Autor: Yolanda Magaña

Un total de $46,575,000 ($46.5 millones) fue la nueva deuda adquirida por cuatro alcaldías de El Salvador durante 2024, del cual un 56 % se destinó al mantenimiento, un 38 % a consolidación de deudas y solo un 11 % a proyectos.

«El monto más importante lo conforman los préstamos contratados para gastos de mantenimiento de la operatividad del municipio, con el 55.7 %, equivalentes a $25,919.1 miles», indica el «Informe anual sobre la situación del endeudamiento público municipal», publicado en marzo de 2025 por el Ministerio de Hacienda.

Los préstamos para financiar proyectos de infraestructura vial ascendieron a un monto de $1,037.2 miles, equivalente al 2.2 % del total de la deuda contratada en 2024.
Ministerio de Hacienda en informe de deuda municipal 2024.

La mayor parte de la nueva deuda fue adquirida por San Salvador Centro, por $35.5 millones, de los cuales $25.6 millones destinó a «mantenimiento», es decir, un 72.1 %, y $9.8 millones para consolidación de deuda, un 27.6 % del desembolso total en el año.

Las otras alcaldías que adquirieron deudas en 2024 fueron San Salvador Este, $7.9 millones, todo para consolidar deudas; San Salvador Sur, $2.8 millones, $2.7 millones para proyectos; y Sonsonate Centro, $200,000, de los cuales $196,600 se destinaron a mantenimiento u operación de la comuna.

Más de la mitad de la deuda fue adquirida a una tasa de interés promedio de 9.5 % anual.

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¿Qué distritos conforman estos cuatro municipios?

San Salvador Centro: San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo.

San Salvador Este: Ilopango, Soyapango, San Martín y Tonacatepeque.

San Salvador Sur: Panchimalco, Rosario de Mora, San Marcos, Santo Tomás y Santiago Texacuangos.

Sonsonate Centro: Sonsonate, Sonzacate, Nahuilingo, San Antonio del Monte y Santo Domingo de Guzmán.

Los acreedores de la deuda municipal en 2024 fueron: Hencorp Valores, S.A., que realiza titularizaciones de fondos, es decir, compromisos de flujos de ingreso futuros, concentró el 54.8 % de la deuda adquirida en el año por las municipalidades. Presentaron tasas promedio de interés de 9.5 % y 9.7 % respectivamente.

El segundo fue el Banco Hipotecario de El Salvador, S.A., con un 38.6 % de la deuda; y el tercero fue el Grupo Fedecrédito, a una tasa de interés promedio de 13 % anual.

En total, Hencorp otorgó $25.5 millones, el Banco Hipotecario otorgó $17.9 millones y el Grupo Fedecrédito, $3 millones.

Por otra parte, en el mismo periodo, las alcaldías en general también realizaron una amortización a sus deudas por $74.5 millones, de los cuales $56.6 millones fueron cancelados por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Es así que la deuda municipal bajó $33.3 millones, un 4.2 % respecto a 2023, de $799.8 a $766.4 millones.

El informe de 2025 incluyó solo datos de 42 municipalidades con deuda pública, sin embargo, Hacienda advierte que no tiene la certeza de que incluya todos los préstamos contratados en 2024 por “el atraso en la contabilidad” de algunos municipios.

La deuda pública de los municipios de El Salvador cerró en $766.4 millones a diciembre de 2024, una disminución de $33.3 millones o 4.2 %, respecto al saldo de 2023.

El “Informe anual sobre la situación del endeudamiento público municipal” emitido por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda en marzo de 2025 detalla que el saldo de la deuda municipal se redujo de $799,850,200 en diciembre de 2023 a $766,472,500 en diciembre de 2024.

Las mayores amortizaciones de deudas fueron realizadas por San Salvador Centro, con $13.8 millones; San Salvador Este, con $4.9 millones, La Libertad Sur, con $3.9 millones; San Miguel Centro, con $3.6 millones; y Usulután Norte, con $2.8 millones.

El total de la deuda municipal no se recupera a los niveles anteriores al año 2020, cuando las alcaldías tenían una deuda total que oscilaba entre los $315 en 2012 y $590 millones en 2019.

En 2023 la deuda municipal había cerrado en $799.8 millones, siendo las alcaldías más endeudadas las de San Salvador, Santa Tecla, Soyapango, Sonsonate, Ilopango, Jiquilisco, Acajutla, San Miguel y Zacatecoluca. Las deudas de esos distritos oscilaban entre $10 y $155 millones.

Los mayores acreedores

Los mayores acreedores de las municipalidades de El Salvador son Fedecrédito, $308.7 millones; Hencorp Valores, S.A., $151.7 millones; el Banco Hipotecario, con un saldo de $85.4 millones; Bancos de los Trabajadores, con $93 millones; y cooperativas de ahorro y crédito, con $71.4 millones.

Las tres comunas que han comprometido fondos futuros a través de titularizaciones en Hencorp son San Salvador Centro ($121.7 millones) La Libertad Sur ($27.6 millones) y La Libertad Este ($2.2 millones).

La Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (Cosavi) mantiene un pago pendiente de $10,767,100 por parte de las municipalidades a diciembre de 2024. Otra de las cooperativas que concentran gran parte de la deuda de los municipios es la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina de R.L., con $57.1 millones.

Durante 2024, el Banco Hipotecario realizó desembolsos por $26.3 millones a las alcaldías en concepto de créditos, $10 millones a San Salvador Centro, $7.9 millones a San Salvador Este, $4.5 millones a La Libertad Oeste y $3.7 millones a San Miguel Centro. No todos los desembolsos provienen de créditos contratados en 2024, según el informe.

Pagaron $74 millones

Las municipalidades también amortizaron $74.5 millones de sus deudas, de los cuales $56.6 millones fueron cancelados por la Dirección General de Tesorería de Hacienda. Además de ello, cancelaron $72.7 millones de intereses, $22.3 con fondos municipales y $50.4 millones mediante la Dirección General de Tesorería.

Los mayores montos fueron cancelados por alcaldías de los departamentos de San Salvador, Usulután, La Paz, Sonsonate y La Libertad.

Alcaldías con mayores deudas (a diciembre de 2024)

1. San Salvador Centro: $175.5 millones.
2. San Salvador Este: $55.2 millones.
3. La Libertad Sur: $53.6 millones.
4. Usulután Norte: $28.7 millones.
5. La Paz Centro: $25.7 millones.
6. Usulután Este: $24.6 millones.
7. La Paz Este: $23.3 millones.
8. Sonsonate Centro: $22.1 millones.
9. Morazán Sur: $20.9 millones.
10. La Unión Sur: $20.8 millones.
11. San Miguel Norte: $19.5 millones.
12. Usulután Oeste: $18.6 millones.
13. La Unión Norte: $18.6 millones.
14. San Miguel Centro: $18.1 millones.
15. La Paz Oeste: $16.9 millones.
16. Sonsonate Este: $14.3 millones.
17. San Miguel Oeste: $13.8 millones.
18. Sonsonate Oeste: $11.4 millones.
19. La Libertad Este: $12.9 millones.
20. La Libertad Oeste: $12.6 millones.
21. La Libertad Costa: $10.4 millones.
22. San Salvador Sur: $7.6 millones.
23. La Libertad Norte: $6.2 millones.
24. Morazán Norte: $4.9 millones.
25. Sonsonate Norte: $4.8 millones.
26. San Salvador Norte: $1.4 millones.
27. San Salvador Oeste: $929,100.
FUENTE: Ministerio de Hacienda, informe de endeudamiento municipal, marzo, 2025.

El Ministerio de Economía de El Salvador ha solicitado a la Asamblea Legislativa la aprobación de una nueva ley que regularía a los mercados nacionales y locales comerciales en espacios públicos con infraestructura diseñada o intervenida por el Órgano Ejecutivo.

Una de las reglas que establecería la nueva normativa, que será recibida por la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa el lunes 7 de abril, será el orden y la limpieza de los mercados.

«La venta ambulatoria en el interior del mercado y la circulación y comercio ambulatorio hasta una distancia de cien (100) metros de su perímetro» es la primera prohibición establecida en el artículo 28 de la propuesta, sobre el «Orden interno en los mercados».

En estos «mercados nacionales», también se prohibiría «la instalación de establecimientos provisionales en los pasillos o vías de circulación del interior y perímetro exterior del mercado».

En el mismo artículo, se prohíbe botar basura o artículos averiados en áreas de circulación, hacer una actividad comercial no autorizada, abrir agujeros en paredes del mercado o deteriorarlas en cualquier forma, lavar las instalaciones con sustancias corrosivas y perturbar la disciplina del mercado o realizar acciones contra la moral y las buenas costumbres.

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Con la ley, pretenden prohibir «el ingreso de personas no autorizadas fuera del horario señalado para el acceso de los comerciantes y para el público».

La instancia encargada de regular este orden sería la nueva Dirección de Mercados, que estaría a cargo de un funcionario nombrado por el presidente de la República, que también nombraría a un subdirector.

>> Ley buscaría privatización y eliminar municipalidades dicen concejales del FMLN

La nueva normativa ha sido criticada por concejales del FMLN, que aseguran que es una injerencia y violación a la autonomía municipal. Concretamente, critican el artículo 23 de la normativa, que permite que las municipalidades entreguen los inmuebles de los mercados municipales a la nueva Dirección, luego de solicitar remodelación, diseño o construcción de un mercado a la Dirección.

Mientras, el concejal Alejandro Nóchez aseguró que no ve privatización ni aumento de precios en la normativa, sino una oportunidad de mejora en los mercados, aunque observó que se necesita más información.

>> Alejandro Nóchez: «Yo no veo que el objetivo sea privatización»

Alejandro Nóchez, concejal de San Salvador Centro por el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), no cree que haya un objetivo de privatización de mercados municipales detrás de la «Ley de creación de la Dirección de mercados nacionales y locales comerciales ubicados en espacios públicos», cuyo proyecto será recibido el lunes por la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa.

«Si fuera una privatización, no se estaría creando una Dirección Nacional de Mercados, se está creando un ente del Estado, no se está pidiendo a un privado que sean los que vengan a administrarlo. Posiblemente pueda darse en algún momento una sociedad de economía mixta, pero esos son ya otros términos, que en ninguna parte de ahí habla que los mercados pasarán a una institución privada. Yo no veo que el objetivo sea una privatización», reaccionó el concejal Nóchez.

Concejales del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) opinan que el proyecto busca privatizar o expropiar los mercados municipales a través de sociedades de economía mixta. Los regidores Cayetano Cruz y Simón Paz, de San Salvador Este y San Salvador Centro, aseguraron que el cobro de arrendamiento de puestos de venta provocará el aumento de los precios de los proyectos en estos nuevos mercados nacionales.

La sospecha de los regidores efemelenistas se origina del artículo 23 del proyecto, que establece que las municipalidades deberán manifestar su voluntad de entregar en «comodato» a la nueva Dirección los inmuebles de los mercados, cuando hayan solicitado la intervención a cualquier institución del Poder Ejecutivo.

Nóchez tampoco ve el proyecto ley se establezca una «obligación» para que los municipios entreguen los inmuebles de los mercados en los cuales solicite una intervención del Ejecutivo. «Yo no lo veo como una obligatoriedad, lo veo como una opción, porque si yo no quiero como municipalidad utilizar recursos del Estado para una mejora de mercado, no le veo dónde se está obligando que ese municipio tenga que entregar dichas instalaciones», afirmó.

«Una oportunidad»

El concejal Alejandro Nóchez cree que el proyecto de ley entregado por el Gobierno para crear la Dirección de Mercados puede ser una «oportunidad para mejorar».

«Yo sí creo que pueda ser una oportunidad para mejorar en beneficio de la población, sin embargo, pero también el tema de la centralización lastimosamente no llega a más personas, sino que a veces se reduce», expresó.

Según el concejal, el proyecto busca dar certeza a los comerciantes que ya tienen puesto y «puedan creer que se les va a quitar» que serían «los primeros que serán tomados en cuenta».

El funcionario tampoco cree que el proyecto de normativa subiría los precios de los productos por el cobro del arrendamiento de los puestos de venta que haría la Dirección de Mercados.

Sin embargo, no se atrevió a decir que Arena debería votar por el proyecto ya que falta información. «Yo creo que Arena debería tener toda la información necesaria, todos los elementos necesarios como para que ellos evalúen si votan a o no, eso ya es una decisión de los diputados», indicó, en referencia a falta de información sobre la cantidad de mercados que serían intervenidos y que pasarían a manos de la nueva dirección. «No habla de todos los mercados», observó.

El concejo municipal de San Salvador Este aprobó un decreto para exonerar de intereses y multas el pago de las deudas por tasas, impuestos municipales y contribuciones de todos sus distritos, Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque.

El concejo aseguró que se requiere brindar a la población de todos los distritos «incentivos para solucionar la mora tributaria» y realizar convenios de pago, con el fin de terminar con la deuda tributaria.

El periodo de amnistía de intereses y multas estará vigente desde el martes 8 de abril hasta el 15 de junio de 2025. El decreto fue aprobado el 20 de marzo de 2025 y fue publicado en la edición del Diario Oficial del 31 de marzo de 2025.

El beneficio se aplicará a multas o contravenciones impuestas por el Departamento de Registro Tributario, Catastro Distrital o Mercados Distritales, así como por el Cuerpo de Agentes Metropolitanos o la Delegación Contravencional.

Podrán aplicar aquellos contribuyentes que se encuentren en mora, arrendatarios con plan de pago con cuotas pendientes de pago, arrendatarios que hayan incumplido planes de pago, usuarios que posean multas por presentación extemporánea de solicitudes de renovación de permisos, lilcencias, matrículas; contribuyentes que hayan puesto un recurso o personas que no hayan presentado escrituras en el Registro Tributario y Catastro Municipal después de 30 días de la escrituración.

La alcaldía podrá dispensar los intereses por mora y la multa si se paga el total de las tasas o impuestos adeudados, o se realiza un plan de pago con un pago inicial de 30 %.

El Concejo aún no tiene consolidado un Portal de Transparencia Fiscal en donde informe sobre la deuda consolidada en tasas, impuestos y contribuciones, además de multas e intereses, que tienen los contribuyentes de sus distritos.

Una nueva Dirección de Mercados Nacionales se encargaría de adjudicar puestos de venta en los llamados «mercados nacionales» que estén bajo su administración, según el nuevo proyecto de «Ley de creación de la Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales Ubicados en Espacios Públicos» en manos de la Asamblea Legislativa.

Tal como está redactado el proyecto, esta ley aplicaría a «todas las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividad comercial, como adjudicatario de puestos de venta de los mercados o de los locales» ubicados en plazas, parques y espacios públicos con infraestructura construida o remodelada por el Órgano Ejecutivo.

A la hora de adjudicar los puestos de venta en estos mercados, la Dirección tendría que dar “prioridad” a la población vulnerable y los comerciantes que ya han tenido puestos de venta en dichos mercados. Las tarifas serán definidas por la misma Dirección, que también podrá conformar sociedades mercantiles.

Es el artículo 31 del proyecto que define dos prioridades para la adjudicación de puestos: los «comerciantes que anteriormente ocuparon los puestos» y los «grupos en situación de vulnerabilidad del lugar donde se encuentre el mercado».

El concejal de San Salvador Este Cayetano Cruz, del FMLN, cuestionó quién definirá si una persona está en situación de vulnerabilidad. «Estoy seguro que mucha gente que vende a la orilla de los mercados, porque no les alcanza para pagar la infraestructura de un local (quedarán fuera)», indicó.

Sin embargo, el concejal Hernán Carrasco, del CD, cree que se puede garantizar la asignación de puestos a grupos vulnerables, con «criterios claros y públicos», como ingresos bajos, madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad.

Estos contratos de arrendamiento, que tendrían un plazo temporal, no darían derecho a los arrendatarios para vender, ceder, donar o subarrendar sus puestos o locales.

Sin ventas ambulantes

En los mercados regulados por esta nueva Dirección que pretende crear el Gobierno no podrá haber ventas ambulantes en un perímetro de cien metros y se multaría a los arrendatarios de puestos que no estén completamente limpios, que obstruyan los pasillos o que almacenen productos en condiciones antihigiénicas. Las multas oscilan entre $5 y $50.

También, los empleados de estos puestos de venta o locales comerciales no podrán tener un salario inferior al salario mínimo, es decir, $365 mensuales, según el artículo 38 del proyecto.

Visiones encontradas

La creación de una nueva Dirección de Mercados no es bien vista por concejales del FMLN, que prevén un aumento de precios por el cobro de las nuevas tarifas de adjudicación que establecería la Dirección según el proyecto, y porque creen que el Gobierno busca quitarles los mercados a las municipalidades, algo que aseguran viola la autonomía municipal.

Sin embargo, uno de los concejales de San Salvador Este, Hernán Carrasco, del Cambio Democrático (CD), cree que la nueva ley podría ayudar a ordenar los mercados en el país que considera sufren de muchas deficiencias como corrupción, desorden e insalubridad. «Existiría un mayor control y fiscalización, mejorando la higiene y seguridad, esto ayudaría a que más personas prefieran ir a comprar a los mercados», indicó.

Por el contrario, Simón Paz, concejal de San Salvador Centro por el FMLN, cree que la pretensión es una «clara injerencia en el quehacer municipal de parte de Ejecutivo» en donde la nueva Dirección tendría toda la potestad sobre los mercados, cuyos inmuebles pasarán a la Dirección. «El día de mañana no van a haber concejos municipales», auguró. Tanto Paz como Cayetano Cruz, concejal de San Salvador Este por el FMLN, no dudan de que los precios de los productos subirán si se aprueba la normativa.

Una de las disposiciones polémicas del proyecto es que los municipios que soliciten inversión para obras en los mercados «deberá manifestar su intención de entregar voluntariamente el bien inmueble».

El concejal del partido Cambio Democrático en San Salvador Este, Hernán Carrasco, dio su respaldo al proyecto de Ley de la Dirección de Mercados Nacionales presentado por el Ministerio de Economía a la Asamblea Legislativa y, pese a las críticas sobre violación a la autonomía municipal, cree que puede mejorar la gestión de los mercados en el país.

«Pienso que la nueva ley mejoraría la gestión, la transparencia, la salubridad y garantizaría la libre competencia en los mercados», indicó.

Carrasco sostuvo que el sistema actual tiene «muchas deficiencias como el desorden, la corrupción y la falta de control real de los mercados» y la nueva normativa podría provocar potencialmente «una estandarización de la gestión a nivel nacional con reglas claras y homogéneas para todos los mercados».

También existiría un mayor control y fiscalización, mejorando la higiene y seguridad; esto ayudaría a qué más personas prefieran ir a comprar a los mercados.

Hernán Carrasco, concejal de San Salvador Este (CD).

Sobre la pérdida de autonomía municipal, aseguró que «las municipalidades han hecho muy poco» por la mejora en los mercados.

El regidor indicó que la nueva ley, que crea una nueva Dirección de Mercados Nacionales que estaría a cargo de los mercados intervenidos por el Ejecutivo, no provocaría aumento de precios en los productos en venta, como prevén concejales del FMLN.

«Si la administración es eficiente y transparente, los costos podrían incluso bajar y los productos para el consumidor serán más bajos. Si se evitan monopolios dentro de los mercados y se incentiva la competencia», señaló.

El proyecto de ley crea una Dirección de Mercados Nacionales que adjudicaría los puestos de venta a una tarifa que establecería la misma dirección y que recibiría en comodato los inmuebles de los mercados municipales que intervenga el Ejecutivo, ya sea en diseño, remodelación o construcción.

Así mismo, prohibiría en estos mercados ventas ambulantes o temporales en un perímetro de 100 metros y en los pasillos, así como multaría a los arrendatarios que no tengan sus locales completamente limpios.

Concejales del FMLN creen que la nueva Ley de Dirección de Mercados Nacionales, bajo estudio de la Asamblea Legislativa, violaría la autonomía de los municipios, aumentaría los precios de productos, debilitaría a los concejos municipales y se privatizarían los mercados municipales.

«Todo apunta a que hay un plan que tiene que ver con el hecho de desaparecer el municipalismo», dice el concejal Cayetano Cruz, concejal por el FMLN de San Salvador Este, municipio que reúne a los distritos de Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque.

El funcionario recordó que a las municipalidades ya les han quitado parte del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes), a algunas le han quitado la administración de los desechos sólidos, con la creación de la Autoridad Nacional de Desechos Sólidos (Andrés) y el pago por la certificación de partidas de nacimiento.

El concejal Simón Paz, parte del concejo de San Salvador Centro, que reúne a los distritos de San Salvador, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, Mejicanos y Ciudad Delgado, también cree que el objetivo es «desaparecer» las municipalidades con una injerencia total del Ejecutivo y tener el control territorial sin responder a las necesidades de las comunidades.

La potestad que la Dirección de Mercados va a tener es total. Hoy por hoy pasan en manos del Ejecutivo aquellos mercados en donde el Ejecutivo intervino a través de la DOM, Obras Públicas, esos mercados pasan tácitamente al Ejecutivo y el ejemplo más claro es San Miguelito, en una clara violación a la autonomía municipal.
Simón Paz, concejal de San Salvador Centro.

Ambos concejales se refirieron al artículo 23 del proyecto que obligaría a las municipalidades a manifestar su voluntad de entregar en «comodato» a la Dirección los inmuebles de los mercados intervenidos por cualquier institución del Poder Ejecutivo.

El artículo, aunque expresa que la entrega sería «voluntariamente», aclara que la municipalidad «deberá» manifestar la intención de entregar el inmueble al Ejecutivo si este lo interviene.

«Voluntario según el gobierno es obligatorio. Lo que está diciendo es que el Ejecutivo se va a tomar el tema de los mercados y obviamente será a través de privatizaciones para lo cual no dudo que se van a crear las sociedades de economía mixta para trasladarlas a manos privadas. Obviamente al inicio será bonito, mercados nuevos, con un poco de tecnología pero a la larga va a ser un costo más para la crisis económica de la canasta básica», dijo el concejal Cruz.

La abogada Roxana Cardona manifestó en redes sociales que, si los mercados se declaran de «utilidad pública», como lo indica el artículo 22 del proyecto, podrá «expropiarse», algo que coincide con la prohibición del dominio sobre los puestos de venta.

Este traslado «voluntario» de los mercados municipales intervenidos por el Ejecutivo, según el concejal Cruz, también buscaría trasladar los cobros por servicios, como actualmente hace municipalidades con la Autoridad Nacional de Desechos Sólidos (Andrés).

«Detrás de todo ese decreto va la privatización de los mercados, que va a elevar los precios. El Hula Hula tiene parqueo, espacios limpios, pero tiene costos. El tema del regateo eso se va a ir acabando. Un local pequeño en el Hula Hula, de $300 a $500 andan… Eso llevaría a que la canasta básica incremente».
Cayetano Cruz, concejal de San Salvador Este.

Así, el trasfondo del proyecto de Ley de la Dirección de Mercados, según el concejal Cruz, es «decir que las municipalidades no sirven» y «quedarse con todo lo que manejan las municipalidades» incluidos presupuestos millonarios, cita. «¿Quiénes van a ganar?, las sociedades de economía mixta porque los servicios ya no van a ser públicos, sino privados», cuestionó. El objetivo «es centralizar todos los fondos en una sola bolsa pero que no se van a ver revertido en desarrollo comunal», concluyó, por su parte, el concejal Paz.

Paz cree que el Gobierno está «allanando» un camino para desaparecer los concejos municipales porque quieren mantener el «control territorial».

«Esa entidad va a tener toda la potestad, adjudicar, desadjudicar, poner multa, los empleados municipales en los mercados están en el limbo… ¿Y cuál es el camino que lleva esto?, el día de mañana van a desaparecer concejos, yo más creo que ese camino están allanando, que el día de mañana no hayan concejos municipales y lo que por hoy está va a ser una figura no más para seguir teniendo el control territorial», manifestó.

Para el regidor, el debilitamiento de los concejos municipales afectará a las comunidades ya que «la razón de ser de un concejo municipal es el trabajo en función de las necesidades de las comunidades».

La nnministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé, entregó a la Asamblea Legislativa un proyecto de «Ley de creación de la Dirección de mercados nacionales y locales comerciales ubicados en espacios públicos».nnEl proyecto fue recibido a las 11:42 a.m. del 1 de abril, sin convocatoria de prensa, y pasó a estudio de la Comisión de Infraestructura, que ha programado su reunión el lunes 7 de abril a las 11:00 de la mañana.nnEl Gobierno argumenta que es necesario crear una Dirección que administre los puestos de venta o locales en los mercados y controle tanto a las personas o empresas que comercien en los espacios públicos, para «garantizar» una libre competencia y salubridad.nn

Esto sería lo más relevante de la nueva Ley de la Dirección de mercados y locales comerciales

n¿Cuáles mercados regulará?nMercados nacionales, locales comerciales en plazas, parques y espacios públicos. Habrá un «Registro Único de Puestos de Mercado» y un sistema informático de registro.nn¿Quién será la autoridad máxima?nLa ley crearía la «Dirección de Mercados Nacionales», que se relacionará con el Ejecutivo por medio de la Presidencia de la República.nEl nuevo director de Mercados Nacionales sería nombrado por el presidente de la República por un periodo de cinco años. Será la máxima autoridad. Deberá ser mayor de 30 años y tener «experiencia comprobable en materias relacionadas».nn¿Cómo se financiará?nPodrá recibir del Fondo General, de los cobros que realice y también podrá endeudarse. Podrán solicitar el Ejecutivo inversión para el diseño, construcción o remodelación de mercados municipales o de locales comerciales.nn¿Cuáles serán las atribuciones de la Dirección? –adjudicará los puestos de venta y podrá revocarlosnLa Dirección adjudicará los puestos de venta o locales o revocarán las adjudicaciones, y monitoreará el pago del arrendamiento de los puestos e impondrá sanciones. Usará los fondos para mejorar y expandir los mercados.nSegún el proyecto, la Dirección deberá dar «prioridad en la adjudicación» a los comerciantes que anteriormente ocuparon los puestos del mercado» y a «grupos en situación de vulnerabilidad del lugar donde se encuentre el mercado».nEntre sus 15 atribuciones, también estarían: administrar los mercados, garantizar que los puestos de venta tengan energía, agua, servicios sanitarios, emitirá instrumentos normativos para los mercados. También definirá el horario de los mercados.nn¿Cuáles son las atribuciones más importantes que tendrá el director nacional de Mercados?n1. Conocerá y resolverá las solicitudes de adjudicación de los puestos de venta dentro de los mercados y de los locales comerciales dentro de plazas, parques o espacios públicos.n2. Revocará las adjudicaciones.n3. Firmará contratos de arrendamiento de los puestos de venta.n4. Impondrá sanciones por infracciones.n5. Fijará tarifas de arrendamiento de los puestos de venta.nn¿Podrán pasar los mercados municipales a la Dirección de Mercados Nacionales?nSí. Los municipios podrán solicitar inversión para obras en los mercados municipales, pero «deberá manifestar su intención de entregar voluntariamente el bien inmueble» a comodato «a favor de la Dirección de Mercados Nacionales«.nEn todo caso, es decir, «sin perjuicio» de lo anterior, la Dirección también «podrá solicitar a los municipios la entrega de los referidos mercados y locales cuando lo considere pertinente».nn¿Qué prohibiciones tendrán los mercados?n1. Ventas ambulantes dentro de 100 metros de superímetro.n2. Puestos en los pasillos o vías de circulación interior.n3. Transferencia de puestos de venta.n4. Almacenar sustancias prohibidas, promover juegos de azar, efectuar negocios no relacionados al giro y otros.nn¿Cuáles serán las infracciones?nLas muy graves serán almacenar, vender o consumir sustancias ilícitas o de contrabando, explosivos, material peligroso o hacer desórdenes públicos. Las graves serían realizar acciones que alteren la disciplina y orden del mercado, plaza, parque o espacio público, botar basura, obstruir pasillos; y las leves, mantener el puesto de venta sucio, sin depósitos de basura.nn¿De cuánto serán las multas para los puestos de venta?nDe $5 a $25 para infracciones leves; de $26 a $50 para infracciones graves; y revocación de la adjudicación para infracciones muy graves.

Cuatro diputados de Nuevas Ideas presentaron un proyecto para reformar el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL) con el objetivo de evitar que los legisladores se abstengan en las votaciones de las iniciativas propuestas.

La reforma propuesta consiste en agregar un inciso final al artículo 86: «Las votaciones deberán consignarse a favor o en contra, de lo que se presente a consideración de la Asamblea, según lo establecido en este reglamento y la Constitución».

En su solicitud, los diputados argumentan que las votaciones «de lo que se presente a consideración» de la Asamblea Legislativa «deberían de someterse dichas votaciones ya sea a favor o en contra», «para una mayor certeza jurídica».

La iniciativa de reforma es firmada por los diputados Ernesto Castro, Suecy Callejas, Elisa Rosales y Alexia Rivas, todos legisladores integrantes de la junta directiva del Legislativo.

La propuesta para evitar los votos en abstención de los diputados pasó a estudio de la Comisión Política, que está convocada a reunirse el lunes 7 de abril a las 2:00 de la tarde, día en que entrevistará a cuatro candidatos a procurador general.

Actualmente, el reglamento únicamente establece que los diputados pueden votar a mano alzada o por medio electrónico, y también de manera nominal y pública, a viva voz, después de nombrar a cada diputado.

También establece que los diputados podrán «razonar» su voto por un máximo de cinco minutos o de forma escrita a la junta directiva.

El mismo reglamento establece como derechos de los diputados «participar con voz y voto en las sesiones plenarias» así como a votar según su voluntad individual y sin ninguna coacción.

El sistema de conteo de votos en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa registra tres tipos de votos: a favor, abstención y en contra. Un diputado también puede optar por no registrar ninguno de los tres tipos de votación, no presionando el botón o no levantando su mano.

Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, la abstención es una «opción voluntaria de participar en una votación parlamentaria sin manifestarse a favor ni en contra».

El artículo 125 de la Constitución establece: «Los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Son inviolables, y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan».