Autor: Yolanda Magaña

Con los datos más actualizados de cada comisión de trabajo, cerca del cierre del año 2025, la Asamblea Legislativa tendría pendiente de estudio un aproximado de 180 expedientes según sus informes trimestrales más actualizados.

De las ocho comisiones, cuatro tienen presentados sus informes al día: la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Gobierno y Legislación, la Comisión de la Niñez e Integración Social, y la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente.

Estas comisiones ya publicaron sus informes correspondientes al periodo de agosto a octubre de 2025 y lo presentaron al pleno legislativo en noviembre.

Estas comisiones reportaron un total de 21 reuniones en sus informes del trimestre; el resto no ha actualizado sus informes.

Solo entre estas cuatro comisiones que tienen sus informes actualizados hay 134 expedientes bajo estudio. Sumadas a los datos de las restantes cuatro comisiones, resultan 180 expedientes bajo estudio: 43 en la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, 42 en la Comisión de Hacienda, 36 en la Comisión de la Niñez, 23 en la Comisión de Infraestructura, 22 en la Comisión de Tecnología, 13 en la Comisión de Salud y 1 en la Comisión de Seguridad Nacional.

Las comisiones de Tecnología, Turismo e Inversión, y la de Infraestructura y Desarrollo Territorial presentaron sus informes más recientes en agosto, con datos del periodo mayo a julio.

Las dos comisiones con información más desactualizada en sus informes son la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, que presentó su más reciente informe en agosto con datos del periodo febrero a abril de 2025; y la Comisión Política, que tiene su informe más reciente en marzo de 2025 con datos de noviembre y diciembre de 2024, y enero de 2025.

Durante los últimos tres meses reportados por cada comisión, los diputados reportaron un total de 64 dictámenes favorables y 29 reuniones o sesiones de trabajo.

La comisión con más reuniones de trabajo es la Comisión de Hacienda, con 16 sesiones; esta es la Comisión que reporta más dictámenes favorables aprobados, un total de 35.

Le sigue a gran distancia las comisiones de Salud y Medio Ambiente, y la de Tecnología, Turismo e Inversión, con tres reuniones cada una.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior solo reportó una reunión en el periodo entre agosto y octubre, así como la Comisión de Niñez e Integración Social.

La alcaldía de Santa Ana Centro informó que 330 santanecos se graduaron de talleres vocacionales municipales sobre 10 especialidades.

Entre las especialidades de los cursos impartidos, están cosmetología, panadería, marroquinería, inglés, computación y publicidad gráfica, según la alcaldía.

El acto de graduación contó con la participación del alcalde, Gustavo Acevedo. El funcionario, según la nota de prensa, destacó la importancia de la educación técnica y vocacional como una herramienta clave para el crecimiento personal, la inserción laboral y el emprendimiento.

La alcaldía de Santa Ana Centro inició la más reciente jornada de talleres vocacionales en junio pasado sin costo a la población. Ofrecen cursos de publicidad gráfica, sastrería, panadería, marroquinería, máquinas industriales, manualidades, corte y confección, cosmetología, computación e inglés.

La alcaldía dispone del número 2402-7521 para atender consultas sobre los cursos vocacionales. Para inscribirse, los ciudadanos requieren dos fotos tamaño cédula y una fotocopia del DUI ampliado al 50 %. Si es menor de edad, debe ser mayor de 15 años, y presentar dos fotos cédula y la partida de nacimiento.

El “Código de Ética para los servidores públicos de la municipalidad de La Libertad Sur, departamento de La Libertad, sus socios de negocios y otros externos obligados” fue publicado el 15 de diciembre e inició su vigencia el pasado 23 de diciembre de 2025.

Los obligados en el Código de Etica son los servidores públicos de la alcaldía, los que prestan sus servicios remunerados o ad honorem, los administradores de bienes, pasantes, proveedores de bienes y socios de negocios así como donantes y clientes.

Estas personas obligadas deberán evitar utilizar distintivos de partidos políticos, incluidos colores, lemas, leyendas o cualquier signo distintivo o de similar naturaleza en la papelería institucional, bienes o recursos públicos.

Igualmente, los terceros obligados, socios de negocios, clientes, donantes, patrocinadores, adjudicatarios de espacios públicos municipales, proveedores, tampoco podrán usar signos de partidos políticos cuando interactúen con servidores públicos municipales.

El Código de Ética también prohíbe el uso de fondos o recursos públicos para promover nombres, marcas, eslógales o signos que representen intereses políticos ideológicos, religiosos, profesionales o comerciales.

El artículo 10 del Código manifiesta su “total intolerancia a las prácticas de soborno o conductas corruptas, nepotismo, lavado de dinero o de aquellas que puedan percibirse como tal en el quehacer institucional”.

Así mismo, recuerdo que la municipalidad tiene una política sobre obsequis, hospitalidades y regalías que prohíbe la “solicitud o recepción de obsequios para influir en el resultado de sus obligaciones”. Esta política también regula excepciones.

Según el Código, los obsequios, hospitalidades y regalías que se permiten en el marco de la función pública son únicamente aquellos que no superen el valor determinado por el concejo municipal, es decir, 20 dólares.

Los desarrollistas, usuarios de zonas francas y los Depósitos para Perfeccionamiento Activo (DPA) tendrán dos años de gracia, luego del vencimiento del acuerdo del Ministerio de Economía que los autoriza, para realizar inversiones adicionales en El Salvador, lo que les permitirá continuar recibiendo las exenciones fiscales.

Así lo dicta una disposición transitoria de la reforma a la Ley de zonas francas industriales y de comercialización, aprobadas el pasado 23 de diciembre, en la última sesión plenaria ordinaria del año de la Asamblea Legislativa.

Si la inversión adicional no se concreta en dos años, según la disposición, estas empresas estarán obligadas a cancelar los impuestos durante ese periodo considerado de gracia.

Entre los incentivos que la Ley de zonas francas otorga a estas empresas está la exención de Impuesto sobre la Renta, utilidades o dividendos distribuidos a sus socios o accionistas, impuestos municipales, Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles.

Las modificaciones aprobadas ampliaron de cinco a diez años el periodo adicional que se otorga a estas empresas para ser beneficiadas con la exención de los impuestos, siempre y cuando aumenten su inversión en un 100 % con relación a su inversión inicial y comprueben un aumento del 100 % en los empleos generados respecto al promedio de empleos activos que tuvieron en los últimos tres años.

Para los usuarios de zona franca el monto de inversión no puede ser menor a $500,000 y, para los DPA, no puede ser menor a $800,000.

La ley establece que los desarrollistas, usuarios y DPA gozan de exenciones por 10 años desde el inicio de sus operaciones si se ubica en el área metropolitana, y por 15 años si se ubican fuera del área metropolitana.

La reforma, además, permite que las áreas verdes que deben incluirse en la construcción de las instalaciones o naves industriales de la zona franca, puedan construirse en una proporción fuera del área de la zona franca: 10 % dentro de la zona franca o zona colindante, y 20 % dentro o fuera de la zona franca.

El presidente de la República, Nayib Bukele, amplió por decreto ejecutivo, hasta el 31 de diciembre de 2026, la autorización para que la Fuerza Armada pueda apoyar a la Policía Nacional Civil (PNC) en tareas de seguridad pública.

La autorización se realizó a través del decreto ejecutivo 25 aprobado el 3 de diciembre de 2025 y publicado en el Diario Oficial del 16 de diciembre de 2025.

El uso de la Fuerza Armada fue aprobado originalmente en un decreto ejecutivo del 28 de septiembre de 2009 durante el gobierno de Mauricio Funes.

El artículo 168 ordinal 12 de la Constitución de la República permite disponer de la Fuerza Armada “excepcionalmente”.

Durante el gobierno de Bukele, el primer decreto sobre el uso de la Fuerza Armada en seguridad pública fue aprobado en noviembre de 2019.

El decreto de prórroga aprobado en diciembre de 2025 iniciará su vigencia el 1 de enero de 2026.

Según el decreto, la Fuerza Armada está autorizada a realizar «patrullajes conjuntos de prevención, disuasión y aprehensión de miembros de estructuras del crimen organizado y delincuencia en todo el territorio nacional».

También autoriza a los miembros de la Fuerza Armada a poner énfasis en el resguardo de la frontera nacional en lugares «no habilitados», en la seguridad perimetral externa de las instalaciones de los centros penitenciarios, intermedios y de internamiento de menores, en colaboración con las labores de seguridad de los centros penitenciarios.

Con este decreto, los miembros de la Fuerza Armada están autorizados a ayudar al control de los ingresos y egresos de las instalaciones de los centros penitenciarios; y en la protección perimetral de los centros educativos.

El decreto de reforma argumenta que la implementación del Plan Control Territorial tiene resultados positivos en la lucha contra la criminalidad, por lo que necesitan «la continuidad de la participación de la Fuerza Armada» en el mantenimiento de la paz interna.

Desde marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción que suspendió tres derechos constitucionales bajo el cual el gobierno registra 90,600 supuestos pandilleros capturados. Mientras organizaciones no gubernamentales denuncian que bajo esta medida han muerto más de 400 personas en las cárceles bajo custodia estatal y han registrado 6,500 denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos, el gobierno dice que ha habido 1,093 días sin homicidios durante la gestión Bukele.

La Asamblea Legislativa prorrogó hasta el 1 de enero de 2027 los efectos de la «Ley especial transitoria para la suspensión de embargos por créditos otorgados al sector productivo del café».

Los embargos suspendidos son los relacionados a las deudas contraídas por personas naturales o jurídicas con el Fondo de Emergencia para el Café (FEC) y el Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Cafetalero (Ficafé).

El decreto, aprobado el 25 de enero de 2022, suspende «los pagos de capital e intereses sobre la deuda contraída con fondos provenientes del Ficafé y del FEC aplicados a las cuotas de pago a partir de 2013 y subsiguientes».

El decreto también suspendió los juicios ejecutivos mercantiles o civiles que impliquen los embargos, y los iniciados o que se encuentren en trámite judicial ejecutivo o mercantil contra productores de café en deuda, siempre con fondos del Ficafé, FEC y créditos relacionados con los mismos fondos.

Según el decreto, el objetivo de la prórroga es contribuir a la reactivación del sector cafetalero.

La suspensión había sido prorrogada hasta el 1 de enero de 2026, pero el gobierno consideró pertinente aprobar una nueva ampliación porque «se mantienen las condiciones que justificaron su aprobación».

La solicitud fue enviada por el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, respondió a la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, quien compartió este martes un enlace de un reportaje de ProPublica titulado “Surviving CECOT”, que incluye testimonios de venezolanos que dicen haber sufrido torturas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en Tecoluca, San Vicente Sur.

“Escuche a Juan, Andry y Wilmer compartir de primera mano cómo la administración Trump los marcó como pandilleros sin pruebas y los deportó a la brutal prisión de El Salvador”, escribió Clinton.

Bukele respondió a Clinton que si ella está convencida de que “en el CECOT se están produciendo torturas, El Salvador está dispuesto a cooperar plenamente”.

Como segundo mensaje, Bukele aseveró que están “dispuestos a liberar” a toda la población carcelaria que hay en El Salvador, “incluidos los líderes de pandillas” y los “descritos como ‘presos políticos’ a cualquier país dispuesto a recibirlos” pero dijo que tiene una “única condición”: “deben ser todos”.

Luego, el gobernante salvadoreño manifestó que esta liberación de la población carcelaria a otro país “sería de gran ayuda para los periodistas” y “sus ONG (organizaciones no gubernamentales) favoritas”, en referencia a las entidades que son citadas por periodistas en sus notas.

Con un tono de ironía, Bukele aseguró que esto –trasladar a los reos fuera de El Salvador– “haría mucho más fácil” a los periodistas “encontrar voces adicionales críticas al gobierno salvadoreño” o “dispuestas a confirmar las conclusiones que ya se esperan”.

En El Salvador, está detenida Ruth Eleonora López, quien era una abogada jefa de la unidad Anticorrupción de la asociación Cristosal, una oenegé que investigaba denuncias de violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción.

El presidente, quien aseguró que seguirán “priorizando los derechos humanos de los salvadoreños que viven libres del dominio de las pandillas, aseguró que estos “testimonios reflejan una realidad sistémica” y que muchos gobiernos deberían estar ansiosos por ofrecer protección.

En noviembre pasado, The New York Times también publicó un reportaje titulado “Ustedes son todos terroristas”, con 40 testimonios de venezolanos que estuvieron recluidos en el CECOT e indicó que el Grupo Independiente de Expertos Forenses calificó los testimonios de “creíbles” e indicó que la mayoría de los hechos “se ajustaban a la definición de tortura de las Naciones Unidas”.