “quid pro quo” o intercambio de favores, ante la pregunta si habrá un trato preferencial para los salvadoreños derivado del acuerdo para recluir a criminales deportados de Estados Unidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot) de El Salvador.

La Asamblea General Universitaria (AGU) de la estatal Universidad de El Salvador (UES) exhortó la noche del jueves al gobierno salvadoreños a respetar los derechos constitucionales y el debido proceso, la libertad de expresión y derogar la Ley de Agentes Extranjeros.

En el comunicado, la institución estatal de educación superior aseguró que en El Salvador «hay un deterioro progresivo de los derechos humanos».

Señaló que hay concentración de poder, falta de independencia de las instituciones estatales, quebrantamiento del Estado de Derecho, detenciones arbitrarias de defensores humanos y de la tierra, violación al debido proceso, irrespeto a las garantías constitucionales, irrespeto a la libertad de expresión.

La UES reiteró su rechazo a la Ley de Agentes Extranjeros, esta vez advirtiendo que «restringirá la labor de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y de cualquier actor que reciba financiamiento del exterior» y que «se convertirá en una herramienta de control».

La Ley de Agentes Extranjeros inició su vigencia el 7 de junio y, además de imponer un impuesto del 30 % a donaciones o financiamientos no sociales del extranjero, exige que todos los considerados «agentes extranjeros» sean incluidos en un Registro que será fiscalizado por el Ministerio de Gobernación.

El 26 de mayo pasado, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la UES emitió un comunicado de rechazo a la Ley de Agentes Extranjeros titulado «Ante el incremento de acciones punitivas por parte del Gobierno», en el cual manifestaba que había acontecimientos que «pueden afectar el Estado de Derecho y el ejercicio de las libertades fundamentales y mencionaba detenciones de «empresarios», en referencia a los transportistas capturados previamente, de quienes falleció uno en bartolinas. El 22 de mayo, la UES también condenó en un comunicado las detenciones de Ruth López, el domingo 18 de mayo, y de los miembros de la cooperativa El Bosque, para quienes exigieron un «debido proceso» y «condiciones justas de acceso a una legítima defensa, congruente con el Estado de Derecho».

Pronunciamiento
Desde nuestra Asamblea General Universitaria, máximo órgano normativo y elector, denunciamos el grave deterioro de los Derechos Humanos: poder concentrado, detenciones arbitrarias a defensores , y una Ley de Agentes Extranjeros que amenaza libertades . pic.twitter.com/thSbkV5cW1

— Universidad de El Salvador – UES (@UESoficial) June 27, 2025

El excomisionado de derechos humanos y de libertad de expresión en el gobierno salvadoreño, el colombiano Andrés Guzmán, aseguró que en El Salvador «falta capturar 40,000 pandilleros» ya que tienen identificados «120,000 pandilleros que estaban dentro del territorio nacional».

«Operando creo que no están pero no sabemos dónde están y qué están haciendo. En España hace un par de semana detuvieron 23 de la 18 (…), son organizaciones terroristas multinacionales, están desde Estados Unidos hasta Panamá», dijo en una entrevista transmitida el 21 de junio de 2025, en el programa «Café Jurídico» de Focus Noticias de Colombia que puede encontrarse en YouTube.

El exfuncionario, quien dijo que tiene una buena oferta para irse a trabajar a Washington «en temas de consultoría política y consultoría en manejo legal de temas con la Comisión Interamericana» de Derechos Humanos (CIDH), reiteró que en las cárceles de El Salvador «no» se violan los derechos humanos.

«Los privados de libertad no se les viola ni un solo derecho y, si hubiera sido un centímetro de violación de derechos, yo no hubiera trabajado allá, yo soy un hombre decente, trabajé incansablemente para que eso nunca sucediera y le puedo meter mis manos al fuego porque hoy a ninguna persona que esté privada de libertad en El Salvador se le violan los derechos», fueron las palabras del colombiano.

En El Salvador está vigente actualmente la 39a prórroga del régimen de excepción, una medida con la cual el Gobierno ha reportado las capturas de 86,400 «terroristas» desde el 27 de marzo de 2022, mientras que organizaciones como la asociación Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (OUDH) han registrado más de 6,000 denuncias de violaciones a derechos humanos entre capturas arbitrarias, torturas y muertes de detenidos en las cárceles. En el país, el 37.4 % de la población cree que es necesario implementar otras medidas y el 59.7 % que es necesario seguir prorrogando el régimen según una encuesta publicada el 19 de junio.

¿Bukele en la Corte Penal Internacional?

El exfuncionario respondió con un «no» a la pregunta si creía que el presidente Nayib Bukele terminará en la Corte Penal Internacional.

«Algunos afirman que tarde o temprano Nayib Bukele va a terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o incluso en la Corte Penal Internacional, ¿usted cree eso?», le preguntó el entrevistador.

«No. Yo trabajé y fui el abogado de El Salvador durante dos años y trabajé todos los casos en la Corte interamericana y en la Comisión. Durante mi trabajo, creo que recibí más de unas 30 denuncias, de las 30, ninguna sola prosperó… Yo celebro cualquier unión y cualquier trabajo que haga el mundo por acabar a los terroristas que amedrentan y le dan miedo al mundo», respondió.

El 19 de junio pasado, la Fundación El Amparo Internacional anunció que denunciarán al presidente salvadoreño y «a la cadena de mando», a quienes señalan de responsables de crímenes de lesa humanidad, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El excomisionado dijo que en El Salvador montó un sistema de litigio estratégico con inteligencia artificial para analizar denuncias e informes de la sociedad civil, «cruzarlos, configurarlos». «Había muchas exageraciones», opinó. Lo que podía ser verdad, dijo, lo enviaban a «entidades disciplinarias para que lo investigaran». Detalló que en El Salvador la inteligencia está «muy activa» antes de que «los delincuentes se reúnan o hagan cualquier tipo de acción» para evitar que suceda y «el trabajo pos» en donde «los jueces han sido juiciocísimos».

Hizo consultoría al gobierno

Guzmán también fue cuestionado sobre cómo terminó asesorando al presidente Nayib Bukele y relató que su compañía de informática forense y tecnologías «Adalid» quebró. «Quedé hipotecado, quebrado hasta dónde no más. Dentro de las consultorías que yo había hecho, le había colaborado en temas de inteligencia y ciberseguridad dentro del Plan Control Territorial y tuve la fortuna de conocer al presidente Bukele», comentó.

Agregó que «en pandemia» se «olvidó de El Salvador» y que se «concentró» en su compañía en Colombia que la vio «acabarse» y que no vio otra posibilidad que volverse empleado «como delegado en la protección de datos y libertad de expresión en ambientes digitales» en la Defensoría del Pueblo de Colombia, en donde se encontraba cuando recibió la llamada de Bukele, quien le dijo necesitaba «una estrategia y sacar adelante el país por todas las críticas que ha tenido El Salvador en derechos humanos».

Andrés Guzmán Caballero fue nombrado comisionado de derechos humanos y libertad de expresión de El Salvador desde el 24 de mayo de 2023 hasta 16 de mayo de 2025; el decreto ejecutivo de creación del cargo de comisionado de derechos humanos y libertad de expresión fue emitido el 19 de mayo de 2023. La Secretaría Jurídica de la Presidencia asevera que fue «nombrado a partir del día 3 de junio de 2024» en el segundo periodo presidencial de Nayib Bukele.

Los salvadoreños están divididos entre quienes están de acuerdo en prorrogar el régimen de excepción y quienes creen que es necesario buscar otras medidas para sustituir este decreto, que desde el 27 de marzo de 2022 tiene suspendidos en el país tres derechos constitucionales para facilitar las capturas.

Mientras el 59.7 % de los salvadoreños creen que el régimen de excepción debe continuar en el país, el 37.4 % de los salvadoreños responde que “es hora de buscar otras medidas”, según la encuesta más reciente del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, realizada del 14 al 24 de mayo de 2025, y presentada el 19 de junio.

Si bien la mayoría dijo no tener ningún temor ante el régimen de excepción (65.2 %), un 34.8 % de los salvadoreños respondió que tenía algún nivel de temor, ya sea poco, algún o mucho temor.

La nota promedio que le otorgó la población al régimen de excepción fue 7.78, en una escala de 0 al 10.

Sin embargo, de las personas que aseguran que es necesario buscar otras medidas para sustituir al régimen de excepción, un 66.8 % aprueban dicha medida una nota promedio de 6.13 al régimen.

Según el mismo estudio, cuando se les preguntó cuál es el principal logro del gobierno de Nayib Bukele, la mayoría (66.6 %) respondió “el combate a la delincuencia y la seguridad” y solo un 1.7 % contestó que es la continuidad del régimen de excepción. Y, de quienes señalan fracasos, el 4.6 % respondió que es el “régimen de excepción” y el arresto de personas inocentes.

El gobierno anunció el sábado 21 de junio un nuevo cerco militar en San Bartolo, Ilopango, con el despliegue de 2,000 elementos entre policías y soldados; y capturó a 40 estudiantes de tres institutos nacionales señalados de estar formando una nueva pandilla.

Lectura > Los cercos militares desde 2022

Recientemente, la diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, rechazó la idea de eliminar el régimen de excepción.

“A los que dicen: ‘quiten el régimen’, ‘ya no hay mareros’, ¿esto es lo que quieren que regrese? Pues no vamos a permitir que se vuelvan a reagrupar, pandilleros asesinos”.
Alexia Rivas, diputada de Nuevas Ideas, el 24 de junio.

Esa fue la reacción de la diputada al operativo de la Fiscalía General de la República para “desmantelar una nueva pandilla en formación” en el Instituto General Francisco Menéndez (Infraamen), en el Instituto Nacional Albert Camus y el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI).

Para René Valiente, director de Investigaciones de Cristosal, la mayoría de los detenidos durante el régimen de excepción han sido arrestados “sin acceso a real a una defensa”, ya que “la mayoría no ha tenido audiencia con un juez ni cuenta con una sentencia formal”.

“Los familiares de personas detenidas peregrinan entre instituciones y centros penales buscando información, enfrentan cobros por alimentación, transporte y otros gastos. El régimen ha normalizado el aislamiento, los malos tratos, la tortura y la negligencia médica”.
René Valiente, director de investigaciones de Cristosal, en X.

Según Valiente, el CECOT es “una herramienta de propaganda” ya que “oculta el rostro de un sistema penal violento, desigual y arbitrario” y no refleja cómo funciona el sistema carcelario en El Salvador.

Expertos independientes o «procedimientos especiales» del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas enviaron una carta al gobierno de los Estados Unidos, además de comunicación relacionada a los gobiernos de El Salvador, Venezuela y Cuba, para manifestar preocupación sobre la posible violación al derecho internacional de los derechos humanos en las deportaciones de ciudadanos venezolanos y salvadoreños a El Salvador.

La carta fue enviada el 23 de abril de 2025 y publicada 60 días después en el sitio de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OHCHR).

Los «procedimientos especiales» son expertos independientes en derechos humanos que informan y pueden intervenir «mediante cartas» a los Estados, pueden hacer llamados urgentes, exponer hechos o denuncias, estándares internacionales y exponerles preocupaciones, según la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

En este caso, el país en cuestión es Estados Unidos relacionado a El Salvador sobre las deportaciones de venezolanos y salvadoreños de Estados Unidos a El Salvador al amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros.

Entre las preocupaciones mencionadas por los expertos de la ONU están: «la prohibición de la expulsión ilegal o arbitraria, el derecho a no ser detenido arbitrariamente, el derecho al debido proceso en la expulsión de migrantes y solicitantes de asilo, el derecho a la vida familiar y los derechos de los niños, la obligación de no devolución, la prohibición de la desaparición forzada y el requisito de condiciones humanas de detención».

En la misiva, se mencionan 108 presuntas víctimas e instan «al Gobierno de Su Excelencia a revisar estas leyes, políticas y prácticas para garantizar que toda medida adoptada cumpla con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos».

«Migrantes en una prisión de justicia penal»

Los expertos de la ONU señalaron que desconocen el procedimiento legal aplicado y el estatus legal de los detenidos para probar sus presuntas asociaciones con pandillas o cualquier actividad criminal, y advierten que es posible que «se haya identificado individuos con Tren de Aragua basado en sus tatuajes, ropa, actividad social y estatus migratorio».

«No parecen estar bajo investigación criminal en El Salvador, no tienen estatus migratorio legal allí y están sujetos a una detención renovable de un año aparentemente como migrantes en una prisión de justicia penal. La detención arbitraria prolongada también podría constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante», dicen en su comunicación los procedimientos de la ONU.

Señalan falta de información sobre los detenidos a pesar de solicitudes y que el gobierno de El Salvador ha negado la asistencia consular a Venezuela. Señalan que los detenidos no tienen comunicación con sus abogados, «duermen en camas de metal sin colchones y están confinados en sus celdas durante 23 horas al día, privados de tiempo al aire libre», con escaso acceso a alimentos, agua, medicamentos esenciales para enfermos crónicos, entre otros.

También, piden que explique «qué salvaguardas de derechos humanos están incluidas en el acuerdo de deportación y detención entre los Estados Unidos y El Salvador, incluida cualquier disposición para una deportación efectiva».

La carta se refiere a las deportaciones realizadas el 15 de marzo desde Texas, Estados Unidos, de 238 venezolanos y 23 salvadoreños, de los cuales 137 aparentemente fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y otros 101 bajo la ley de inmigración de los Estados Unidos; entre el 30 y 31 de marzo, de otras 17 personas, 7 venezolanos y 10 salvadoreños, presuntos pandilleros; y el 12 de abril, otros 10 presuntos pandilleros. Muchos de los deportados se encuentran en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) ubicado en el distrito de Tecoluca, San Vicente Sur.

La solicitud firmada por 12 relatores o expertos advierte que, mientras esperan una respuesta, exhortan a adoptar medidas para «evitar cualquier daño irreparable a la vida y la integridad personal de los afectados».

¿Quiénes firman la carta?

1. Ben Saúl, Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
2. Gabriella Citroni. Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
3. Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
4. Balakrishnan Rajagopal. Relator Especial sobre una vivienda adecuada como componente del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto.
5. María Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
6. Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.
7. Jorge Katrougalos, Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.
8. Cecilia M. Bailliet, Experta independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional.
9. Gehad Madi, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes.
10. Alice Jill Edwards, Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
11. Siobhán Mullally, Relator Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
12. Laura Nyirinkindi, Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.

El Índice Global de Tortura 2025 lanzado este miércoles por la

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) clasificó a

El Salvador “como de muy alto riesgo de tortura y malos tratos” y sugirió “la urgente necesidad de supervisión internacional” en el país.

El estudio se realizó con datos recopilados en 2023 y 2024 en 26 países con casi 80 organizaciones diferentes.

Asevera que en

El Salvador “los métodos de tortura empleados con frecuencia por las autoridades incluyen palizas brutales, humillación sexual, desnudez forzada, privación del sueño”, “especialmente durante interrogatorios para obtener información o confesiones”.

Según el informe de país, dichas conductas son sistemáticas.

A ello, suma la imposición de duras medidas disciplinarias por personal penitenciario “como castigos corporales y colectivos, restricciones a las visitas familiares y privación deliberada de alimentos y agua”, aislamiento rutinario de detenidos, falta de acceso oportuno a abogados y de comunicación confidencial con familiares, falta de asistencia o reportes médicos oportunos de posibles torturas, con el consiguiente incumplimiento del Protocolo de Estambul.

“En un caso, una reclusa de 26 años en la prisión de Apanteos fue obligada a realizar 1,200 sentadillas y luego colgada de las muñecas durante casi dos horas en represalia por defender a una compañera de prisión”, indica el informe de país.

Según el

mapa interactivo, de un grupo de 26 países evaluados, El Salvador es uno de los seis países con riesgo muy alto junto a Libia, Etiopía, Rusia, Bielorrusia y Baréin; 13 países se encuentran en “alto riesgo”, entre ellos Colombia, Honduras y México; cuatro en considerable riesgo, entre estos Argentina; tres países en riesgo moderado, entre estos Italia y España; y ninguno en bajo riesgo.

La situación de El Salvador se agrava, según el

informe de país, por el hacinamiento en las cárceles que supera el 160 % y ha alcanzado hasta un 300 %, un régimen de incomunicación carcelario, capturas arbitrarias, pésimas condiciones carcelarias, muertes bajo custodia, especialmente entre jóvenes detenidos y falta de un mecanismo nacional de prevención contra la tortura.

“Una vez que las personas son enviadas a estas cárceles, es difícil saber qué les sucede. El acceso a las personas encarceladas es casi inexistente, y los informes de graves violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, son generalizados”.

Informe de país del Índice de Tortura 2025.

“Política e institucionalmente, El Salvador muestra un compromiso mínimo con la prevención de la tortura y la protección de los derechos humanos”, indica el estudio de país, al señalar que no ha ratificado el

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura ni aceptado la competencia del Comité contra la Tortura para examinar denuncias individuales. Agrega que “el presidente Nayib Bukele y otros funcionarios han justificado públicamente el trato cruel a los detenidos, socavando la prohibición absoluta de la tortura”.

Se señala que el informe del gobierno salvadoreño al

Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas “lleva más de tres años de retraso” y “no existe un diálogo efectivo entre las autoridades estatales y la sociedad civil sobre la implementación de las Observaciones Finales del Comité”.

El lanzamiento del Índice se dio de manera virtual este miércoles en desde Ginebra, Suiza. El índice asigna puntuaciones de 0 a 100 a los países y los clasifica en cinco niveles de riesgo distintos: muy alto, alto, considerable, moderado y bajo.

El

riesgo alto presenta “graves deficiencias en la defensa de los derechos humanos y la implementación de las garantías contra la tortura, lo que sugiere desafíos significativos”. El riesgo “

muy alto”, en donde se encuentra El Salvador con otros cinco países, que “se caracteriza por violaciones sistemáticas de la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos, con garantías muy débiles para prevenir y proteger de casos de tortura y malos tratos”.

Diputadas de oposición creen que el proyecto gubernamental de nueva Ley de desarrollo social, que busca reemplazar una ley de 2014 pero sin la mención expresa de 14 programas sociales, podría ser “letra muerta” o dejar sin una obligación legal al Estado.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, mostró su preocupación por que el nuevo proyecto propuesto por la ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete, haya excluido la mención de 14 programas sociales y expresó su interés por conocer cuáles serán incluidos.

Mientras, la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguró que la ley “crea una entidad sin propósito” porque no establece “con claridad los programas sociales” y “se deja al arbitrio de unos pocos la decisión”. “Probablemente será una ley muerta”, afirmó este martes, cuando fue consultada al respecto.

La propuesta de ley no ha sido aprobada. Para recibir una explicación del proyecto, la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno citó al presidente del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (Inabve), Juan Alberto Ortiz.

Ortiz: “Quita la obligación”

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, aseguró que el Estado salvadoreño debe hacer una estrategia de protección social “muy contundente”, en educación, madres solteras y pensiones de adultos mayores.

Ortiz aseguró que en la propuesta “se quita la obligación” del Estado para realizar más cobertura social y “quita los programas sociales”.

“Nos preocupa que esta propuesta de ley quita la obligación, quiero ver cuáles son los programas que se van a agregar. Al no estar como ley, quiere decir que ya no es obligación del Órgano Ejecutivo de brindarlos a la población”.
Claudia Ortiz (Vamos).

La normativa suprime 14 nombres programas que habían sido creados por gobiernos anteriores, como vaso de leche, Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (Pati), Ciudad Mujer, Pensión Básica Universal, pero no los sustituye por nombres de nuevos programas.

La legisladora aseguró que los derechos económicos, sociales y culturales deben cumplir con el principio de progresividad, es decir, los derechos ganados ya no pueden retroceder. Exhortó a no usar la recaudación tributaria únicamente para pago de deuda o publicidad son también “para proteger a la población vulnerable con estos programas sociales”.

“Será una ley muerta”

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, señaló que la ley probablemente será una “ley muerte” porque no establece “con claridad los programas sociales a ejecutar se deja al arbitrio de unos pocos la decisión de hacer o no hacer”.

La diputada criticó que “en ningún artículo de la nueva normativa propuesta aparecen citados con nombre los programas sociales del actual gobierno” y que deroga el artículo 30 en donde se detallan 14 programas sociales.

“Es un grave retroceso para los ciudadanos que se veían beneficiados con programas como alimentación escolar, uniformes, pensión básica, paquetes agrícolas, los programas de Ciudad Mujer, entre otros, que poco a poco se han venido deteriorando y al parecer hoy los desaparecerán”.
Marcela Villatoro (Arena).

La legisladora duda de la ejecución de los programas por las “enormes deudas con los proveedores” y la falta de un plazo para su ejecución.

Rechaza eliminación de consultas

La diputada Villatoro rechazó también que se elimine de la nueva normativa los mecanismos de consulta que establecía la ley de 2014 para formular un “Plan de desarrollo” que contendría los problemas y las alternativas de solución.

“Se eliminan todos los artículos sobre la participación ciudadana, que establecía que debían realizarse consultas en municipios y departamentos como parte de la planificación y evaluación de la ejecución de los programas”, señaló.

También, advirtió que la nueva ley ordena evaluaciones pero sin definir plazos cuando en la normativa de 2014 se establecía que serían anuales.

La nueva normativa crea la nueva Dirección Nacional de Desarrollo y Protección Social (DPS), crea un “Registro Social” para recoger datos sobre las condiciones de vida y los ingresos de las familias beneficiarias de programas sociales y se elimina el carácter público y transparente de la medición multidimensional de la pobreza que establecía en la ley de 2014.

El «presidente del Tribunal de Servicio Civil, Franklin Josué Nolasco Morales», tomó juramento de cumplir la Constitución de la República, este martes, luego de ser juramentado y electo en el cargo para los próximos tres años en el periodo 2025-2028, con 59 votos, incluidos los dos votos de Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

«La diputada Claudia Ortiz, del partido de oposición Vamos, votó en contra de la elección de Nolasco Morales, pero las diputadas de Arena votaron a favor, por lo que Nolasco Morales fue electo con 59 votos.»

La Comisión Política había entrevistado a cuatro candidatos.

«El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, propuso hasta en la sesión plenaria de este martes que proponían a Nolasco Morales. De manera inmediata, el diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), coincidió en la propuesta; y posteriormente el diputado Serafín Orantes, del Partido de Concertación Nacional (PCN).»

«Después de la entrevista de cuatro candidatos a los que quiero felicitar, creo que cuando uno ve los perfiles de los cuatro que llegaron y las respuesta que dieron, me parecía gente muy preparada técnicamente, gente idónea para el cargo, pero nosotros como bancada cian hemos tomado la decisión de escoger a la persona que creemos que puede cumplir de forma más idónea la función de presidente de Tribunal de Servicio Civil, y en nombre de la bancada cian queremos proponer al licenciado Franklin Josué Nolasco Morales para la continuidad en el cargo», dijo el jefe de fracción de Nuevas Ideas en el pleno.

Carballo pidió la palabra. «Hemos analizado y revisado el perfil del licenciado Franklin Josué Nolasco Morales, del cual coincidimos y estamos de acuerdo que sea él que ocupe el cargo de presidente de TSC», afirmó en el pleno.

Después de Carballo, tomó la palabra el diputado Orantes, quien dijo: «Me quiero sumar a la propuesta hecha por mis colegas anteriores en respaldar con nuestros votos la propuesta del próximo presidente del TSC al licenciado Franklin Josué Nolasco Morales», por «su amplia formación jurídica, trayectoria política».

Ningún otro diputado emitió opiniones sobre alguno de los candidatos, ni hicieron otra propuesta. A la hora de la votación, 59 diputados levantaron la mano a favor de Nolasco Morales, quien también se desempeña desde el 1 de mayo de 2021 como «gerente de Operaciones Legislativas del Legislativo», día de la destitución de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República.

Nolasco Morales fue nombrado presidente del TSC el 29 de junio de 2022 y concluye su periodo el próximo 27 de junio y fue reelecto en el cargo para el periodo del 28 de junio de 2025 hasta el 27 de junio de 2028.

Los otros candidatos eran William Vladimir Álvarez Flores, Ernesto Adalid Corea Barraza, Selvin Darwin Peña Rivera.

El TSC está compuesto por tres miembros: uno nombrado por la Asamblea Legislativa, quien lo preside, otro por el Órgano Ejecutivo en el Consejo de Ministros y otro por la Corte Suprema de Justicia.

El TSC es la institución encargada de resolver los recursos contra resoluciones emitidas por las comisiones de servicio civil que en las instituciones del Estado forman el escalafón de funcionarios, seleccionan candidatos a la carrera administrativa y conocen las amonestaciones a funcionarios y empleados públicos.