Autor: Yolanda Magaña

La Asamblea Legislativa recibió el martes una petición de exoneración de todo tipo de impuestos para la introducción de 965 cajas de medicamentos para el tratamiento de pacientes con cáncer del Hospital Nacional Especializado Rosales.

La donación fue realizada por The Max Foundation mediante un convenio de cooperación con el Ministerio de Salud.

The Max Foundation es una organización sin fines de lucro que ha desarrollado programas de acceso de tratamientos para el cáncer dirigidos a personas de escasos recursos económicos.

La donación consiste en 500 cajas de medicamento Glivec FCT 400 mg., además de 465 cajas de medicamento Glivec FCT 100 mg.

La exoneración se aplicará a todo tipo de impuestos, Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), IVA, tarifas por servicios marítimos y portuarios, costos de bodegaje y manejo sobre la importación.

The Max Foundation es una organización sin fines de lucro registrada en Estados Unidos que recibe donaciones individuales y corporativas, como del Grupo Tanner Pharma, que apoya iniciativas de acceso a medicamentos.

Los cinco espacios culturales más populares de El Salvador concentraron el 75 % de las visitas que reciben los espacios culturales del país, según las cifras del Ministerio de Cultura brindadas este viernes por el ministro Raúl Castillo a diputados de la Comisión de Hacienda, que está recibiendo a los funcionarios públicos para que expliquen sus presupuestos para el año 2026.

Este top 5 de lugares culturales más visitados, encabezado por la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), ha recibido 2,915,862 visitantes en el último año. Durante ese mismo año, desde octubre de 2024 hasta octubre de 2025, ha habido un total de 4,027,350 en espacios cultalres, dijo esta mañana el ministro de cultura, Raúl Castillo.

El top 5 de los espacios culturales más visitados en El Salvador son: la BINAES, construida en 2023 por China Popular y ubicada en el Centro Histórico de San Salvador; el Palacio Nacional, construido entre 1905 y 1911 y remodelado en 2024; el Parque arqueológico Tazumal, en Chalchuapa, Santa Ana Oeste; el Museo de Historia Natural, construido en 1976; y el Teatro Presidente, inaugurado en 1971.

El ministro reveló que el Ministerio que dirige ha realizado más de 2,300 actividades dentro de la BINAES y que en estas ha atendido a 1.6 millones de salvadoreños.

“La BINAES se consolida como el pilar fundamental en desarrollo cultural y educativo del país, nosotros empezamos a llamar a la BINAES no como una Biblioteca sino como un centro de conocimiento”, dijo esta mañana el funcionario.

Dentro de estas visitas, el gobierno registra un aumento del 28.4 % en los turistas extranjeros que visitaron estos lugares culturales, de 175,936 a 225,917 turistas extranjeros, siempre en los periodos de enero a octubre de 2024 a 2025. En el mismo periodo de 2023, Cultura registró solo 47,175 turistas extranjeros; y en 2022, 28,842.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) registró un total de 4,112 salvadoreños deportados desde el extranjero, vía aérea, en el periodo de julio a septiembre de 2025, el 94 % provino de los Estados Unidos; y el resto de México y otros países.

Durante el tercer trimestre del año, hubo 366 salvadoreños más deportados que el mismo periodo de 2024, lo que representó un incremento del 9.8 % en las deportaciones por vía aérea.

Con la actualización del tercer trimestre, al menos 10,154 salvadoreños han sido deportados en nueve meses del año 2025, un promedio de 37 cada día y una leve disminución de aproximadamente 11 % respecto al mismo periodo del año pasado.

La tendencia, según las cifras de Migración, muestra que durante los últimos tres años, de 2022 a 2024, la cantidad de compatriotas deportados se ha mantenido entre 13,000 y 14,000 anuales, luego de mostrar una baja en 2020 y 2021, lapso en que se declaró la pandemia por covid-19.

En años anteriores, Migración registraba más deportaciones: 21,752 salvadoreños deportados en 2015, un total de 28,934 en el año 2016 y 20,410 en el año 2019.

La cifra de Migración es cercana a la divulgada por la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, quien indicó el 11 de noviembre pasado que El Salvador había recibido 145 vuelos federales desde Estados Unidos con 10,025 salvadoreños deportados.

En diez años, de 2015 a 2024, la DGME ha registrado 165,733 salvadoreños deportados o retornados del extranjero, mayoritariamente de Estados Unidos. Los informes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) reportan 143,709 salvadoreños deportados en el mismo periodo, con caídas durante 2021 a 2023 pero que cerró en 15,284 en 2024.

El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) elaboró un plan de reasentamiento involuntario que busca compensar a las personas y los bienes afectados por el proyecto de construcción del bypass de Apopa y las estructuras relacionadas, con financiamiento del Banco Mundial.

El reasentamiento involuntario es el desplazamiento obligatorio o forzoso de personas que tengan inmuebles en los lugares en donde se realice la construcción de una obra pública, para lo cual se establecen compensaciones.

La Asamblea Legislativa recibió el martes el proyecto de decreto transitorio que facultaría al MOPT a suscribir acuerdos para adquirir, compensar o restituir los inmuebles a las familias y brindarles soluciones habitacionales, estrictamente las que tengan que ver con el financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para el bypass con puente atirantado que se construirá en Apopa.

El Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) para el bypass de Apopa fue aprobado el 4 de agosto de 2025, luego de una verificación sobre las normas del Banco Mundial sobre “Adquisición de tierras, restricciones al uso de la tierra y reasentamiento involuntario” que busca garantizar la “compensación, mitigación y atención a las personas y bienes afectados por el proyecto”, según el proyecto de decreto enviado por el ministro, Romeo Rodríguez.

La Norma EAS5 del Banco Mundial indica que, cuando no pueda evitarse la adquisición de tierras o las restricciones sobre su uso, el Banco ofrece a las personas afectadas compensación al costo de reposición y otro tipo de asistencia necesarias o restablece sus estándares de vida o medios de subsistencia. Esta norma establece indicaciones para compensar a las personas que posean tierras agrícolas, urbanas o viviendas y que salgan afectadas por el proyecto.

El decreto facultaría al MOPT a dar soluciones habitacionales temporales a las familias afectadas, donar inmuebles al Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) y prohibirían a las familias transferir los bienes que reciban por 20 años.

La construcción tendría una duración de seis años el bypass de cuatro carriles sobre la Carretera de Oro, entre las comunidades San Pablo y Los Elías hasta el kilómetro de la carretera Troncal del Norte, 12 obras de paso a desnivel, una carretera de circunvalación de 13 kilómetros, iluminación, señalización, paradas de buses, y una estructura atirantada de 320 metros de longitud con dos pilones, un claro central de 160 metros y dos de 80 metros.

El abogado Guillermo García manifestó este jueves que hasta hoy desconoce el estado de salud de su cliente, José Santos Melara Yanes, líder del movimiento Alianza Nacional El Salvador en Paz que fue arrestado y acusado de planificar actos de terrorismo en la toma de posesión del segundo gobierno de Nayib Bukele.

García dijo que evalúa establecer una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA). “Lo estamos valorando, justamente porque en el caso del compañero José Santos Melara Yanes, por su condición de salud y de privación de libertad fácilmente puede ser aceptado en la CIDH”, indicó.

El abogado estuvo en una conferencia este jueves en donde la Asociación Nacional de Veteranos y Veteranas de Guerra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Anvegfmln) exigió la liberación de Melara Yanes, también líder de la asociación; además del directivo Julio Alfonso Mira Dimas y del colaborador Luis Orlando Alberto Menjívar.

El abogado aseguró que la situación de Melara Yanes “es complicada”.

“No puedo guardar silencio ante las graves violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en este país. Adolece de enfermedades crónicas, degenerativas e incurables. Han pasado por tratamiento antes de su captura. Hasta esta fecha se desconoce el estado de salud de nuestro compañero Pepe”, aseguró.

Según García, la más reciente solicitud sobre un reconocimiento médico para Melara Yanes fue realizada el 25 de noviembre, pero dijo que no ha recibido respuesta. “Desconozco si el centro penal occidental ha permitido el ingreso de los médicos para que realice el reconocimiento de salud”, indicó.

Melara Yanes cumple un año y seis meses de estar privado de libertad. Fue arrestado entre el 30 y 31 de mayo, cuando se realizó un operativo de capturas contra líderes del movimiento de izquierda Alianza El Salvador en Paz, así como al comunicador de Chalatenango Luis Menjívar y el excomandante del FMLN, Atilio Montalvo, acusados de estar vinculados a un plan supuestamente de “detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas” que se llevaría a cabo el 1 de junio de 2024 según las autoridades salvadoreñas.

La asociación Anvegfmln considera que estas detenciones fueron arbitrarias y “sin tener prueba alguna del cometimiento de delitos”. “La prolongada reclusión, sumada a su delicado estado de salud representa un riesgo inaceptable para su integridad física y emocional de nuestros compañeros”, expresó la asociación en un comunicado.

Antes de la segunda toma de posesión de Bukele, en diciembre de 2023, Melara Yanes participó en una conferencia de prensa en donde diferentes líderes de izquierda, incluido el exembajador Rubén Zamora, se manifestaron por una “insurrección pacífica, en paz y sin armas”. En diciembre de ese mes, un juzgado emitió una orden de captura contra Zamora acusado de aprobar la amnistía de 1993 y encubrir la masacre de El Mozote, algo que su familia consideró una persecución política.

Este jueves inicia la vigencia de la reforma a la Ley de la Carrera Militar que crea altos nuevos rangos como Almirante en la Marina Nacional, General de Aire en la Fuerza Aérea y General de Ejército en la Fuerza Armada de El Salvador.

Las reformas fueron aprobadas con observaciones del presidente Nayib Bukele el 22 de octubre de 2025 y fueron publicadas en el Diario Oficial del 28 de octubre. La única observación realizada por el mandatario fue dar un plazo de 30 días para el inicio de su vigencia.

Con la reforma, en la categoría de oficiales generales, se incorporan los nuevos grados de: General de Ejército para la Fuerza Armada, General del Aire en la Fuerza Aérea y Almirante en la Marina Nacional. El actual ministro de la Defensa, René Merino Monroy, es vicealmirante.

En esta categoría de oficiales generales, la reforma incorpora el grado de «brigadier» para el Ejército y Fuerza Aérea, y de comodoro en la Marina Nacional.

En la categoría de suboficiales, se incluyen los grados de «sargento mayor de división», «sargento mayor de aviación» y «maestre de flota».

Y en la categoría “tropa” se incluye «dragoneante» en el Ejército y en Fuerza Aérea, equivalentes al actual «timonel» de la Marina Nacional.

En los ascensos de los oficiales generales, se modifica el tiempo de servicio requerido para los ascensos, así: coronel, pasaría de 6 a 10 años; teniente coronel, de 6 a 7; mayor, se mantiene en 7; capitán, de 6 a 5 años; teniente, de 6 a 4; y subteniente de 5 a 3 años.

La reforma modificó los tiempos de servicio en los distintos cargos necesarios para que sean transferidos de oficio de la situación activa a la situación de reserva:

• Subteniente: se redujo de 35 años a 31 años.
• Teniente: se pasa de 40 años a 37 años.
• Capitán: de extiende de 44 a 45 años
• Mayor: se pasa de 50 años a 53 años.
• Teniente Coronel: se pasó de 53 años a 62 años.
• Coronel: se pasó de 55 años a 68 años.
• General de Brigada: de 60 años a 70 años.

Dentro de los grados de Suboficiales o equivalentes:

• Sargento: se pasó de 40 años a 35 años.
• Sargento Primero: se cambió desde 45 años a 40 años.
• Sargento Mayor: se pasó de 45 a 50 años.
• Sargento Mayor Primero: de 55 años a 53 años.
• Sargento Mayor de Brigada: de 60 años a 68 años.

Según una disposición transitoria, los oficiales o suboficiales en situación activa que cumplan con los nuevos tiempos de servicio “ascenderán al grado inmediato superior y se les computará en este grado el tiempo de servicio” adicional en el grado anterior; pero los que excedan el máximo de tiempo de servicio cumplirán el tiempo para adecuarse a tiempos de los grados subsiguientes.

Causal de arresto para postergar ascensos

También, se modificó la causal de pena de arresto para la postergación de ascenso, ya que se postergaba el ascenso a quienes hubieren sido sancionados con pena de arresto por 30 días o más; esta causal se endureció, ya que se podrá postergar un ascenso a quien haya sido arrestado por una pena de cinco días o más.

Otras causales que se mantienen en la ley son: por encontrarse procesado por delitos militares o comunes, cometer faltas reiteradas a la disciplina militar, o cometer actos inmorales dentro o fuera del servicio.

Diferentes instituciones del Estado suscribieron un convenio para fortalecer y ampliar los servicios hacia los salvadoreños que residen en el extranjero como parte de la celebración, el miércoles, del Día del Salvadoreño en el Exterior, informó la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal.

Portal manifestó que la misión de Cancillería es “corresponder” al esfuerzo de los salvadoreños en el exterior y acercar los servicios del Estado a cada salvadoreño. “Trabajamos para que nuestras embajadas y consulados, instituciones del Estado y empresas aliadas sean verdaderos puentes de atención, apoyo y acompañamiento”, dijo, según la publicación del Ministerio.

En la firma del convenio, según la fotografía publicada, estuvieron el viceministro de Transporte, Nelson Reyes; el presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (Invest), Rodrigo Ayala; el presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Paul Steiner; el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar; la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Ayala; la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Roxana Soriano; el presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco; el director del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros; y el rector de la Universidad de El Salvador (UES), Juan Rosa Quintanilla.

Cancillería no publicó el convenio.

Según el comunicado, en la celebración, hablaron sobre su origen salvadoreño la presidenta del Centro de Ayuda a Familias Latinoamericanas (Cafla) en Montreal, Canadá, Cecilia Escamilla; Mario Amaya, miembro del Cafla; Estuardo Torres y Sonia Aguilar.

El gobierno, a través de Cancillería, da servicios de trámites de emisión de Documento Único de Identidad (DUI), pasaportes, registros de estado familiar, movimientos migratorios, consultas sobre inversiones, asistencia jurídica y migratoria, devolución de saldos, movimientos migratorios, autorización de instrumentos públicos en el extranjeros y emisión de visa consular y de cortesía.

El Ministerio no informó sobre el contenido del convenio respecto al papel del TSE. En 2021, ambas instituciones firmaron un convenio para facilitar trámites de ingreso, acreditación y salida de las misiones de observación internacional que asistieron a las elecciones; en 2023 también suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Creación del Registro Electoral, con el fin de garantizar el voto de los salvadoreños en el exterior.

El TSE, en su comunicado emitido este 27 de noviembre, informó que la presidenta del TSE, Roxana Soriano, aseguró que el convenio “ayuda a unir esfuerzos para brindarles servicios más completos y coordinados”.

En el comunicado, el TSE menciona cuatro “mecanismos” o servicios anunciados: ampliación de jornadas de atención, coordinación de programas y servicios especializados, articulación de servicios de educación, salud y desarrollo productivo, y fortalecimiento del rol de embajadas y consulados.

Por la Asamblea Legislativa han pasado un total de 47 peticiones de reforma al presupuesto estatal de 2025 por un monto de $1,990.29 millones con fondos provenientes de préstamos, títulos valores, recursos propios, donaciones, asignaciones disponibles del Ministerio de Hacienda y excedentes de ingresos, según los decretos aprobados.

De títulos valores ingresarían $646.62 millones al presupuesto 2025, tomando en cuenta la nueva propuesta para incorporar $267 millones de títulos valores –autorizados el 11 de noviembre– recibida el lunes.

Esa petición plantea la incorporación de $267 millones en la partida 13 Obligaciones generales del Estado del Ministerio de Hacienda.

A ello se suman $150 millones de títulos incorporados el 18 de noviembre para el funcionamiento del Estado, $149.6 millones incorporados el 15 de octubre para la partida 13 Obligaciones generales del Estado y $80 millones incorporados el 10 de julio para un nuevo Fondo de Mitigación de Energía.

Estas emisiones de títulos valores fueron aprobadas en mayo de 2024 y en noviembre de 2025.

Un total de 13 reformas presupuestarias han inyectado $348.87 millones al presupuesto 2025 de fondos que según el Ministerio de Hacienda provienen de asignaciones disponibles que tenían dentro de su presupuesto. En estos casos, Hacienda no detalla en los decretos si dichos fondos provienen de deuda o ingresos tributarios.

Así, las asignaciones disponibles de Hacienda han financiado, entre otros, $40 millones incorporados el 18 de marzo para centros educativos y el Ministerio de Agricultura, $12 millones para la Agencia de Ciberseguridad del Estado incorporados el 30 de abril; $43 millones a distintas instituciones del Estado, el 29 de julio; $53.9 millones de refuerzo a ocho instituciones del Estado, el 10 de julio; $20 millones para logística de abastecimiento de los agromercados; $13 millones para innovación, el 13 de agosto; $15 millones para reforzar la Presidencia, el 15 de agosto; $10 millones para el sistema penitenciario; y $113.2 millones para varias instituciones del Estado.

Así mismo, dentro de los cambios presupuestarios se suman 20 reformas que han incorporado parcialmente algunos fondos de préstamos por $740.04 millones. Los fondos de créditos incorporados en el presupuesto de 2025 provienen de empréstitos aprobados en 2013, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

Por ejemplo, ingresaron $5.4 millones de un préstamo del Banco Mundial aprobado el 3 de octubre de 2013 para el fortalecimiento del sistema penitenciario, $11 millones para el sistema de Telemedicina de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) aprobado el 6 de diciembre de 2023.

Solo un total de $445.63 millones incorporados en el presupuesto de 2025 provienen de préstamos aprobados en 2025.

Además, una reciente reforma por $359.93 millones, aprobada el 18 de noviembre pasado, proviene tanto de préstamos como de excedentes en ingresos de Hacienda: $150 millones de títulos valores y $209.93 millones de excedentes de ingresos.

Un total de $46.7 millones ($46,756,435) podrían ser asignados para el voto de los salvadoreños en el extranjero en las elecciones de presidente, vicepresidente, diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales, según la propuesta de presupuesto extraordinario presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa.

El monto solicitado para el voto electrónico es $14.7 millones superior de lo ejecutado en las elecciones de 2024 para el voto electrónico en el exterior.

De los $46.7 millones solicitados para el voto en el extranjero, $40 millones serían incorporados en la Ley general de presupuesto del Estado 2025, con la finalidad de «garantizar la contratación de la empresa que ejecutará el sistema de votación remota por internet y el sistema de votación electrónica presencial» con la transmisión de resultados electorales.

Para las elecciones de 2027, Hacienda ha solicitado un total de $172,149,600, monto del cual $125,393,165 serían para las elecciones dentro del territorio nacional y $46,756,435 para el voto electrónico de los salvadoreños en el extranjero.

Un total de $45,349,230 del presupuesto del voto en el extranjero serán destinados al pago de bienes y servicios. El TSE no ha detallado cuánto ha asignado a la contratación del voto electrónico.

En las elecciones de 2024, la ejecución y auditorías al voto electrónico de salvadoreños en el extranjero costó $32,012,918; el TSE contrató a la empresa española Indra Soluciones por un contrato de $26,047,224.87, contrató a CGTS Corp por $4,392,310 para auditar el registro, el sistema de votación y el escrutinio final; y pagó $210,640 al Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey (Tec) para auditar el sistema de votación.

En las elecciones generales de 2024, se le asignó al TSE un total de $129,431,881, de los que ejecutó un total de $89,431,881: para el voto dentro del territorio nacional $57,418,962.74 de los $70,250,480 asignados; y para el voto electrónico de los salvadoreños en el exterior ejecutó $32,012,918.23 de los $59,066,690 aprobados.

El TSE había solicitado $159 millones para las elecciones presidenciales, legislativas, municipales y de Parlamento Centroamericano (Parlacen) de 2024, $70,699,979.74 para la elección en el exterior y $89,040,535 millones para el voto nacional, pero le fueron asignados $129 millones.

Un total de 331,756 salvadoreños en el extranjero votaron en las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de febrero de 2024: un total de 242,110 emitieron voto remoto por internet y 89,646 voto electrónico presencial en 81 centros de votación.

El Ministerio de Hacienda pidió el lunes a la Asamblea Legislativa una nueva reforma al presupuesto estatal del año 2025 para incorporar $267 millones a su partida de obligaciones generales.

Los fondos provienen de títulos valores cuya emisión fue autorizada por la Asamblea Legislativa el pasado martes 11 de noviembre en un decreto que detallaba que los fondos podrían ser destinados a “prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran liquidez, transferencias varias o para apoyar necesidades sociales, ambientales y/o económicas”.

Hacienda no detalla cuáles serán los destinos específicos de los $267 millones que incorporará al presupuesto, únicamente indica que la petición se realiza “a efecto de darle cobertura presupuestaria de forma oportuna a aquellas prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado y transferencias varias”.

El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, ha prometido que en la aplicación de los presupuestos estatales de 2024 y 2025 no usaría fondos provenientes de deuda para gasto corriente, es decir, para gastos en remuneraciones o compras de bienes o servicios, sino únicamente para inversión, por ejemplo, proyectos de infraestructura.

La reforma del presupuesto que esta vez propuso a los diputados de la Asamblea Legislativa incorpora los ingresos al rubro “31 Endeudamiento público, cuenta 311 colocación de títulos valores en el mercado nacional, fuente específica 31101 bonos del Estado”.

Y en el apartado de gastos, “se incrementan las asignaciones de las diferentes líneas de trabajo de la Unidad Presupuestaria 13 Obligaciones Generales del Estado”.

En octubre pasado, a solicitud de Hacienda los diputados incorporaron $149.625 millones a la partida de obligaciones generales del Estado, pero los fondos provenían de una emisión de títulos valores de $150 millones, remanente de los $1,500 millones de títulos autorizados por los legisladores el 22 de mayo de 2024. Este decreto también avaló que el dinero puede ocuparse para “necesidades generales del presupuesto del Estado y/o financiación de operaciones de manejo de pasivos”, así como mejora en condiciones sociales, medioambientales o económicas de la población.

Otra de las reformas recientes aprobadas en noviembre incorporó $359 millones a 15 instituciones del Estado (11 ministerios, Fiscalía, procuradurías y TSE), de fondos provenientes de deuda y de impuestos para “necesidades que no estaban programadas” y que “han surgido” a lo largo del año. Hacienda explicó que $150 millones provenían de títulos valores recién autorizados y $209.3 millones de excedentes de ingresos del Estado.