Autor: Yolanda Magaña

LaAgencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con sede en Madrid, se reunió este jueves con representantes de organizaciones no gubernamentales españolas que trabajan con El Salvador por la aprobación en El Salvador de laLey de Agentes Extranjeros.

La reunión fue dada a conocer este jueves por la cuenta de X de la AECID, que publicó imágenes de la reunión.

España es uno de los mayores cooperantes extranjeros en El Salvador.

Según la memoria de labores de Cancillería 2023-2024, se ejecutan tres iniciativas de cooperación de España que suman $1,578,121.95: estándares ambientales para la mitigación y adaptación al cambio climático en la eficiencia productiva; seguridad alimentaria y autonomía económica de mujeres rurales en cinco departamentos del país; y servicios para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

También la Embajada de España en El Salvador informó a través de redes sociales que sostuvo una reunión este viernes con representantes de ONG españolas que tienen proyectos activos en El Salvador. En la publicación etiquetó a AECID, el Centro Cultural de España, al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España; y la Cooperación Española.

La cooperación internacional concretada por elMinisterio de Relaciones Exteriores para El Salvador bajó un 45 % en el último quinquenio 2019-2024, ya quela cooperación extranjera concretada por Cancillería salvadoreña fue $1,308 millones en el quinquenio 2009-2014 y de$919.1 millones en el periodo 2019-2024. El 28 de enero de 2025, Bukele derogó el decreto de creación de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), una unidad dentro de la Presidencia de la República que el 29 de junio de 2020 era encargada de optimizar las posibilidades de cooperación a El Salvador. Desde entonces, estas funciones fueron devueltas al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Con la aprobación de laLey de Agentes Extranjeros, tanto las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos extranjeros como los llamados “mandantes” extranjeros, que son los gobiernos, partidos, organizaciones o personas extranjeras que cooperan con agentes en El Salvador, serán controlados y supervisados, no solo en sus finanzas sino también en sus actividades, por unRegistro de Agentes Extranjeros dirigido por un funcionario nombrado por el Ministerio de Gobernación.

En la ley, sin embargo, se crearon “exclusiones” que aún no están definidas, ya que serán decididas por el Registro, de forma anual y según las solicitudes y criterios como “naturaleza del proyecto, el ente que genera los recursos, la entidad destinataria de estos, la obra, bien o servicio que se ejecutará o adquirirá con los recursos que se perciban y el estricto de cumplimiento a los mismos para su renovación automática”. La RAEX también podrá “revocar” o “renovar” esta exclusión.

Elpresidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien anunció la Ley el martes 13 de mayo luego de una protesta de la cooperativa El Bosque, respondió: “No se preocupen, los auténticos obtendrán exenciones completas”.

La queja expresada en X de @MURPHSLIFE ante la inminente aprobación de la ley decía: “Espero de verdad que esto no se aplique a todas las ONG que muestran adónde van sus donaciones. Esto haría que muchas de ellas, que hacen cosas geniales para la gente de aquí, se fueran”.

La Ley de Agentes Extranjeros se aprobó el 20 de mayo sin ningún cambio a la propuesta entregada el mismo día por elministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín.

El gobierno salvadoreño podrá cancelar o suspender la personería jurídica de una organización no gubernamental si se considera que está incumpliendo las obligaciones de la nueva

Ley de Agentes Extranjeros, luego de que el director del

Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) lo solicite.

La

Ley de Agentes Extranjeros, anunciada en X el martes 13 de mayo por el

presidente salvadoreño,

Nayib Bukele, luego de una protesta de habitantes de la cooperativa El Bosque contra una orden de desalojo, fue aprobada el martes 20 de mayo por la

Asamblea Legislativa con 57 votos. En esa protesta fueron arrestadas dos personas.

Sin usar expresamente el término «cierre», menciona la posible suspensión o cancelación de la personería jurídica.

El

Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) estará facultado a »

solicitar la suspensión o cancelación
, según sea el caso,

de la personería jurídica
o de la inscripción que autorizó su funcionamiento en el país, «de los entes obligados que incumplan la presente ley», según el artículo 7, literal «j» de la normativa aprobada, sin especificar algún incumplimiento específico.

La posibilidad de «solicitar la suspensión o la cancelación de su personería jurídica o de la inscripción» también se plantea en el literal «a» del artículo 8, en este caso, ante el incumplimiento de la obligación de «registrarse en el RAEX bajo los requisitos y formatos que este establezca» con una declaración «bajo juramento» en «duplicado, para el Registro y la Fiscalía General de la República».

La »

Ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro
«, vigente desde 1996, castiga con multas infracciones como no llevar contabilidad formal, no presentar al

«Registro de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro»
los balances generales y estados de pérdidas y ganancias dictaminados por auditor, no efectuar inscripciones en el Registro, entre otros. Según el reglamento, le corresponde al Registro «practicar la cancelación de la inscripción de dichas entidades».

Esta normativa faculta al

Ministerio de Gobernación
a ordenar la suspensión de la autorización para funcionar «a las entidades extranjeras cuando realicen actividades que infrinjan la ley» o hayan ocasionado «graves perjuicios a terceras o al Estado» previa investigación y comprobación.

¿Por qué motivos?

Las causales de la petición de suspensión o la cancelación de personería jurídica de una oenegé es el «incumplimiento» general de la ley.

Según la normativa, tanto las oenegés como las personas que reciben fondos extranjeros deben cumplir ciertos deberes y no violar ciertas prohibiciones.

¿Bajo qué incumplimientos de una organización podría el Registro pedir cancelar su personería jurídica?

-No inscribirse en el Registro.

-Recibir fondos anónimos.

-Realizar actividades políticas o desestabilizadoras.

-Cambiar el uso de fondos sin aviso.

-Ocultar actividades que responden a intereses extranjeros.

-No cumplir requisitos administrativos y fiscales.

-Omitir informes.

-No cumplir con la retención del 30 % de impuesto sobre fondos extranjeros recibidos.

-No responder requerimientos del Registro o del Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, según los artículos 18 y 19 de la nueva

Ley de Agentes Extranjeros
, si una ONG no cumple las obligaciones del artículo 8 o los plazos para presentar información al RAEX «sin causa justificada» podrán ser multadas desde $100,000 hasta $150,000; y si no cumple las prohibiciones del artículo 9, de $150,000 a $250,000.

El director general del RAEX será la autoridad para instruir e investigar la infracción cometida por una oenegé o persona, y el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial será el encargado de sancionar.

La cancelación de su personería jurídica no es la única consecuencia ante el incumplimiento de la nueva ley. También «los hará incurrir en las responsabilidades administrativas y penales respectivas» (artículo 9) incluso por actos «que amenacen la seguridad nacional u otros actos debidamente comprobados» (artículo 18), así mismo, estas organizaciones también podrían ser inhabilitadas para operar si no se registran en el RAEX en 90 días después de la vigencia de la ley:

«No podrán realizar actividades ni movimientos de recursos financieros o activos ni bienes materiales».

La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, prometió que la Ley de Agentes Extranjeros «no busca prohibir actividades que ya se están realizando» en El Salvador, ya que lo único que exige es «transparencia» a las organizaciones o personas que reciben fondos extranjeros.

Al final de su intervención, Callejas hizo una reflexión final sobre el sentido de la nueva normativa, señalando que el proceso de El Salvador puede ser «frágil» a agentes externos «con intereses mezquinos», por lo cual es necesario que digan «sus verdaderas intenciones».

La legisladora y también vicepresidenta del Órgano Legislativo salvadoreño dijo que, con la nueva ley, «se busca proteger la soberanía nacional y evitar las injerencias externas encubiertas».

“No podemos ser de memoria corta, estamos atravesando por una etapa de verdadera paz y este proceso puede ser frágil si dejamos que gente con intereses bastante mezquinos vengan a trabajar acá sin decirnos siquiera cuáles son sus verdaderas intenciones”.
Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas.

La nueva Ley de Agentes Extranjeros fue aprobada la noche del martes con dispensa de trámite. Esta crea un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) que podrá controlar y fiscalizar a las personas y oenegés que reciban cooperación extranjera, las cuales pagarán 30 % de sus donaciones y no realizar actividades para «alterar el orden público» o que «amenace la estabilidad social y política«.

Sin embargo, ayer, tanto Callejas como el diputado Ernesto Castro, ambos de Nuevas Ideas, aseguraron que las oenegés podrán seguir haciendo las actividades que realizan siempre y cuando las declaren y paguen el impuesto.

La diputada leyó la prohibición de realizar actividades políticas o actividades que amenacen «la estabilidad. social y política».

“Esto tiene una lógica clarísima, un extranjero no puede venir a El Salvador a realizar campañas políticas sobre otro tipo de partidos que están fuera del país, de hecho es una prohibición para estar legalmente en este país», expresó.

El artículo 24 de la nueva ley indica que «los sujetos obligados –los que reciben donaciones y los financistas extranjeros– deberán registrarse en el RAEX en un plazo máximo de 90 días» y que, «mientras los sujetos obligados no cumplan con la obligación de registrarse, no podrán realizar actividades, ni movimientos de recursos financieros o activos, ni bienes materiales«. Además, el artículo 8 literal «a» indica que el incumplimiento de la obligación del registro podría impilcar «la suspensión o la cancelación de su personería jurídica o de la inscripción«.

“Esta ley no busca prohibir actividades que ya se están realizando, sino que exige transparencia para estas organizaciones, es decir que informen a los salvadoreños quiénes les financian y para qué tipo de actividades”.
Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas.

«Habrá organizaciones como Funde (Fundación Nacional para el Desarrollo) que van a estar un poco preocupadas, sin embargo, se registran en el RAEX y todo va a estar bien», aseguró la diputada Callejas durante la sesión plenaria.

La diputada Callejas hizo su propio recuento sobre quiénes deben registrarse en el RAEX:
-Personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que desarrollan actividades en El Salvador controladas o financiadas por extranjeros.
-Financistas extranjeros, como los representantes de gobiernos extranjeros, los integrantes de partidos políticos extranjeros, miembros de oenegés, corporaciones o personas jurídicas con sede principal fuera de El Salvador.

Callejas aseveró que las obligaciones de los «agentes extranjeros» será pagar un impuesto al 30 %, «esto incluye donaciones o pagos o importaciones en especie», aclaró, aunque según la diputada podrán pedir exenciones «todas las organizaciones que están realizando proyectos que están dentro del marco de todo lo social y bienestar de este país”.

También, detalló que el RAEX exigirá a los entes obligados «informar a qué se dedican, qué tipo de proyectos están ejecutando, cómo se usan los recursos que reciben del extranjero aquí en El Salvador, para financiar actividades que se desarrollan dentro del territorio nacional».

La nueva Ley de Agentes Extranjeros aprobada el martes por la Asamblea Legislativa salvadoreña impone multas desde los $100,000 hasta los $250,000 a los sujetos obligados que no entreguen la información requerida en plazo o incumplan las obligaciones que se regulan en los artículos 8 y 9.

Por incumplir las obligaciones establecidas en el artículo 8 los sujetos obligados podrán ser sancionados con una multa de $100,000 a $150,000.

Por incumplir las prohibiciones del artículo 9 podrán ser sancionadas con multas de $150,000 a $250,000.

Sin embargo, el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial podrá emitir instrumentos para «aclarar aspectos relacionados» a la aplicación de la ley y el Presidente de la República «podrá aprobar cuantos reglamentos de aplicación» sean necesarios. Además, el nuevo Registro podrá establecer los requisitos a los agentes extranjeros o sus financistas, ambos sujetos obligados.

La nueva normativa establece un impuesto del 30 % sobre toda donación, incluso en especie, del extranjero, a personas o entidades que realicen sus actividades en el país, y además obliga a las mismas a entregar información sobre sus actividades o cualquier otra información que decida el nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAEX).

¿Cuáles son los incumplimientos que conllevan multas entre $100,000 a $150,000?

1. No registrarse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) bajo requisitos y formatos, con una declaración bajo juramento para el Registro y Fiscalía. Si se incumple, el Registro además está facultado para «realizar acciones legales» para «impedir la realización de sus actividades» como la cancelación de la personería jurídica.

2. No recibir los fondos mediante instituciones legalmente autorizadas.

3. No cumplir con la Ley contra el lavado de dinero y de activos.

4. No llevar libros de contabilidad y no conservar los registros de sus actividades según se lo exija el RAEX.

5. No cumplir con las disposiciones del RAEX y sus reglamentos.

¿Cuáles son los incumplimientos que conllevan multas entre $150,000 y $250,000?

1. Realizar actividades sin estar registrado en el RAEX.

2. Realizar actividades para fines políticos u otros para alterar el orden público, que ponga en riesgo o amenace la seguridad nacional o la estabilidad social y política del país.

3. Recibir, usar donaciones o financiamiento para actividades no declaradas previamente en el RAEX o que no correspondan a fines establecidos en estatutos o autorización de su funcionamiento.

4. Cambiar el propósito declarado de los fondos sin avisar al RAEX.

5. Recibir donaciones anónimas.

6. Transmitir «cualquier material informativo» para un mandante extranjero sin colocar en dichos materiales la etiqueta que se transmite a nombre de un mandante extranjero.

7. Ocultar actividades financiadas por extranjeros.

8. No informar sobre el uso de entidades, mecanismos, persona natural o jurídica para canalizar o transferir fondos desde el exterior «a favor de organizaciones sin fines de lucro».

Con las exclusiones que determine un director nombrado por el Ministerio de Gobernación, las personas naturales y jurídicas que realicen actividades financiadas por extranjeros y sus financistas extranjeros deberán inscribirse en el nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), que supervisará y fiscalizará sus actividades.

Este nuevo Registro tendrá facultad para solicitar la información que considere sobre los agentes extranjeros a diferentes instituciones y deberá remitir a la Fiscalía General de la República un informe cada seis meses de las actividades de los mismos.

La nueva Ley de Agentes Extranjeros, aprobada el martes por la Asamblea Legislativa de El Salvador, con 57 votos, faculta al nuevo RAEX a requerir «documentos o cualquier información que considere necesaria sobre los sujetos obligados» y a «supervisar, fiscalizar y llevar un control» de sus actividades.

Los «sujetos obligados» de esta ley son dos: los «agentes extranjeros» –quien recibe los fondos extranjeros para actividades desarrolladas en El Salvador– y los «mandantes extranjeros», definidos en la nueva ley como las personas o entidades de gobiernos extranjeros, miembros o representantes de partidos extranjeros, y organismos o corporaciones extranjeras.

¿Quiénes deben registrarse? Personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que desarrollan actividades en El Salvador controladas o financiadas por extranjeros, también deben inscribirse los financistas extranjeros como los representantes de gobiernos extranjeros, los integrantes de partidos políticos extranjeros, miembros de oenegés, corporaciones o personas jurídicas con sede principal fuera de El Salvador”.

Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas.

La normativa le otorga al RAEX «amplias facultades» para establecer requisitos a los sujetos obligados y a «requerirles los informes necesarios cuando lo estime pertinente».

El Registro estará a cargo de un director general nombrado por el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, y tendrá «autonomía funcional y técnica».

La nueva ley obliga a las personas o entidades a realizar «una declaración de registro bajo juramento» «para el Registro y a la Fiscalía General de la República», de lo contrario el Registro realizará «las acciones legales correspondientes para impedir» sus actividades temporal o definitivamente, cancelando la personería jurídica o la inscripción.

El nuevo Registro deberá estar conformado y en funcionamiento «a partir de la entrada en vigencia» de la ley pero las personas o entidades obligadas «deberán registrarse» en «un plazo máximo de 90 días».

La nueva normativa, además, creó un impuesto del 30 % sobre las transferencias que reciban de sus «mandantes extranjeros» y multas de hasta $250,000 por incumplimientos.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes, con dispensa de trámites, la nueva Ley de Agentes Extranjeros, que aplicará un impuesto del 30 % sobre las donaciones, que será retenido en cada transferencia, desembolso o importación en especie o bienes de cualquier tipo, de un «mandante extranjero».

La normativa fue aprobada con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados. Dos diputados de Arena y la diputada de Vamos votaron en contra.

Las personas naturales o jurídicas que reciban fondos extranjeros tendrán 90 días para inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) –una dependencia del Ministerio de Gobernación– a partir de la vigencia de la normativa; si no se registran, no podrán recibir donaciones ni realizar actividades.

El nuevo RAEX estará a cargo de un director general nombrado por el ministro de Gobernación.

Las retenciones del nuevo impuesto del 30 % serán realizadas por las instituciones financieras cuando se haga cada transferencia.

La normativa establece multas desde $100,000 hasta $250,000 por incumplir las prohibiciones, una de las cuales es: “Realizar actividades para fines políticos” para “alterar el orden público que pongan en riesgo o amenacen la seguridad nacional o la estabilidad social y política del país” y ocultar que sus actividades son financiadas por un mandante extranjero.

¿A quiénes aplicará?

La nueva Ley de Agentes Extranjeros aplicará a “toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera” que realicen “actividades que respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente por un mandante extranjero”, incluyendo a asociaciones y fundaciones sin fines de lucro.

Estos mandantes extranjeros son personas, representantes de un gobierno de país extranjero, miembros, representantes, correligionarios de un partido político extranjero u organismos o corporaciones extranjeras.

Exclusiones

El artículo 5 indica que los sujetos obligados podrán “solicitar que se les excluya” de las obligaciones de la ley “previa calificación del RAEX”, que considerará: “La naturaleza del proyecto, el ente que genera los recursos, la entidad destinataria de estos, la obra, bien o servicio que se ejecutará o adquirirá con los recursos que se perciban y el estricto cumplimiento a los mismos para su renovación automática”

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió que se establecieran exclusiones con “criterios ya taxativos” ya que estos son “discrecionales y ambiguos”.

Ortiz señaló que “básicamente el gobierno va a decidir qué organización receptora de cooperación va a estar sujeta a control y al 30 %”. No sorprenderá que estos sean aplicados solamente aquellos a quienes ustedes les conviene y a los que denuncian su corrupción, a los que descubren sus abusos de poder”, indicó.

Para “evitar injerencias externas encubiertas”

Los diputados del partido de gobierno, Nuevas Ideas, defendió la nueva normativa cuya aprobación fue solicitada con dispensa de trámite a las 4:37 p.m. por el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas.

La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, aseguró que con la ley “se promueve la transparencia sobre quién financia y dirige las organizaciones que operan en El Salvador con fondos extranjeros”.

“Se ordena y fiscaliza las actividades de los agentes extranjeros a través de este nuevo Registro. Se busca proteger la soberanía nacional y evitar las injerencias externas encubiertas”, agregó Callejas.

La diputada de Nuevas Ideas aseguró que están “trabajando por primera vez por una etapa de verdadera paz” y que “este proceso puede ser frágil si dejamos que gente con intereses bastante mezquinos vengan a trabajar acá sin decirnos cuáles son sus verdaderas intenciones”.

El diputado Guevara aseguró que legislaciones similares han sido aprobadas en Australia, Alemania, Francia y Corea del Sur, y se está discutiendo en Canadá.

“Estricta vigilancia gubernamental”

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, advirtió que la ley planteada por el gobierno de El Salvador no se limita a obligar a la transparencia de las actividades financiadas por un país extranjero sino que “es incompatible” con la “democracia, el Estado de Derecho y con el respeto a los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de asociación”.

“Pone límites y condiciones inaceptables” a las expresiones de la sociedad civil “a todo nivel”, y somete a “estricta vigilancia gubernamental las actividades de la cooperación y la solidaridad internacional”, reclamó Ortiz.

Definió la ley como “una herramienta autoritaria para la censura y el debilitamiento al espacio cívico en El Salvador”.

La legisladora afirmó que el artículo 20, que faculta al presidente a “aprobar cuantos reglamentos de aplicación y desarrollo de la presente ley”, se debió llamar “artículo de la inseguridad jurídica”.

Arena pide saber cuánto dio Cosavi a Nuevas Ideas

El diputado Francisco Lira, de Arena, calificó la normativa de «Ley mordaza» para las instituciones que señalan «los abusos» y «actos arbitrarios» del gobierno. Aseveró que le gustaría saber cuánto le dio la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R.L. (Cosavi) al partido Nuevas Ideas.

Lira cuestionó por qué en 2021 la Asamblea se echó para atrás y por qué lo quieren hacer «saltándose las discusiones en las comisiones legislativas» para escuchar a las «instituciones afectadas y beneficiadas». «Esta iniciativa sirve para desviar la atención de la problemática del pueblo salvadoreño, que no tiene para comer, que no tiene una vivienda digna, el tema de pensiones, los actos de corrupción de este gobierno todavía no han sido juzgados… Si con esto se va a solucionar lo de la cooperativa El Bosque, ¿por qué no dejan libre al líder comunitario, a Alejandro o por qué persiguieron a Ruth López?», preguntó.

En respuesta a Arena, el diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, señaló que no tenían moral para hablar de los jóvenes. «Sigan gritando lo que quieran, hombre, a la cooperativa El Bosque, contentos deberían estar, que no ve con se les va a devolver la dignidad a esas 300 familias», afirmó. «Nuestro país va a seguir cambiando», indicó.

La Ley de Agentes Extranjeros fue anunciada por el presidente Nayib Bukele luego de la protesta de habitantes de la cooperativa El Bosque contra un desalojo ordenado por un Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla, que falló a favor de Luis Antonio Palomo Urbina, que reclama el pago de sus servicios a la cooperativa. Bukele aseguró que con el nuevo impuesto del 30 % a las ONG resolvería «de una vez por todas» la situación de las 300 familias que eran afectadas por la orden de desalojo.

El excomisionado de derechos humanos y libertad de expresión en El Salvador, Andrés Guzmán Caballero, rechazó las críticas que ha recibido luego de su renuncia al cargo anunciada por él mismo minutos después de la la captura de la jefa de la Unidad Anticorrupción de la asociación Cristosal, Ruth López.

Pero hay quienes no entendieron que no todos estábamos escondidos en la bodega: algunos remábamos, aun sabiendo que la tormenta era inevitable.
Andrés Guzmán, excomisionado de derechos y libertad de expresión de El Salvador.

«El ruido pasará. El rumbo permanece. Que cada quien elija con qué hundirse; yo ya elegí por qué vivir», manifestó este martes el exfuncionario en X. Agregó que «dicen que las ratas abandonan el barco» y se refirió a «algunos» que «lanzan insultos desde la comodidad de la orilla y la complicidad con los terroristas».

«Yo cierro el capítulo con la frente en alto y la conciencia en paz. No vine a ser aplaudido, vine a servir, y aunque moleste cumplí», indicó el colombiano, quien al inicio de su mensaje se refirió a «ratas, barcos y otras metáforas flojas».

Guzmán publicó su renuncia a las 11:46 p.m. del domingo pero que había sido realizada el 15 de mayo y hecha efectiva a partir del 16 de mayo. Aseguró lo hacía «con profunda tristeza» y que una «regla esencial del poder» es «saber cuándo cerrar un capítulo y comenzar otro con visión estratégica y prudencia».

Durante sus intervenciones en audiencias de organizaciones internacionales, Guzmán expresó que hacía «falta mucho por hacer» y que, luego de ser el «más seguro del mundo», se debía ser «el país más justo». También negó que en El Salvador haya torturas, violaciones a la libertad de expresión y persecución contra periodistas.

Guzmán Caballero fue nombrado comisionado de derechos humanos y libertad de expresión de El Salvador desde el 24 de mayo de 2023 y fungió en ese cargo hasta el 16 de mayo de 2025, día en que fue aceptada su renuncia interpuesta un día antes. El decreto ejecutivo de creación del cargo de comisionado de derechos humanos y libertad de expresión fue emitido el 19 de mayo de 2023.

De 2006 a 2022, durante 16 años, Guzmán Caballero fue alto ejecutivo de Adalid Corp, que fue contratada por la Defensoría colombiana para implementar un «Laboratorio Forense de Evidencia Digital» denunciado por sindicatos colombianos de espionaje. Guzmán fungió durante seis meses hasta abril de 2023 delegado para los derechos en entornos virtuales y libertad de expresión de la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Su perfil de LinkedIn dice que Guzmán es especialista en derechos humanos en la red, inteligencia artificial, comercio electrónico, delitos de alta tecnología, aspectos técnicos y legales de BlockChain, protección de datos personales, pruebas técnicas, seguridad de la información, derecho informático y cibercrimen.

Ratas, barcos y otras metáforas flojas …..

Dicen que las ratas abandonan el barco…
Pero hay quienes no entendieron que no todos estábamos escondidos en la bodega: algunos remábamos, aun sabiendo que la tormenta era inevitable.

Mientras algunos lanzan insultos desde la…

— Andrés GUZMAN CABALLERO (@andresguzm) May 20, 2025

Con 57 votos y un voto en contra, la Asamblea Legislativa autorizó el préstamo de $100 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) con los cuales se financiará la modernización de 125 centros escolares de San Salvador, La Libertad y San Vicente.

El diputado Geovanny Zaldaña, de Nuevas Ideas, reveló que «se espera tener un aproximado de más de 100,000 estudiantes como beneficiarios» de este crédito, aunque aseguró que «la reforma del sistema educativo» ya inició en «infraestructura» física y digital. Son 2,000 docentes que recibirán una capacitación continua y apoyo pedagógico según la diputada Dania González, del mismo partido.

«El gobierno ha estado en la reforma del sistema educativo, por supuesto tanto en la infraestructura como digital con el programa Mi Nueva Escuela, incluso también se ha buscado la capacitación de los docentes teniendo así una mejora en la formación, también, se tiene la distribución de libros de texto entre otros programas para mejorar la capacidad del aprendizaje por medio de la tecnología», fueron las palabras del diputado.

«Aún con todos estos esfuerzos, aún hay retos que debemos superar, como por ejemplo la mejora en cuanto al rendimiento académico en materias especialmente de lectura, escritura y matemáticas y esperamos que con estos proyectos se puedan lograr».
Geovanny Zaldaña (Nuevas Ideas).

Zaldaña indicó que por ello es «pertinente autorizar» el préstamo.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra de la autorización. Aseveró que «es un riesgo» aprobar deudas que «no son cinco centavos» ya que si no hay un Estado transparente los fondos pueden ser destinados a un fin distinto, por lo cual volvió a sugerir blindar los presupuestos de educación y salud, para que estos fondos sean intransferibles. Mencionó que la administración actual presenta «serias deficiencias en la ejecución de proyectos de proyectos de inversión pública» como la construcción del Hospital Nacional Rosales y los préstamos en primera infancia.

«La Asamblea Legislativa no hace nada para pedirle cuentas a las carteras de Estado que tienen a su cargo estos proyectos. Lo que hemos visto es que presupuestos destinados a invertir en educación y salud se han trasladado al Ministerio de Hacienda para pago de deuda y esto es preocupante. Si no tenemos un Estado que funcione de manera eficiente y transparente, es muy alto el riesgo de que ese préstamo, que no son cinco centavos, no termine siendo eficiente y realizando el fin que tiene».
Claudia Ortiz (Vamos).

Según la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, el préstamo se destinará a la mejora del sistema educativo salvadoreño pero afimó que después de la pandemia de covid-19 «se logró dar cobertura» para una «calidad educativa».

«Bien sabemos que después de la pandemia no se contaba con una infraestructura digital que diera abasto a cubrir toda la currícula educativa a nivel nacional de forma pública, sin embargo, el presidente Nayib Bukele con todo su equipo diseñó una estrategia y se logró dar cobertura, incluso hasta en los medios de comunicación tradicionales del Estado, para que los estudiantes siempre tuvieran una calidad educativa». Dania González (Nuevas Ideas).

Las relatoras especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la libertad de asociación y sobre los defensores de derechos humanos manifestaron su profunda preocupación sobre la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros, que incluiría un nuevo impuesto a las organizaciones no gubernamentales u oenegés (ONG).

“El Estado debe respetar y garantizar el derecho a la libertad de asociación. La estigmatización de la sociedad civil no es compatible con una sociedad democrática”, indicó la relatora especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, retomando la opinión de Gina Romero, relatora especial de la ONU de la Libertad de Asociación y Asamblea. “Comparto la preocupación de mi colega”, indicó.

Según la relatora de libertad y asociación de la ONU, Gina Romero, la nueva ley etiquetaría como “agentes extranjeros” a organizaciones y personas que “reciban fondos internacionales”, y permitiría sanciones “desproporcionadas” y “amplia discrecionalidad” en la calificación de “agente extranjero”.

“Impondría registros obligatorios, restricciones arbitrarias y sanciones desproporcionadas, incluyendo multas, cárcel y cierre. El proyecto establece definiciones vagas y da al gobierno amplia discrecionalidad para decidir quién se considera ‘agente extranjero”, resumió, sobre la versión del proyecto de ley que fue aprobado en 2021 como dictamen favorable.

Romero aseguró que el nuevo impuesto del 30 % sobre fondos internacionales “pone en riesgo la sostenibilidad de organizaciones que promueven derechos humanos, justicia, salud o cultura”.

La relatora también opinó que esta ley “no es compatible con una sociedad democrática”, ya que “estigmatiza, silencia y debilita al tejido cívico del país”.

“Exhorto a la Asamblea Legislativa a abrir un debate público plural y transparente, e incorporar los principios internacionales de derechos humanos antes de avanzar. Estoy a disposición a acompañar técnicamente cualquier proceso que garantice un marco normativo que respete las libertades fundamentales en El Salvador”, manifestó Romero, retomando una carta enviada al gobierno salvadoreño en noviembre de 2021.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció una nueva Ley de Agentes Extranjeros que incluya un impuesto del 30 % a las ONG para resolver con esos fondos la situación de la comunidad de la cooperativa El Bosque, Santa Tecla, luego de una protesta cerca de residencial Los Sueños en la cual fueron capturados, la noche del lunes 12 de mayo, el presidente de la cooperativa, el pastor José Ángel Pérez, y el abogado Alejandro Henríquez.

El jefe del departamento de gestión de la deuda del Ministerio de Hacienda, Julio Darío Alemán, aseveró que la aprobación de la Opción de Respuesta Rápida, que será aprobada por la Asamblea Legislativa, permitirá que el gobierno de El Salvador reasigne “hasta el 10 %” de los saldos no desembolsados o no comprometidos» de seis préstamos del Banco Mundial.

El dictamen número 92, que fue aprobado el lunes de manera unánime por la Comisión de Hacienda y General del Presupuesto, introduce una enmienda a seis contratos de créditos con el Banco Mundial que suman $1,100 millones.

El decreto de enmienda podría ser aprobado en la sesión plenaria de este martes. La Asamblea Legislativa no divulga la agenda hasta que está por iniciar la sesión plenaria, cerca de las 12 del mediodía.

La ORR fue suscrita el 11 de abril con el Ministerio de Hacienda “para una respuesta ágil ante una situación de emergencia por desastres”, luego de que el directorio del Banco Mundial decidiera aprobar la ORR para los prestatarios del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

“Dicho mecanismo permite utilizar de manera más flexible y eficazmente los recursos de los préstamos ya existentes para una respuesta ágil ante una situación de emergencia, concediendo la reasignación de hasta el 10 % de los saldos no desembolsados y no comprometidos sin la necesidad de preparar nuevos financiamientos”.
Julio Darío Alemán, jefe del departamento de gestión de la deuda del Ministerio de Hacienda.

Según el funcionario, la ORR “actúa como un mecanismo flexible para permitir al prestatario la reasignación de fondos de manera ágil” en emergencias “sin afectar otros compromisos financieros” y “sin esperar largos procesos de aprobación”.

El ministro de Hacienda y el representante del BIRF suscribieron la enmienda el 11 de abril. El mecanismo “se activa con la evidencia de que un evento ha causado un impacto económico y social adverso” y permite utilizar los recursos de los préstamos para la obtención de daños o necesidades derivados o eventos ocurridos de ser el caso.