Autor: Yolanda Magaña

Andrés Guzmán, comisionado de los derechos humanos y libertad de expresión de la presidencia de Nayib Bukele, aseguró este lunes durante el Examen Periódico Universal que realizaron los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que la seguridad es el avance más significativo en derechos humanos en El Salvador.

Luego de destacar que en El Salvador han disminuido los homicidios de 106.3 por cada 100,000 habitantes en 2015 a 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2024, una disminución del 98 % en menos de una década, Guzmán aseveró que ya saben que «falta mucho por hacer» pero que saben que van «por el camino correcto». Posteriormente, también dijo que los feminicidios disminuyeron de 274 en 2015 a 30 en 2024, una baja del 89.05 %.

«La transformación en materia de seguridad ciudadana representa el avance más significativo en derechos humanos en nuestra historia reciente. Hemos pasado de ser uno de los países más violentos a convertirnos en el más seguro del hemisferio, esta evolución marca un antes y un después». Andrés Guzmán, comisionado de derechos humanos ante miembros de la ONU.

El comisionado aseguró que la estrategia de seguridad de El Salvador «va más allá de las medidas punitivas y penitenciarias», con la rehabilitación de espacios públicos y comprometiéndose con un cambio «integral y sostenible». Mencionó que han instalado 11 Centros Urbanos de Bienestar (CUBO) y avanzan en la construcción de 11 más, y la creación de la Dirección de Integración con las ferias de integración.

«Gracias a la implementación del Plan Control Territorial El Salvador se ha convertido en un referente global de seguridad ciudadana, nuestros logros han sido reconocidos por la comunidad internacional. Cada vida salvada significa una familia que no pierde un ser querido», añadió.

La presentación de la delegación de El Salvador contrasta con las denuncias de organizaciones nacionales e internacionales por «graves violaciones de derechos humanos» durante el régimen de excepción aplicado desde el 22 de marzo de 2027 y que aún continúa.

Amnistía Internacional, que ha realizado cinco misiones a El Salvador, señaló, en diciembre de 2024, que hay un «patrón generalizado de abuso estatal que registra miles de detenciones arbitrarias, la adopción de una política de tortura en centros de detención y cientos de muertes bajo custodia estatal» y aseveró que en el país hay una «crisis de derechos humanos».

Hay 23 centros penitenciarios y 21,000 reos en plan «Cero Ocio»

El funcionario aseveró que en El Salvador «se prioriza el respeto a los derechos humanos», se capacita a derechos humanos a las fuerzas públicas del Estado y se «salvaguarda» las «garantías individuales».

Según el comisionado, en El Salvador «se cuenta con centros penitenciarios para mujeres, extranjeras, enfermedades y el CECOT (Centro de Confinamiento contra el Terrorismo) para miembros de pandillas». Dijo que en estos 23 centros penitenciarios «se asegura el acceso a los servicios básicos», «alimentación, agua, salud, recreación, programas y talleres».

Así mismo, reveló que hay 21,000 personas privadas en el plan «Cero Ocio» que trabajan en la fabricación de obras públicas, producción agrícola, muebles y calzado.

El funcionario mencionó también la pretensión del Gobierno de buscar un «milagro económico» y citó que se ha tenido $387.44 millones en inversión extranjera directa.

Recién nacidos

La directora del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, afirmó que se ha aprobado la Ley Nacer con Cariño y que más del 80 % de los recién nacidos reciben «apego seguro», un 94 % reciben lactancia materna en la primera hora de vida y más del 85 % el corte oportuno del cordón umbilical.

La representante de Conapina mencionó la instalación de más de 400 salas de lactancia materna, creación del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, 31 centros que brindan cuidado cariñoso y sensible, plan «Brazos abiertos» para familias retornadas con 3,360 beneficiarios en 2023. La representante de Conapina mencionó la entrega de computadoras portátiles, 4,608 actividades de derechos de la niñez y protección a la adolescencia de 2021 a 2024, y las becas presidenciales «Roque Dalton».

¿Derecho de defensa?

En la delegación, también participó el procurador general, René Escobar, quien afirmó que durante el régimen de excepción «la defensa técnica se le ha brindado de manera oportuna a todas las personas procesadas», pese a que las organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que no hay un cumplimiento del derecho de defensa en los procesos penales bajo el régimen de excepción.

Después de las intervenciones de la delegación de El Salvador, los representantes de los Estados miembros de la ONU realizaron observaciones y recomendaciones a El Salvador.

Estados Unidos, por ejemplo, dijo apreciar la colaboración positiva entre los gobiernos y las operaciones para luchar contra el crimen transnacional pero advirtió: «Nos preocupa que las personas detenidas no gocen de garantías de un juicio justo, recomendamos que permita las visitas y la comunicación entre sus detenidos y sus familias, políticas que garanticen un juicio justo y gozar de representación y asistencia letrada», indicó el delegado de Estados Unidos a El Salvador.

Los representantes de los diferentes Estados miembros de las Naciones Unidas recomendaron a El Salvador la derogación del régimen de excepción, la ratificación de instrumentos para las personas desaparecidas y las torturas, el respeto a la libertad de expresión y de prensa, y que se permita la visita de familiares a los detenidos en las cárceles, entre otras.

La situación de derechos humanos de El Salvador será revisada este lunes por miembros de Estados parte de las Naciones Unidas mediante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La sesión, que se desarrollará en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza, iniciará a las 2:30 p.m. a las 6:30 p.m. (7:30 a.m. a las 11:30 a.m., hora de El Salvador).

La lista de oradores incluye a los representantes de 77 países, que tendrán un tiempo máximo de un minuto y 35 segundos, que inicia con Iraq, Irlanda, Italia, Jamaica, Japón, incluye a México, Panamá, Paraguay, Perú, República de Corea, Rusia, Arabia Saudita, España, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Cuba, Venezuela, entre otros.

La situación de derechos humanos de otros 14 países también será evaluada en una jornada que finaliza el 31 de enero. Entre los países a evaluar están Bolivia, Egipto, Irán, Iraq, Italia.

El análisis a El Salvador será realizado con base en el informe entregado por el Estado salvadoreño, los informes de grupos independientes de derechos humanos y el informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

El grupo de trabajo del EPU realizará recomendaciones entre las 15:30 y 18:00 (8:30 a.m. y 11:00 a.m. de El Salvador) del viernes 24 de enero; y el Estado podrá expresar su posición. El Salvador ya fue examinado en noviembre de 2019, octubre de 2014 y febrero de 2020.

El Salvador ya ha recibido diversas recomendaciones emitidas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), sus comités, relatores especiales, el equipo de las Naciones Unidas en el país y los titulares de mandatos de procedimientos especiales.

Un informe de la ANUDH recopiló, el 11 de noviembre de 2024, las recomendaciones que ha recibido El Salvador, para la sesión que realizará este lunes el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos. Algunas de las recomendaciones son las siguientes.

¿Cuáles han sido las recomendaciones que ha recibido El Salvador antes de la sesión del EPU por los comités y equipos de las Naciones Unidas?

• Prevención de tortura: El equipo de Naciones Unidas en el país recomendó crear un mecanismo nacional de prevención de la tortura independiente.
• Convenciones: Ratificar la “Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas” y el “Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
• Levantar el régimen de excepción y respetar derechos: Levantar el estado de emergencia por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y garantizar un régimen de excepción respetando los estándares internacionales de derechos humanos, recomendaciones de dos comités.
• Investigar torturas: Incorporar la tortura como delito independiente y prevenir las detenciones arbitrarias sin órdenes de detención, investigar las denuncias de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y enjuiciar a sus presuntos actores, así como reparar a las víctimas.
• Inspecciones en cárceles: El equipo en el país recomendó inspecciones independientes a las cárceles, eliminar el hacinamiento, garantizar los derechos de los detenidos.
• Ley de justicia transicional y una ley de reparación de víctimas de graves violaciones a derechos humanos.
• No discriminación: El equipo en el país recomendó adoptar e implementar una normativa para garantizar la no discriminación de la población LGBTIQ+ y sus derechos de forma integral.
• Economía informal: asegurar que los trabajadores en la economía informal se beneficien de estándares básicos laborales y de protección social, que se realice la transición de la economía informal a formal.
• Seguridad social: Desarrollar un sistema de seguridad social para garantizar la cobertura universal.

También, titulares de mandatos de procedimientos especiales señalan el uso excesivo de la prevención preventiva, juicios a ausentes y jueces sin rostros, así como violaciones masivas del derecho a un juicio justo; y señalan denuncias del cierre de espacios de diálogo y riesgos para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, particularmente las mujeres.

Las deportaciones masivas y los efectos inflacionarios de una política proteccionista a la economía estadounidense parecen las consecuencias más claras que podría sentir El Salvador en los primeros días de un segundo gobierno de Donald Trump según un grupo de analistas consultados por Diario El Mundo.

Lo único seguro que Napoleón Campos, experto en política internacional, ve en un gobierno de Trump es el impacto severo a grupos migratorios por la promesa de campaña de deportaciones masivas.

“El impacto se verá en el intento del nuevo gobierno en cancelar la extensión del TPS decidido en los últimos días por el gobierno saliente y nuevamente el contingente Soñadores y paremos de contar, pues, el gran impacto será sobre la gran mayoría de salvadoreños sin papeles, con orden de deportación”, expresa Campos.

Sin embargo, el economista Carlos Acevedo advierte que “en Estados Unidos hay pesos y contrapesos” que podrían frenarlo en algún momento. “La implementación práctica puede tener dificultades. Cuando empiecen las redadas creo que eso va a despertar a la opinión pública”, indica.

El economista Rafael Lemus advierte que la política migratoria se inclinará a proteger los empleos más calificados o la situación de seguridad.

¿Roces por la relación con China?

Para el economista Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva salvadoreño, en América Latina sí habrá una competencia entre Estados Unidos y China, y “sí puede generar conflictos para El Salvador”.

Aunque desconoce cómo El Salvador manejará su alianza con China en conjunto con su relación con Estados Unidos, prevé que “no va a querer pelearse ni hacer locuras que desaten la ira de Trump”.

Tampoco cree que El Salvador se haya “volteado hacia China como los países comunistas”, y percibe una “política exterior que responde a un mundo multipolar” manteniendo a la vez fuertes lazos con Estados Unidos y relativamente buenas relaciones con China”.

“Trump y su equipo son antichinos, anticomunistas radicales, el Departamento de Estado se va a llenar de ese tipo de gente, no entienden que el mundo es multipolar, entonces, eso sí puede generar conflictos para El Salvador”.

“Supongamos que Trump les dice nada de China. Ahí vamos a tener problemas. ¿Aceptará El Salvador que Trump o la política exterior de EEUU le diga nada con China?, no sé, realmente”.
Carlos Acevedo, economista.

Por su parte, Rafael Lemus no cree que Estados Unidos se oponga a las inversiones chinas en países como El Salvador pero sí cree que le preocuparía la influencia china en áreas que afecten la seguridad, como las tecnologías o manejo de puertos. Por ahora, no ve compromisos fuertes del gobierno de El Salvador hacia China más allá de las donaciones chinas como la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes) y el Estadio Nacional El Salvador, aún no construido.

“Acá no lo veo tan fuerte, no hay algo que por el momento esté revelado, exceptuando el Golfo de Fonseca, que ahí sí hay inversiones chinas y hay un temor de que eso se convierta en plataformas de infraestructura portuaria de exclusividad china”.

“Pero eso en El Salvador no existe, entonces, no veo ese riesgo. Donde sí se puede preocupar es que estén haciendo inversiones en el Golfo de Fonseca o tener la exclusividad del Puerto”. Rafael Lemus, economista.

La cercanía con China de El Salvador podría ser, según el especialista Napoleón Campos, un “freno mayúsculo” para cualquier amistad entre Estados Unidos y El Salvador en la segunda era Trump.

Para Campos, los “compromisos de Bukele con el Partido Comunista chino están a la vista de todos”. Dijo conocer que la Ley de energía nuclear y la Ley de la minería metálica en El Salvador “tienen al Partido Comunista de China como destinatario principal” específicamente a filiales empresariales que operan en Nicaragua. Incluso, le parece que el intento de Bukele por “aparecer apoyando a la oposición venezolana” pueda deberse a los posibles “compromisos” de China con Nicolás Maduro para sostenerlo en el poder de Venezuela.

“No en balde, en julio pasado, le dijo a Bukele ‘fascista y corrupto, nosotros no queremos relacionarnos con un delincuente como tú, que solo buscó a Venezuela para intentar enriquecerse con nuestro petróleo” (citando las palabras de Yván Gil, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela). Napoleón Campos, experto en política internacional.

Proteccionismo económico: “boomerang”

La política económica proteccionista mostrada por Trump podría tener efectos negativos no solo en El Salvador sino en el mundo según los analistas consultados.

Para Carlos Acevedo, esta política desatará un escenario global de menor comercio y menos crecimiento económico, y de mayores tensiones que afectarían a todos los países, incluso a Estados Unidos, un efecto “boomerang”.

“La política comercial proteccionista relacionada con el MAGA (Make America Great Again) ha sido una constante, la vez pasada subió aranceles”, advierte.

El economista explica que el mejor ejemplo ocurrió con Iphone: “Le pone aranceles a los productos chinos, la mayor parte se producía en China pero el mayor mercado era EE.UU., entonces, ¿a quién le metió la estaca?, a los consumidores norteamericanos”.

Según Rafael Lemus, en este escenario países como El Salvador estaría importando “un poco de inflación” al importar de Estados Unidos esos productos con nuevos aranceles. Además, cree que también los anunciados incentivos a las inversiones en EE.UU. le restará atractivos de inversión a otros países.

¿Una relación amistosa, transaccional o unilateral?

No creen que la amistad de Nayib Bukele con un grupo cercano a Trump pueda hacer una diferencia importante para El Salvador. “¿Hasta qué punto podría gente como Marco Rubio abogar por El Salvador? No creo que la ‘amistad’ con El Salvador llegue a ese punto”, dice Acevedo.

Para Campos, con Estados Unidos no habrá una política “transaccional” sino solo “amenazas unilaterales” y “expansionistas”, algo que considera transgrede el respeto a las integridades territoriales de los Estados que exige la Carta de las Naciones Unidas.

“En pocas palabras, desde la Administración Trump para países fuera de su principal foco de atención no habrá ‘monedas de cambio”. Una expectativa de entendimiento no parece tener asidero real, salvo que en un capricho y arrebato el propio Trump así lo establezca.
Napoleón Campos, especialista en política internacional.

Desde El Salvador, Campos ve dos grupos: unos que demandan combatir la corrupción relacionada por ejemplo al boicot contra la extradición de cabecillas de la MS-13 solicitados por jueces federales de EE.UU. y fondos estatales que deberían dirigirse a la población; y otro que “confía que tendrán en Trump un aliado”.

“No hay doctrina, no hay ideología, sino improvisación, instinto, capricho, es decir, una política exterior personalista a la medida del nuevo jefe de Estado aún más marcada que la ejercida en su primera administración”, dice. Ambos utilizan como ejemplo la referencia de Trump sobre Bukele cuando aseveró que le envía criminales de la MS-13 a Estados Unidos.

Para Campos, la relación con Estados Unidos para un país como El Salvador será “en gran parte” un juego de «ruleta» de casino, algo que también lo cree Carlos Acevedo. Sin embargo, Rafael Lemus no lo cree, ya que percibe una agenda básica clara en términos económicos y migratorios.

“Donde sí puede haber eso (ruleta) es la conducta que él tiene que de repente le deja ir batazos a alguien pero ese es un manejo mediático que él acostumbra para tener popularidad, para ser estridente. En la conducción hay ejes bien básicos, un poco más de libertad, reducir la parte regulatoria, proteger actividades, un enfoque bien particular, de empujar un capitalismo un poco híbrido, con ideas del siglo pasado, cortando lo que se avanzó de globalización y volviendo a un esquema más de regionalismo.

Durante el año 2024, El Salvador mantuvo el décimo cuarto lugar de un listado de 21 países en cantidad de migrantes atrapados por su estatus migratorio irregular, con un total de 45,362 aprehensiones de enero a diciembre.

La lista es liderada por los mexicanos con una amplia ventaja sobre el resto de migrantes, seguida de los venezolanos, cubanos, haitianos y guatemaltecos.

En este ranking 2024, suben un peldaño Cuba y Haití, mientras bajan dos peldaños Guatemala y Honduras. México y Venezuela se mantienen en primer y segundo lugares.

México sumó 562,223 aprehensiones de migrantes en el año, seguido de Venezuela con 217,789, Cuba con 180,042; Haití, con 168,836; y Guatemala, con 146,468. Los siguientes cinco lugares son ocupados por Honduras (106,369), Colombia (103,629), Ecuador (89,731), India (85,149) y Ucrania (70,784). Le siguen China, con 68,168; Nicaragua, con 61,486; Filipinas, con 45,877; y luego El Salvador.

Sin embargo, El Salvador sigue ocupando el séptimo lugar en una lista de los países con mayor tasa de migración irregular atrapada por cada 100,000 habitantes de cada país.

Las cinco nacionalidades con mayor tasa de migración irregular atrapada respecto al tamaño de su población son Cuba, que tuvo 1,791 migrantes atrapados por cada 100,000 de sus habitantes; Haití, con una tasa de 1,422 por cada 100,00 de sus habitantes; Honduras, con 1,077; Nicaragua, con 860; y Guatemala, con 820 por cada 100,000 habitantes. Le siguen, en ese orden, Venezuela, El Salvador, Ecuador, México y Colombia, con tasas entre los 722 hasta los 195 migrantes por cada 100,000 habitantes.

En general, la migración atrapada por la Oficina de Aduanas y de Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos durante el año 2024 disminuyó de tres millones a dos millones de migrantes de más de 20 nacionalidades.

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El Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (Fosep) aprobó un préstamo de $4.6 millones al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para el pago de un estudio de la construcción de fases del Tren del Pacífico que pasarían por el Sitio del Niño, San Juan Opico (La Libertad), San Salvador y La Unión, «Línea Oriente», y que lo integraría al corredor seco con Honduras.

El diagnóstico que realizará la empresa se denomina «Corredor ferroviario Sitio del Niño-San Salvador-La Unión, Tren del Pacífico, Línea Oriente, y su integración con el corredor logístico Pacífico Centroamericano y corredor seco Honduras-El Salvador».

El 16 de diciembre de 2024, el ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, aprobó la resolución del Consejo Directivo del Fosep, una corporación que concede financiamiento a sectores público y privado para costear estudios de preinversión, mediante la cual asignó al MOPT un total de $4,617,946 para la contratación de la empresa Deloitte Consulting, S.A. de C.V. en la formulación de dicho estudio.

La resolución 1-CDF-47/2024 fue emitida por el Fosep el 5 de diciembre de 2024.

El préstamo tendría una tasa de 5.5 % anual y una comisión del 3 % anual sobre saldos de cuotas vencidas, a un plazo de nueve años con dos años de gracia. Los desembolsos se realizarán en un máximo de 30 meses con una prórroga automática de seis meses, según el acuerdo ejecutivo 2695 del Ministerio de Hacienda publicado por el Diario Oficial el 3 de enero de 2025.

En noviembre de 2024, el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, dijo que una misión coreana les entregó el estudio de factibilidad del Tren del Pacífico.

El primer tramo entre el Puerto de Acajutla y el Sitio del Niño, San Juan Opico, La Libertad Centro, tendrá una longitud de 63.15 kilómetros y hará un “aprovechamiento parcial del corredor existente”. Esta primera fase tendría siete estaciones de abordaje, tendría 12 puentes por cruces de ríos y 17 intersecciones de la línea férrea con la red vial, donde se requerirían pasos controlados u obras de paso, según la empresa planeadora y coordinadora del proyecto, la argentina AC&A.

En julio de 2023, el MOPT contrató a Deloitte Consulting para ejecutar la consultoría en el proyecto 8466 “Plan director para la integración del Tren del Pacífico con el Triángulo Norte y Norteamérica, y evaluación de alternativas de corredores ferroviarios priorizados en El Salvador”, por $1.9 millones, el 3 de julio. La empresa definió este plan como una “hoja de ruta” para la implementación del proyecto Tren del Pacífico, según un informe dado por la empresa el 4 de enero de 2024 al Fosep, en donde se propuso un centro logístico regional con conexiones en países vecinos.

El tren fue una promesa de campaña cuando Nayib Bukele fue candidato presidencial el 13 de enero de 2019, en la presentación del Plan Cuscatlán. Ahí prometió la reactivación del tren para llevar personas de Ahuachapán a La Unión «en una hora y media» y que conectaría también con Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

«El tren de la costa, vamos al futuro. ¿Se suben? Ese sería el tren. ¿Qué hace el tren? Conecta el Puerto de Cutuco con el de Acajutla, el Puerto de Cutuco con el Aeropuerto de La Unión, el Puerto de Cutuco con el Aeropuerto de Comalapa. Lleva personas de Ahuachapán a La Unión en una hora y media, lleva productos frescos que desembarquen en un puerto y los lleva a San Salvador en horas». Nayib Bukele, presidente, 13 de enero de 2019.

Nueve de cada diez salvadoreños se siente seguros en el lugar o colonia donde viven pensando en la posibilidad de ser víctimas de un asalto u otro hecho delictivo.

Un 18.4 % de los salvadoreños se sienten «muy seguros» y un 71.8 % dijeron sentirse simplemente «seguros», la mayoría lo atribuyó a una baja de la delincuencia, la ausencia de pandilleros y a la presencia policial.

Sin embargo, uno de cada diez salvadoreños se siente «muy inseguro» o «inseguro», un 9.8 % de la población, la mayoría de este grupo lo atribuyó a la presencia de delincuentes o pandilleros en su colonia o a la ausencia de patrullajes policiales.

Dos de cada 100 salvadoreños (1.7 %) cree que la delincuencia e inseguridad son el principal problema del país.

Los datos fueron obtenidos a través de la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca).

83 % dice bajó delincuencia en 2024

La seguridad sigue siendo el área mejor evaluada del país por los salvadoreños. Del 68.8 % de la población que ven un mejor país, un 67.7 % aseguran que fue «porque mejoró la seguridad». La inseguridad y la delincuencia es una razón del deseo de migración solo para el 0.6 % de la población.

Sin embargo, un 14.1 % asegura que «el respeto por los derechos humanos a empeorado», aunque un 40.6 % indica que ha mejorado.

Sin embargo, hubo una reducción de 8 puntos porcentuales en el grupo de personas que consideran que la delincuencia ha disminuido respecto a 2023, de un 91 % a 83 %. Así mismo, un 74.2 % de la población cree que la inseguridad disminuyó durante el año 2024.

Un 5 % de la población declaró haber sido víctima de un delito durante 2024, un porcentaje que no se redujo en comparación con el año anterior. Levemente disminuyó del 16.1 % al 14.8 % la proporción de personas que vieron a un policía maltratar a una persona.

También bajó la cantidad de población que cree que la justicia ha mejorado del 64.5 % al 34.8 %.

En una evaluación de 17 distintas instituciones estatales y no estatales, la encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) encontró que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se sumó a los partidos políticos y alcaldías en el listado de las entidades reprobadas, con una nota menor a 6, en una escala del 0 al 10.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, mantuvo su primer lugar en la nota promedio que le otorgaron los salvadoreños, aunque bajó levemente de 8.54 a 8.13 de 2023 a 2024. La nota otorgada al mandatario es más baja que la que obtuvo en 2022 pero más alta que la de 2021, de 7.54.

De las 17 entidades evaluadas, únicamente suben su nota promedio las alcaldías y la Policía Nacional Civil (PNC); las 15 entidades restantes bajan en las notas promedios puestas por la población.

La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) subió a segundo lugar del ranking de notas, aunque su calificación bajó de 8.02 a 7.93.

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Los partidos políticos, la institución peor calificada por la población, han subido de un promedio de 3.65 en 2019 a 5.47 en 2022 pero en 2024 volvieron a bajar su nota a 4.91.

Sin embargo, en 2019 más del 70 % de la población percibía mucha corrupción en los partidos políticos; ese porcentaje disminuye al 42.7 % en 2024. Solo 4.1 % de la población cree que hay «ninguna corrupción» en los partidos; ya que el 27.2 % dice que hay «alguna» y el 18.7 % indica que hay «poca» corrupción.

Un 57.5 % les tiene poca, alguna o mucha confianza; pero el 38.9 % no tiene confianza alguna en los partidos.

Por otra parte, la población percibe algún nivel de corrupción –poca, alguna o mucha– en todas las instituciones. Las mayores proporciones de población que perciben «mucha» corrupción son: 42.7 % hacia los partidos políticos, 28 % hacia la Asamblea Legislativa, 24.2 % hacia el sistema penitenciario y 23.9 % hacia la alcaldía.

El 25.4 % de la población salvadoreña aseguró en diciembre que desearía migrar o irse a vivir a otro país por diferentes razones, de acuerdo con un estudio de opinión pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca).

Esta proporción se ha mantenido durante los últimos años y solo disminuyó sensiblemente, al 21.4 % en 2022, año en el cual inició la vigencia del régimen de excepción, desde el 27 de marzo.

La proporción de población deseosa de migrar se mantiene desde 2019 en aproximadamente un cuarto de la población: 27.4 % en 2019, 27.8 % en 2020, 26.9 % en 2021, 21.4 % en 2022, 24.8 % en 2023 y 25.4 % en 2024.

Pese a que las detenciones de salvadoreños reportadas por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos disminuyeron en el año 2024, casi la mitad de la población (46.1 %) sostiene que la migración al extranjero sí ha aumentado y solo 14.7 % cree que ha disminuido.

El estudio, publicado este jueves, indaga las razones por las cuales la cuarta parte de los salvadoreños quiere irse del país: siete de cada diez (73.6 % de este grupo) respondieron que quieren mejorar su economía familiar y sus ingresos; un 15.6 % mencionan que quieren encontrar empleo o un mejor trabajo y solo un 4.1 % busca reunirse con su familia. Un 2.5 % dice que quiere migrar por la situación política del país.

Durante el año 2024, un 5.2 % de la población entrevistada respondió que algún adulto o persona menor de edad que vivía en la casa ‘encuestada’ «tuvo que migrar o irse a vivir a otro país». En un 33.3 % de los casos de migración revelados por la población, según el estudio, migraron dos personas o más de esa misma vivienda. En 1.5 % de los casos dijeron que habían migrado cinco personas.

Si se extrapola a la cantidad de hogares salvadoreños, esto implicaría una migración de al menos 99,874 personas salvadoreñas durante 2024; según la encuesta un 66.7 % de sus familiares se fueron como migrantes indocumentados y un 27.3 % lo hicieron de forma regular o legal.

Según la Patrulla Fronteriza durante 2024 se realizaron 45,362 detenciones de migrantes salvadoreños en todo Estados Unidos, 42,047 en la frontera sur de los Estados Unidos.

Las razones de la migración reportada por las familias en esta encuesta son las mismas que reportan los salvadoreños que dicen querer migrar: un 59.1 % dijo que para mejorar su economía familiar o mejorar sus ingresos, el 22.7 % por desempleo o para encontrar un mejor trabajo, el 9.1 % por la inseguridad, un 6.1 % porque su familia migró y un 3 % porque obtuvo autorización o residencia.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, es calificado con un promedio de 8.13 en una escala del 0 al 10, según la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca) realizada del 5 al 17 de diciembre de 2024 y presentada este jueves.

La nota más frecuente otorgada al mandatario es 9.

La nota es menor al promedio de 8.46 obtenido en la encuesta de evaluación al quinto año de gobierno, realizada del 20 de mayo al 4 de junio de 2024. En la encuesta realizada del 16 al 24 de marzo de 2024, el presidente logró un promedio de nota de 8.68.

El estudio también encontró que un 56.1 % de los entrevistados expresó tener mucha confianza en el presidente, un 20.7 % dijo que tiene «alguna» confianza, un 14.6 % le tiene «poca» confianza y un 8.5 % de la población le tiene «ninguna» confianza.

En la investigación, los entrevistadores preguntaron a la población cuánta corrupción cree que hay en el presidente de la República y en las distintas instituciones estatales analizadas.

Un 10 % respondió que «mucha», un 15.4 % que «alguna», un 23.3 % dijo que «poca» y 41.8 % contestó que ninguna. Un 9.6 % no respondió o respondió que no sabía.

El presidente tiene la mejor notas de las instituciones evaluadas por la encuesta, con el promedio de 8.13, en una escala del 0 al 10, seguido de la Fuerza Armada, con 7.93, la Policía Nacional Civil (PNC), con 7.85, el Gobierno Central, con 7.7, las iglesias evangélicas, con 6.96, y el sistema penitenciario, con 6.85. En los peores puestos están los partidos políticos, con 4.91, alcaldías, con 5.27, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con 5.95, los tres que no superan la nota de 6.