La Ley Penitenciaria, en su artículo 105, prohíbe que la redención de la pena por trabajo se aplique a «los internos bajo régimen de internamiento especial» y a los «privados de libertad condenados por los delitos de homicidio agravado, secuestro, atentados contra la libertad individual agravados, extorsión simple o agravada, robo agravado, violación, violación en menor o incapaz» y delitos relacionados a las drogas, terrorismo y crimen organizado, entre otros.
La redención de la pena es la reducción del tiempo de la condena por el cumplimiento de un determinado trabajo si cumplen los requisitos de ley, para favorecer la reinserción.
Sin embargo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia recibió una demanda de inconstitucionalidad contra dichas prohibiciones por la supuesta violación al derecho constitucional de la resocialización, normada en el artículo 27 inciso tercero de la Constitución.
«El Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos», dicta dicha disposición del artículo 27 de la Constitución.
La Sala resolvió que no hay inconstitucionalidad en las disposiciones de la Ley Penitenciaria, pero en la misma sentencia aclaró que la prohibición no debe ser automática, sino analizada según criterios técnicos.
Según la Sala, dicha prohibición legal «debe ser analizada en relación con el deber de motivación de las decisiones judiciales» y deberá cumplirse conforme al considerando VIII de la sentencia.
En el considerando VIII, los magistrados de la Sala aseveraron que, si bien la Asamblea Legislativa puede regular los beneficios penitenciarios, en especial los relacionados a delitos graves o cometidos por el crimen organizado o pandillas, «no es aceptable la denegatoria automática o directa de un beneficio penitenciario únicamente en razón del delito», sino que «deben ser analizadas» las prohibiciones «en relación con el derecho a la resocialización», «de tal forma que los penados tengan la posibilidad de optar a recobrar su libertad si existe un pronóstico favorable de reinserción con base a criterios técnicos, objetivos e individualizados».
La sentencia, que ya fue notificada a la Asamblea Legislativa, establece que las prohibiciones absolutas de un beneficio penitenciario pueden admitir «una excepción al ser analizadas por sus aplicadores en forma sistemática con otras disposiciones y criterios jurisprudenciales». Agregó que se «admite una interpretación» para que dicha prohibición solo abarque «casos en los que el juez o la cámara de vigilancia penitenciaria» no advierta el cumplimiento del fin (objetivo) de la pena en el condenado.
En el caso de los detenidos en régimen especial, la Sala señaló que «se reserva a aquellas personas que tengan un alto índice de agresividad y peligrosidad» o hayan cometidos delitos especialmente gravosos, «debiendo estar en resguardo por el tiempo estrictamente necesario».
La sentencia fue emitida el 21 de mayo de 2025 y fue notificada a la Asamblea Legislativa el pasado 23 de mayo.
Los sujetos obligados de la nueva Ley de Agentes Extranjeros tienen un plazo máximo de 90 días a partir de la vigencia de la normativa para inscribirse en el nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), que deberá conformarse dentro del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.
Los sujetos obligados de la normativa, que inicia su vigencia este sábado, ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, el 30 de mayo, deben registrarse mediante «una declaración de registro bajo juramento» para el Registro y para la Fiscalía General de la República.
El incumplimiento de la obligación «autoriza al Registro a realizar las acciones legales» para impedir las actividades del sujeto obligado «de manera temporal o definitiva».
Los sujetos obligados serán: «Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que dentro del territorio de El Salvador realicen actividades que respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente por un mandante extranjero».
Los sujetos obligados también son los mandantes extranjeros, según el artículo 3, que son los representantes de un gobierno de un país extranjero, miembros, representantes o correligionarios de un partido extranjero, organismo, corporación o cualquier persona jurídica extranjera, organizada, constituida bajo las leyes de otro país, o que tengan su sede principal de negocios en un país extranjero.
Estos sujetos obligados podrán solicitar su exclusión «de las obligaciones» de la ley, pero «previa calificación del RAEX» por periodos «anuales renovables automáticamente» o por «cada proyecto».
La inscripción en el RAEX será obligatoria, según el artículo 6. El RAEX podrá requerir información o cualquier información que considere necesaria sobre los sujetos obligados para mantener actualizado el RAEX o verificar el cumplimiento de la ley, así como «supervisar, fiscalizar y llevar un control de las actividades de los agentes extranjeros, de acuerdo al giro, actividad, tamaño y demás características», como les puede requerir «los informes necesarios cuando lo estime pertinente».
El RAEX elaborará un informe semestral «de las actividades registradas» y remitir «a la unidad de la Fiscalía General de la República que corresponda» según la Ley contra el lavado de dinero y de activos.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, manifestó el domingo 1 de junio su deseo de que la injerencia extranjera se prohíba en todos los países del mundo pero, cuando defendió la Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador, aseguró que la permitirá.
«Yo, como persona, creo que es un error que permitamos la injerencia extranjera, creo que no deberíamos hacerlo. Es más, creo que la injerencia extranjera debería estar prohibida en todos los países del mundo. Pero aún así la vamos a permitir. Lo único que vamos a exigirles es que paguen lo que pagan todos», dijo, al explicar la Ley de Agentes Extranjeros que inicia su vigencia este sábado 7 de junio en El Salvador.
La normativa establece un plazo de 90 días, que se vencerían en septiembre, para que las personas o entidades que realicen actividades en El Salvador encargadas o financiadas por una persona o entidad extranjera se inscriban en un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) que podrá fiscalizarlos y supervisarlos. La ley permite la exención de obligaciones como del pago de impuestos después de ser verificados por el RAEX.
El 1 de junio, Bukele insistió en que la Ley de Agentes Extranjeros no prohibirá las actividades ni que se metan en política ni que tengan injerencia en El Salvador.
«Insisto, no estamos prohibiéndoles que lo hagan, no estamos prohibiéndoles que se metan en política, no estamos prohibiéndoles que traigan sus agendas, no estamos prohibiéndoles que tengan injerencia en nuestro país, simplemente estamos pidiendo que se anoten y que paguen impuestos como cualquier empresa de cualquier cosa», señaló.
Según el mandatario salvadoreño, «la mayoría de países desarrollados prohíbe la injerencia extranjera».
«Nosotros permitimos injerencia extranjera, solo les pedimos que paguen impuestos, igual que todos», indicó.
La nueva Ley de Agentes Extranjeros prohíbe en su artículo 9 literal «b» a los sujetos obligados «realizar actividades para fines políticos u otros, con el objetivo de: alterar el orden público, que pongan en riesgo o amenacen la seguridad nacional o la estabilidad social y política del país».
También prohíbe «transmitir» en El Salvador o «hacer que se transmitan en El Salvador» materiales informativos para interés de un «mandante extranjero» «sin colocar en dichos materiales informativos la etiqueta que indique que el mismo se transmite en nombre de un mandante extranjero o es financiado por este último».
En una carta dirigida a Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, los congresistas estadounidenses que forman parte del Caucus de El Salvador en el Congreso, aseveran que los 253 venezolanos presos en el CECOT reciben una alimentación similar a la de un restaurante de los Estados Unidos.
Al enviar la misiva, los congresistas alentaron al Departamento de Estado de EEUU a «apoyar en compromiso constructivo» con la administración del presidente Bukele, «particularmente en áreas de cooperación en seguridad, inversión y desarrollo humano», ya que estas políticas ayudan a «promover la estabilidad regional» y desalentar la migración ilegal a la frontera sur de los Estados Unidos.
En la misiva, la congresista Anna Paulina Luna, y los congresistas Vicente González y Andy Ogles, dan un breve informe de su visita a El Salvador y su reunión de dos horas con el presidente Nayib Bukele, actividades realizadas del 8 al 10 de mayo de 2025.
«Nuestra visita culminó en un tour en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), diseñada para recluir a los más violentos criminales y pandilleros», relataron. «Observamos los procedimientos de admisión, clínicas médicas y dentales, áreas de consulta legal y alojamiento para dos poblaciones de reclusos separadas: miembros del grupo criminal Tren de Aragua (TdA) y miembros de las pandillas de la MS-13 y Barrio 18», detallaron.
Luego, los congresistas describieron que vieron buenas condiciones de los venezolanos recluidos en esa prisión salvadoreña, así:
«El sector alberga a 253 reclusos en celdas con capacidad insuficiente, cada uno con acceso a kits de higiene, uniformes y comidas diarias. El día de nuestra visita, se les sirvió comida de calidad comparable a la de un restaurante estadounidense. Estas condiciones demuestran un régimen de encarcelamiento diferenciado, reflejo de la condición de los miembros de TdA como extranjeros deportados a El Salvador», dijeron los congresistas al secretario Rubio.
Según el Caucus, los pandilleros salvadoreños «exhibieron un comportamiento disciplinado y participaron en rutinas estructuradas, que incluían exámenes médicos y ejercicio».
«En ningún momento se restringió la libertad de expresión de los reclusos durante nuestra visita, y no observamos indicios de abuso ni hacinamiento», dijeron, los miembros del Caucus de El Salvador, aunque no detallaron qué expresaron los reclusos. Opinaron que las audiencias virtuales garantizan el debido proceso y que «la administración del centro parece estar bien organizada, segura y transparente».
Estados Unidos deportó ha deportado más de 250 venezolanos señalados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua. Un reporte del Cato Institute informó que 50 de los venezolanos entraron legalmente a los Estados Unidos de la recopilación de 174 casos que hicieron y revisión de documentos gubernamentales de entrada, testimonio y declaraciones del gobierno.
El CECOT, una megacárcel de máxima seguridad construida en 2023 en el distrito de Tecoluca, municipio de San Vicente Sur, departamento de San Vicente, tiene capacidad de recluir a 40,000 personas. Estados Unidos y El Salvador acordaron usarla para recluir a supuestos criminales deportados por la administración Trump.
El viernes, uno de los salvadoreños deportados el 16 de marzo de 2025 y recluidos inicialmente en el CECOT fue devuelto a los Estados Unidos, luego de ser requerido por un tribunal a raíz de una acusación interpuesta en mayo por los delitos de tráfico de migrantes o extranjeros y conspiración para tráfico de personas. La fiscal de Estados Unidos ha dicho que, luego de que enfrente los cargos en Estados Unidos, será retornado a El Salvador.
El congresista Chris Van Hollen, quien pidió la liberación del salvadoreño, celebró su retorno, ya que la Corte Suprema había ordenado al gobierno de Estados Unidos facilitar su retorno, tras advertir que fue deportado por error, ya que un tribunal de Baltimore había suspendido su deportación. Congresistas demócratas reclaman violación a la Constitución estadounidense y al debido proceso penal, porque fue encarcelado por El Salvador, a través de un acuerdo financiero con Estados Unidos, sin haber sido puesto ante un juez.
El gobierno salvadoreño pidió a la Asamblea Legislativa la ratificación del «Acuerdo sobre la cooperación en la industria de la defensa» entre los gobiernos de El Salvador y Turquía para intercambiar de productos y servicios de defensa.
El acuerdo, cuyas entidades competentes son el Ministerio de la Defensa Nacional de El Salvador y la Secretaría de Industrias de Defensa de la Presidencia de Turquía, fue suscrito el 3 de marzo por El Salvador y el 16 de abril de 2025 por Turquía, entrará en vigor 30 días después de la última notificación diplomática del cumplimiento de requisitos legales.
Entre los beneficios que se esperan, indicó la canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, están el fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de la Fuerza Armada salvadoreña, el acceso a tecnología avanzada y la transferencia de conocimiento técnico-científico en defensa, el impulso a la «industria nacional» en manufactura y ensamblaje, formación y especialización y diversificación en cooperación de defensa.
El texto del acuerdo no fue enviado por la canciller Hill Tinoco, quien solamente dio un resumen de los “elementos clave” del acuerdo, así:
1. Intercambio de información y experiencia técnica en áreas relacionadas con productos y servicios de defensa.
2. Participación en proyectos conjuntos de desarrollo, diseño y producción de sistemas de defensa.
3. Transferencia de tecnología y conocimientos vinculados con la industria militar.
4. Visitas recíprocas de delegaciones técnicas, militares y empresariales.
5. Capacitación y formación del personal técnico y militar en instituciones designadas por ambas partes.
6. Adquisición, desarrollo, producción de cualquier tipo de productos y servicios de la industria de defensa que necesiten las organizaciones de seguridad de las partes.
Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, las relaciones con El Salvador cobraron impulso en los últimos años, mencionando la visita de la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, en agosto de 2019, luego de lo cual se inauguraron las embajadas de El Salvador en 2020 y la de Turquía en 2022.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, fue el primer presidente en hacer una visita presidencial Turquía, del 19 al 21 de enero de 2022, según la Cancillería turca. Fue durante esa visita que firmó seis acuerdos, uno de ellos de industria de la defensa, y otros sobre economía, educación y desarrollo.
En agosto de 2023, el sitio defensa.com publicó que la Fuerza Armada de El Salvador se estaba modernizando con sofisticados sistemas turcos, en un paquete en donde se requería un helicóptero T625 que había sido inspeccionado por el presidente durante su visita a la fábrica, camiones de 10 toneladas, vehículos todoterreno, un buque, 113 drones con tecnología de recolección de datos biométricos para el Ejército y la Policía, dispositivos de vigilancia, entre otros.
En febrero de 2023, El Salvador desplegó a un contingente de militares a Turquía luego de un devastador terremoto en Turquía y Siria.
La Asamblea Legislativa reformó ayer los artículos 100 y 101 del Código Municipal para eliminar las solvencias de impuestos, tasas o contribuciones municipales como requisito para la inscripción de una sociedad mercantil en el Registro de Comercio.
Sin embargo, el artículo 100 reformado aún mantendrá el requisito de presentar la solvencia municipal solo en la inscripción de una modificación, transformación, fusión y disolución de una sociedad.
Los diputados también reformaron el artículo 101 para establecer que las solvencias pueden ser emitidas por un medio electrónico y no solo en papel simple.
La reforma fue aprobada con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados; la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.
“Se ha identificado que la solvencia municipal es un paso bastante burocrático ya que la idea o la naturaleza de las SAS es que este registro sea en línea o presencial pero sumamente rápido o también en cuestión de horas, sin embargo, no todas las municipalidades tienen la facilidad de poder entregarlas en un tiempo límite y que le funcione a nuestros emprendedores”, indicó la diputada Dania Gonzalez de Nuevas Ideas.
Ella señaló que con la reforma eliminan «una de las principales barreras que enfrentan los emprendedores salvadoreños, la exigencia de la solvencia municipal para registrar una sociedad por acciones simplificadas”.
“No podemos permitir que esta burocracia local se interponga entre el ciudadano y su derecho a poder emprender de forma legal”.
Dania González (Nuevas Ideas).
Además, también en la sesión plenaria del jueves, los diputados también derogaron la exigencia de la solvencia municipal para la constitución de las sociedades en la Ley General Tributaria Municipal. Esta reforma no pasó a estudio de comisión de trabajo, sino que fue introducida a última hora en la misma sesión plenaria y aprobada con dispensa de trámites.
La Ley General Tributaria Municipal, en el inciso segundo del numeral 4 en el artículo 89, tenía una disposición que exigía la solvencia municipal: «Tampoco se inscribirán en el Registro de Comercio las escrituras de constitución, modificación y disolución de sociedades mercantiles, sin que se les presente a los Registradores de Comercio, constancia de solvencia de impuestos municipales de los socios de la sociedad, según el caso». Esa disposición fue también eliminada.
Una nueva Dirección de Mercados Nacionales, cuyo director y subdirector serán nombrados por el presidente de El Salvador, adjudicará y definirá las tarifas de arrendamiento para los puestos en los mercados o locales comerciales que hayan sido intervenidos o construidos por el Órgano Ejecutivo.
Los puestos no podrán ser subarrendados.
La «Ley de creación de la Dirección de mercados nacionales y locales comerciales ubicados en espacios públicos», aprobada el jueves por la Asamblea Legislativa, iniciará su vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
El cobro de las tarifas por arrendamientos de puestosde los llamados «mercados nacionales» –intervenidos por el Ejecutivo– será potestad exclusiva de la Dirección de Mercados Nacionales. La normativa prohíbe expresamente que la municipalidad cobre «tasas o contribuciones a los arrendatarios de puestos de venta o de locales comerciales» y aclara que será la Dirección la que se encargará de los mismos.
La adjudicación de puestos tendría dos prioridades: «los comerciantes que anteriormente ocuparon los puestos del mercado o los locales» y los «grupos en situación de vulnerabilidad del lugar donde se encuentre el mercado» según el artículo 31.
La ley no establece criterios para definir las tarifas, fueron eliminados criterios que habían sido incluidos en el proyecto original, como las dimensiones del puesto, la ubicación y el flujo de personas. También se eliminó el mecanismo de la subasta al mejor postor.
Con esta ley, las municipalidades deberán entregar en comodato –por 50 años renovables– a la nueva Dirección los mercados construidos o remodelados por el Ejecutivo y estas inversiones serán declaradas de «utilidad pública e interés social».
La Dirección de Mercados Nacionales, que presupuestariamente estará en la Presidencia de la República, podrá adquirir préstamos a mediano y largo plazo, internos y externos.
Esta nueva entidad deberá velar por el orden de los mercados, podrá sancionar a los arrendatarios e incluso notificar a la Fiscalía General y revocar adjudicaciones de puestos a personas «naturales o jurídicas legalmente constituidas» que no tengan antecedentes policiales ni penales.
La ley fue aprobada la tarde del jueves con 57 votos de diputados de Nuevas Ideas, partido de gobierno, en medio de una discusión, en la cual diputados oficialistas señalaron que la situación de los mercados, en donde dominaban las pandillas, es herencia de gobiernos anteriores; mientras, la oposición aseveró que la ley aprobada viola la autonomía municipal y que el gobierno terminará por eliminar a las municipalidades para dejar solo las 14 gobernaciones.
Uno de los mercados que ha sido intervenido por el Órgano Ejecutivo es el mercado San Miguelito, que fue consumido por un incendio el 22 de septiembre de 2021. Inicialmente, la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) le adjudicó la construcción del mercado a la empresa mexicana Gallo Hermanos Constructores el 28 de octubre del 2022, por $33.6 millones, y posteriormente fue asumido por la empresa argentina IME S.A de C.V que se dedica a estructuras metálicas.
La instalación de establecimientos provisionales en los pasillos o vías de circulación del interior y perímetro exterior de los mercados nacionales estará prohibida por la nueva Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales aprobada el jueves por la Asamblea Legislativa.
Esta es una de las prohibiciones que aún se mantiene en la nueva normativa, aunque sí fue eliminada la prohibición de ventas ambulantes dentro del mercado y a una distancia de cien metros de su perímetro, restricción que estaban contenida por el proyecto original de la ley.
Los arrendatarios de los puestos o locales podrán ser multados, con montos desde los $5 hasta los $50, por las infracciones que cometan, pero también la Dirección podrá revocarles la adjudicación si las infracciones son «muy graves», como provocar desórdenes públicos o agresiones verbales o físicas.
La Dirección también podrá revocar la adjudicación de los puestos o locales si los puestos son modificados sin autorización de la Dirección.
Estas son las reglas para los puestos de venta en los llamados «mercados nacionales»
-Limpieza: Los adjudicatarios de los puestos deberán mantenerlos completamente limpios y en buenas condiciones de salubridad e higiene.
-Depósitos: El puesto de venta deberá disponer de depósitos de basura de fácil limpieza y desinfección, que deberán estar «cerrados».
-Horario: Se prohibirá el ingreso de personas fuera del horario, que será establecido por la Dirección de Mercados Nacionales.
-Sin establecimientos provisionales: Se prohibirán establecimientos provisionales en los pasillos o vías de circulación del interior y perímetro exterior del mercado.
-Sin subarriendo: Se prohibirá la «transferencia o subarriendo» de puestos de venta.
-Sin basura: Se prohibirá botar basura en áreas de circulación.
-Sin agujeros: Prohibirán abrir agujeros en las paredes del mercado.
-Sin desórdenes: Prohibirán perturbar la disciplina y el orden del mercado. También se prohíben las agresiones verbales y físicas, por lo cual podrán perder la adjudicación.
-No vender artículos descompuestos: Se prohibirá vender artículos descompuestos o de forma antihigiénica.
-No armas, velas, material peligroso: Se prohíbe también portar arma de fuego excepto el personal de seguridad, encender velas o luminarias «que puedan provocar incendios», almacenar material peligroso. También reitera prohibiciones legales como sustancias ilícitas. También se prohíbe limpiar los locales con sustancias corrosivas.
Estas son las multas de la nueva Ley de Mercados
Multas de $5 a $25 [infracciones leves]
no cumplir con acondicionamiento del puesto o local, no atender indicaciones de la Dirección, no mantener limpio y en condiciones de salubridad e higiene el puesto, y no contar con depósitos de basura de fácil limpieza y desinfección.
Multas de $25 a $50 [infracciones graves]
Impedir inspecciones, almacenaje en condiciones antihigiénicas, botar basura o productos descompuestos en pasillos, obstruir pasillos con estructuras, vender artículos antihigiénicos, encender velas, conductas reñidas con la moral o buenas costumbras, lavar instalaciones con sustancias corrosivas y acciones «que alteren la disciplina y el orden».
Revocación de la adjudicación y aviso a Fiscalía [infracciones muy graves]
Almacenar, vender o consumir sustancias ilícitas o de contrabando, conservar explosivos o material inflamable, almacenar material peligroso o contagioso, realizar desórdenes públicos o agresiones verbales o físicas, con o sin armas.
Mientras los diputados de Nuevas Ideas prometieron que la nueva Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales no aumentará los cobros por los puestos de venta y que establecerá un orden en los mercados nacionales, la oposición insinuó que las alcaldías de El Salvador serán eliminadas para dejar solo las 14 gobernación, criticó el modelo del mercado Cuscatlán y rechazó que los desalojos de vendedores sean voluntarios.
La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, dijo que la ley busca «regular las competencias de una institución que se encargará de la administración de los mercados a nivel nacional» y dar «una respuesta permanente» a los «comerciantes por cuenta propia» y a los «usuarios de los mercados», dejando «atrás el abandono histórico» de los mercados. Aclaró que la nueva normativa aplica solo a mercados «donde el gobierno ha hecho una inversión en infraestructura» o los que se entreguen en comodato por las municipalidades.
La legisladora prometió que no se aumentarán las tarifas:
«Esta ley busca establecer orden y reglas claras para el funcionamiento de los mercados y generar condiciones dignas. ¿Se aumentarán los cobros? No. En ninguna parte de la ley establece que se aumentarán cobros en los mercados». Elisa Rosales (Nuevas Ideas).
Además, prometió que los puestos no serán adjudicados «de manera antojadiza o por compadrazgos».
Para el diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), la nueva ley «atenta gravemente la autonomía municipal», debilita a las alcaldías y es un «reflejo del ejercicio del poder autoritario y vertical» del gobierno actual. «Este modelo de centralización ya lo probaron en la década de los ochentas», indicó. Él preguntó a Nuevas Ideas si la intención es eliminar los municipios y solo dejar las gobernaciones.
Esta medida se suma a lo que ustedes han hecho, quitarle los recursos a las alcaldías, de reducir los municipios. ¿Qué rol van a fungir las alcaldías? O quizás lo que busca este gobierno es eliminar los municipios y solo dejar gobernaciones».
Francisco Lira (Arena).
También para la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, la ley invade las competencias de las municipalidades. Ella señaló que es inconstitucional y que es «una expresión de la desigualdad económica» en el país. Retomó la historia de Rosita, una joven de 26 años que llegó a su oficina para pedirle ayuda ante una amenaza de desalojo en San Salvador. La diputada agregó que el Gobierno Central es mal administrador, –»miren Los Chorros, todo lo que tocan lo arruinan», dijo–, señaló que la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) no pudo hacer las obras de los 262 distritos y preguntó si buscan eliminar a las alcaldías. «¿A quién van a beneficiar con esta ley?», preguntó.
Ella también preguntó si quieren que «el Gobierno central gobierne todo».
Ya no quieren llevar a los alcaldes a la reuniones de territorio porque les pelan la cara. La última fuente de ingresos importante que tenían las alcaldías se las van quitar. ¿Será que quieren destruir a las alcaldías y que sea el Gobierno central el que gobierne todo?». Claudia Ortiz (Vamos).
Herencia y desalojos voluntarios
Por su parte, el diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, le respondió a Ortiz que la realidad de Rosita es el resultado de «lo que heredaron los gobiernos anteriores» y preguntó si el sistema de mercados ha funcionado, si hay «orden, justicia y claridad» en los pagos. Castro mencionó que, antes de la administración municipal de Nayib Bukele en San Salvador, había desalojos violentos, mientras durante su administración vieron «por primera vez cómo los dueños de los puestos y ellos mismos desmontaron sus propios puestos» por un «vínculo de confianza que se había creado».
«Llegaban los agentes metropolitanos y tiraban hasta con balas de goma a la gente, les pegaban, heridos, gritos, niños, personas de la tercera edad que habían agredido porque los estaban quitando a la fuerza. Ahí ni siquiera las alcaldías dominaba, los mareros». Ernesto Castro (Nuevas Ideas).
El diputado dijo que la ley busca «quitar algún rasgo de corrupción» que haya existido en la asignación de puestos de venta y que será «un apoyo para todos los comerciantes que los dejaron abandonados».
El Mercado Cuscatlán «fue todo un éxito»
La diputada Claudia Ortiz desmintió a Castro y aclaró que los vendedores que supuestamente desalojaron de manera voluntaria en San Salvador fueron amenazados con ser capturados aplicándoles el régimen de excepción, medida que suspende derechos constitucionales desde marzo de 2022. La legisladora también preguntó si el gobierno quiere aplicar el modelo del Mercado Cuscatlán y opinó que el gobierno quiere «con un maquillaje de orden» «adueñarse» de los ingresos de las municipalidades.
La gente ha visto en redes sociales cómo los agentes del CAM han golpeado a adultos mayores, mujeres embarazadas y eso sigue. La gente no ha desmontado sus puestos voluntariamente, los han amenazado con llevárselos presos con el régimen de excepción si no desalojaban.
Claudia Ortiz (Vamos).
«El mercado Cuscatlán fue todo un éxito ese mercado, se cambió la nueva forma de mercados, ¿saben cuándo cayó ese mercado?, cuando cambió la administración, no pudieron administrarlo, no supieron qué hacer, no lo sé.
Ernesto Castro (Nuevas Ideas).
«Que se acuerden de mis palabras»
Finalmente, la diputada Marcela Villatoro (Arena) aseveró que el Mercado Cuscatlán «no funcionó» ya que «cuando las cosas funcionan no importa la administración que siga después». En referencia a una entrevista publicada por El Faro, señaló que algunos de los puestos del Mercado Cuscatlán habían sido asignados a «familiares de las pandillas».
La diputada, quien también negó que las administraciones de Nuevas Ideas usen medios pacíficos para desalojar a los vendedores, aseveró que esta ley no va a funcionar «como no ha funcionado la DOM». «A nosotros no nos cabe duda que en los próximos meses o años, las alcaldías van a terminar de desaparecer y va a haber una reforma constitucional aquí sobre ese tema, y espero yo que todos se acuerden de mis palabras», dijo. Según la legisladora, la ley quita busca «ahogar a las alcaldías» y señaló que estas «no funcionan porque tienen personas incompetentes».
Es innegable la forma en la cual se está haciendo uso de la fuerza por parte del Cuerpo de Agentes Metropolitanos no solo en San Salvador. Han golpeado a las personas que andan haciendo sus ventas.
Marcela Villatoro (Arena).
La Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales fue aprobada con 57 votos. Tanto Arena como Vamos votaron en contra. La ley permite que los mercados municipales que sean intervenidos por el Órgano Ejecutivo pasen a la Dirección de Mercados Nacionales, una instancia que dependerá de la Presidencia de la República y tendrá la potestad para adjudicar y revocar los permisos para los puestos de venta o locales comerciales ubicados en plazas o parques de todo el país.
Mientras los diputados de Nuevas Ideas prometieron que la nueva Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales no aumentará los cobros por los puestos de venta y que establecerá un orden en los mercados nacionales, la oposición insinuó que las alcaldías de El Salvador serán eliminadas para dejar solo las 14 gobernación, criticó el modelo del mercado Cuscatlán y rechazó que los desalojos de vendedores sean voluntarios.
La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, dijo que la ley busca «regular las competencias de una institución que se encargará de la administración de los mercados a nivel nacional» y dar «una respuesta permanente» a los «comerciantes por cuenta propia» y a los «usuarios de los mercados», dejando «atrás el abandono histórico» de los mercados. Aclaró que la nueva normativa aplica solo a mercados «donde el gobierno ha hecho una inversión en infraestructura» o los que se entreguen en comodato por las municipalidades.
La legisladora prometió que no se aumentarán las tarifas:
«Esta ley busca establecer orden y reglas claras para el funcionamiento de los mercados y generar condiciones dignas. ¿Se aumentarán los cobros? No. En ninguna parte de la ley establece que se aumentarán cobros en los mercados». Elisa Rosales (Nuevas Ideas).
Además, prometió que los puestos no serán adjudicados «de manera antojadiza o por compadrazgos».
Para el diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), la nueva ley «atenta gravemente la autonomía municipal», debilita a las alcaldías y es un «reflejo del ejercicio del poder autoritario y vertical» del gobierno actual. «Este modelo de centralización ya lo probaron en la década de los ochentas», indicó. Él preguntó a Nuevas Ideas si la intención es eliminar los municipios y solo dejar las gobernaciones.
Esta medida se suma a lo que ustedes han hecho, quitarle los recursos a las alcaldías, de reducir los municipios. ¿Qué rol van a fungir las alcaldías? O quizás lo que busca este gobierno es eliminar los municipios y solo dejar gobernaciones». Francisco Lira (Arena).
También para la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, la ley invade las competencias de las municipalidades. Ella señaló que es inconstitucional y que es «una expresión de la desigualdad económica» en el país. Retomó la historia de Rosita, una joven de 26 años que llegó a su oficina para pedirle ayuda ante una amenaza de desalojo en San Salvador. La diputada agregó que el Gobierno Central es mal administrador, –»miren Los Chorros, todo lo que tocan lo arruinan», dijo–, señaló que la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) no pudo hacer las obras de los 262 distritos y preguntó si buscan eliminar a las alcaldías. «¿A quién van a beneficiar con esta ley?», preguntó.
Ella también preguntó si quieren que «el Gobierno central gobierne todo».
Ya no quieren llevar a los alcaldes a la reuniones de territorio porque les pelan la cara. La última fuente de ingresos importante que tenían las alcaldías se las van quitar. ¿Será que quieren destruir a las alcaldías y que sea el Gobierno central el que gobierne todo?». Claudia Ortiz (Vamos).
Herencia y desalojos voluntarios
Por su parte, el diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, le respondió a Ortiz que la realidad de Rosita es el resultado de «lo que heredaron los gobiernos anteriores» y preguntó si el sistema de mercados ha funcionado, si hay «orden, justicia y claridad» en los pagos. Castro mencionó que, antes de la administración municipal de Nayib Bukele en San Salvador, había desalojos violentos, mientras durante su administración vieron «por primera vez cómo los dueños de los puestos y ellos mismos desmontaron sus propios puestos» por un «vínculo de confianza que se había creado».
«Llegaban los agentes metropolitanos y tiraban hasta con balas de goma a la gente, les pegaban, heridos, gritos, niños, personas de la tercera edad que habían agredido porque los estaban quitando a la fuerza. Ahí ni siquiera las alcaldías dominaba, los mareros». Ernesto Castro (Nuevas Ideas).
El diputado dijo que la ley busca «quitar algún rasgo de corrupción» que haya existido en la asignación de puestos de venta y que será «un apoyo para todos los comerciantes que los dejaron abandonados».
El Mercado Cuscatlán «fue todo un éxito»
La diputada Claudia Ortiz desmintió a Castro y aclaró que los vendedores que supuestamente desalojaron de manera voluntaria en San Salvador fueron amenazados con ser capturados aplicándoles el régimen de excepción, medida que suspende derechos constitucionales desde marzo de 2022. La legisladora también preguntó si el gobierno quiere aplicar el modelo del Mercado Cuscatlán y opinó que el gobierno quiere «con un maquillaje de orden» «adueñarse» de los ingresos de las municipalidades.
La gente ha visto en redes sociales cómo los agentes del CAM han golpeado a adultos mayores, mujeres embarazadas y eso sigue. La gente no ha desmontado sus puestos voluntariamente, los han amenazado con llevárselos presos con el régimen de excepción si no desalojaban. Claudia Ortiz (Vamos).
«El mercado Cuscatlán fue todo un éxito ese mercado, se cambió la nueva forma de mercados, ¿saben cuándo cayó ese mercado?, cuando cambió la administración, no pudieron administrarlo, no supieron qué hacer, no lo sé. Ernesto Castro (Nuevas Ideas).
«Que se acuerden de mis palabras»
Finalmente, la diputada Marcela Villatoro (Arena) aseveró que el Mercado Cuscatlán «no funcionó» ya que «cuando las cosas funcionan no importa la administración que siga después». En referencia a una entrevista publicada por El Faro, señaló que algunos de los puestos del Mercado Cuscatlán habían sido asignados a «familiares de las pandillas».
La diputada, quien también negó que las administraciones de Nuevas Ideas usen medios pacíficos para desalojar a los vendedores, aseveró que esta ley no va a funcionar «como no ha funcionado la DOM». «A nosotros no nos cabe duda que en los próximos meses o años, las alcaldías van a terminar de desaparecer y va a haber una reforma constitucional aquí sobre ese tema, y espero yo que todos se acuerden de mis palabras», dijo. Según la legisladora, la ley quita busca «ahogar a las alcaldías» y señaló que estas «no funcionan porque tienen personas incompetentes».
Es innegable la forma en la cual se está haciendo uso de la fuerza por parte del Cuerpo de Agentes Metropolitanos no solo en San Salvador. Han golpeado a las personas que andan haciendo sus ventas. Marcela Villatoro (Arena).
La Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales fue aprobada con 57 votos. Tanto Arena como Vamos votaron en contra. La ley permite que los mercados municipales que sean intervenidos por el Órgano Ejecutivo pasen a la Dirección de Mercados Nacionales, una instancia que dependerá de la Presidencia de la República y tendrá la potestad para adjudicar y revocar los permisos para los puestos de venta o locales comerciales ubicados en plazas o parques de todo el país.
