La Iglesia Católica salvadoreña, representada por la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), felicitó en su reciente carta pastoral los esfuerzos alcanzados contra la violencia por el gobierno y le pidió expresamente eliminar el régimen de excepción porque ya no lo considera necesario.
En un documento de 29 páginas, publicado el jueves 29 de mayo y firmado por los obispos de la CEDES, aseguran que su misión es escrutar a fondo los signos de los tiempos, interpretarlos a la luz del Evangelio y que por ello manifestan su preocupación por «ciertos hechos» en El Salvador.
En su carta, la CEDES hace un fuerte llamado a «todos los funcionarios del Estado«, a quienes les indica «que la política es servicio al pueblo» y no «el mero arte de administrar el poder, los recursos o las crisis», citando al Papa Francisco, «hacer política no puede reducirse a técnicas y recursos humanos y capacidad de diálogo y persuasión, esto no sirve solo».
En ese sentido, advierte que piden «la derogación del estado de excepción».
«Aunque en otro momento fue necesario para frenar la violencia y se consideró exitoso por sus resultados. Pero ha pasado el tiempo y consideramos que ya no es necesario, ahora, se trata de permitir al pueblo ejercer su libertad sin presión alguna», aseveró la Iglesia en su carta pastoral.
Señala que el pueblo debe optar por el bien porque es bueno para él pero no por coerción, «no puede continuar haciendo el bien, actuando el bien y obedeciendo las leyes por temor a las consecuencias del régimen de excepción», indicó.
En su más reciente solicitud de prórroga, el gobierno de El Salvador argumentó que aún hay presencia de pandillas en el territorio salvadoreño. Relató que en mayo de 2025 «se ha registrado una variedad de eventos delictivos que generaron significativas detenciones por ejemplo la captura de un cabecilla de la MS-13 fundador de una de las clicas en Texas Estados Unidos en el departamento de Sonsonate, la captura en el Aeropuerto Internacional de Salvador de cinco miembros de la MS».
El régimen de excepción, cuya prórroga 39 fue aprobada el jueves, lleva 86,400 personas capturadas calificadas de terroristas por el Ministerio de Justicia y Seguridad en su solicitud de prórroga enviada a la Asamblea Legislativa. Mientras el gobierno destaca la disminución de homicidios, las organizaciones de derechos humanos, como Socorro Jurídico Humanitario, Observatorio de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y Cristosal, señalan que ha provocado más de 400 muertes en centros penales, capturas arbitrarias y torturas.
Iglesia hace otros llamados al Gobierno
En la carta pastoral, la representación de la Iglesia Católica en El Salvador hace otros llamados al gobierno salvadoreño, referidos a no perseguir ambientalistas ni defensores de derechos humanos, establecer una política familiar, un aumento al salario mínimo en el sector agrícola, el subsidio a la canasta básica, el respeto al derecho de la migración, estudiar bien los casos de los prisioneros para que las personas que son inocentes salgan «lo más pronto posible» de la cárcel y pide priorizar la educación. En general, hace un llamado a escuchar al pueblo «en sus peticiones y sus necesidades», fomentar el diálogo y la escucha, sumando a las fuerzas vivas sin coaccionarlas, procurar el bien común y tener una «actitud positiva unificando a la nación», haciendo «uso de un lenguaje propositivo, respetuoso e incluyendo».
También, manifiesta su preocupación por la educación de los niños y jóvenes en el país.
Advierte que son necesarios los espacios de «sano esparcimientos» como escuelas de arte, deportes, fútbol, básquetbol, y pidió que «se invierta tiempo, atención y los recursos necesarios», con talleres, para zonas en donde antes había violencia para que «la triste historia de la violencia vivida no se repita». La Dirección de Integración desarrolla «festivales» que se trasladan cada fin de semana a un diferente lugar.
Así mismo, la Iglesia advirtió que «la pobreza y la falta de oportunidades conducen a la ignorancia, a la violencia, al odio de clases y por ende a la criminalización, sino es que a la lucha de clases».
