Autor: Yolanda Magaña

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, quien asistió el viernes a la toma de posesión del derechista Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, aseguró que hay disposición de compartirle la experiencia sobre las reformas penales y procesales penales aprobadas en El Salvador en el marco del régimen de excepción y la captura de más de 92,740 personas acusadas de ser pandilleros.

En una entrevista a la revista Semana, Ulloa aseguró que están dispuestos a compartir también los cambios realizados en el sistema de administración de justicia.

Según Ulloa, la seguridad no basta con una acción “policial o militar”. Observó, por ejemplo, que en Colombia el delito de la extorsión es excarcelable, algo que considera que sería tratarlo como una “falta menor”.

En la entrevista, el vicemandatario sostuvo que uno de los “pilares de éxito” fue la construcción del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), en San Vicente, ya que los delincuentes “deben estar alejados”.

Durante su campaña política, Espriella, nuevo presidente de Colombia, prometió la construcción de megacárceles. Ulloa aseguró que en el “modelo salvadoreño” desapareció la comisión de delitos de extorsiones, secuestros y otros delitos desde las prisiones por medidas que impiden comunicación y “los centros penitenciarios están ubicados lejos de las ciudades”.

El gobierno cuenta 1,275 días sin homicidios durante el actual gobierno y una caída drástica de los homicidios en todo el país, algo que atribuyen al régimen de excepción. Mientras, organizaciones nacionales e internacionales registran más de 6,500 denuncias de violaciones a derechos humanos, la mayoría capturas arbitrarias, pero también han reportado denuncias de torturas, maltratos y más de 500 muertes de detenidos bajo custodia estatal.

Seis de cada diez salvadoreños no tendría inconveniente con un gobierno no democrático si resolviera sus problemas (62 %) y un 46 % percibe el proceso político como injusto, cita el informe “Ruptura y oportunidades, propuesta para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica” de la Comisión de la CEPAL sobre Geopolíltica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe.

El estudio, que retoma los datos de Latinobarómetro 2024, ubica como una de las principales rupturas del orden mundial el deterioro de instituciones democráticas y del Estado de Derecho, la restricción de las libertades civiles y políticas, polarización creciente y pérdida de confianza.

Cita que la proporción de personas a las que no les importaría tener un gobierno no democrático si este resuelve sus problemas es mayor en Paraguay (70 %), seguido de Guatemala (67 %), El Salvador (62 %), Honduras y Ecuador (61 %).

La Comisión plantea cuatro posibles escenarios para el futuro del orden mundial, desde la fragmentación geopolítica con reglas definidas con esferas de influencia hasta la reconfiguración multipolar estable con pragmatismo.

El análisis, que ve la región latinoamericana con baja capacidad para crecer, alta desigualdad y gobernanza poco efectiva, e identifica como fuentes de presión la polarización política y la delincuencia organizada transnacional, reafirma que existe la necesidad de “fortalecer la democracia” para mejorar la gobernanza.

Señala que en Estados Unidos los indicadores de calidad democrática “han empeorado progresivamente desde mediados de la década pasada”, sin embargo, considera que “en 2025 preocuparse por el destino de la democracia estadounidense ha casi pasado de moda”.

Citando el “Informe sobre la democracia 2025”, indica que en 2024 solo el 28 % de la población mundial vivía en regímenes democráticos, mientras que el 72 % bajo formas de gobierno autocráticas; y por primera vez en 20 años en el mundo había menos democracias (88) que autocracias (91).

Una explicación al fenómeno es, según el informe, que la población cree que la democracia no le da resultados a sus problemas en seguridad, empleo, calidad de vida o lucha contra la corrupción; y otra es que las élites políticas “erosionan la democracia” y las instituciones no son capaces de imponer restricciones. Según la Comisión, esas dos explicaciones refuerzan un círculo vicioso que debilita aún más la legitimidad democrática.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa recibió el viernes los expedientes sobre las solicitudes de profesionales a los cargos de presidente, primer y segundo magistrados de la Corte de Cuentas de la República para el periodo que inicia el 28 de agosto de 2026 y finaliza el 27 de agosto de 2029.

El presidente de la Comisión Política, Ernesto Castro, leyó que los funcionarios deben tener honradez y competencia notorias, entre otros, y subrayó que la Asamblea tiene la facultad elegir a los funcionarios; y leyó los nombres de los 18 candidatos, de quienes afirmó revisarán las hojas de vida.

Castro aseguró que entrevistarán a los 18 candidatos, elaborarán un dictamen para llevarlo en la sesión plenaria del 26 de agosto para que «los 60 diputados» sean quienes «tomen la decisión».

El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, defendió el proceso. Alegó que es ordenado, coherente y abierto a los medios de comunicación. «Cuando hablo de orden es la forma en la que antes se elegía, era una repartición de cuotas, de negociaciones que no salían ante los medios de comunicación», sostuvo.

Los dictámenes de la Comisión Política no contienen una calificación ni una evaluación de los candidatos, ni formulan recomendaciones sobre a quiénes debería elegirse. Por lo general, un representante de la fracción de Nuevas Ideas o sus aliados proponen los nombres de quienes ocuparán los cargos, y los diputados oficialistas respaldan esas propuestas con sus votos. En ningún caso han objetado las propuestas iniciales.

En las dos últimas dos legislaturas, las elecciones de funcionarios de segundo grado, los legisladores nunca han diferido con la elección de algún funcionario.

El diputado Serafín Orantes, del Partido de Concertación Nacional (PCN), confirmó que «antes eran otros inmuebles donde se llevaban a cabo las reuniones» y en la Comisión Política se llegaba a hacer «la pantomima», ya que se realizaba un «reparto» de las procuradurías general y de derechos humanos, Corte de Cuentas, Fiscalía, entre otros. Orantes dijo que está totalmente listo para «cuestionar» a los candidatos durante las entrevistas. Walter Coto, diputado de Nuevas Ideas, agregó que antes llegaban con «todo preparado» y que en el proceso actual el dictamen llega al pleno en donde «todos los diputados deciden».

Asi se programaron las entrevistas.

Lunes 10 de agosto:

1. Edgar Eliseo Alvarenga Funes: director propietario del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), laboró en la Corte de Cuentas de la República de noviembre de 2019 a agosto de 2020, fue gerente de auditoría del MOPT de agosto de 2020 a mayo de 2021 y jefe de especialistas del despacho ministerial de junio de 2021 a la fecha. Es licenciado en contaduría pública y en administración de empresas. No se encontró en el registro de abogados y notarios de la CSJ.

2. Walter Salvador Sosa Funes: actual presidente de la CCR desde el 7 de febrero de 2025; su período concluye el 27 de agosto de 2026. Fungió como jefe ad honorem de la Oficina Regional Paracentral del Ministerio de Trabajo. fue juez de paz y de juzgados de instrucción. Abogado activo desde 2016 y notario desde 2020.

3. Karla Gabriela Siliézar Liévano: No se encontró en el registro de abogados y notarios de la CSJ.

4. Julio Guillermo Bendek Panameño: primer magistrado de la CCR, antes fue segundo magistrado de agosto de 2020 a agosto de 2023, exprocurador adjunto para la defensa de los derechos humanos, socio de Bendek & Asociados, fue asesor jurídico y jefe de contratos en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Laboró en Romero Pineda & Asociados. Abogado desde 2005 y notario desde 2007.

5. Sigfredo Alexis Ventura Bonilla: excandidato de la CCR, licenciado en contaduría pública y jefe de equipo de auditores gubernamentales de la CCR. No se encontró en el registro de abogados y notarios de la CSJ.

Lunes 17 de agosto

6. José Rodrigo Flores Ramos: segundo magistrado de la Corte de Cuentas hace aproximadamente tres años. Su período concluye el 27 de agosto de 2026. Abogado desde 2009 y notario desde 2012.

7. Julio Alberto Jule Herrera: abogado y notario especializado en derecho penal. Fue secretario de sentencia del juez cuarto de sentencia Ramón Iván García, según escrito judicial. Abogado desde 2006 y notario desde 2014.

8. Carlos Aníbal Cruz Flores: abogado autorizado desde 2005 y notario desde 2022.

9. José Arnoldo Gaitán Castro: Abogado de profesión. Juez de cuentas de la CCR. Fue candidato a magistrado de la Corte de Cuentas en el proceso anterior. Abogado autorizado desde 1992. No aparece autorización de notario vigente en registro público de la CSJ.

10. Arnoldo José Parada Pineda: Ha sido auxiliar fiscal de la Fiscalía General de la República. Ha sido juez ejecutor. Abogado autorizado desde 2015. No aparece autorización de notario en registro público de la CSJ.

Lunes 24 de agosto

11. Gonzalo Octavio Ayala López: Abogado, ha trabajado en la Policía Nacional Civil, en la Fiscalía General de la República y en la Corte de Cuentas, se desempeñó como oficial de información. Abogado autorizado desde 2013, no aparece autorización de notario en registro de la CSJ.

12. Boris Romeo García Alvarado: Ha prestado servicios de capacitación en derecho notarial en el Consejo Salvadoreño de la Industria Azucarera (Consaa). Ha sido juez ejecutor. Ha sido apoderado de Rectex, S.A. de C.V. según resolución de la Sala de Constitucional. Abogado autorizado desde 2014 y notario desde 2016.

13. Luis Humberto Santos Guardado: abogado en el ejercicio de la profesión especializado en derecho penal empresarial, fiscal auxiliar de la unidad de tráfico ilegal y trata de personas de 2013 a 2015, y en el área de patrimonio privado y propiedad intelectual de 2004 a 2013. Aspiró a fiscal general. Abogado desde 2001, no aparece autorización de notario.

14. Raúl Pareja Méndez: Maestro en derecho penal económico. Ha sido secretario de Actuaciones de la Cámara de Segunda Instancia dentro de la Corte de Cuentas de la República, docente universitario en la Universidad Modular Abierta. Abogado desde 2008 y notario desde 2012.

Martes 25 de agosto

15. Marcela Beatriz Iraheta Alfaro: ha sido miembro de la Secretaria Técnica del Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA), cuya secretaria es la expresidenta de la CCR, Carmen Elena Rivas Landaverde. Abogada desde 2025, no aparece autorización de notario.

16. Carlos Orlando Lozano Hernández: abogado, ha sido apoderado de la alcaldía de Panchimalco, de la cual ha sido jefe del departamento jurídico según acta municipal de julio de 2014. Ha sido miembro de la comisión de ética gubernamental de la alcaldía, según memoria 2015-2016.

17. José Luis Montalván Martínez: abogado, maestro en gerencia pública. Fue entrevistado para la presidencia de la CCR en el proceso 2024–2025.

18. Salvador Alexander Segovia Robles: auditor de la CCR, fue aspirante a magistrado de la Corte de Cuentas en 2023, citado a entrevista ante la Comisión Política junto con otros candidatos del momento.

El gobierno salvadoreño felicitó en redes sociales al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, un abogado penalista de derecha que asumió el poder ejecutivo colombiano este viernes para el periodo 2026-2030, sucediendo al izquierdista Gustavo Petro.

A la toma de posesión asistió el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa.

Sin embargo, en un mensaje en X, Casa Presidencial le deseó éxito en su gestión. “Reafirmamos la voluntad de seguir estrechando los lazos de fraternidad, cooperación estratégica y desarrollo entre nuestras naciones”, indicó.

En su discurso de toma de posesión Espriella aseguró que utilizarán la Inteligencia Artificial y trazabilidad digital para fortalecer la transparencia e identificar patrones de corrupción para proteger los recursos públicos y señaló al gobierno saliente de corrupción. También anunció la eliminación del impuesto al patrimonio.

“Acudiré a la justicia de otros Estados porque las fronteras no pueden convertirse en refugio, no habrá impunidad”, dijo.

Espriella ha propuesto en Colombia la construcción de 10 megacárceles y la aprobación de la cadena perpetua para abusadores y violadores de mujeres y niños, pero ha asegurado que no puede replicar el modelo de El Salvador porque es una “situación completamente distinta” iniciando por la extensión del territorio. Señaló que en el territorio pondrán una primera línea de seguridad, vigilancia con drones, cámaras y persecución de microtráfico.