Autor: Yolanda Magaña

El Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) informó cuál es el proceso y las fechas límites que deben seguir los beneficiarios o familiares de cotizantes o pensionados por vez que fallezcan, para tramitar el pago de los gastos funerarios.

¿Cuáles son los documentos que debe presentar?

De la persona fallecida, si fue cotizante activo, debe presentar: Documento Único de Identidad (DUI) de dicha persona y partida de defunción. Un requisito para el cotizante es que debe haber cotizado al menos en los meses previos a la fecha de fallecimiento.

De la persona fallecida, si era pensionada, debe presentar su DUI y la partida de defunción.

De la persona beneficiaria, debe presentar: el DUI, el documento que compruebe su calidad de beneficiario; y la factura o documento que compruebe los gastos funerarios con fecha de fallecimiento y los nombres del fallecido y beneficiario.

¿Dónde realizar el trámite en el ISP?

El trámite se puede realizar en cualquiera de los Centros de Atención del ISP disponibles en todo el territorio nacional.

1. ISP Ahuachapán: 1a. Calle Poniente, 2-5 Barrio Centro San Antonio, Ahuachapán. Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Tel. 2560-9200 Ext. 658.
2. ISP Santa Ana: Calle libertad oriente entre 9ª. y 11ª. calle oriente, Santa Ana. Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 p.m. Tel. 2560-9200 ext. 655.
3. ISP Sonsonate: 5ª. Calle Pte. No. 2-3 Barrio El Pilar, Sonsonate Centro. Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Tel. 2560-9200 ext. 657
4. ISP Plaza Soho: Segundo nivel, local #L2-208, Plaza Soho, La Libertad. Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábado 08:00 am a 12:00 m. Tel. 2560-9200.
5. ISP Mejicanos: Residencial Santa María 2, Calle Magisterial, block H, casa #1, Mejicanos. Lunes a Viernes: 8:00 am a 4:00 p.m. Teléfono: 2560-9200.
6. ISP Escalón: 87 Avenida Norte #720, Col Escalón San Salvador. Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Teléfono: 2560-9204.
7. ISP (sede central): Entre 15 y 17 Calle Poniente, Centro de Gobierno, San Salvador. Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Tel. 2560-9200.
8. ISP Chalatenango: 4ª. Calle Oriente No. 11, Barrio San Antonio, Chalatenango. Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Tel. 2560-9200.
9. ISP Cabañas: Centro de Gobierno, Barrio El Calvario, Sensuntepeque. Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Tel. 2560-9200.
10. ISP Usulután: 2ª. Avenida Norte No. 21, Barrio La Parroquia, Usulután. Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Tel. 2560-9200 ext. 647.
11. ISP San Miguel: Centro de Gobierno, 8ª. Avenida Sur y 15 Calle Oriente, San Miguel. Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Tel. 2560-9200 ext. 644.
12. ISP Morazán: Centro de Gobierno, Barrio Las Flores, No. 10, San Francisco Gotera. Morazán. Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 04:00 p.m. Tel. 2560-9200 ext. 646.
13. ISP La Unión: Centro de Gobierno, Avenida General Cabañas, La Unión. Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm.

El ISSS informó el viernes que el ISP se haría cargo del pago de los gastos funerarios por los fallecimientos de los pensionados por vejez y de cotizantes activos del sistema de pensiones, tanto privado como público.

El ISP aclaró que quienes recibirán la prestación son los cotizantes activos y los pensionados por vejez, tanto los que cotizan o cotizaron a las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) y de la Unidad de Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (UPISSS).

¿Cuáles son los plazos para pedir al ISP el gasto funerario de cotizantes y pensionados?

Si el beneficiario –cotizante o pensionado– falleció del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, la fecha límite para solicitar el beneficio es el 30 de abril de 2025.

Para los fallecimientos de los beneficiarios que acontezcan a partir del 1 de enero de 2025, el beneficio se debe solicitar 60 días después del fallecimiento.

Actualmente, el beneficio está legislado en la Ley del ISSS, aún no ha habido una reforma para garantizar el beneficio para los cotizantes de las AFP.

El Instituto de Legalización de la Propiedad (ILP) deberá transferir todos los archivos, expedientes, bases de datos, credenciales, accesos, códigos fuentes de sistemas informáticos, documentos físicos o digitales y otros activos al Ministerio de Vivienda, durante los primeros tres meses del año 2025.

Así lo dicta el decreto ejecutivo 31 emitido por el presidente Nayib Bukele el 17 de diciembre de 2024 y vigente desde el 1 de enero de 2025.

En el acuerdo para disolver el ILP, el presidente Bukele consideró que deben «dar un paso a la modernización» y habla de una «visión que permita concentrar las diferentes dependencias existentes para asegurar una administración más coordinada, consistente y eficiente».

Según el artículo 4 del decreto, el ILP indemnizará al personal no indispensable. La institución posee aproximadamente 80 empleados, que serán evaluados por el Ministerio de Vivienda para considerar su «continuidad de las competencias» o «para las necesidades organizacionales y administrativas del Ministerio de Vivienda».

El patrimonio y los activos también serán transferidos al Ministerio de Vivienda.

Dan nuevas atribuciones de Vivienda

Al Ministerio de Vivienda le fueron agregadas tres atribuciones relacionadas a la actividad del ILP: brindar seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra a familias de escasos recursos y dar asistencia técnica a instituciones para la legalización de inmuebles, facilitar la legalización de inmuebles en tugurios y zonas marginales en lotificaciones no autorizadas que requieren regularización, y ejecutar procesos de legalización de derechos de propiedad.

Estas nuevas atribuciones fueron aprobadas por el Consejo de Ministros a través de una reforma al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, el 17 de de diciembre de 2024, mismo día en que se decretó la disolución del ILP.

El ILP fue creado en 1991 como una institución descentralizada adscrita a la Presidencia de la República para dar asistencia técnica en el registro de inmuebles para familias de escasos recursos económicos y a cargo de un director nombrado por el presidente de la república. Ese año, se creó el programa “El Salvador país de propietarios” para beneficiar a poseedores de lotes en tugurios y zonas marginales.

Fue a partir de 1994 que se aprobó una reforma para que el ILP fuera dirigido por un Consejo Directivo integrado por cinco miembros, de Vivienda, Obras Públicas, Planificación, Justicia y la entonces Secretaría Nacional de la Familia.

A partir de una reforma en 2012, al ILP también se le facultó para ejecutar y dirigir los procesos de regularización de los derechos de propiedad, así como calificar de interés social los proyectos destinados a personas de escasos recursos económicos.

Una reforma posterior pasó el ILP de Presidencia al Ministerio de Vivienda.

El ILP tuvo un presupuesto de $1,545,941 durante el año 2024, de los cuales $1.2 millones se destinaron para remuneraciones, $225,941 para bienes y servicios, $23,930 para gastos financieros y $7,130 para activos fijos. Del total, $934,755 provienen del gobierno y $611,186 de convenios.

La institución realiza mediciones de inmuebles, elaboración de planos, inscripción de documentos, escrituraciones, mantenimientos catastrales, actos previos a la escrituración, aprobación técnica de planos, análisis jurídicos, entre otros. Durante 2023, el ILP realizó 1,214 escrituraciones individuales según su memoria de labores.

Actualmente, su Consejo Directivo está presidido por la ministra de Vivienda, Michele Sol de Castro.

Carl Meacham, exasesor del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, parte del panel en la presentación del Índice de Riesgo Político 2025, explicó que los países que quieran profundizar su relación con Estados Unidos deben cumplir tres condiciones ante la «presión enorme y riesgos significativos» que implicará la gestión Trump para América Latina.

Alinearse con «los intereses» de EE.UU., reducir la dependencia de China e involucrarse en las iniciativas de seguridad de Estados Unidos son las condiciones mencionadas.

El informe Riesgo Político 2025 define el año 2025 como «un año decisivo para América Latina» por la «incertidumbre global que general el regreso de Trump», quien asume el gobierno estadounidense el 20 de enero.

Los autores del informe sugieren «ponerle lupa» a Centroamérica, Venezuela, México, Nicaragua y Argentina. En el caso de América Central, advierte que las deportaciones masivas –que podrían afectar a 11 millones de inmigrantes– y las restricciones a las remesas «podrían incrementar la inestabilidad» en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Meacham, quien fue parte del personal para América Latina del senador republicano Richard Lugar en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, aseguró que pese a los «desafíos» «hay oportunidades» y definió tres áreas o condiciones que «tendrían que poder alcanzar los países que quieren tener relaciones con Estados Unidos más profundas».

1. Alineación estratégica con los intereses de Estados Unidos. Aseguró que Argentina y El Salvador tienen esa afinidad pero que países como Brasil y Colombia, con «estrechos lazos con China van a tener una situación difícil».

2. «La participación en iniciativas de seguridad regional liderada por Estados Unidos van a recibir mayor apoyo de los Estados Unidos».

3. «Diversificación económica, países que tratan de reducir su dependencia económica de China y explorar nuevos acuerdos bilaterales con Estados Unidos pueden beneficiarse de una relación con Estados Unidos».

Un enfoque más punitivo y transaccional

Meacham señaló que el regreso de Trump implicará «un enfoque más transaccional» entre EEUU y América Latina, en torno a restricciones comerciales, deportaciones masivas y competencia geopolítica con China.

Según el experto, las relaciones comerciales de la región cambiarán con el retorno de Trump al poder, de un enfoque cooperativo “hacia uno más punitivo y transaccional”.

“Su administración ha demostrado una preferencia de acuerdos bilaterales utilizando aranceles como herramienta de negociación”, advirtió, ejemplificando las amenazas de aranceles del 25 % contra Canadá y México para re-equilibrar el comercio hacia Estados Unidos.

El regreso de Trump al poder traerá un enfoque más transaccional, unilateral, en las relaciones entre EEUU con América Latina, estos desafíos girarán en torno a restricciones comerciales, deportaciones masivas y competencia geopolítica con China, sin embargo, las oportunidades que mencioné para estabilizar asociaciones estratégicas son las más básicas para la administración Trump y es importante que la región conozca con mucha claridad”.
Carl Meacham, exasesor del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.

Según el experto, América Latina enfrenta «riesgos significativos» ante la administración Trump debido a una «política exterior que profundiza el unilateralismo, el transaccionismo y el expansionismo de Estados Unidos».

«Esto incluye amenazas a la estabilidad regional a través de imposiciones arancelarias, políticas migratorias y reclamaciones territoriales, como recuperar el control del Canal de Panamá, anexar partes de Canadá y Groenlandia”, explicó.

Aseguró que estas actitudes de Estados Unidos «no solo alinean a socios comerciales clave sino también crean tensiones en la OTAN colocando a América Latina en una posición precaria entre los intereses de Estados Unidos y China».

Deportaciones como «herramienta de negociación»

Señaló que la deportación, que afectaría a 11.7 millones de personas que viven en EEUU sin estatus legal, plantean «una presión enorme sobre México, Guatemala, Honduras y El Salvador, que van a estar en lucha para reintegrar a los migrantes retornados», además de que advirtió que la interrupción de las remesas «crearía una inestabilidad económica y social significativa en Centroamérica y México».

Meacham augura que probablemente «la administración Trump va a usar las deportaciones como herramienta de negociación para avanzar en sus prioridades políticas».

Aseguró que también la región sentirá los efectos del «enfoque más militarizado» con planes anunciados para expulsar a migrantes ilegales.

La inseguridad y el crimen organizado, la corrupción y una nueva ola de deportaciones masivas son los primeros riesgos políticos de América Latina según el más reciente «Informe de Riesgo Político en América Latina 2024«, que advierte una incertidumbre por el inicio del gobierno de Donald Trump el 20 de enero.

Según el informe, publicado este lunes el Centro de Estudios Internacionales (CEIUC), las políticas migratorias de Trump, como las deportaciones masivas y las restricciones a las remesas, podrían incrementar la inestabilidad en países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, «exacerbando problemas de pobreza y violencia».

El regreso de Trump al poder traerá un enfoque más transaccional, unilateral, en las relaciones entre EEUU con AL, estos desafíos girarán en torno a restricciones comerciales, deportaciones masivas y competencia geopolítica con China.
Carl Meacham, exasesor del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU.

El informe advierte que cinco de los primeros diez riesgos son factores geopolíticos: persistencia de la inflación, agravamiento del cambio climático, auge del proteccionismo, irrelevancia regional y escalada de conflictos bélicos.

Estos son los 10 riesgos políticos en América Latina según el Índice de Riesgo Político 2025:

1. Inseguridad, crimen organizado y narcotráfico. Se mantiene como riesgo número uno de la región de América Latina de 2024 a 2025.

2. Aumento de corrupción e impunidad. Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales, advirtió que la lucha contra la corrupción está estancada y hay poca claridad de la relación entre política y dinero. Se mantiene como segundo riesgo político.

3. Nueva ola migratoria y deportaciones masivas. La nueva ola migratoria y deportaciones masivas suben del quinto al tercer lugar como riesgo de carácter estructural.

4. Democracia sin delivery y avance del autoritarismo. Baja de tercer a cuarto lugar entre el top 10 de los riesgos políticos de América Latina.

Si bien Latinobarómetro muestra un alza marginal de dos a tres puntos en la valoración de la democracia sigue persistiendo que la mitad de los latinoamericanos son indiferentes al régimen político mientras el gobierno le resuelva sus problemas”.
Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales.

5. Desinformación y polarización tóxica. La desinformación y polarización tóxica, que promueve una política del insulto, un tema con el auge de de las redes sociales, aparece como quinto riesgo político más grave. Este riesgo no apareció entre los 10 riesgos políticos de 2024.

6. Persistencia inflacionaria, que si no se resuelven los conflictos bélicos y hay un auge de proteccionismo, puede generar una presión inflacionaria.

7. Agravamiento de cambio climático. Estaba en décimo y sube al séptimo lugar.

8. Auge del proteccionismo. Una economía global que aumenta aceleradamente sus medidas proteccionistas, como una herramienta de presión política.

9. Irrelevancia regional. Una política de “sálvese quien pueda”. “Brasil aspirando a hacer este G8, esta octava economía; Argentina con Milei buscando marcar una distinción ideológica, Petro en Colombia siendo un comentarista político distinto, lo mismo ocurre con Bukele, vemos poco ánimo de integración”, dice Jorge Sahd, director de Centros Estudios Internacionales.

10. Escalada de conflictos bélicos. Se mencionan la guerra de Rusia en Ucrania y el conflicto entre Israel y Gaza como principales. El director de Centros de Estudios Internacional señala que «aquí será clave cómo serán los primeros 100 días en el gobierno de Trump, si tendrá una forma disruptiva de negociación».

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, anunció este lunes que el partido de izquierda realizará diferentes actividades para celebrar y conmemorar los 33 años del Acuerdo de Paz firmado el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México.

“Muchos se montaron en ellos para lograr sus propósitos de ser candidatos a alcaldes o diputados o lo que sea. Se montaron y celebraban los Acuerdos de Paz antes, levantaban su puño izquierdo y decían «vivan los Acuerdos de Paz», se vestían de rojo y enarbolaban la bandera del Frente, hoy son detractores y hablan del partido que les abrió las puertas”, dijo el dirigente de izquierda, en su programa «La voz del Chino Flores».

Flores detalló que el 16 de enero a las 9:30 a.m. frente a la sede del partido político conocido como 1316 se realizará el evento principal en donde darán un mensaje sobre el 33 aniversario.

“Vamos a convocar a los compañeros que puedan venir, recordemos que es un día laboral, pero ya hay compañeros que han verificado su participación. Están invitados, no solo gente del partido porque la celebración de los Acuerdos de Paz, si bien se firmó entre el gobierno y el FMLN, fue también un logro del pueblo que se cansó de la opresión de la dictadura militar”, afirmó sobre dicho acto.

El excandidato presidencial agregó que posteriormente asistirá a otro evento en el local 229 de la Directiva Departamental de San Salvador del FMLN.

Agregó que tendrán actividades en la sede distrital de Soyapango y en otras localidades de Chalatenango, Usulután, Morazán, Santa Ana y Sonsonate.

Durante su programa, Flores aseveró que la población se manifestará contra la minería metálica, cuya prohibición está levantada en El Salvador desde el 7 de enero de 2025, luego de que la nueva Ley General de Minería Metálica fuera aprobada, sancionada y publicada en el Diario Oficial el lunes 23 de diciembre de 2024.

Dentro de ese llamado, dijo que hacía un «llamado» a la Fuerza Armada de El Salvador vinculado a las protestas contra la minería.

«Hoy piensan que militarizando la zona donde se va a extraer el oro la gente no se va a movilizar. Cómo no, la gente se va a movilizar. Ojalá el Ejército no vaya a disparar balas contra su pueblo. Yo hago el llamado, un llamado firme a la Fuerza Armada, que no se deje manipular por los poderosos, la Fuerza Armada está para defender al pueblo», exclamó Flores, a los 18 minutos de su programa de este lunes.

El acuerdo de paz se firmó el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, luego de acordar la paz definitiva el 31 de diciembre de 1991 en Nueva York.

El gobierno actual ha sido crítico de la firma de la paz de 1992. En diciembre de 2020, el presidente de la República, Nayib Bukele, quien funge su segundo quinquenio presidencial, opinó que la guerra y los Acuerdos de Paz fueron una farsa. «La guerra fue una farsa, mataron 75,000 personas de los dos bandos, incluyendo los mil aquí del Mozote, fue una farsa, como los Acuerdos de Paz. ‘¡Ay, está mancillando los acuerdos de paz’. Sí, los mancillo porque fueron una farsa, una negociación entre dos cúpulas”, expresó en esa ocasión. «¿O qué beneficio le trajo los Acuerdos de Paz al pueblo salvadoreño?, fueron firmados el 16 de enero de 1992, ¿qué ganó el pueblo?, ¿tuvimos seguridad?, no, ¿tuvimos desarrollo social?, ¿tuvimos justicia?, ¿inversión en educación?, ¿salud?, ¿hubo algo?, no, lo que hubo fue lo mismo, 29 años han pasado desde la firma de esos documentos”, comentó el presidente en esa ocasión.

El pasaporte salvadoreño permite viajar sin necesidad de visa a 136 países del mundo, según el Índice de pasaportes Henley 2025, que subió a El Salvador del 39º lugar al 35º en un ranking de 199 países liderado por el lugar 1º: Singapur.

Los pasaportes más poderosos son los de Singapur y Japón según el Índice, que basa sus datos en la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y que fue publicado en enero de 2025.

En 2025 Singapur subió al primer lugar con 195 países de acceso libre de visa en el mundo y Japón bajó del primer al segundo lugar con 193 países de destino que no les requiere visas. Le siguen Francia, Alemania, Italia y España, que bajaron de la segunda a la tercera posición. Australia, Canadá, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos están en el top 10 de estos países con pasaportes más poderosos.

Desde 2006 hasta 2025 El Salvador se ha movido entre los lugares 31º y 43º del ranking. En 2021 bajó del lugar 37º al 41º, en 2022 volvió a subir al 37º, en 2023 descendió al lugar 40º y a partir de 2024 subió al 39º y este 2025 se colocó en el lugar 35º de los 199 países.

En Centroamérica, El Salvador se mantiene como el tercer país con pasaporte más poderoso después de Costa Rica (puesto 29) y Panamá (30); Nicaragua y Belice están en los puestos 41 y 49 de la región.

El pasaporte salvadoreño permite el libre ingreso, es decir sin visa, a estos 136 países y territorios:

Centroamérica

1. Costa Rica (29º, 151 países o territorios)
2. Guatemala (36º, 135 países o territorios)
3. Honduras (38º, 133 países o territorios)
4. Panamá (30º, 148 países o territorios)
5. Nicaragua (41º, 128 países o territorios)
6. El Salvador (35º, 136 países o territorios)
7. Belice (49º, 103 países o territorios)

América del Norte y del Sur

1. Canadá
2. Estados Unidos
3. México
4. Islas Vírgenes Británicas
5. Argentina
6. Bolivia
7. Brasil
8. Chile
9. Colombia
10. Ecuador
11. Guyana Francesa
12. Paraguay
13. Perú
14. Suriname
15. Uruguay
16. Venezuela

Caribe

1. Anguila
2. Aruba
3. Bahamas
4. Barbados
5. Cuba
6. Curazao
7. Dominica
8. República Dominicana
9. Granada
10. Haití
11. Jamaica
12. Islas Cayman
13. Islas Turcas y Caicos
14. San Cristóbal y Nieves
15. Santa Lucía
16. San Vicente y las Granadinas
17. Trinidad y Tobago
18. Isla de Santa Elena
19. St. Maarten

Europa

1. Albania
2. Andorra
3. Austria
4. Bélgica
5. Bielorrusia
6. Bosnia y Herzegovina
7. Bulgaria
8. Croacia
9. Chipre
10. República Checa
11. Dinamarca
12. Estonia
13. Finlandia
14. Francia
15. Georgia
16. Alemania
17. Gibraltar
18. Grecia
19. Hungría
20. Islandia
21. Irlanda
22. Israel
23. Italia
24. Kosovo
25. Letonia
26. Liechtenstein
27. Lituania
28. Luxemburgo
29. Malta
30. Moldavia
31. Mónaco
32. Montenegro
33. Noruega
34. Países Bajos
35. Polonia
36. Portugal
37. Rumania
38. Rusia
39. San Marino
40. Serbia
41. Suecia
42. Suiza

Asia

1. Bangladesh
2. Camboya
3. China
4. Hong Kong
5. India
6. Irán
7. Israel
8. Japón
9. Jordania
10. Kazajistán
11. Corea del Sur
12. Lao
13. Macao
14. Malasia
15. Maldivas
16. Nepal
17. Pakistán
18. Filipinas
19. Singapur
20. Sri Lanka
21. Siria
22. Tailandia
23. Timor-Leste
24. Turquía
25. Uzbekistán

África

1. Burundi
2. Guinea Bissau
3. Ruanda
4. Somalia
5. Seychelles
6. Mauritania
7. Mauricio
8. Mozambique
9. Zambia
10. Zimbabwe
11. Madagascar
12. Malawi
13. Etiopía
14. Kenia
15. Tanzania
16. Cabo Verde
17. Comoras
18. Islas Maldivas

Oceanía

1. Kiribati
2. Micronesia
3. Islas Marshall
4. Niue
5. Palau
6. Samoa
7. Islas Cook
8. Nueva Caledonia
9. Tuvalu

El reporte de movilidad global Henley de enero de 2025 revela que en el mundo hay 227 destinos de viaje que pueden requerir visa y 111 destinos no requieren visa.

El Índice de Pasaporte Henley compara el acceso sin visa de 199 pasaportes diferentes a 227 países de destino. Si no se requiere visa o puede obtenerla a su llegada, la calificación es 1 para el pasaporte. Si se requiere visa o si requiere aprobación de visa antes de partir, la calificación es 0.

El Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) se hará cargo del pago de los gastos funerarios por la muerte de personas pensionadas tanto del sistema público (Unidad de Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, UPISSS) como del sistema privado (Administradoras de Fondos para Pensiones o AFP).

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) informó, en un comunicado emitido el 9 de enero, que el beneficio de «auxilio de sepelio» será pagado por el ISP y menciona entre los beneficiados a los «cotizantes activos del sector público/privado» y los pensionados.

El ISP es la institución que sustituyó al Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) con nuevas funciones, como aprobar la emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) –adquiridos por las AFP con los ahorros para pensiones– para financiar obligaciones previsionales.

La prestación de gastos de funeral estaba incluida en el artículo 216 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) –derogada en diciembre de 2022– que otorgaba el beneficio por los fallecimientos de los pensionados mediante el «Régimen de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales», el cual es administrado por el ISSS.

Sin embargo, la prestación aún sigue vigente en la ley del ISSS, concretamente en su artículo 66, que establece que «el fallecimiento del asegurado o pensionado causará derecho a una cuota única para gastos de sepelio que el Instituto (ISSS) entregará a sus deudos o a quien hubiera costeado los funerales».

Pero un analista consultado al respecto aseguró que la ley del ISSS solo estipula la prestación «para los beneficiarios del ISSS, por lo que, salvo alguna reforma que puedan hacer, no aplicaría para los del SAP», es decir, para los cotizantes o pensionados que cotizaron en las AFP. Sin embargo, el ISSS prometió, en el comunicado, que la prestación aplicará a los «pensionados de AFPs».

Patricio Pineda, de la Mesa por una Pensión Digna, explicó que el beneficio está fundamentado en el decreto 696 del año 2020, una reforma a la Ley del INPEP que otorgaba la prestación en caso de fallecimiento de pensionados. Esta reforma cita el artículo 66 del ISSS, aún vigente, que otorga al asegurado o pensionado la «cuota única para gastos de sepelio».

Pineda cree que el ISP tomará los fondos de la «Cuenta de Garantía Solidaria (CGS)», un fondo que financia las pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia cuando se agotan los ahorros del pensionado en el Fondo de Pensiones en su Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones, así como el pago de Certificados de Traspaso y las devoluciones de aportes a afiliados que no cumplen requisitos (artículos 97 y 119).

¿De dónde salen los fondos de la CGS? De la cotización a cargo de los empleadores de los trabajadores que cotizan en las AFP y de las cotizaciones especiales de la pensión mensual de los afiliados pensionados por vejez. La ley indica que, si la CGS es insuficiente para cubrir las obligaciones, «le corresponderá concurrir al Estado» según el «artículo 50 de la Constitución de la República».

Pineda sostiene que no se sabe cuánto dinero tiene la CGS actualmente. «En base a análisis actuarial ronda más o menos en $2,500 millones disponibles», dice, pero sostienen que toda esa información está bajo reserva.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sancionó el lunes 23 de diciembre de 2024 la Ley General de Minería Metálica, por lo cual derogatoria de la prohibición de la minería metálica en territorio salvadoreño inició su vigencia 15 días después, el martes 7 de enero de 2025.

La ley permite la exploración, explotación y extracción de metales, así como toda actividad minera metálica, en el suelo y subsuelo y en el dominio marítimo de El Salvador, sin necesidad de concesión aprobada por la Asamblea Legislativa.

La institución encargada de regular estas actividades será la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DEHM) –que tendrá una Dirección de Minas (DM)– pero el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) serán encargados de “preservar el recurso hídrico” y de que se cumplan “las condiciones medioambientales.”

La explotación minera podrá ser realizada únicamente por el Estado pero podrá hacerlo “a través de sociedades en la que posea participación accionaria y de economía mixta.” La ley no establece el mínimo de participación accionaria que deberá tener el Estado en estas sociedades.

La ley prohíbe expresamente el uso de mercurio, aunque no del cianuro. El resto de sustancias deberán ser autorizadas por la DM.

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) informó este viernes que el «auxilio de sepelio no está suspendido», en referencia a una carta que circuló en redes sociales en la cual se informaba que este beneficio fue derogado por la nueva Ley Integral del Sistema de Pensiones.

En redes sociales, se divulgó una carta de los jefes de beneficios económicos y de aseguramiento, recaudación y beneficios económicos del ISSS, en la cual se comunicaba el resultado del acuerdo 2024-2549.DIC, mediante el cual se habría ordenado «el cese inmediato del pago de auxilio de sepelio ante el fallecimiento de los pensionados de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) y del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).

En la carta se explicaba que la nueva Ley Integral del Sistema de Pensiones, aprobada en diciembre de 2022 y vigente desde enero de 2023, había derogado dicha prestación.

Este viernes, el ISSS comunicó que la prestación del «auxilio de sepelio» continúa vigente.

Es más, en la aclaración del ISSS, establece que la prestación de auxilio de sepelio será para los «beneficiarios de sus pensionados fallecidos, pensionados de la UPISSS, cotizantes activos del sector público/privado y pensionados de AFP».

Importante aclaración pic.twitter.com/XPQF1SoSu6

— ISSS (@isss_gob_sv) January 10, 2025