Autor: Yolanda Magaña

Organizaciones de defensa de los derechos humanos, dirigentes y miembros del partido FMLN y la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, marcharon este 15 de septiembre contra la captura de activistas sociales, las muertes dentro de los centros penales y las reformas a la Constitución de El Salvador que modifican el sistema de gobierno.

Las organizaciones se concentraron sobre la 25 Avenida Norte, en la intersección con la Alameda Juan Pablo II, hacia el centro de San Salvador, y se dirigieron hacia la Biblioteca Nacional El Salvador (BINAES).

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseguró que están “ejerciendo la libertad que todavía queda”. “A la comunidad El Bosque les han quitado esa libertad, porque por manifestarse pacíficamente, sus líderes están presos y no les corresponde estar presos por manifestarse pacíficamente”, expresó Ortiz.

“Si se violenta la Constitución y la soberanía, no podemos estar hablando de independencia. No estamos conformes con la manera en que el poder se está ejerciendo de manera abusiva. Hay mucho qué hacer, hay que vencer al pobreza y eso no se puede lograr con un grupo enquistado en el poder y que está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse ahí”, afirmó.

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, también participó en las protestas.

Miembros del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes) pidieron la libertad de Ruth López, jefa de la unidad anticorrupción de la asociación Cristosal; el ambientalista Alejandro Henríquez y el presidente de la cooperativa El Bosque, capturados después de la protesta de la cooperativa El Bosque; Fidel Zavala, de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc); así como del exministro de Seguridad, Benito Lara; y del exmagistrado electoral Eugenio Chicas.

La representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), Sonia Urrutia, aseguró que el gobierno no puede hablar de “cero homicidios” si hay “crímenes ocultos por el Estado” de detenidos dentro de las cárceles.

«No podemos hablar de patria si nuestros campesinos no tienen tierras, ha habido criminalización a quienes defienden la tierra. No podemos hablar de patria, si seguimos teniendo persecución política y presos políticos», dice Urrutia.

Durante la marcha, María Celia Serrano tomó el micrófono para pedir la libertad para su hijo capturado en octubre de 2022 en el régimen de excepción.

A las 10:30 a.m., los manifestantes llegaban frente a la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES).

Las instituciones del gobierno central, descentralizadas y empresas públicas han erogado desde enero hasta julio del año 2025 un total de $50.32 millones en indemnizaciones, la mayor parte por el gobierno central, de un total de $71.1 millones programados para ello.

En los ministerios del Gobierno Central salvadoreño se registra un total de $37.03 millones usados en indemnizaciones, de un total de $49.9 millones programados para todo el año.

Los mayores montos de indemnizaciones han sido programados y devengados en el Ministerio de Educación, con $17.89 millones; $5.3 millones en Salud Pública; $2.6 millones en Seguridad Pública y Justicia; $1.7 millones en la Procuraduría General de la República y $1.4 millones en Agricultura y Ganadería.

En el ramo de Educación, en el presupuesto general del Estado se programaron inicialmente $3,535 para indemnizaciones, pero se realizó una modificación para aumentar dichos fondos a $17,898,400.82, de los cuales se han ejecutado $17,881,624.55, según el Portal de Transparencia Fiscal.

Los mayores montos fueron erogados para indemnizaciones en el sector educativo durante los meses de abril y mayo.

En las instituciones descentralizadas, el monto programado para indemnizaciones pasó de $13.66 millones a $24.57 millones luego de modificaciones, de los cuales se han usado $11.37 millones.

Las descentralizadas con mayores montos programados para las compensaciones son: Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) con $1.15 millones no ejecutados a julio; Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), con $986,290 programados; el Hospital Nacional Rosales, con $920,193.58; el Fondo Solidario para la Salud (Fosalud), con $798,121.40; el Hospital Nacional Benjamín Bloom, con $491,291.34 programados, entre otras.

Las empresas públicas tienen programados $878,000 para indemnizaciones pero el presupuesto destinado para ello se ha modificado a $2.6 millones, de los cuales se han ejecutado $1.9 millones.

El monto erogado durante el presente año aún no supera los montos destinados a las indemnizaciones de 2021 a 2024, año en que se erogaron $271 millones en indemnizaciones.

Reducción estatal: FMI

El Estado redujo su planilla en 14,330 plazas durante el año 2024, año en el que cerró con 161,453 empleados públicos, 8 % menos.

El Ministerio de Hacienda ha previsto continuar en los próximos dos años un ajuste para reducir la masa salarial como parte del programa de $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para disminuir el gasto público como parte de un ajuste fiscal de 3.5 % del producto interno bruto (PIB) entre 2025 y 2027.

Siguiendo el acuerdo de El Salvador con el FMI, el gasto público debería reducir 1.4 % del PIB en 2025; 2.2 % en 2026; y 2.8 % en 2027.

Estados Unidos ocupa el primer lugar del ranking de los 10 países de destino de los salvadoreños que decidieron emigrar en la última década según los resultados del VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado en 2024.

Estos son los 10 países donde los salvadoreños residen ahora luego de emigrar de su país de nacimiento.

1. Estados Unidos: ocupa el primer lugar de los destinos de los emigrantes salvadoreños, con un 85.9 %.

2. España: el 4.03 % de los salvadoreños que han emigrado tienen como país de residencia a España.

3. Italia: es el tercer destino de los salvadoreños emigrantes, con un 1.97 %.

4. México: es el cuarto país de destino de los emigrantes salvadoreños, con un 1.76 %.

5. Canadá: muy distante de Estados Unidos, Canadá ocupa el quinto lugar de destino como residencia permanente de los salvadoreños que deciden emigrar. Un 1.12 % respondió que su familiar emigrante reside en ese país de Norteamérica.

6. Guatemala: el 0.65 % de los salvadoreños emigrantes residen en el vecino país centroamericano.

7. Costa Rica: un menor porcentaje, 0.49 %, reside en Costa Rica.

8. Honduras: un 0.21 % de la migración salvadoreña se ha ido a Honduras durante los últimos años.

9. Belice: un 0.12 % de los salvadoreños emigrantes residen en Belice.

10. Australia: un 0.10 % de los salvadoreños que se han ido recientemente residen ahora en Australia.

El Consejo Directivo de la Caja Mutual del Abogado de El Salvador (Camudasal) separó del cargo de presidente a Rey Joaquín Nóchez Peña por denuncias de acoso laboral y amenazas contra directivos y empleados de la institución, informaron fuentes del Consejo Directivo.

Una fuente del Consejo Directivo informó que la separación del cargo y el nombramiento de Esmeralda Azucena García Martínez como nueva presidenta de Camudasal fueron decisiones tomadas mediante votaciones unánimes el mismo viernes.

Poco antes, por la tarde de este viernes, veintiún personas, entre colaboradores y directivos de Camudasal, presentaron un escrito al Consejo Directivo en donde solicitaban la destitución del presidente de Camudasal y que se decretara la vacancia del cargo.

“Ratificamos lo expresado en la audiencia que nos concedió este día el Consejo Directivo donde expresamos las conductas de acoso laboral y amenazas”, indica el escrito.

Una de las personas afectadas firmante del escrito, quien pidió no publicar su nombre por temor a represalias, detalló que las amenazas son “de despido”. “Nos grita, nos humilla, nos maltrata”, indicó.

El Consejo Directivo sometió a votación la separación del cargo del abogado y emitió condiciones para que no se acerque al personal, nombrando como nueva presidenta a Esmeralda García.

El abogado y también militar retirado fue nombrado como directivo de Camudasal como delegado por la Federación de Abogados de El Salvador (FEDAES) para el periodo de marzo de 2025 a febrero de 2030, nombramiento que fue impugnado el Círculo de Abogados Salvadoreños (CAS), que consideró que no se verificaron si los nombramientos realizados en ese momento cumplían con requisitos.

Nóchez Peña aparece como procesado sin detención por el Juzgado Especializado de Instrucción “B” según un comunicado de la Fiscalía General de la República del 14 de junio de 2018 acusado de agrupaciones ilícitas, falsedad ideológica y denuncia o acusación calumniosa, en un proceso originado por información anónima dentro de la Fuerza Armada sobre un grupo de militares que supuestamente funcionaba como “grupo de exterminio”.

El Salvador fue uno de los 142 países que votó el viernes a favor de una resolución que respalda la «Declaración de Nueva York» que apoya una solución de dos Estados, Palestina e Israel, y desarme de Hamás.

Estados Unidos e Israel votaron en contra, así como Argentina, Paraguay, Hungría, Micronesia, Nauru, Palaos, Papúa, y Tonga.

El texto de la resolución, propuesto por Francia y Arabia Saudita, pide alto al fuego inmediato en Gaza y la liberación de todos los rehenes, el desarme de Hamás y su exclusión del gobierno de Gaza a favor de la Autoridad Palestina.

La resolución “Respaldo a la Declaración de Nueva York sobre el arreglo pacífico de la cuestión de Palestima y la implementación biestatal” indica que la Asamblea General de la ONU “hace suya la Declaración de Nueva York sobre el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución biestatal”.

El representante de Francia, impulsor de la resolución, explicó que la Declaración de Nueva York establece una “hoja de ruta única para materializar la solución biestatal”.

La solución planteada por la Declaración de Nueva York pasa por “un alto al fuego inmediato en Gaza y por la liberación de todos los rehenes, pasa por el establecimiento de un Estado Palestino viable y soberano, pasa por el desarme de Hamás y su exclusión de la gobernanza de Gaza, pasa por la normalización entre Israel y los países árabes, y pasa por último por la articulación de garantías de seguridad colectivas que incluyan a Israel”, indicó el representante de Francia.

El representante de Israel, que votó en contra, tildó la resolución de ser “un gesto vacío que debilita la credibilidad” de la Asamblea General de la ONU y de ser “un abuso para forzar por la puerta de atrás lo que no podría defenderse en la mesa de negociaciones”.

“Esta declaración unilateral no se recordará como un paso hacia la paz, esto no es diplomacia, sino puro teatro, una actuación destinada a los titulares y no a la paz. No debilita a Hamás, sino que les premia, no promueve las negociaciones sino que las socava. Los únicos que se benefician son los miembros de Hamás”, rechazó la resolución. “Vergüenza les debería dar… Hamás sigue dominando parte de Gaza… Israel tiene que ser quien quite a Hamás de la ecuación”, añadió.

La representante de Estados Unidos también votó en contra de la resolución y la calificó de ser “un regalo para Hamás”. “Es cínico”, expresó. Sugirió centrar la atención en cómo poner fin a la guerra, eliminar y desarmar a Hamás. “Esta guerra pudiera terminar mañana si Hamás depusiera las armas, liberara a los rehenes y se entregara”, opinó. Consideró que la Declaración de Nueva York “hace equiparaciones morales perturbadoras”, ya que “no reconoce de que el terrorismo del 7 de octubre es el motivo por el que esta guerra fue necesaria”.

El jueves, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo: “Cumpliremos nuestra promesa: no habrá un Estado palestino, este lugar nos pertenece… Preservaremos nuestra herencia, nuestra tierra y nuestra seguridad… Vamos a duplicar la población de la ciudad… Esta tierra es nuestra”.

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa recibió dos expedientes de nuevo ingreso relacionados que buscan la exención de impuestos a favor de contratistas de proyectos de energía y también relacionados a la venta de datos para la exploración de hidrocarburos –como petróleo y gas natural– en el país.

Acordó citar al presidente de la CEL, Daniel Álvarez.

La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, pidió hacer una modificación a la agenda para suprimir la recepción de invitados del gobierno, que llegarían a explicarles ambos proyectos.

“Vamos a reagendar nuestra recepción de invitados”, dijo esta mañana. “Se aprueba por mayoría de los presentes”, agregó en la comisión, en la que también estaba presente Claudia Ortiz, de Vamos.

Los diputado se disponen a aprobar dos decretos de exención fiscal:
Disposiciones especiales y transitorias para dar incentivos fiscales a contratistas del programa de acceso a la energía a 8,756 hogares sin acceso a energía eléctrica.
Disposiciones especiales tributarias para contratistas multicliente de la CEL, que tienen derecho a comercializar datos geológicos y geofísicos de El Salvador con fines de exploración de hidrocarburos, y que también son contratados por CEL.

Estos contratistas estarán exentos de toda clase de gravámenes, tributos, impuestos a la importación, Impuesto sobre la Renta (ISR), IVA, impuestos municipales, tasas y contribuciones municipales de toda clase y naturaleza.

El 3 de septiembre inició la vigencia de las Políticas de protección de datos aprobadas por el director general de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), Eduardo Alexis Rodríguez Rodríguez.

Estas políticas son de cumplimiento obligatorio “para todas las entidades públicas y privadas que recolecten, almacenen, procesen o transfieran datos personales en El Salvador”, pero también aplican a “operaciones internacionales vinculadas a ciudadanos salvadoreños”.

Las políticas obligan a estas instituciones a que nombren un Delegado de Protección de Datos Personales, que será el responsable de la supervisión interna.

Según la política, toda actuación sobre datos personales se regirá por la exactitud, corrección de inexactitudes sin demora, recopilación de datos lícita y transparente, la obtención explícita del titular para la recolección de sus datos, la recolección únicamente de datos necesarios y la transparencia con los titulares de los datos sobre el uso de sus datos, su almacenamiento y sus derechos sobre los mismos.

La política busca no permitir los «accesos no autorizados» a estos datos y a conservarlos solo mientras «sean necesarios y eliminarlos cuando no se requieran».

Entre las medidas concretas que plantea la política, destacan: implementar contraseñas seguras, autenticación en dos pasos, acceso restringido, cifrado de datos y restricción de acceso.

Así mismo, se establecen medidas de seguridad para la «transferencia de datos», como contratos de confidencialidad y «acuerdos legales con terceros que tratan los datos».

También obliga a realizar reportes a la ACE, Fiscalía General de la República y a titulares de los datos «en un máximo de 72 horas».

Las políticas fueron emitidas el 2 de septiembre.

La Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), adscrita al Ministerio de Seguridad y Justicia, tiene un presupuesto programado de $12 millones para el año 2025, de los cuales ha devengado hasta julio $302,632.28.

De los $12 millones, $1.6 millones están destinados a remuneraciones, $580,000 a bienes y servicios, $9 millones a inversiones en activos fijos y $17,000 para «gastos financieros».

Al analizar las transferencias hacia la ACE, según el Portal de Transparencia Fiscal, el mayor monto está programado para agosto, con un total de $9,799,891.47.

La programación del presupuesto inició con $64,748 en mayo, $319,467.86 en junio y $321,942.67 en julio. También, se han programado $310,050 mensuales en septiembre, octubre y noviembre; y $563,800 en diciembre.

El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, solicitó el miércoles a la Asamblea Legislativa un refuerzo de $10 millones que serán incorporados al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia para la línea de trabajo “Reclusión y Rehabilitación” de la “Administración del sistema penitenciario”.

Según el considerando segundo del decreto, la Dirección General de Centros Penales requiere fondos para financiar “obligaciones” del servicio de alimentación de privados de libertad.

“Actualmente la Dirección de Centros Penales del Viceministerio de Seguridad Pública y Justicia requiere recursos para financiar obligaciones ineludibles e impostergables del servicio de alimentación de privados de libertad de sistema penitenciario hasta por el monto de los $10,000,000”, indicó la solicitud enviada por el ministro.

Los fondos provienen de “asignaciones disponibles dentro del presupuesto vigente” de Hacienda que, según la solicitud, “no se va a utilizar en lo que resta de presente ejercicio fiscal” y pueden reasignarse.

La solicitud será estudiada por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que ha programado reunirse el martes 16 de septiembre a las 10:00 de la mañana.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, devolvió a la Asamblea Legislativa con observaciones la Ley de Estabilidad Financiera y Garantía de Depósitos, las cuales fueron aprobadas con dispensa de trámites con los votos de 57 diputados de Nuevas Ideas y sus aliados.

Según el documento publicado, las observaciones fueron recibidas por la Asamblea Legislativa el 4 de diciembre de 2024. Estas fueron aprobadas este 10 de septiembre, a las 7:53 p.m., con 57 votos. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), solicitó que se sometiera a votación que las observaciones pasaran a ser discutidas en la comisión respectiva.

«No puede ser que una lectura rápida de 40 observaciones, no haya tiempo para ser observaciones serias, responsables, en el seno de una comisión legislativa», afirmó. La petición de Lira solo fue respaldada por tres diputados.

La Ley de Estabilidad Financiera y Garantía de Depósitos fue aprobada el viernes 22 de noviembre de 2024, en una sesión plenaria que inició un día antes. Desde entonces, la normativa no había sido publicada en el Diario Oficial ni tampoco habían sido publicadas sus observaciones presidenciales.

Esta normativa de estabilidad financiera planteaba regulaciones sobre recuperación para bancos, sociedades de ahorro y crédito, y bancos cooperativos; la normativa iba a ser aplicable a cooperativas de ahorro y crédito gradualmente en un plazo de 18 meses y facultaba al Banco Central de Reserva (BCR) a que otorgara créditos de liquidez para prevenir crisis en instituciones del sistema financiero, facultaba al superintendente a que iniciara procesos de recuperación bajo causales que iban a ser aplicables a cooperativas «en el proceso de adaptación gradual».

Se suprime referencia a cooperativas

Con las observaciones presidenciales, que ya fueron aprobadas anoche, se elimina de la Ley de Estabilidad Financiera toda referencia a bancos cooperativos o cooperativas de ahorro y crédito, así como el proyecto de Ley de Bancos Cooperativos, que también había sido aprobada en noviembre de 2024 y no ha completado su proceso de aprobación.

Al comparar con el dictamen aprobado en aquella sesión plenaria que inició el 21 de noviembre de 2024, las observaciones suprimen del artículo 2 la disposición que permitía aplicar “a las asociaciones cooperativas o sociedades cooperativas de ahorro y crédito que se encuentre en proceso de adecuación gradual de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Bancos Cooperativos”.

La observación presidencial suprimió a los bancos cooperativos de las entidades a las cuales se aplicaría la normativa y se aclara que se exceptúan de la aplicación a los bancos que no sean miembros del Instituto de Garantía de Depósitos (IGD).

El artículo 11 originalmente autorizaba al Consejo Directivo del Banco Central de Reserva (BCR) a conceder financiamiento de liquidez a “bancos, bancos cooperativos, sociedades de ahorro y crédito”; con las observaciones se suprime “bancos cooperativos” y se agrega que esta facultad para otorgar créditos de liquidez la condición de que sea “con recursos de organismos financieros internacionales o regionales, bancos centrales u otros estados, sociedades de ahorro y crédito y otros bancos”.

Esta disposición regulada en el artículo 11, según su redacción, busca defender derechos de depositantes en caso de deterioro estructural de la liquidez de una o más instituciones, calamidad pública o con el fin de restablecer o prevenir la iliquidez.

Así mismo, se eliminó del artículo 35 la disposición que facultaba a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) a decretar la intervención de una cooperativa en proceso de adecuación gradual a petición de la Fiscalía.

El artículo 38 pasó de titularse “Facultad de la Superintendencia para suspender definitivamente las operaciones de una cooperativa” a “Facultad de la Superintendencia para suspender definitivamente las operaciones de otros bancos”.

Otras modificaciones son la eliminación de la cooperativa de ahorro y crédito de las definiciones en el artículo 3, la supresión del artículo 18 la referencia a bancos cooperativos y “las cooperativas que se encuentren en el proceso de adaptación gradual”, entre otras.

En algunas disposiciones la referencia a bancos cooperativos fue sustituida por «otros bancos», definidos como «aquellas entidades bancarias reguladas conforme a las leyes especiales vigentes».