La Asamblea Legislativa ratificó este lunes dos préstamos, uno otorgado a la empresa proveedora de luminarias AGM El Salvador, que también otorgará el préstamo en especie a un interés del 5 % anual; y otro otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para remodelar 13 escenarios deportivos de El Salvador.
El primer préstamo por $23.7 millones será destinado a la instalación de luminarias en la Troncal del Norte, Carretera de Oro, Sonsonate y Periférico, y lo otorgará la misma empresa que fue contratada para la instalación, es decir, AGM El Salvador, S.A. de C.V. El crédito asciende a $23,785,985.87, aunque el proyecto asciende a $26,428,873.19, de los cuales el gobierno aportará $2,642,887.32.
Esta modalidad de préstamo se dio bajo el amparo de la «Ley especial para la contratación de obra pública y servicios esenciales con financiamiento incluido» aprobada el 30 de noviembre de 2022.
En ambos préstamos, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. Vamos ha cuestionado cómo se seleccionó la empresa AGM El Salvador. «Son $26 millones de dólares en estas luminarias, ¿cuántas luminarias valen $26 millones? En realidad estamos frente a un préstamo en donde se está entregando algo a la población que lleva un precio justo y que al final sea de calidad y no estamos viendo que eso pase. En la realidad todas las plenarias hay préstamos y hay deuda pero hay cero transparencia», ha cuestionado Cesia Rivas, secretaria general de Vamos.
Las luminarias LED se instalarán en cuatro tramos de carreteras: Carretera Sacacoyo-Acajutla (CA-08W y CA-12S) desde el redondel de Sacacoyo, La Libertad Oeste, a Acajutla, Sonsonate Oeste; Periférico Claudia Lars: Carretera RN 23-S; Carretera Troncal del Norte, desde el distrito de San Salvador hasta el distrito de Apopa; y Carretera de Oro, desde el distrito de Apopa hasta el distrito de San Martín.
La Asamblea también ratificó el préstamo de $150 millones del BCIE para el programa Prodeporte II, que promete la remodelación de los siguientes 13 centros deportivos: estadio Óscar Quiteño, cancha de baloncesto 2030 y Gimnasio Ernesto David Vega Mojica, en Santa Ana; el Estadio Luis Amílcar Moreno, en Morazán; el Estadio Antonio Toledo Valle, en La Paz; el Complejo Deportivo de Usulután, el Complejo Deportivo de San Vicente, el Complejo Deportivo de San Miguel, el Polideportivo Chapeltique en San Miguel, el Estadio Juan Francisco Barraza en San Miguel, el Estadio Moidán, en Cabañas, el Estadio José Gregorio Martínez, Chalatenango; y el Estadio Ramón Flores Berríos, Santa Rosa de Lima, La Unión. Vamos cuestionó que algunos centros deportivos ya debieran estar remodelados.
La Asamblea Legislativa aprobó este jueves una reforma a la Ley de Protección a la Sanidad Vegetal y Salud Animal que busca otorgar definitivamente al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) la facultad para controlar, vigilar y certificar los productos lácteos y sus mezclas, miel de abeja, ovoproductos, avícolas, porcino, bovino, acuícolas y pesqueros, sus establecimientos, y alimentos semiprocesados y procesados para animales.
La reforma, que fue aprobada con 58 votos, incluido el de la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, derogó el artículo que otorgaba a partir de enero de 2027 a la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) el control de productos semiprocesados y procesados para animales.
La promesa del MAG, según su viceministro Óscar Domínguez, es «eliminar burocracia» sin descuidar la protección sanitaria de los productos. «Va a ser mucho más ágil, se está eliminando la burocracia y estos países que tiene un estándar mucho más alto son los países que ahora nos están apoyando», indicó Domínguez en una visita a la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente. Subrayó que obtendrán más certificaciones y acreditaciones, y que están modernizando los laboratorios para el análisis de productos.
Entre las atribuciones actuales del MAG, no está actualmente la certificación de productos lácteos y sus mezclas, miel de abeja y ovoproductos. La SRS no fue citada a la Comisión de Salud en el estudio de la reforma.
La Asamblea Legislativa aprobó este jueves la garantía soberana del Estado para un préstamo de $100 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) al Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal) para el «Proyecto de intermediación financiera mejorada para la creación de empleo», que promete acceso a créditos a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
La aprobación se dio con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados.
Los préstamos se otorgarían mediante intermediarios a mipymes salvadoreñas en sectores estratégicos, en turismo e inclusión financiera enfocadas a dar prioridad a créditos a empresas lideradas por mujeres.
El préstamo se deberá pagar en 18 años, con 5 años de gracia, una tasa de referencia basada en SOFR a seis meses más el margen variable o la tasa que pueda aplicar después de una conversión; y también el Estado debe pagar una comisión de 0.25 % sobre el monto total del crédito y otra del 0.25 % sobre el saldo no desembolsado.
El proyecto tiene una línea de crédito multidestinos, operaciones o gestiones financieras de Bandesal con instituciones intermediarias, bancos, cooperativas, sociedades de ahorro y crédito; y un fondo de garantía parcial de crédito para a mitigar los riesgos y movilizar el capital privado.
El Estado también ha sido garante de otros créditos adquiridos por Bandesal. En junio de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó una garantía por $60 millones y otra por $130 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los $60 millones de los cuales el Estado fue garante crediticio se destinarían a un programa de financiamiento para la eficiencia energética y energías renovables en las mipyme salvadoreñas.
Mientras, los $130 millones se destinarían al «Programa de apoyo a la transformación tecnológica y digital de las mipyme en El Salvador».
En el año 2025, la Asamblea Legislativa aprobó un total de $1,480 millones en garantías solicitadas por diferentes instituciones para nuevas deudas. Sumando garantías aprobadas para respaldar deudas adquiridas anteriormente, el Legislativo aprobó garantías soberanas del Estado para respaldar préstamos por un total de $2,061.1 millones que adquirieron instituciones como CEL, Bandesal, Fondo Social para la Vivienda, Fondo para la Conservación y Mantenimiento Vial (Fovial) y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).
Sin alguna modificación, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves el decreto de «Disposiciones especiales y transitorias para la renovación gratuita del Documento Único de Identidad cuyos vencimientos ocurran entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027».
El decreto permitirá que 404,085 salvadoreños a quienes se les vence el Documento Único de Identidad (DUI) entre ambas fechas puedan hacerlo sin pagar los $10.31 que cuesta la renovación.
El trámite de renovación gratuita podrá hacerse hasta el 28 de noviembre de 2026 y solo aplicará a los salvadoreños a quienes se les venza el DUI entre estas fechas, incluso si hubieren extraviado su documento.
El decreto fue aprobado hoy con 58 votos, incluidos dos votos de Arena y Vamos, partidos de oposición. Ningún diputado pidió la palabra para opinar sobre el contenido.
El decreto obliga al Ministerio de Hacienda a realizar los refuerzos presupuestarios, algo que podría implicar la erogación de $4 millones.
Los salvadoreños podrán solicitar el DUI gratuito a partir de la vigencia del decreto, que iniciaría el día que se publique en el Diario Oficial. Los trámites de DUI gratuito se podrán realizar en cualquiera de los duicentros del país o a través de la plataforma electrónica de la que disponga el Registro Nacional de las Personas Naturales.
El resto de salvadoreños –cuyos DUI venzan en otras fechas– sí deberán pagar los $10.31 en cualquier banco. Ordinariamente, el DUI puede renovarse un mes antes de su vencimiento o durante el mes de cumpleaños de la persona según la Ley especial reguladora del dui.
El director del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco, aseguró que el decreto obedece a la “igualdad electoral”. El último día de nuevas inscripciones en el Registro Electoral de salvadoreños en el exterior es el 30 de noviembre; mientras que, para los salvadoreños que viven en territorio nacional, el Registro Electoral se cierra el 31 de agosto de 2026.
Con 57 votos, la Asamblea Legislativa reformó este jueves el Código Electoral para disminuir los escaños legislativos en los departamentos de San Salvador y La Libertad y pasarlos a una nueva circunscripción electoral de salvadoreños con claro domicilio en el extranjero.
Al crear la nueva circunscripción electoral de la diáspora salvadoreña, la Asamblea hizo la redistribución de los escaños, retomando diputaciones únicamente de los departamentos de San Salvador y La Libertad, aunque el inciso segundo del artículo 79 de la Constitución ordena que «para elecciones de diputados se adoptará el sistema de representación proporcional».
La nueva disposición en el artículo 13 del Código establece que «en el caso de la circunscripción en el extranjero» el número de escaños «se integrará a través de la redistribución de escaños asignados a los departamentos con mayor índice de población según el censo nacional».
Así distribuyeron los 60 escaños legislativos
[Se agrega población según último censo poblacional, 2024, y escaños actuales]
15. En el extranjero: 6 diputados. Registro Electoral: 961,690 (cifra oficial del RNPN al 1 de mayo).
Raúl Chamagua, diputado de Nuevas Ideas por el departamento de Sonsonate, aseveró en el pleno que la reforma busca crear una representación electoral para los salvadoreños que viven fuera del país y que los salvadoreños nunca dejan de ser salvadoreños. Consideró la reforma como un avance democrático.
«Es la forma en la cual los votos se transforman en escaños, en curules… Con uno que usted tenga en este Parlamento, en este Congreso, usted ya tiene ya tiene una representación de sus ideales, de sus principios, de su visión de país… El ejercicio democrático va a ser directo que nunca, nunca, han dejado de ser salvadoreños», indicó el legislador cian.
«Tiene el objetivo principal de apostarle a la democracia, no hay más cosas por qué ponerle», dijo Chamagua.
Por su parte, Marcela Villatoro, diputada de Arena por el departamento de San Salvador, ve en el reparto «una gran disparidad» y argumentó que, si la distribución se basara en la población, a La Libertad le corresponderían 8 y no 6 diputados; a San Miguel le corresponderían 4 y no 5 diputados; a Santa Ana le quedarían 6 y no 5 diputados; y a Usulután, 3 y no 4 diputados.
Villatoro hizo un cálculo dividiendo la población nacional de 5,922,921 entre 60 escaños, lo que da un «cociente nacional» de 98,715.35. Explicó que, si se divide la población de cada departamento entre el cociente nacional, resulta el número aproximado de escaños correspondientes. En el caso de San Salvador, resulta 15.83.
«Por eso en el departamento de San Salvador son 16 diputados. ¿Qué es lo que pasa al ustedes retirarle al departamento de San Salvador cinco diputados? Quedan 493,575 personas sin representación, es decir, casi medio millón se van a quedar sin voz», remarcó la diputada.
Según la organización Acción Ciudadana, la redistribución aprobada por Nuevas Ideas no es proporcional a la población de cada circunscripción. Su cálculo que distribuye proporcionalmente los escaños a la población de cada departamento y del registro electoral exterior asigna 8 escaños a la diáspora. La reforma aprobada este jueves les otorgó 6.
Distribución de 60 escaños realizada por Acción Ciudadana proporcional a la población y al Registro Electoral exterior, colocando el mínimo de 2 escaños por circunscripción que debe haber según el Código Electoral.
La Claudia Ortiz, diputada del partido Vamos por San Salvador, hizo referencia al cambio de reglas electorales y recordó que también hubo una reforma meses antes de las elecciones de 2024 de las cuales mencionó irregularidades. «La gente recuerda las papeletas planchadas, la intimidación, la manipulación de datos, la evidente intención de hacer fraude», dijo. Ortiz atribuyó la reforma a la búsqueda de poder del partido oficial; «en realidad la gente los desprecia», expresó.
Por su parte, la Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas por San Salvador, aseveró que la reforma realiza una redistribución de los 60 escaños sin aumentarlos y que los toma de San Salvador y La Libertad porque son los que tienen más «carga de población». «La representación no se pierde», dijo sin mencionar si el reparto es proporcional territorialmente. Cuestionó que antes la oposición criticaba que los votos estaban asignados a San Salvador.
Al final de la discusión, la diputada Villatoro insistió en que la redistribución legislativa no corresponde a la distribución poblacional de salvadoreños y consideró que, si se basa en la cantidad de votos en el exterior de 2024, le hubieran correspondido tres de los 16 diputados de San Salvador. «Quítense las máscaras, están usando a esos salvadoreños», dijo la legisladora, que señaló a Nuevas Ideas de quitar la voz a 500,000 salvadoreños para hacer una «maniobra legislativa» que busca más votos para la fracción oficial.
El abogado Rubén Alvarado, quien desempeñaba actualmente el cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral y fue secretario de asuntos legislativos durante la presidencia de Salvador Sánchez Cerén, falleció este jueves, confirmaron fuentes cercanas al funcionario y del órgano electoral.
El magistrado, de 54 años, falleció de un infarto, confirmaron fuentes políticas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) manifestó sus condolencias a la familia y seres queridos. Casi a las 12 de mediodía, la Asamblea Legislativa lo incluyó en el minuto de silencio por su deceso a petición de Marcela Villatoro. También el partido Frente Farabndo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Partido de Concertación Nacional (PCN) manifestaron sus condolencias.
«Rendimos homenaje a la memoria de Francisco Rubén Alvarado Fuentes, destacado profesional que fungía con honor como Magistrado del TSE y que además fue Diputado de la República y funcionario de gobierno en diferentes momentos», indicó el FMLN.
El presidente de la República, Nayib Bukele, también lamentó el fallecimiento del magistrado.
El Presidente @nayibbukele y la Primera Dama Gabriela de Bukele lamentan el sensible fallecimiento de Francisco Rubén Alvarado, Magistrado del @TSEElSalvador.
— Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) May 14, 2026
El Tribunal Supremo Electoral lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro Magistrado Propietario, Francisco Rubén Alvarado Fuentes.
En nombre del Organismo Colegiado y del talento humano de la institución, expresamos nuestro más sentido pésame a su familia, amistades y… pic.twitter.com/kO72dEQLjD
— Tribunal Supremo Electoral 🇸🇻 (@TSEElSalvador) May 14, 2026
Francisco Rubén Alvarado Fuentes fue electo magistrado del TSE bajo la propuesta del FMLN desde septiembre de 2024, dado que el partido de izquierda fue el segundo con más votos en las presidenciales de 2024 por lo que tuvo derecho a proponer una de tres magistraturas del órgano electoral.
Alvarado Fuentes fue asesor secretario de asuntos legislativos y jurídicos de la Presidencia de 2014 a mayo de 2019 durante la Presidencia de Sánchez Cerén y fungió como director de Migración y Extranjería de 2009 a 2012. También fue asesor en el TSE.
Así mismo, fue diputado suplente de Salvador Sánchez Cerén y Medardo González cuando estos fueron diputados propietarios en la Asamblea Legislativa.
En la entrevista como candidato a magistrado aseguró que, si bien había sido propuesto por el FMLN, no implicaba que deba seguir lo que el FMLN dijera. En ese entonces manifestó que no formaba parte del partido FMLN desde 2019.
Rubén Alvarado Fuentes (segundo) acompaña a la magistrada presidenta del TSE, Roxana Soriano, en la convocatoria a elecciones internas hacia las elecciones 2027, el pasado 6 de marzo. / TSE.
Alvarado Fuentes fue electo para el periodo 2024-2029 en el TSE, junto a los magistrados Roxana Soriano, propuesta por Nuevas Ideas, Cecilia María Marroquín Castro, propuesta por Arena; y Karla Cecilia Guandique de Miranda y Sofía Guadalupe Paniagua Meléndez, propuestas por la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, una reforma constitucional aprobada en 2025 les acortó el periodo a 2027, luego de que la Asamblea Legislativa decidiera adelantar elecciones presidenciales de 2029 a 2027, al extender el periodo presidencial de cinco a seis años.
El suplente de Alvarado en el TSE es René Amílcar Claros, propuesto por el FMLN y exdirector de Capacitación y Educación Cívica del TSE.
Francisco Alvarado Fuentes, en una reunión en el Tribunal Supremo Electoral. / TSE.
El concejo de San Salvador Centro aprobó una ordenanza especial para regular el decomiso de los bienes, mercancía y productos, tantos perecederos como no perecederos que realice el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) a comerciantes formales o informales por infracciones disposiciones municipales.
La “Ordenanza especial para el ordenamiento en los espacios públicos en el municipio de San Salvador Centro” faculta al municipio a decomisar bienes y productos de los comerciantes cuando estos serán comercializados sin permiso, licencia o autorización municipal, o estén en espacios públicos no autorizados, zonas declaradas libres de ventas o paso de libre circulación.
Esta ordenanza crea la Unidad de Control de Decomisos a cargo del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) para que resguarde los productos decomisados, lleve un inventario y los devuelva, destruya o done según resoluciones.
La ordenanza obliga a los comerciantes a pagar tasas de almacenaje de mercaderías y bienes decomisados en las bodegas del CAM: $0.25 diario por cada kilogramo de ropa, calzado u accesorios; $0.25 por día por carretas, canastas o similares, y $0.75 por día por carretones o carritos de hot dog.
La ordenanza está vigente desde el 13 de mayo.
La ordenanza establece el siguiente procedimiento de decomiso:
1. El vendedor tiene ocho horas para demostrar la propiedad legítima de productos perecederos y un plazo administrativo para demostrar la propiedad de productos no perecederos.
2. Si la autoridad municipal determina que no se estableció la procedencia, el delegado contravencional decretará el decomiso definitivo y lo entregará a la Unidad de Control de Decomisos del CAM.
3. Si resuelve devolución, “el infractor tendrá 30 días para retirar la mercadería no perecedera” y el mismo día de la resolución con insumos perecederos y hasta ocho horas después de notificado «siempre que sea en horas hábiles”.
4. Los productos perecederos decomisados, si no son reclamados, podrán ser donados a instituciones de beneficencia si están aptos para el consumo, o podrán ser destruidos.
5. Los no perecederos podrán ser devueltos si hay pago de multa y si se demuestra la propiedad, o donados, subastados o destruidos si no son reclamados en el plazo establecido, o no haya demostrado la propiedad legítima.
6. El bien o mercadería decomisada será donado “si el infractor se le declara rebelde” en el procedimiento administrativo sancionatorio.
Los votos de un total de 183,391 salvadoreños que viven en el exterior, pero que tienen su DUI con domicilio en el territorio nacional, se asignarían a las 14 circunscripciones departamentales y no a la circunscripción de la diáspora, si ejercen el sufragio en 2027.
Las mayores cantidades están registrados en los departamentos de San Salvador, San Miguel y La Unión, en los cuales se concentra el 40 %.
«Sí, así es», confirmó el director del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco, ante la pregunta de la diputada Marcela Villatoro sobre si el voto de los salvadoreños en el exterior que tengan su domicilio en El Salvador se dirige al departamento en donde reporta dicho domicilio.
Se trata de documentos que fueron emitidos en el exterior pero con dirección nacional, actualizados hasta el 10 de mayo.
Retomando la reforma dictaminada esta semana, Velasco remarcó que la circunscripción en el exterior estará conformada por los salvadoreños que tengan su Documento Único de Identidad (DUI) con domicilio en el extranjero, que hasta el 10 de mayo eran 962,678, más los salvadoreños que utilicen pasaporte para ejercer el sufragio.
Sin embargo, hay salvadoreños que residen en el extranjero pero cuyos votos serán asignados a los departamentos en donde tienen la dirección de su DUI.
La propuesta de reforma al artículo 4 de la Ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero, que sería aprobada este jueves, asigna los votos de los salvadoreños en el exterior en la elección de diputados de la Asamblea Legislativa, así:
Si el salvadoreño reside en el extranjero y su domicilio en su DUI está fuera del territorio nacional, el voto será asignado a la circunscripción en el extranjero.
Si el salvadoreño ejerce su voto con pasaporte, asignará su voto a la circunscripción en el extranjero.
Pero, si el salvadoreño reside en el extranjero y el domicilio de su DUI está en territorio nacional, su voto será asignado al domicilio de su documento.
De estos, 32,181 salvadoreños tienen su domicilio en el departamento de San Salvador; seguido de San Miguel, con 24,079 salvadoreños en el exterior; también hay 17,685 en La Unión, 16,263 en Usulután, 16,065 en La Libertad y 13,302 en Santa Ana.
El departamento de Chalatenango también podría recibir votos de 9,443 salvadoreños del exterior, Sonsonate presenta 9,232, Cabañas tiene 8,762, Morazán aparece con 8,502, La Paz con 8,392, y le sigue San Vicente, con 7,254; Ahuachapán con 7,148 y Cuscatlán, con 5,229 salvadoreños que tramitaron su DUI en el exterior con domicilio en el país.
Los datos fueron actualizados el martes por el director del RNPN a solicitud de la diputada Villatoro, quien aseguró que «es importante para que las candidaturas que vayan por esos departamentos sepan que también hay gente en el exterior que va a votar por ellos y que también tienen que buscarlos, y que la gente diga si los quiere o no como diputados».
Serán 404,085 salvadoreños quienes podrán renovar sus Documentos Únicos de Identidad (DUI) sin pagar los $10.31 si realiza el trámite de manera anticipada. El decreto que será aprobado este jueves en sesión plenaria iniciará su vigencia cuando sea aprobado y publicado en el Diario Oficial.
El último día para realizar el trámite será el 28 de noviembre de 2026.
Este jueves se someterá a aprobación el decreto de «Disposiciones especiales y transitorias para la renovación gratuita del Documento Único de Identidad cuyos vencimientos ocurran entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027».
La exención, que será subsidiada por el Estado e implicaría una erogación superior a los $4 millones, aplicaría solo a los documentos de identidad que tengan fechas de vencimiento entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027, fechas incluidas.
La cantidad de documentos cuya emisión será gratuita es la cuarta parte de los 1.6 millones de documentos que vencen durante este año.
El decreto será sometido a aprobación este jueves, ya que el dictamen fue aprobado el miércoles y el proyecto de decreto no sufrió ningún cambio.
El decreto tendrá una vigencia de aproximadamente seis meses o más, tiempo durante el cual esa cantidad de salvadoreños podrán anticipar la renovación de su DUI con vencimientos en fechas contenidas en los tres meses más cercanos a las elecciones de 2027.
Los trámites se podrán realizar en cualquiera de los duicentros del país o a través de la plataforma electrónica de la que disponga el Registro Nacional de las Personas Naturales.
El director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco, aseguró esta semana que la institución lleva 4,459 trámites de preenrolamiento, la solicitud anticipada de Documento Único de Identidad (DUI) que pueden hacer los jóvenes que cumplirán 18 años desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 27 de febrero de 2027, con el fin de que puedan ser incorporados en el registro electoral de las próximas elecciones.
“Actualmente llevamos alrededor de 4,459 trámites de preenrolamiento, de los cuales hay un dato interesante, de esos 4,459 solo 662 jóvenes han llegado a los duicentros y 3,797 han sido producto de todas estas jornadas móviles”, declaró a los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa el pasado martes.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzó una campaña para exhortar a los jóvenes a preenrolarse antes del 31 de agosto de 2026 en los duicentros del territorio nacional y centros de servicios o jornadas móviles en el extranjero. El RNPN realiza jornadas móviles en institutos públicos y privados, y tiene entre sus planes visitar a las universidades.
Para realizar el preenrolamiento, el joven que no han cumplido los 18 años, y que los cumple entre el cierre del Registro Electoral y la fecha de las elecciones, debe presentar un documento con fotografía, como carnet de minoridad, pasaporte o licencia de conducir juvenil. Si no tiene documento con fotografía, debe presentarse con uno de sus padres o dos testigos con DUI.
Para ello, el RNPN suscribió un convenio con el Ministerio de Educación con el fin de que los jóvenes de 290 centros educativos puedan solicitar su DUI.
Podrán preenrolarse un año antes
Velasco sostuvo que 18,537 jóvenes de 110,108 que cumplen 18 años un año antes de elecciones ya solicitaron su DUI; entre estos se encontrarían jóvenes que no aplican al “preenrolamiento” pero que sí han obtenido su DUI por primera vez por haber cumplido la mayoría de edad.
La reforma al Código Electoral que aprobará este jueves la Asamblea Legislativa, que redistribuye los escaños legislativos de El Salvador, también amplía el periodo en el cual los jóvenes pueden anticipar el trámite de su DUI cuando no han cumplido los 18 años y atrasa el cierre de las nuevas inscripciones del Registro Electoral nacional, del 31 de agosto –seis meses antes– a aproximadamente el 28 de noviembre de 2026 –tres meses antes de las elecciones.
La reforma al artículo 20 plantea que una de las modificaciones que pueden hacerse durante el cierre del registro electoral es la inscripción de “personas que adquieran la mayoría de edad en el periodo comprendido entre los 365 días hasta un día antes de la elección siempre que tales personas hayan solicitado su respectivo DUI”.
Según Velasco, la reforma “amplía el margen de participación de jóvenes” y aumentaría la cantidad de jóvenes aptos para realizar el trámite por adelantado. “En ese periodo comprendido entre el 1 de septiembre a un día antes de la fecha electoral, eran alrededor de 50,000; hoy, tomando en cuenta los 365 días que establece este proyecto de reforma, se amplía a un total de 110,108 jóvenes que estarían aptos para realizar el trámite de preenrolamiento”, indicó. El funcionario agregó que es importante mencionar que de estos 110,108 jóvenes, “ya 18,537 han solicitado su DUI”.
