Autor: Yolanda Magaña

El Ministerio de Desarrollo Local tiene previsto comprar alimentos para entregar paquetes a 25,000 familias y entregar pensiones a 29,822 adultos mayores por un total de $24.8 millones.

Según el Ministerio, transfieren pensiones a 29,822 personas adultas mayores de 70 años residentes en 123 distritos con mayores condiciones de pobreza y a otras 1,037 personas con discapacidad severa de 29 municipios, además de un bono de educación y salud a 2,456 familias.

Además, registran beneficios a 3,844 participantes del programa de indemnización a víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

“La mayoría son transferencias, entonces, contribuimos a que la gente tenga dos realitos si es honrada y, si no, pues, recibe de otros lados y no cuenta”. María Navarrete, ministra de Desarrollo Local. 

Disminuye monto para pensiones

El monto destinado para las pensiones para adultos mayores disminuirá respecto a los $26.3 millones programados en el presupuesto votado de 2025.

Durante el presente año, en la ejecución presupuestaria de estos fondos ha habido un recorte.

Hasta agosto pasado, las transferencias entregadas a adultos mayores por parte de Desarrollo Local fueron recortadas en $2.2 millones de $26.4 a $24.2 millones, monto del cual habían ejecutado o entregado $12 millones.

Para 2026, el proyecto incluye $24.7 millones para pensión al adulto mayor y $1.6 millones para indemnización a víctimas de graves violaciones.

Paquetes de alimentos

Por otra parte, el Ministerio prevé que en 2026 comprará productos alimentos como “maíz, frijol, arroz, aceite, sardina, azúcar y mezcla de harina de maíz y soya para la atención con paquete alimentario a un aproximado de 25,000 familias en condiciones de vulnerabilidad alimentaria.

Dentro de los proyectos productivos, el Ministerio beneficia a 49 emprendimientos, la mayoría ubicados en Chalatenango.

Luego de elogiar al gobierno, el diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano, preguntó al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, qué posibilidades hay de “revisar el diseño de un metro aéreo” ante problemas de “tráfico colapsado”.

Expuso que pueden aprovecharse infraestructuras “ya existentes”.

“Si se diseñara un metro aéreo, mantener jardines de poca altura, al centro de las dos autopistas, podíamos llegar hasta San Vicente y hacer una megaterminal ahí. También en San Martín, donde era el IRA, podría servir para una terminal y tener talleres de mantenimiento de todas estas máquinas”, dijo.

Carballo aseguró que en El Salvador no puede hablarse de un metro subterráneo por los sismos.

“Ahorita estamos trabajando en ese proyecto de carretera para generar ciertos alivios en la ciudad que ayudaría a descongestionar, un circuito que bordee el área metropolitana para que eso nos ayude a hacer otro tipo de construcciones. Y también para mientras mejorar otras cosas, el transporte público, estamos en la compra de buses para cambiar”. Romeo Rodríguez Herrera, ministro de Obras Públicas.

“Sería hasta quizás lo más económico. Imagínese usted, Zacatecoluca, del Aeropuerto, a ser, es lógico que tienen que hacer terminales con plazas, centros comerciales, hasta pasar enfrente de la Universidad de El Salvador, todo este bulevar, abrir esos tres kilómetros, que hay tramos como la Mompegón, unirnos con la Calle de Oro y tendríamos acceso a todo Soyapango, Cojutepeque, todo mundo podría llegar a esta terminal, dejar sus vehículos y tomar el metro para San Salvador”, sugirió.

El diputado aseveró que el problema crítico se da en la capital. “La gran capital es el problema, aquí a veces de Soyapango a Santa Elena hay que hacer dos horas. Si usted va para el Aeropuerto a las 4:00 de la tarde y si va con una emergencia y va a tarde, ya sabe que no llega a tiempo al vuelo porque está en un tráfico terrible. Y así vamos creciendo porque cada día tenemos más hijos, más nietos, que todos quieren carro”, dijo el legislador, aliado del partido en el gobierno, al ministro.

El ministro le respondió que tienen un plan y han hecho varios estudios de varios sistemas de transporte como metro, metrocable y tren.

“Construir un metro obviamente implicaría intervenir tramos principales, bulevar del Ejército, pasar por Salvador del Mundo, la Panamericana, Santa Tecla, etcétera, pasar desde Soyapango hasta Santa Tecla y tramos principales de la ciudad, y eso lleva tiempo el proceso de construcción”, explicó.

Señaló que, como actualmente el tráfico es bastante complejo, una construcción en medio de las arterias principales “haría el tráfico aún más complejo”.

“Por eso estamos trabajando en soluciones previas a un proyecto como ese”, le respondió, en referencia a la construcción de carreteras.

“Podemos conectar Comalapa con el bulevar del Ejército sin tener que ingresar con la capital. Hay trazos, por ejemplo, de conectar una carretera paralela con el bulevar Constitución, o también carreteras que conectan la carretera de Oro con la Troncal del Norte”, indicó.

 

La Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos, que crea una regulación distinta a la aplicada al sistema financiero salvadoreño, para regular los Fondos de Inversión Privados Alternativos (PAIF), está vigente desde este sábado 25 de octubre.

En los PAIF invertirían personas o «inversionistas sofisticados» que tengan al menos $250,000 disponibles para ello, y sus fondos podrán ser invertidos «en la más amplia variedad de activos incluidos los activos digitales».

La nueva ley fue publicada en el Diario Oficial del 17 de octubre, por lo que la vigencia inicia ocho días después: 25 de octubre.

A partir de hoy, el Banco Central de Reserva (BCR) dispone de 60 días para emitir las normas técnicas que contendrán las «políticas de gestión de riesgos» que se aplicarían a los PAIF y los requerimientos técnicos de remisión de información financiera.

Si bien la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) será la instancia que supervise los PAIF y las sociedades respectivas, estas estarán reguladas por dichas normas que serían emitidas por el BCR.

La ley indica que, mientras esas normas no sean emitidas, la SSF ya puede «emitir autorizaciones» para el funcionamiento de los PAIF «haciendo aplicación directa de las disposiciones aplicables».

Amplia inversión, incluidos activos digitales

Los PAIF podrán recibir activos digitales como bitcoin, serán propiedad exclusiva de los inversionistas. La ley dice que los PAIF estarán regulados «exclusivamente» a lo dispuesto en dicha normativa aunque también asevera que estarán sujetos a disposiciones legales antilavado, obligaciones tributarias o de investigación de actividades delictivas.

No pagarán impuestos

Sus ganancias no pagarán Impuesto sobre la Renta.

Sociedades administrarán los fondos

Serán administrados por sociedades constituidas con un capital mínimo de $10 millones que deberán ser aprobadas en un plazo «no mayor a 30 días» por la Superintendencia.

También podrán constituir PAIF autónomos «con base en criterios macro prudenciales» mediante una sociedad de responsabilidad limitada o anónima domiciliada en El Salvador con un patrimonio mínimo de $50 millones y con al menos dos participantes o inversionistas. La aportación mínima en este tipo de Fondo será también de $250,000.

Ley y normas exclusivas

No estarán reguladas bajo la «Ley de supervisión y regulación del sistema financiero», sino únicamente bajo la ley de los PAIF y unas normas que emitirá el BCR. Los supervisados por esta Ley de supervisión del sistema financiero tienen una serie de obligaciones y la Superintendencia puede requerirles aplicación de medidas preventivas y correctivas.

Tendrán sus reglamentos

Cada PAIF deberá tener su reglamento que deberá tener la política de inversión, la política de aumento de distribución de las utilidades, las comisiones de la sociedad administradora y las normas de administración o liquidación entre otros.

Nombres de accionistas extranjeros

Si los accionistas de las sociedades que administren estos fondos son «extranjeros», podrán usar «nombres comerciales utilizados en el país de origen» de los mismos «en el idioma respectivo».

No son sujetos obligados en ley antilavado

La vigencia de la nueva normativa coincide con la aprobación de la nueva Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, vigente desde el 17 de octubre, y que excluye de los sujetos obligados a los inversionistas así como a las sociedades o personas jurídicas en general.

Las personas jurídicas serán sujetos obligados únicamente cuando se dediquen a otorgar préstamos dentro o fuera del país o que se dediquen al transporte de dinero. Uno de los argumentos de la Fiscalía para aprobar la nueva ley antilavado es que la inclusión de los inversionistas en la normativa «le resta competitividad» al país.

Diputados de Nuevas Ideas defendieron la gestión del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) ante las críticas que realizan diputados de oposición sobre el estado actual de las carreteras y calles en cantones de El Salvador.

El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, aseguró que no están ni cerca de ser perfectos.

“El deterioro que había a nivel nacional era grande; en la administración del presidente Bukele ha habido un avance muy significativo, sabemos que faltan muchas cosas, no estamos ni cerca de ser perfectos, pero el trabajo ha sido arduo”, indicó Navarro.

“El deterioro que había a nivel nacional era grande, en la administración del presidente Bukele, ha habido un avance muy significativo, sabemos que faltan muchas cosas, no estamos ni cerca de ser perfectos pero el trabajo ha sido arduo”. Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.

El diputado por San Miguel celebró la inclusión del puente San Antonio Chávez. “La gente nos ha tenido paciencia en ese lugar, ahora escuchar que se va a ejecutar el próximo año es una alegría para la gente. Oriente ya no está solo, hay un presidente que nos apoya”, dijo.

Por su parte, el diputado William Soriano, también del partido oficial, aseguró que la oposición tiene una «campaña» de criticar «lo que falta». «Ellos se robaron el dinero que se iba a destinar para estos proyectos», acusó.

Soriano le preguntó al ministro cuántas calles, puentes, escuelas y obras ha construido el MOPT desde 2019.

“Nosotros que le hemos acompañado en La Unión hemos podido constatar que el avance es bastante grande. Falta mucho sí. Pero de que estamos avanzando, es notorio”. William Soriano, diputado de Nuevas Ideas.

«Nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena», dijo Soriano, durante la visita del director de la DOM. «Falta mucho, hombre, falta muchísimo».

Según las cifras del ministro de Obras Públicas, llevan más de 7,700 kilómetros de carretera intervenidas en mantenimiento por Fovial, más de 1,500 kilómetros de carretera reconstruida, más de 100 puentes entre nuevos y reconstruidos, más de 1,000 cárcavas intervenidas, más de 17 taludes inestables intervenidos este año en La Libertad, más de 17 pasos a desnivel.

«Solo en la Gerardo Barrios hicimos siete (pasos a desnivel), porque uno ve normalmente la oreja, ese es uno, pero cuando uno pasa por la carretera ve túneles», indicó.

Francisco Lira: «Las calles siguen igual»

El diputado Francisco Lira compartió en redes sociales una imagen una carretera de tierra en la ruta El Rosario-Comasagua rumbo a Santa Tecla.

«¿Dónde está la DOM? ¿Dónde está la alcaldía de La Libertad Sur? Les recuerdo que el gobierno anterior del distrito de Comasagua fue de #NuevasIdeas… y el actual también. Ya son 7 años que #NuevasIdeas lleva en el gobierno central, y las calles siguen igual: llenas de hoyos, abandonadas y sin respuesta», señaló.

Lo más grave es que, mientras la gente sigue esperando obras, en el presupuesto 2026 se recortarán $202 millones a la DOM, pese a los millones que ya se aprueban cada año en la Asamblea. ¿Hasta cuándo seguiremos esperando que reparen las calles y den soluciones reales?». Francisco Lira, diputado de Arena.

La diputada Marcela Villatoro, en la plenaria del 21 de octubre, exhortó a los diputados de Nuevas Ideas presionar a la DOM para realizar obras y dijo que «la DOM no sirve».

Harían un programa «intensivo» de bacheo

El ministro de Obras Públicas aseguró que hay un programa intensivo de bacheo planificado para el próximo año.

“Sabemos que hay muchas más y de seguro hay una gran necesidades en varias comunidades», dijo.

Aseguró que el Fondo de Conservación Vial (Fovial) incluye «más de $30 millones para caminos rurales”.

“De hecho, este año estamos trabajando para iniciar pronto un programa fuerte, intensivo, de bacheo, no solo de ruta Fovial, sino también en otras rutas que son importantes y que la población demanda constantemente y que al final es a lo que todos nos debemos”, afirmó.

¿Cuánto ha ejecutado la DOM y el MOP?

La DOM tiene comprometidos el 83.9 % de los $474.7 millones programados para 2025, pero aparece con un 0 % devengado. El director de la DOM, Víctor Jiménez, aseguró ayer que «más de una veintena de escuelas» han sido construidas por la DOM.

Mientras, este año, el MOPT presenta una ejecución presupuestaria de 31.9 %, es decir, ha devengado $307 millones de un total de $960.6 millones programados, hasta agosto de 2025, según el Portal de Transparencia Fiscal.

El embajador de Brasil en El Salvador, Luiz Eduardo de Aguiar Villarinho Pedroso, falleció el 23 de octubre en Río de Janeiro, informó ese mismo día el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

La Asamblea Legislativa de El Salvador manifestó sus condolencias a sus seres queridos. “El Salvador recordará con gratitud su dedicación en el trabajo por el desarrollo de nuestra gente”, indicó.

El embajador brasileño nació el 19 de junio de 1963, fue embajador de Brasil en Etiopía de 2019 a 2022, y ocupó el cargo de embajador en El Salvador desde 2022, trabajando en “temas migratorios, ambientales, políticos y administrativos”.

“Como gobierno, extendemos nuestras más sinceras condolencias. Recordaremos con gratitud su ardua labor y por sus contribuciones para el desarrollo de El Salvador en áreas clave”, indicó Cancillería salvadoreña.

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, también lamentó el fallecimiento del embajador, aseguró que fue un “diplomático comprometido con el fortalecimiento de los lazos entre El Salvador y Brasil”. También expresó sus condolencias a su familia y al pueblo brasileño.

El diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, anunció que este viernes han “aplicado el pago del aguinaldo correspondiente al año 2025 a todos los empleados” de la institución.

“Gracias por su esfuerzo en la construcción de un mejor país”, aseveró en X.

Según la ejecución presupuestaria de la Asamblea Legislativa, actualizada hasta el 30 de junio de 2025, la Asamblea Legislativa destina $36.7 millones a las remuneraciones de un presupuesto total de $46.9 millones.

Los aguinaldos están incluidos dentro del código “51 remuneraciones” del presupuesto general, dentro del rubro “511 remuneraciones permanentes”, es el código “51103 aguinaldos”.

En el presupuesto de la Asamblea Legislativa del año 2025, los salarios van desde los $586 mensuales asignados a la plaza de ordenanza III hasta $4,400 mensuales asignados al gerente de operaciones legislativas y al gerente de recursos humanos para los empleados.

Los diputados tienen diferentes salarios según sus cargos en la junta directiva, así como si son coordinadores de grupo parlamentario.

El diputado presidente tiene un sueldo de $3,210.29, gastos de representación de $1,657.14, y gastos de transporte y comunicación, de $914.29, sumando un total de $5,781.72, según la Ley de Salarios vigente para 2025.

Un diputado vicepresidente tiene un sueldo de $2,825.15, gastos de representación de $1,485.71, y gastos de transporte y comunicación, de $914.29, sumando un total de $5,225.15. La Asamblea tiene dos vicepresidentas.

Un diputado secretario o un coordinador de grupo parlamentario tiene un sueldo de $2,568.58, gastos de representación de $1,371.43, y gastos de transporte y comunicación, siempre de $914.29, sumando un total de $4,854.30. La Asamblea tiene tres secretarios y cuatro coordinadores.

Y, también, según la Ley de Salarios vigente, un diputado que no ocupa ninguno de los cargos anteriores tiene un sueldo de $2,311.43, gastos de representación de $800 y gastos de transporte y comunicación de $914.29, también mensuales. En esta categoría están 50 diputados.

El presidente salvadoreño anunció este viernes el pago anticipado de aguinaldo a los empleados del Estado, luego de reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa que permite adelantar el pago desde el 20 de octubre. Aseguró que cuentan con “excedentes de caja”.

Las personas que tienen entre uno y tres años de servicio para un mismo patrono reciben un aguinaldo de 15 días de salarios; los que tienen entre tres y 10 años recibirán una prestación equivalente al salario de 19 días; y los trabajadores con más de 10 años de servicio recibirán un aguinaldo de 21 días de salario.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su “Tercer informa sobre situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas” exhortó a los Estados que aseguren un espacio cívico abierto, plural, seguro y participativo, y a que emitan políticas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y de organizaciones de la sociedad civil.

“La CIDH insta a los Estados de la región a promover un entorno libre de hostilidades y a garantizar el respeto a las libertades fundamentales de quienes defienden los derechos humanos”, indicó en el informe publicado el 16 de octubre.

Ofreció a los Estados su asistencia técnica para garantizar los derechos a las personas defensoras de derechos humanos y sugiere aplicar “enfoques de género y étnico racionales”.

Según la CIDH, los Estados deben revisar leyes y fortalecer protocolos en prevención de violaciones a derechos humanos y sobre el “derecho a defender los derechos humanos”.

Así mismo, la Comisión exhortó a cumplir las medidas cautelares que dicta, respondiendo a las comunicaciones emitidas por la CIDH y comunicar las medidas adoptadas.

La entidad de la Organización de Estados Americanos también instó a los Estados a avanzar en las investigaciones de los delitos, incluyendo los cometidos en la esfera digital, contra defensores de derechos humanos, y adoptar planes para combatir la estigmatización contra las personas que ejercen la defensa de los derechos humanos.

Entre sus recomendaciones, les pide a los Estados “abstenerse de incurrir en cualquier tipo de injerencia arbitraria o abusiva en el domicilio o sedes de organizaciones de derechos humanos, así como en la correspondencia y las comunicaciones telefónicas y electrónicas”.

El informe cita que en El Salvador la sociedad civil ha indicado que “utilizar identificaciones oficiales sobre su organización supondría riesgo frente a militares, policías y personas particulares que han adoptado el discurso estatal que aseguraría que estas organizaciones son financiadas por opositores al gobierno o que trabajan defendiendo pandillas”.

De El Salvador, se menciona el uso de un software para monitorear personas a través de sus teléfonos celulares, como el uso de Pegasus, así como la captura de Óscar René Martínez Iglesias, líder comunal y fundador del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales, el 9 de junio de 2023, a quien “se le determinó un año de prisión preventiva” y el asesinato de Rosa Elvira Flores Martínez, lideresa del Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM). Además, menciona agresiones digitales contra mujeres defensoras de derechos, la mayoría a través de redes sociales.

El informe busca evaluar los avances y desafíos en torno a los derechos de los defensores de derechos humanos, respecto a informes similares regionales emitidos en 2011 y 2006.

La construcción de los mercados de Santa Ana y San Miguel comenzará en noviembre de 2025 y sus presupuestos están programados para 2026, informó este viernes el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera Rodríguez, quien este viernes explicó el presupuesto a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) tiene proyectado ejecutar una inversión de $465 millones el próximo año, sin contar las inversiones que realizarían las instituciones adscritas a la institución.

En el mercado de Santa Ana, se programaron $24.4 millones para el presupuesto 2026.

“Se ha estado con el traslado de los vendedores hacia un punto temporal, luego de ese traslado, le vamos a mandar un informe al Banco Mundial y ellos nos permiten darle la orden de inicio. La obra se empieza desde el mes de noviembre pero tenemos que incorporar en el presupuesto del próximo año para hacer los pagos respectivos”. Romeo Herrera, ministro de Obras Públicas.

“Prácticamente se va a hacer de cero”, indicó.

Informó también que han programado $14.1 millones para la construcción del mercado de San Miguel.

“Este proyecto también ya está contratado, ya está adjudicado, hemos estado en coordinaciones, la próxima semana se van a estar haciendo los puestos temporales para los vendedores y esperaríamos que después de eso se trasladen y en el mes de noviembre empecemos la construcción del mercado de San Miguel. Lo llevamos en el presupuesto para hacer los pagos respectivos”, indicó. La construcción también será financiada con fondos del Banco Mundial.

En octubre de 2024, el ministro afirmó que los mercados se concluirían en 2026, sin embargo, en junio de 2025 el alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, de Nuevas ideas, afirmó que el mercado de Santa Ana estaría completo a finales de 2026 o inicios de 2027.

La licitación para el proyecto «Reconstrucción del mercado municipal de Santa Ana y municipios aledaños, edificios 1 y 2» se publicó el 11 de octubre de 2024 con fondos del del préstamo de $200 millones del BIRF 8948-SV «Proyecto de desarrollo económico resiliente» aprobado el 25 de mayo de 2021 por la Asamblea Legislativa.

El mercado de Santa Ana tendría tres niveles de áreas húmedas, semihúmedas y área seca, además de área de comida.

La reconstrucción del mercado de San Miguel, incendiado el 6 de abril de 2021, fue publicada el 31 de agosto de 2023, con fondos del mismo préstamo. El mercado de San Miguel también tendría tres niveles y una terraza en un área de 19,464.88 metros cuadrados.

Ochenta y cinco personas del Movimiento Víctimas del Régimen (Movir) presentaron esta semana diferentes denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), informó su representante, Samuel Ramírez.

El Movir calculó que las 85 personas presentaron denuncias relacionadas con más de 100 o hasta 150 casos de capturas arbitrarias y otras agresiones, y otras pidieron que la PDDH haga revisiones médicas a los detenidos porque consideran que no tienen una buena condición de salud.

“Fueron 85 personas que entregaron documentos, unas personas presentaron dos o hasta tres, presentaron una denuncia de captura arbitraria, otra presentó una petición de revisión médica, más que todo eso es lo que más encontramos. Son 85 personas que reportaron documentos”, informó el jueves el representante de la organización no gubernamental.

Explicó que las peticiones médicas son realizadas por las familias cuando las personas han sido capturadas enfermas y “buscan que la PDDH vaya a las cárceles y verifique el estado de salud de esa persona”. “Tenemos casos que la PDDH, un año después de haberse solicitado esa revisión, han entregado respuesta y les han dicho que su familiar está muy grave, con insuficiencia renal, en una fase terminal”, señaló.

Las denuncias fueron presentadas el martes pasado en la oficina central de la PDDH. “Fueron más de 100 denuncias, en su mayoría son denuncias de capturas arbitrarias, otras son peticiones de verificación médica, hay una que la mamá asegura que su hijo fue golpeado, maltratado, mientras lo capturaban”, afirmó.

Ramírez consideró que este último es un caso de tortura, pero asegura que conoce otros casos de “torturas” de “personas que murieron” y cuyos familiares han desistido de seguir denunciando. “Me dicen ‘mire, ¿qué saco con andar moviendo el tema?, más es lo que me pongo mal’, entonces ya la gente ha desistido”, indicó.

También consideró que el sindicalista de la alcaldía de Mejicanos, José Leonidas Bonilla, capturado desde abril de 2022, fue torturado, pero aseveró que esa denuncia ya está en la PDDH.

A su llegada, el Movir pidió una audiencia con la procuradora, Raquel de Guevara. “La señora no quiso recibirnos”, indicó su representante.

El 6 de octubre pasado, la procuradora afirmó que no ha recibido ninguna denuncia de tortura en la PDDH.

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) reportó que entre el 1 de enero y diciembre de 2024, la PDDH recibió los casos de 95 personas que denunciaron haber sido víctimas de «malos tratos, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, tortura, entre otros» relacionados con «166 hechos que vulneraron este derecho», según información que les fue entregada por la PDDH ante una solicitud de información pública.

La memoria de labores de la PDDH registra también que del 1 de mayo de 2024 al 30 de abril de 2025 recibieron 54 denuncias de malos tratos, 11 denuncias de «tratos crueles, inhumanos o degradantes», y 10 denuncias de «uso desproporcionado de la fuerza», 26 denuncias de «maltrato físico, psicológico o moral ejercido por agentes del Estado prevaliéndose de sus prerrogativas».