Autor: Yolanda Magaña

El concejo de La Libertad Este dejó sin efecto dos reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de Antiguo Cuscatlán aprobadas en julio y octubre de 2024 para que la misma fuera de aplicación general en todos los distritos que desde mayo se unieron por ley al municipio.

En diciembre del año pasado, se dio a conocer que el concejo de La Libertad Este aplicaría las tasas de Antiguo Cuscatlán al resto de sus distritos.

Desde el 1 de mayo de 2024, La Libertad Este es conformado por los distritos Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva, Huizúcar y Zaragoza, luego de que la Asamblea Legislativa y el gobierno decidieran reducir los 262 municipios a 44.

El concejo de La Libertad Este explicó que, hasta el 3 de marzo, la aplicación de la ordenanza no había dado “los resultados esperados” debido a las diferencias entre Antiguo Cuscatlán y el resto de distritos, diferencias que fueron detectadas en información catastral y la base tributaria de los distritos.

“Al tener este concejo municipal la obligación de gobernar en forma eficiente, se considera que mientras no se genere una ordenanza municipal que contemple las características y circunstancias propias de cada distrito, es conveniente mantener las ordenanzas municipales que en materia de tasas se aplicaban con anterioridad al proceso de reestructuración municipal”, indicó el concejo.

El decreto que da un paso atrás en igualar u homologar las tasas de Antiguo Cuscatlán con el resto de los distritos de La Libertad Este fue aprobado el 3 de marzo de 2025, fue publicado el 25 de marzo e iniciará su vigencia el 2 de abril, ocho días después de su publicación en el Diario Oficial del 25 de marzo.

El decreto municipal es firmado por la alcaldesa de La Libertad Este, Milagro Navas; el síndico, Edwin Orellana Núñez, el primer regidor, Héctor Hernández Dale, la segunda regidora, Claudia Ventura de Umanzor, el cuarto regidor, Juan José Alas, y la secretaria municipal, Flor de María Flamenco.

La derogatoria, sin embargo, no menciona la reforma a la ordenanza de convivencia de La Libertad Este, que aumentó multas.

¿Cuáles son los decretos que se dejan sin efecto en La Libertad Este?

1. Reforma a la ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales en Antiguo Cuscatlán: había sido aprobada el 29 de octubre de 2024, derogaba todas las disposiciones que contravinieran la ordenanza de Antiguo Cuscatlán, así como ordenanzas de San José Villanueva, Zaragoza y Huizúcar, y únicamente dejaba igual los cobros no mencionados en la ordenanza de Antiguo Cuscatlán.

2. Reforma a la ordenanza reguladora de tasas por servicios del municipio de Antiguo Cuscatlán: había sido aprobada el 19 de julio de 2024, incorporaba los decretos de las ordenanzas reguladoras de tasas de Nuevo Cuscatlán, Zaragoza, San José Vilanueva y Huizúcar, en la ordenanza.

La cantidad de migrantes salvadoreños deportados por los Estados Unidos triplica la cantidad de visas de trabajo otorgadas durante los últimos seis años, según el «Tercer informe diagnóstico sobre características y causas de la migración salvadoreña» presentado el miércoles por la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal «Dra. María Julia Hernández».

De 2019 a 2024, se otorgaron 21,089 visas de trabajo a los Estados Unidos, según el estudio, mientras que durante el mismo periodo se deportaron 65,268 salvadoreños, tres veces más.

Según la investigadora Celia Medrano, esto muestra que los programas de movilidad laboral no son suficientes para responder a las demandas laborales de los salvadoreños.

¿Cómo se va a responder, así como está planteado el Programa de Movilidad Laboral?, el Ministerio de Trabajo ha dicho que los cinco principales países son EE.UU., Canadá, España y Croacia. Estarían dando respuesta, de 364,700 personas, solo a 21,089 personas. Y de 65,268 deportados, solo se da respuesta a 21,089.
Celia Medrano, investigadora de diagnóstico sobre migración.

Medrano cree que debe haber una ampliación «significativa» de las posibilidades de una movilidad laboral para los salvadoreños; de lo contrario, no habría una «respuesta sostenible, pese a lo que la propaganda nos dice», dice.

Los programas de movilidad laboral permiten a los salvadoreños viajar con un permiso de trabajo a un país del extranjero durante periodos entre dos y nueve meses.

Según el mismo estudio, los beneficiarios del Programa de Movilidad Laboral hacia los Estados Unidos para áreas de agricultura, construcción y servicios fueron: 820 en 2019, 306 en 2020, 1,237 en 2021, 4,904 en 2022, 5,168 en 2023 y 8,654 en 2024. Los datos revelan un aumento del 67.4 % en la entrega de visas de trabajo a salvadoreños en 2024 respecto a 2023.

Según el estudio, durante los últimos dos años, de 2023 a 2024, las deportaciones desde México han aumentado en un 12.3 % en El Salvador, mientras han disminuido un 20 % en Honduras.

Así como se están deportando personas de los Estados Unidos, también se están desapareciendo y hay personas fallecidas que iban en ruta hacia los Estados Unidos. Muchos mencionan el sueño americano pero el sueño americano pero a veces se convierte en una pesadilla para la persona migrante que va hacia los Estados Unidos y sus familiares. Omar Jarquín, Cofamides.

El director de la asociación de derechos humanos Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, Ovidio Mauricio, cuestionó la validez del acuerdo que permite que el gobierno de Estados Unidos entregue supuestos criminales extranjeros para ser recluidos por el gobierno de El Salvador en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot).

“Es un completa arbitrariedad de parte de ambos gobiernos, tanto estadounidense como salvadoreño. Debe haber un debido proceso en cualquier caso, tanto en Estados Unidos como en El Salvador”, indicó el representante de la organización no gubernamental.

Argumentó que la Constitución de la República establece que el gobierno o el presidente solo tiene las funciones que establece la ley. “Si hay otras funciones para realizar esos acuerdos de encarcelar a una persona, está violando la Constitución”, señaló. Consideró que el acuerdo es «un chanchullo» o «negocio particular».

Según el director, los tratados o convenios internacionales tienen que pasar por la aprobación y ratificación de la Asamblea Legislativa. “Esto no se le puede llamar un acuerdo”, dijo esta mañana, durante la presentación de un estudio las características y las causas de la migración salvadoreña.

La madrugada del 16 de marzo, el gobierno de los Estados Unidos deportó a 238 venezolanos y 23 miembros de la MS-13, quienes según el gobierno salvadoreño fueron recluidos en el Cecot, ubicado en Tecoluca, San Vicente Sur. Oficialmente, no hay datos del récord criminal y migratorio de cada uno de los deportados.

Funcionarios estadounidenses han asegurado que unos (137) fueron deportados por la Ley de Enemigos Extranjeros y otros (101) fueron deportados bajo la norma migratoria Título 8. Sin embargo, no se ha dado a conocer un registro oficial con las condenas de las personas deportadas por Estados Unidos y que se recluyeron en el Cecot.

La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, realiza este miércoles una visita al Cecot y se reunirá con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con el fin de hablar de cómo se pueden aumentar los vuelos de las deportaciones de criminales extranjeros de los Estados Unidos. Estados Unidos dará $6 millones por la prisión de los 238 venezolanos durante un año.

El nnComité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (Cofamide) tiene 300 casos activos de migrantes salvadoreños desaparecidos desde el año 2000, además de 78 migrantes salvadoreños fallecidos desde el año 2010, según su secretario general, Omar Jarquín.nn“Nosotros en el Comité tenemos 300 casos activos, más los que ya tenemos de baja, por haberlos sacado, que hemos encontrado los restos del cuerpo, de personas que venimos trabajando desde el año 2000”, indicó este miércoles. Calculó que un 25 % son mujeres y un 75 % son hombres.nnCofamide es una organización fundada en 2006 pero que empezó a conformarse en el año 2000. La organización pide hacer campañas de concientización para advertir los riesgos de viajar de manera irregular a los Estados Unidos.nn

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“Siempre hemos solicitado a nuestro país que se vea la problemática, hay que duplicar esfuerzos para que realmente las personas ya no viajen, como hacer campañas de concientización, hacerle saber a las personas que el viajar no es solo decir ‘me voy para Estados Unidos’ sino ver las causas y la situación y los riesgos que hay en el camino”.
nOmar Jarquín, secretario general de Cofamide.

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nnLa organización recibe denuncias de desapariciones de migrantes en El Salvador, los familiares deben llenar una ficha con la información del familiar y la persona desaparecida, con detalles bien específicos. Cuando realizan la entrega de un cuerpo lo realizan mediante ADN.nnUno de los casos es el de José Antonio Ábrego Delgado, un salvadoreño desaparecido desde el 27 de agosto de 2020 cuando cruzaba las fronteras de Piedras Negras, en México, aunque asegura que ella cree que estaba ya en Texas, Estados Unidos.nnSu esposa, una mujer de 48 años que elabora barquillo artesanal, cuenta que su esposo inició su viaje a los Estados Unidos en busca de ahorrar para comprar una casa. «No importa la condición en que lo encontremos, en calle, los restos, pero nosotros queremos saber, qué pasó con ellos, qué hicieron de ellos y traer ya una fortaleza para nuestros hogares», dijo.nn

Tres migrantes fallecidos en 2025

nDesde el año 2010 a la fecha, Cofamide ha registrado la entrega de 78 migrantes salvadoreños fallecidos a familiares.nnRecientemente, en los primeros meses de 2025, han sido sido notificados del hallazgo de tres migrantes fallecidos encontrados en los Estados Unidos. “La notificación ya se está llevando a cabo, la coordinación entre las partes, se está promoviendo que llegue del 28 de marzo al 2 de mayo podría hacer ese proceso”, detalló.nn“Buscar un migrante que sido desaparecido, no se halla en un año o en dos años, se llevan muchos años, hay restos que quedan en los desiertos, fosas comunes en México, a veces dicen que hay 140,000 restos que no se sabe de dónde son ni quiénes son, es un proceso tan largo”, relató.nnCofamide es parte del Banco de Datos Forenses, que también está conformado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Cancillería de El Salvador. La organización tiene contactos con instituciones y Fiscalía de México para notificarles las desapariciones. “Es mentira que ha pasado un año y que nadie se desaparezca”, dijo.nnLa Organización Internacional de Migración (OIM) registra 1,233 migrantes de todas las nacionalidades fallecidos durante el año 2024 en las Américas, de un total de 8,938 en todo el mundo.

La Asamblea Legislativa autorizó el martes que los restos mortales del sacerdote Rogier Georges Jan Ponseele, conocido como «Rogelio Ponseele», sean sepultados en la «Casa Pastoral de las Comunidades Eclesiales de Base (Cebes) de Morazán», en «Perquín», Morazán Norte, departamento de Morazán.

«Este miércoles 26 de marzo, se realizará una misa de cuerpo presente a las 9:00 de la mañana y, después de una procesión por las calles de Perquín, será el entierro.»

Según la iniciativa, el sacerdote de nacionalidad belga, quien llegó a El Salvador desde la época de la guerra, había manifestado su deseo de ser sepultado en dicha Casa Pastoral. Evangelizaba a las comunidades Cebes.

Ponseele fue hospitalizado luego de que sufriera un accidente de tránsito ocurrido el miércoles 19 de marzo, en la ruta de La Paz, por el desvío de Guanacaste, Morazán.

«Los diputados aprobaron la autorización ayer «en agradecimiento a su importante legado de entrega y apoyo a las comunidades del norte de El Salvador», indica el decreto.»

Ponseele nació el 22 de mayo de 1939 en Guillegem, Bélgica, se ordenó como sacerdote en 1965 y realizó estudios de español en la Universidad de Lovaina, Bélgica.

Según la iniciativa, cuando llegó a El Salvador, el sacerdote acompañó a la población civil en Morazán a través de distintos grupos o ministerios catequistas desde las Comunidades Eclesiales de Base; en 1998 fue nombrado párroco de la Parroquia Santiago Apóstol, en Torola, San Fernando, Perquín y Villa El Rosario, distritos al norte del departamento de Morazán. En 2002 fue nombrado vicario foráneo de las parroquias situadas al norte de Morazán.

Escribió tres libros con sus homilías: Granito de Mostaza, Granito de Mostaza II y Granito de Mostaza III. Sobre su vida también se ha escrito el libro «Muerte y vida en Morazán».

Con 56 votos, la Asamblea Legislativa autorizó este martes al gobierno a que firme el contrato de préstamo que le aprobó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $500 millones para asegurar la sostenibilidad fiscal del Estado y mejorar la integridad y la estabilidad financiera.

Luego de la autorización y la respectiva suscripción del contrato de crédito, este debe ser aprobado por el pleno.

“Todo ello con el objeto de fortalecer la estabilidad macroeconómica de El Salvador, asegurar la sostenibilidad fiscal y mejorar la integridad y estabilidad financiera”, expresó el ministro de Hacienda, Jerson Posada, en su solicitud.

Según el ministro de Hacienda, el gobierno ha contemplado el apoyo financiero y técnico de diferentes organismos multilaterales, con el fin mejorar la estabilidad financiera.

El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aseveró que esto “forma parte de las reformas estructurales a las finanzas públicas de El Salvador en busca de generar una mayor sostenibilidad fiscal y fomentar el crecimiento y la resiliencia”.

Señaló que como país hay “una tarea bastante grande” pero que no se puede avanzar sin estas reformas macroeconómicas.

Acompañamos el esfuerzo del gobierno del presidente Nayib Bukele para poder alcanzar los objetivos y poder dar inicio a los acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional partiendo de la estructuración que se está llevando a cabo con estos fondos”.
William Soriano, diputado de Nuevas Ideas.

Soriano indicó que “estos fondos forman parte de los primeros a ser desembolsados para lograr ejecutar la estrategia macroconómica que plantea el gobierno del presidente Nayib Bukele para los siguientes años”.

El diputado agregó que con este nuevo préstamo “busca mejorar la sostenibilidad fiscal, mejorar las reservas internacionales sobre todo, generar espacio fiscal para que El Salvador pueda llevar a cabo todas estas reformas estructurales en sus finanzas”.

La dispensa de trámites se aprobó con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados Partido Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC). Por error, inicialmente se contaron 58 votos.

Claudia Ortiz, diputada de Vamos, reclamó que nuevamente estaban aprobando un decreto sin tener acceso al mismo. Calificó de “penoso” que nuevamente tenga que insistir en lo mismo que mencionó en la sesión plenaria.

En esta Asamblea se está aprobando un préstamo de $500 millones y no se tiene información de qué consiste en detalle ni el proyecto de decreto”.
Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

“Solicito nuevamente que se nos comparta la pieza de correspondencia puesto que no está disponible en el sitio web, ni para los diputados, ni para la prensa, ni para el pueblo salvadoreño», detalló.

El préstamo de $500 millones del BID tendrá una comisión de 0.75 % sobre el saldo no reembolsado, a partir de 60 días desde la suscripción del contrato, un plazo de siete años y a un interés resultante de la tasa de referencia más un margen aplicable para préstamos de capital ordinario.

La primera cuota del préstamo se debe pagar en tres años desde la vigencia del contrato y los intereses deberán pagarse semestralmente desde los seis meses a partir de la vigencia del contrato.

Tras cuatro años de negociación, en febrero de 2025, el gobierno de El Salvador llegó a un acuerdo con el FMI por aproximadamente $1,400 millones. El programa de financiamiento por $1,357.3 millones fue aprobado como parte de un financiamiento de Servicio Ampliado del Fondo (SAF), una modalidad de préstamo del FMI que se aprueba a países con graves problemas de balanza de pagos debido a deficiencias estructurales.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes cuatro reformas al presupuesto estatal 2025, dos créditos por $173.9 millones y una exoneración de impuestos a una donación a la alcaldía de Sonsonate.

Las diputadas Marcela Villatoro y Silvia Regalado, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), votaron por la reforma para incorporar $99,347 para órdenes de cambio en proyectos de mitigación, el préstamo de $113.9 millones para Surf City I y de la exoneración al donativo a la alcaldía de Sonsonate.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra del préstamo para Surf City I, se abstuvo por aumentar los fondos para el Ministerio de Obras Públicas por órdenes de cambios a obras de mitigación y votó a favor de la exoneración del donativo a la alcaldía de Sonsonate.

Tanto Arena como Vamos se abstuvieron de votar por la reforma presupuestaria que reorientó fondos no utilizados del Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos a Nivel Nacional (Prodeporte) para ser utilizados en la remodelación del Palacio de los Deportes, sede del Instituto Nacional de los Deportes (Indes).

Las cuatro reformas aprobadas autorizan una incorporación de $7,094,276.71 al presupuesto general del Estado 2025, así:

Reformas presupuestarias aprobadas y sus votos

–$497,962 del BCIE para “Suministro e Instalación de Servidores para los Sistemas Transnacionales de la Dirección General de Aduanas”: 56 votos a favor (Nuevas Ideas y aliados).
–$852,967.71 del Prodeporte a la remodelación del Indes: 3 abstenciones (Arena y Vamos) y 57 votos a favor (Nuevas Ideas y aliados).
–$993,347.00 para órdenes de cambio en proyectos de emergencias: 1 voto en abstención (Vamos), 0 en contra, 59 votos a favor (Nuevas Ideas, PCN, PDC y Arena).
–$4,750,000 del BIRF para “Fortalecimiento institucional” en el proyecto de Desarrollo Económico Local Resiliente: 2 votos en abstención (Arena), 57 votos a favor (Nuevas Ideas y Aliados). Vamos: no votó.

Préstamos aprobados y sus votos

–$60 millones para el Programa para el Desarrollo de la Infraestructura de Datos de El Salvador: 57 votos (Nuevas Ideas y aliados).
–$113.9 millones para el «Programa Surf City Fase I: 1 voto en contra (Vamos). Votos a favor: 58, incluidos dos de Arena, Marcela Villatoro y Silvia Regalado.

Exoneración a donación

Exoneración a la alcaldía municipal de Sonsonate Este para la introducción de un donativo con diversos artículos: 60 votos, todos los partidos.

La junta directiva de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN) reformó, el 17 de marzo, el tarifario para las actividades comerciales –que aprobó el 20 de diciembre de 2024– reduciendo el cobro que hará por un permiso temporal de $690 a $500 y por las licencias para los diferentes establecimientos.

La reducción de tarifas fue el primer acuerdo que tomó la junta directiva de la APLAN en el año 2025.

Con la reforma se redujeron sensiblemente los precios que cobrará la APLAN por los permisos y licencias de funcionamiento de distintos tipos de establecimientos en el Centro Histórico.

La mayor parte de licencias costarán $195 a $585 y, para los casinos, $15,600 o $14,400, dependiendo de la zona.

Hoteles, hostales, alquiler vacacional, comedores, restaurantes, establecimientos de comida rápida sin servicio a mesa, panaderías, pastelerías, cafeterías, heladerías, que tenían tarifas de $949, $1,300 o $550, tendrán con la reforma tarifas de $180 y $195.

También, restaurantes–bares, vinerías, cervecerías, ventas de bebidas alcohólicas preparadas y discotecas tenían tarifas de $2,268 y $2,520 según la zona, pero serán disminuidas a $540 y $585.

La mayor rebaja de tarifa fue para los karaokes, las salas de cine, los supermercados y las gasolineras, ya que estos establecimientos tenían tarifas por $2,250 y ahora tendrán tarifas de $270 y $290 para los karaokes, y $180 y 195 para las salas de cine, supermercados y gasolineras.

Para los servicios financieros, el cobro era de $1,200 y $1,400, y con la reforma será de $180 y $195.

Los cobros también disminuyeron para las farmacias, hospitales, bibliotecas, universidades, estacionamientos, piñaterías, despachos de oficinas, salones de belleza, joyerías, tiendas de conveniencia.

La APLAN, además, cobrará menos por el servicio de visita técnica de verificación, ya no costará $412.56 sino $300.

Las tarifas originales fueron aprobadas el 20 de diciembre de 2024, firmadas por el presidente ejecutivo de la APLAN, José Roberto Honles Zárate, y fueron publicadas en el Diario Oficial del 13 de enero de 2025.

El 15 de marzo pasado, el presidente salvadoreño Nayib Bukele amenazó a los concejos de acusarlos de extorsión y les dio hasta el lunes 17 para revertir aumentos de tasas, licencias y permisos dejando los vigentes antes de mayo de 2024, pero no mencionó a la APLAN. Bukele mencionó un cobro aprobado por la alcaldía de Ahuachapán Centro a los vendedores de productos de telefonía. La mayoría de alcaldes negaron haber aumentado los cobros.

Las tarifas fueron creadas en diciembre de 2024 a raíz de la nueva Ley de creación de la APLAN vigente desde el 18 de mayo de 2023.

La Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) asumirá las competencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para garantizar la inocuidad de los alimentos semiprocesados y procesados de consumo animal a partir de enero de 2027.

La disposición se establece en la nueva “Ley de protección a la sanidad vegetal, salud animal e inocuidad de los alimentos no procesados de origen vegetal o animal”, cuyo dictamen fue aprobado el lunes por la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa.

Con la nueva ley, según la SRS, buscan garantizar la calidad de los alimentos que consume la población; y los animales domésticos y de producción.

Hay que garantizar la calidad de los alimentos que consume una vaca porque la vaca la vamos a consumir nosotros.
Noé García, superintendente de regulación sanitaria.

La función del MAG sobre los alimentos cárnicos tendrá una vigencia de “cinco años prorrogables”, de acuerdo con el proyecto de ley.

MAG certificará productos cárnicos

El superintendente de regulación sanitaria, Noé García, explicó que el MAG certificará los procesos de elaboración de los alimentos cárnicos de origen avícola, porcino, bovino, acuícola y pesquero para la exportación e importación por cinco años prorrogables.

“Aquí estamos hablando de alimentos semiprocesados, procesados y no procesados. Le estamos dejando la competencia al MAG porque hemos expresado que ellos están en un proceso de cooperación en el cual van a certificar todo el sistema y con eso vamos a garantizar la exportación de estos productos”, explicó. Por ello, “por el momento”, señaló, dicha competencia le quedará al MAG.

Ante preguntas sobre las oficinas a las que se tendrán que dirigir los productores, el viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, respondió que el MAG irá “publicando quiénes son las direcciones que van a estar dentro de” y qué tipo de trámites se realizarán.

Es un tiempo de transición, sin embargo, todo tipo de información se va a ir publicando conforme vayamos avanzando con este proceso”.
Óscar Domínguez, viceministro de Agricultura.

El diputado Ricardo Rivas, de Nuevas Ideas, presidente de la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, preguntó si el resto de países en la región tienen esta regulación. “Yo exporto tilapia para Guatemala, con esta ley y definiendo los roles que el MAG se queda con esto, va a ser más fácil para poder importar”, dijo Rivas.

El superintendente respondió que la nueva ley se ajusta a los estándares internacionales y que el resto de países tienen normas similares.

El dictamen fue aprobado en la Comisión la noche del lunes, incluido el voto de la diputada Silvia Regalado, de Arena.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa acordó entrevistar a ocho candidatos a procurador general de la República los días lunes 31 de marzo y lunes 7 de abril para luego emitir un dictamen favorable de elección del nuevo funcionario que estará al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) del 2 de mayo de 2025 al al 1 de mayo de 2028.

El diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, reiteró cuáles son los requisitos constitucionales para el funcionario: ser salvadoreño, del estado seglar, mayor de 35 años, abogado, de moralidad y competencias notorias, haber servido una judicatura de primera instancia durante seis años o haber sido autorizado para abogado ocho años antes y estar en el goce de los derechos del ciudadano desde los seis años anteriores.

Castro mencionó que la Procuraduría General de la República tiene como funciones «velar por la defensa de la familia, mujer, niñez y adolescencia, personas con discapacidad y otros grupos en condiciones de vulnerabilidad», así como «dar asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos y representarlas en defensa de su libertad individual». También, la PGR realiza funciones de mediación y conciliación.

La Asamblea Legislativa convocó el 4 de marzo a que distintos candidatos presentaran sus atestados para concursar al cargo. Recibieron ocho candidatos.

Puede leer: Estos son los ocho candidatos a la Procuraduría General de la República

Horario de entrevistas a candidatos a procurador general de la República

Lunes 31 de marzo a partir de las 2 p.m.
1. Dionisio Ernesto Alonso Sosa
2 .Cándida Dolores Parada de Acevedo
3. Juan José Losa Lizama
4. Nelson Alexander Yanes Iraheta

Lunes 7 de abril a partir de las 2 p.m.
5. René Gustavo Escobar Álvarez
6. Sara Nohemí García Leonardo
7. Sara Yolanda González Alfaro
8. Karina Jeannette Martínez Guevara