Autor: Yolanda Magaña

  • Canciller en la ONU insta a un “multilateralismo que no obligue a los países a escoger entre soberanía y cooperación”

    Canciller en la ONU insta a un “multilateralismo que no obligue a los países a escoger entre soberanía y cooperación”

    La canciller salvadoreña Alexandra Hill Tinoco aseveró este lunes que El Salvador “ya tomó su decisión sobre su propio futuro” y que no dará “un paso atrás”, instando al respeto a la soberanía de cada país y a que no haya un condicionamiento a la cooperación, en el 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

    “Un multilateralismo que no obligue a los países a escoger permanentemente entre soberanía y cooperación”, expresó. “La comunidad internacional debe entender que resolver los desafíos globales va más allá de una resolución el papel”, indicó.

    La funcionaria preguntó en la Asamblea General de la ONU “¿Adónde están las Naciones Unidas?”, cuestionando la relevancia de la organización internacional luego de advertir que miles de personas estaban muriendo mientras ellos estaban reunidos. Exhortó a “redefinir el orden internacional para priorizar el bienestar común” con un “multilateralismo capaz de escuchar pero también de decidir” y que entienda que ningún país “puede resolver los problemas por sí solo”.

     

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    Destacó la disminución de homicidios en El Salvador y aseguró que Nayib Bukele “se atrevió con convicción a desafiar aquello a lo que toda una generación se creía condenada» «independientemente de las consecuencias o las críticas de la comunidad internacional”.

    Una de las lecciones que deja El Salvador a la Asamblea General de la ONU, según la funcionaria, es que «el futuro pertenece no a quienes tienen más poder» sino a «quienes se atreven a transformar con determinación».

    Así, consideró El Salvador como “un referente para países que buscan apoyo y respuestas frente a sus propios desafíos de seguridad” aunque dijo no puede “copiarse mecánicamente”.

    “El Salvador no viene a esta Asamblea a decir que hemos resuelto todos nuestros problemas, no, nos hace falta mucho, eso sería falso”, afirmó. Según Hill, ahora están “concentrados en convertir en seguridad en inversión, inversión en empleo, empleo en movilidad social, tecnología en oportunidades, educación en capacidades y estabilidad en prosperidad”.

    También, se refirió a las personas «inocentes». «¿Qué mundo queremos construir para que nadie muera, para que ningún inocente tenga que sufrir, para que toda la humanidad, independiente de su país, origen, condición social pueda prosperar?», señaló, casi al final de su discurso.

    El Salvador logró consolidar una disminución de la violencia registrada a partir de 2026 con la implementación de un régimen de excepción que suspendió tres derechos constitucionales de defensa, periodo máximo de detención administrativa y privacidad de las telecomunicaciones, lo cual le ha facilitado la captura de 93,162 personas calificadas todas por el Gobierno como terroristas. Al inicio y a lo largo de la implementación de las medidas, ha recibido críticas de algunos gobierno así como de organizaciones defensoras de derechos humanos a raíz de denuncias sobre supuestas violaciones a derechos humanos, como capturas arbitrarias, torturas y muertes dentro de las cárceles.

  • La reforma paramétrica de pensiones: ¿logrará cumplir las condiciones del FMI?

    La reforma paramétrica de pensiones: ¿logrará cumplir las condiciones del FMI?

    La reforma de pensiones, originalmente planteada para 2026 en el programa del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) que El Salvador sostiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y pospuesta para 2027, está amarrada a un objetivo más de consolidación fiscal y sostenibilidad de las finanzas públicas que de mejora de las pensiones.

    En sus informes, el organismo, además de sugerir cambios en los parámetros como edad de jubilación y tasa de cotización, manifiesta la necesidad de un sistema que pueda sostenerse financieramente y que contenga los costos fiscales de la reforma de 2022. Plantea expresamente que la propuesta de reforma debe “fortalecer la sostenibilidad del sistema y generar ahorro fiscal”.

    También, sostiene que el Estado debe reducir su dependencia del ahorro acumulado en los fondos previsionales, ya que alrededor del 89 % de los ahorros administrados por las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) están invertidos en deuda del Estado para cumplir obligaciones con el sistema público de pensiones. La propuesta de reforma que espera el FMI debe «dotar al sistema de pensiones de bases sólidas, al tiempo que se contienen los costos fiscales y los pasivos contingentes».

    El FMI indica que el Estado, además, debe reconocer sus obligaciones en el pago de intereses luego del período de gracia concedido tras la reforma de 2022 que aumentó las pensiones.

    Para 2027, el FMI ya no habla de una reforma en general sino de una reforma paramétrica de pensiones en línea con las recomendaciones del FMI.

    ¿Pero será suficiente una reforma paramétrica para cumplir las exigencias financieras que supone esta reforma de pensiones que se hará en 2027?

    El economista Carlos Acevedo considera que podría lograrlo solo si se suben suficientemente las tasas de cotización y la edad de jubilación, que podría ser los cinco años.

    «Si la reforma puede resolver esos desafíos, en teoría, sí pudiera. Si subís lo suficiente la edad de jubilación, si subís lo suficiente la tasa de cotización y si ajustas la tasa de reemplazo, sí pudiera responder a la preocupación de hacerla sostenible», indica.

    Sin embargo, no cree posible que el Gobierno deje de tomar prestado del Fondo de Pensiones y no ve posible que un impuesto a las riquezas pueda ser la solución, sobre todo si también se busca atraer inversión extranjera.

    Acevedo considera que un ajuste a la tasa de reemplazo, a la baja, podría beneficiar la sostenibilidad de la reforma sin embargo, cree que ya está suficientemente baja.

    «La tasa de reemplazo está en lo que serían los mínimos estables. Porque recordemos que venimos de tasa de reemplazo del 100%. La tasa de reemplazo, ahora de la gente que ha cotizado toda su vida laboral dentro del sistema privado, anda por menos del 30%. Claro, si se quiere hacer el sistema sostenible, habría probablemente que ajustar también a la baja la tasa de reemplazo», indica.

    «Si se ajustan suficientemente los parámetros pudiendo bajar la tasa de reemplazo, probablemente se logra la sostenibilidad financiera, pero sería absolutamente inaceptable del punto de vista social y político. Yo creo que la tasa de reemplazo ya está suficientemente baja». Carlos Acevedo, economista.

    Según el economista el Estado no podría devolver los intereses no pagados al Fondo de Pensiones y tampoco cree que sea necesario.»Creo que lo que se va a hacer es devolverlo un esquema de anualidades vencidas, unos 20 o 25 años de anualidades vencidas».

    Para Acevedo, la solución para lograr un sistema de pensiones sostenible no es fácil. Descarta propuestas que buscan una devolución de la deuda de pensiones porque tampoco considera que el Estado tenga capacidad. «¿Y dónde lo saca? Ese dinero ya se pagó en pensiones a los jubilados», cuestionó.

    Para el economista Rommel Rodríguez, es posible que una reforma paramétrica logre estabilizar el sistema de pensiones sin una reforma estructural y continuando el mecanismo de préstamo del Fondo de Pensiones al Estado.

    “Sí se puede nivelar o estabilizar o equilibrar un sistema de pensiones única y exclusivamente mediante la modificación de sus parámetros, que ya sabemos aumento de la tasa de cotización, el tiempo de trabajo, que sería impopular totalmente, la edad de jubilación, la fórmula cómo se calcula la pensión, la comisión AFP, pero esta sí sería impopular». Rommel Rodríguez, economista.

    Rodríguez también considera la posibilidad de que el Estado asuma la administración de los fondos y, al tomarlos, «desaparece» contablemente la deuda de pensiones. Otra posibilidad, señaló, es un impuesto, sin embargo, observa que sería una medida dolorosa.

    Para la Mesa por una Pensión Digna, la población salvadoreña suele cometer «el error de asociar la palabra reforma con un incremento en sus beneficios», pero que la reforma paramétrica del Fondo Monetario Internacional (FMI) solo busca «proteger las cuentas del Estado, no al pensionado» para «garantizar la devolución del préstamo que hará al Gobierno a través del Servicio Ampliado del Fondo (SAF)» y no necesariamente de mejorar las pensiones con la reforma exigida.

    Esta organización también se plantea la pregunta si una reforma paramétrica de subir la tasa de cotización del 17 % al 20 % sería suficiente para alcanzar el «equilibrio actuarial», es decir, lograr un sistema previsional sostenible como lo plantea el FMI, pero advierte que aumentar «desproporcionadamente» la tasa de cotización sería «contraproducente, ya que encarece el costo laboral formal, castiga la creación de empleo y exacerba la informalidad, contrayendo irónicamente la base de recaudación».

    «Obligar a una base decreciente de cotizantes formales a financiar el enorme déficit estatal destruirá el dividendo demográfico salvadoreño. Esto demuestra que la variable fiscal, sin la variable de cobertura e inclusión, conduce al colapso demográfico-financiero. Por ende, la reforma no puede ser paramétrica; debe ser una reingeniería estructural». Mesa por una Pensión Digna.

    Según la Mesa, «aceptar sumisamente» una reforma «estrictamente paramétrica en 2027 equivale a prescribir analgésicos a un paciente que sufre una hemorragia arterial», alterando edades, montos de contribución y fórmula «sin reestructurar la matriz de gobernanza y las fuentes de rentabilidad». Lo califica como «un fraude intergeneracional».

    Advierte que esto provocará un «espejismo» que logrará satisfacer las demandas de sus acreedores internacionales con «una clase trabajadora empobrecida y un mercado laboral asfixiado».

    «El déficit estructural de más de $20,865 millones no desaparecerá; simplemente detonará con mayor ferocidad cuando la presente generación alcance la tercera edad», augura la organización, lo cual señala termina por alejar más a los trabajadores informales y de bajos ingresos del sistema previsional.

    La Mesa cree que la reforma no debería ser paramétrica sino estructural. También, sugiere que la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) «debe ser cofinanciada sustancialmente mediante ingresos de impuestos progresivos sobre el gran capital.

  • Carlos Acevedo: “La reforma de pensiones obedece a una preocupación fiscal y no social”

    Carlos Acevedo: “La reforma de pensiones obedece a una preocupación fiscal y no social”

    El economista Carlos Acevedo sostiene que la reforma previsional prevista para 2027 responde principalmente a una preocupación fiscal y no social, lo que le hace concluir que no mejorará las pensiones ya que busca sostenibilidad y disminuir la presión sobre las finanzas públicas.

    El también expresidente del Banco Central de Reserva considera que una reforma paramétrica, que suba la edad de jubilación y la tasa de cotización, podría lograr esa reforma de lógica fiscal y no social, solo si estos parámetros se suben «lo suficiente».

    No cree, por otra parte, que se pueda prohibir al Estado que use recursos previsionales y rechazaría un impuesto a la riqueza. También cuestiona que se prometa devolver de inmediato los intereses adeudados y plantea que podrían reconocerse gradualmente mediante pagos durante 20 o 25 años.

    Sobre la administración del sistema, Acevedo critica que las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) tengan limitada su capacidad para invertir los ahorros de los cotizantes y plantea que, si no pueden generar suficiente rentabilidad bajo las reglas actuales, podría evaluarse que el Estado administre directamente esos recursos y que la comisión se incorpore a las pensiones.

    Él no duda en que la decisión de posponer esta reforma previsional al 2027 tenga que ver con la intención de no entregarle «munición electoral» a la oposición para la campaña 2027.

    ¿Alcanza una reforma paramétrica para cumplir las recomendaciones del FMI, de dejar de tomar del Fondo de Pensiones, reconocer los intereses no pagados en el periodo de gracia y de a la vez lograr un sistema de pensiones sostenible?

    Si la reforma puede resolver esos desafíos, en teoría, sí pudiera. Si subís lo suficiente la edad de jubilación, si subís lo suficiente la tasa de cotización y si ajustas la tasa de reemplazo, sí pudiera responder a la preocupación de hacerla sostenible.

    No creo que vaya a resolver que el Gobierno ya no tenga que tomar prestado. El tema de fondo es que la reforma de pensiones obedece a estas alturas del partido a una preocupación fiscal y no social. O sea las pensiones no van a mejorar, lo que podría lograrse es hacer más sostenible el esquema.

    Obviamente si la gente se jubila a más edad, el tiempo que necesita para cubrir con pensión es menor, al jubilarse más viejo va a tener más ahorro y más pensión para cubrir su jubilación, ya ahí hay una ventaja.

    Esa preocupación de que el Gobierno ya no meta mano en el fondo de pensiones, creo yo que en general es simplista porque no toma en cuenta que el Gobierno tiene que sacar de algún lado el dinero para honrar el pago de las pensiones derivado de la transición del sistema público al sistema privado.

    El tema es que el Gobierno de algún lado tiene que sacar el dinero para pagar las pensiones. Si hubiera una prohibición, ¿entonces, de dónde lo saca?

    La solución a esto han planteado algunos que paguen los ricos, un impuesto patrimonial a los ricos, es una solución a mí me parece populista e irresponsable; suena bien, además te dicen hay 110, 120, grandes millonarios de El Salvador que tiene una fortuna,  entonces, si les aplicamos un impuesto, de ahí va a salir el dinero. El papel aguanta en cualquier cálculo pero ¿políticamente esto es posible? Además, si nosotros queremos atraer inversión extranjera directa, un impuesto extraordinario a la riqueza, no sé si ayudaría mucho a eso. No le veo solución fácil.

    Cuando dice que ve viable si se sube suficientemente la edad de jubilación, ¿qué sería suficiente para usted?

    Pues los 5 años, que es más o menos en el promedio mundial y que, insisto, fue la propuesta de los consultores que trataron Francia Brevé, la superintendenta de pensiones, la propuesta era la edad de jubilación de 60 y 65 años.

    ¿Qué tan popular se puede volver esta reforma con algún dulce?

    El problema es que no hay mucho para dar. El dulce, por ejemplo, lo dio el aumento del 13% de las pensiones que se aprobó en 2022. Aquí hay varios problemas, uno es que cualquier dulce que el gobierno ofrezca a la gente que tiene cobertura previsional lo paga a toda la sociedad. Porque el gobierno paga con los impuestos de todos y el 75% no tiene ninguna cobertura de pensión.

    Pero el gobierno usa los impuestos de todos para pagar.

    El problema de las pensiones viene desde el momento en que 1979 se creó el sistema de reparto.

    El sistema ya estaba quebrado y el estudio actuarial cuando se privatizaron en las pensiones mostraba un déficit actuarial de 11 000 millones de dólares en valor actual. O sea, el sistema público ya estaba quebrado.

    La tasa de cotización era 3.5%; lo que ahora es 16% era 3.5%. Y una persona podía jubilarse a los 15 años de cotización con el 55% mínimo de tasa de reemplazo, cualquier trabajador podía entrar a trabajar a los 18 años, cotizaba 15 años y a los 33 años podía jubilarse con el 55 %. Si quería aumentar su tasa de reemplazo, en algunos casos llegaba al 100%. Esa aberración la heredó el sistema privado. No hay manera de arreglar una distorsión tan grande.

    ¿No es un problema de quién administra el sistema, las ganancias de las AFP, porque hay sindicatos que proponen que el sistema pase a los trabajadores?

    Lo que sí es cierto es que las AFP no están haciendo el trabajo que deben hacer, pero no porque no quieran o no puedan, sino porque la ley no se lo permite, por ejemplo, Chile tiene un fondo de pensiones de 150 000 millones de dólares, de los cuales 50 000 millones vienen de las cotizaciones y los otros 100 000 millones es rentabilidad que han ganado las AFP. Pero claro, en Chile, las AFP son libres de invertir en los instrumentos que le den la mayor rentabilidad.

    No es culpa de las AFP pero tampoco tiene sentido que le estemos pagando de comisión del 1% si no están haciendo el trabajo. Entonces, es mejor eliminar la AFP, que el ISP que se encargue de administrar eso y el 1% de la comisión de la AFP que se abone a las pensiones.

    ¿Y la propuesta de Claudia Ortiz la ve viable, que el Estado regrese la deuda de pensiones, los $11 000 millones (en un plazo de 18 meses)?

    ¿Y dónde lo saca? ¿Y dónde lo saca? O sea, ese dinero ya se pagó en pensiones a los jubilados. ¿De dónde lo saca?

    Y también que se pueda retirar el 25 % de los ahorros.

    Sí. Claro, pero el problema de nuevo, de ese tipo de propuestas, es el siguiente: el gobierno dice les voy a devolver los 11,000 millones, ¿de dónde los voy a sacar?, de impuestos, de una u otra manera. Ya sea otro tipo de deuda, la deuda son impuestos diferidos; si el gobierno no quiere aumentar los impuestos, si se endeuda, lo que está haciendo difiriendo los impuestos..

    Al final de cuentas, el gobierno va a a regresar a un bolsillo los $11,000 millones, pero te va a sacar del otro bolsillo con el agravante que se los va a sacar a todos incluyendo por supuesto a los cotizantes.

    Pero los que no son cotizantes están pagando $11,000 millones para que el Gobierno les devuelva ese dinero al 25 % de privilegiados que sí tienen cobertura previsional.

    Es una medida regresiva.

    Cuando me dice un ajuste a la tasa de reemplazo, ¿está previendo que se ajuste a la baja?

    No, no, yo creo que la tasa de reemplazo está en lo que serían los mínimos estables. Porque recordemos que venimos de tasa de reemplazo del 100%.

    La tasa de reemplazo, ahora de la gente que ha cotizado toda su vida laboral dentro del sistema privado, anda por menos del 30%. Claro, si se quiere hacer el sistema sostenible, habría probablemente que ajustar también a la baja la tasa de reemplazo.

    Si se ajustan suficientemente los parámetros pudiendo bajar la tasa de reemplazo, probablemente se logra la sostenibilidad financiera, pero sería absolutamente inaceptable del punto de vista social y político. Yo creo que la tasa de reemplazo ya está suficientemente baja.

    Lo que podría ajustar la tasa de cotización y la edad jubilación.

    ¿Y la devolución de los intereses eso sí es posible?

    No creo que eso se pueda devolver de un solo. Y tampoco es necesario, porque al final de cuentas lo que le interesa a los pensionados es que este dinero esté en un fondo de pensiones generando intereses y que esté disponible en el momento de retirarse. Yo pienso pienso que probablemente lo que se va a hacer es devolverlo un esquema de anualidades vencidas, unos 20 o 25 años de anualidades vencidas. Al final de cuentas, es dinero que has tomado prestado y todo lo que interesa es que lo voy a devolver.

     

  • TSE registra ahorro de $3.3 millones en compras por $27 millones a través de Bolsa

    TSE registra ahorro de $3.3 millones en compras por $27 millones a través de Bolsa

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reportó un ahorro de $3,449,726.29 en lo que va del año 2026 a través de la Bolsa de Productos y Servicios (Bolpros) con operaciones por un total de $27,071,100.67.

    En redes sociales, el TSE señaló que está optimizando recursos en el proceso electoral usando la plataforma de compras públicas, en donde pueden publicarse las ofertas de compra.

    Bolpros, una plataforma que permite negociar productos y servicios mediante mecanismos como la subasta electrónica, ya no publica totalmente las ofertas de compra de las instituciones públicas como antes lo hacía, que permitía que cualquier ciudadano consultara las condiciones de las ofertas. El proceso es publicitado como transparente, ágil, eficiente y competitivo. El sitio muestra únicamente los montos y el concepto de compra, pero no la institución pública que realiza la compra.

    El TSE también publica sus ofertas de compra a través de la plataforma Comprasal, el Sistema Electrónico de Compras Públicas del Estado, el cual muestra datos limitados de cada compra, detallando únicamente el nombre del proceso, la empresa adjudicada, el monto adjudicado y, en algunas ocasiones, el beneficiario último.

    Tampoco este sitio comparte los documentos de las ofertas de compra o adquisiciones como antes. La publicación de algunos datos en Comprasal fue uno de los compromisos logrados a través de la negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

    Una de las más recientes adquisiciones del TSE fue la contratación del arrendamiento de vehículos para el evento electoral por $868,075.04 a la empresa Titanes 1501 S.V., SAS de CV, con Josué Alexander Linares Carpio como beneficiario final.

    Los procesos de compra del TSE suman $13,796,690.16 desde el 20 de diciembre de 2024 hasta el 25 de septiembre de 2026 a través de Comprasal.

    El TSE también ha destacado los ahorros con la compra del edificio de $10.1 millones calculando que el alquiler hipotéticamente de 2021 a 2026 sumaría $6.6 millones. Señaló que en 30 años el alquiler hubiese costado $50.8 millones.

  • Asociación Trifinio enfrenta “inviabilidad operativa” por reducción de aportes de municipios

    Asociación Trifinio enfrenta “inviabilidad operativa” por reducción de aportes de municipios

    La Asociación de Municipios Trifinio creada en 2006 para ejecutar proyectos de desarrollo local en la región del Trifinio, conformada por los municipios de Santa Ana Oeste, Santa Ana Centro y Santa Ana Este, atraviesa una “inviabilidad operativa y financiera” debido a la reducción de sus municipios miembros, indica la Asociación en una reforma de estatutos aprobada en agosto.

    “Actualmente la Asociación atraviesa una situación de inviabilidad operativa y financiera, caracterizada por la reducción de los aportes de sus municipios miembros, el cese de los ingresos que percibía por medio de la Oficina de Planificación y Gestión Territorial (OPLAGEST- TRIFINIO) y el hecho de que sus egresos mensuales superan de manera sostenida a sus ingresos, todo lo cual ha sido puesto en conocimiento de la Corte de Cuentas de la República”, advierte la Asociación.

    Debido a la situación la Asamblea General de socios de la asociación acordó reformar los estatutos, ya que el artículo 41 condicionaba el retiro de un municipio miembro a que no existan deudas pendientes con la Asociación, lo cual, “en el actual proceso de disolución, puede constituirse en un obstáculo indebido tanto para el municipio que desea retirarse como para la propia Asociación”.

    Por ello, la reforma busca permitir el retiro de un municipio miembro “aun existiendo deuda”, preservando las acciones de cobro administrativo y judicial que correspondan para la recuperación íntegra de lo adeudado.

    La Asociación argumentó que se permita pueda estar conformada transitoriamente por un único municipio miembro con el fin de “asegurar la continuidad operativa y el debido control en el manejo de los fondos de la Asociación”.

    De acuerdo a la reforma de estatutos la situación de la Asociación, sobre los egresos que superan los ingresos, ya fue comunicada a la Corte de Cuentas de la República.

  • Vamos entraría en acefalía al vencer plazo de dirigencia, Cesia Rivas dice esperar prórroga del TSE

    Vamos entraría en acefalía al vencer plazo de dirigencia, Cesia Rivas dice esperar prórroga del TSE

    La dirigencia del partido opositor Vamos liderada por la diputada suplente Cesia Rivas, como secretaria general, concluyó su periodo el viernes 25 de septiembre, sin que hasta el viernes el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se haya pronunciado.

    Consultada sobre si el partido político estaría en acefalía, Rivas contestó que espera que el TSE rectifique que la vigencia del actual Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) es cinco años y no tres, o que les otorgue una prórroga del plazo para continuar sus funciones.

    Rivas sostiene que, en el momento de la inscripción de la dirigencia, ya estaba vigente la reforma a los estatutos que modificó el periodo de tres a cinco años de la dirigencia del partido.

    «Por la jurisprudencia del TSE esperamos se nos resuelva favorable ya sea la rectificación de que el CEN actual sus funciones son para 5 años, y sino se nos prorrogue un plazo para poder continuar con nuestras funciones», respondió la funcionaria.

    La secretaria general del TSE, María Gabriela Ramos, emitió una constancia el 19 de febrero de 2025 en la cual señala que Cesia Rivas y demás miembros del CEN fueron electos “para el periodo comprendido del 25 de septiembre de 2023 al 25 de septiembre de 2026”.

    Rivas sostiene que, en el momento de la inscripción de las autoridades partidarias ya estaban vigentes las reformas a los estatutos de Vamos que extendieron el periodo del CEN de tres a cinco años.

    Por su parte, la diputada propietaria de Vamos, Claudia Ortiz, aún no se ha pronunciado sobre la posible acefalía en la que entraría el partido.

    El grupo de Ortiz realizará una Asamblea Nacional que convocó para el domingo 27 de septiembre, con el fin de nombrar a los miembros de la Comisión Electoral Permanente (CEP) luego de la renuncia de dos de sus integrantes y del Tribunal de Honor y Disciplina, a dos de cuyos miembros cuestiona por conflictos de interés relacionados con la planilla de Rivas.

    Rivas desconocía si la Asamblea Nacional se realizaría. «Desconozco si a pesar de lo explicado en medios y lo comunicado a lo interno continuarán con eso. Ya que carece de validez su convocatoria y su celebración», respondió Rivas, sobre la convocatoria de Ortiz. Poco después, Comunicaciones de la fracción de Vamos informó que el evento seguía en pie.

    Según la diputada suplente, de los ocho dirigentes que convocaron a esta Asamblea Nacional, Claudia Ortiz y Pacífico Chávez están suspendidos por el Tribunal de Honor y otros dos se han ausentado de las actividades del partido. El artículo 24 de los estatutos establece que siete miembros de la dirigencia pueden convocar a sesión.

  • TSE adjudica a española INDRA voto electrónico de salvadoreños en el extranjero 2027 por $30.7 millones

    TSE adjudica a española INDRA voto electrónico de salvadoreños en el extranjero 2027 por $30.7 millones

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) adjudicó a la empresa española INDRA la contratación de la logística, operatividad y tecnología para el desarrollo, implementación y ejecución del sufragio en el extranjero en las elecciones presidenciales y legislativas de El Salvador de 2027, por un monto aproximado de $30.7 millones.

    El contrato se adjudicó el 13 de agosto de 2026 de acuerdo con el sitio electrónico de Compras Públicas del Estado (Comprasal) a INDRA Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U. mediante una contratación directa.

    La adjudicación se dio luego de una segunda convocatoria de la oferta de compra lanzada el 23 de julio de 2026 y el proceso fue cerrado el 31 de julio de 2027. El contrato, según el sitio, fue firmado el 11 de septiembre de 2026.

    El monto de adjudicación ascendió a $30,799,887.64, el monto planificado y certificado ascendió a $32 millones.

    En el proceso, también participaron Inversiones Avilés, S.A.S. de C.V., EVoting, New Millennium S.A. de C.V., Juan Pablo Avelar Melgar y MQA E lSalvador, S.A. de C.V.

    El monto de adjudicación superó en más de $4 millones al desembolsado por el órgano electoral a la misma empresa por el desarrollo e implementación de la votación remota por internet y electrónica presidencial de las elecciones de presidente y de diputados del 4 de febrero de 2024. En ese entonces, el TSE pagó $26,047,224.87 a la empresa INDRA por la ejecución del voto electrónico en el extranjero en las modalidades remota por internet y electrónica presencial, aunque inicialmente se había presupuestado

    Para el voto electrónico de 2024, el TSE también contrató una auditoría de la empresa CGTS Corp por $4,392,310 y otra del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey (Tec) por $210,640. A la empresa CGTS también la contrató para auditar el sistema de transmisión de resultados el voto nacional por $1,397,000. Hasta la fecha, el TSE no ha publicado los resultados de las auditorías.

    Las pruebas: desde el 7 de septiembre

    El TSE actualizó el calendario electoral del voto en el extranjero y pospuso el plazo para realizar la contratación.

    El calendario actualizado le permitía concretar la contratación de la empresa hasta el 31 de agosto de 2026. La fecha límite para la formulación de ofertas era el 29 de mayo de 2026.

    Las pruebas de implementación de la votación remota por internet y del sistema de votación electrónico presencial, y la creación de mecanismos de auditoría informática al sistema de votación pueden realizarse a partir del 7 de septiembre y hasta el 14 de enero del próximo año.

    El TSE tenía hasta el 31 de agosto para contratar las empresas o instituciones que auditarán el sistema de votación remota por internet y de la votación electrónica presencial, al registro de documentos de identidad y pasaportes entregados al TSE, y el escrutinio final del sufragio en el extranjero. Los procesos, podían realizarse desde el 8 de junio.

    La auditoría al registro consistirá en auditar la información entregada por el Registro Nacional de las Personas Naturales, Dirección General de Migración y Extranjería y Ministerio de Relaciones Exteriores al TSE.

    La auditoría al escrutinio final del sufragio en el extranjero está programada para realizarse desde 2 de marzo hasta el 15 de marzo de 2027.

    Al cierre de esta nota, el Tribunal no se había pronunciado públicamente sobre la contratación de INDRA, ni sobre las condiciones de contratación.

  • EEUU envía a sus criminales al CECOT dice Trump luego de fallo judicial que le ordena regresar a deportado desde El Salvador

    EEUU envía a sus criminales al CECOT dice Trump luego de fallo judicial que le ordena regresar a deportado desde El Salvador

    Mostrando imágenes del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), de Tecoluca, San Vicente Sur, en El Salvador, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la noche del viernes que la prisión salvadoreña es el destino de los criminales de Estados Unidos y atribuyó a esa estrategia la reducción criminal en el país norteamericano.

    «Aquí es donde enviamos a nuestros asesinos, narcotraficantes y matones. ¡Por eso los asesinatos y otros delitos en Estados Unidos están en mínimos históricos», expresó en la red social Truth Social, acompañado de un video de traslado de reos al CECOT de El Salvador.

    Trump no detalló cuántos criminales o condenados en los Estados Unidos ha enviado a El Salvador ni las nacionalidades.

    Entre febrero y marzo 2025, el gobierno de Trump alcanzó un acuerdo con el de Nayib Bukele para enviar a 252 migrantes entre venezolanos y salvadoreños al CECOT. El acuerdo incluía un pago anual de $20,000 por prisionero o $6 millones anuales.

    El 15 de marzo, el gobierno de Estados Unidos deportó a 238 venezolanos acusados de ser miembros de la pandilla «Tren de Aragua» y 23 salvadoreños acusados de ser miembros de la MS-13.

    El gobierno de El Salvador no ha aclarado si el acuerdo para recluir a criminales extranjeros en el CECOT continúa vigente y en ejecución; ni cuántos extranjeros condenados hay recluidos en dicha prisión.

    La revelación de Trump ocurrió luego de un fallo judicial que concluyó desacato y le ordena regresar desde El Salvador a los Estados Unidos a una persona que fue deportada.

    La jueza de Distrito de los Estados Unidos, Stephanie A. Gallagher, ante una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), declaró desacato de tres órdenes del tribunal por la expulsión de E. L. A. y le ordenó traerlo de vuelta desde El Salvador hasta los Estados Unidos y abstenerse de ejecutar una remoción definitiva hasta que la oficina de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) emita una resolución sobre una solicitud de asilo.

    También, le ordena proporcionarle un abogado de inmigración, un aviso sobre la llegada a los Estados Unidos y devolverles sus bienes y documentos confiscados en el momento de la deportación «indebida». Según la resolución también deben informar a más tardar el 2 de octubre de 2026 el estado del retorno de E. L. A. a los Estados Unidos.

     

  • Chavismo y oposición acuerdan en diálogo ampliar desbloqueo de webs y revisar instrumentos sobre libertad de expresión

    Chavismo y oposición acuerdan en diálogo ampliar desbloqueo de webs y revisar instrumentos sobre libertad de expresión

    El chavismo y un sector de la oposición acordaron este viernes ampliar el desbloqueo de portales webs, así como impulsar una agenda «de discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico» y revisar «instrumentos legales» sobre la libertad de expresión, al culminar el segundo ciclo de diálogo que promueve Estados Unidos.

    En un comunicado leído por el presidente del Parlamento, el oficialista Jorge Rodríguez, y la exdiputada Dinorah Figuera, quien encabeza el grupo opositor, las partes indicaron que acuerdan acompañar la decisión de «continuar y ampliar el levantamiento de medidas administrativas a portales de noticias, páginas web, medios electrónicos, como parte de los aportes realizados en esta mesa de diálogo».

    La medida, añadieron, es «parte de los aportes realizados» por la mesa de diálogo y busca «fortalecer la libertad de expresión, el pensamiento plural y el derecho a la información», e invitar a los actores del sistema de comunicación público y privado a contribuir «a la convivencia democrática, a la paz y a la unión nacional».

    De igual forma, impulsarán «una agenda de discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico nacional» que abarque a «todos los actores» del país e «incluya la revisión de instrumentos legales que lo requieran».

    El pronunciamiento se conoció al término del segundo ciclo de conversaciones entre el Gobierno y un sector de la oposición, iniciado el pasado 17 de septiembre, y luego de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenara este viernes el levantamiento «inmediato» de las restricciones a otro grupo de plataformas y portales web que permanecen bloqueados en el país.

    En un comunicado se indicó que Rodríguez ha recibido con «beneplácito» informes del diálogo entre el chavismo y la oposición y de su Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, pero no detalla qué portales o plataformas serán desbloqueadas ni cuántas.

    La orden se suma a una ya dada el pasado 17 de septiembre cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) -el ente regulador de las telecomunicaciones en el país- anunció el «restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales».

    Hasta el pasado miércoles, VE sin Filtro computaba 18 dominios desbloqueados, lo que restauró el acceso a 15 sitios de noticias, entre ellos la Agencia EFE.

    VE sin Filtro dijo justo en esta misma jornada más temprano que en Venezuela seguían bloqueados 177 dominios de sitios web, entre ellos 72 de noticias.

  • Caravana de unos 300 migrantes centroamericanos ingresa a México desde Guatemala

    Caravana de unos 300 migrantes centroamericanos ingresa a México desde Guatemala

    Una caravana integrada por unos 300 migrantes, en su mayoría hondureños, ingresó a México desde Guatemala con la intención de avanzar hacia el norte del país: algunos para llegar a Estados Unidos y otros para permanecer en territorio mexicano.

    El contingente, denominado ‘Fe y Esperanza’, salió el pasado domingo de San Pedro Sula, Honduras, atravesó Guatemala y cruzó de manera pacífica a México por el puente internacional Rodolfo Robles, en la frontera con el estado mexicano de Chiapas.

    Mujeres, hombres y algunos niños recorrieron unos 40 kilómetros durante cerca de 12 horas a través de los municipios de Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa de Domínguez y Tuxtla Chico hasta llegar a Tapachula, principal ciudad de la frontera sur mexicana.

    Entre ellos se encuentra el hondureño Carlos Alexis Ortiz, agricultor que se dedicaba a la siembra de maíz y decidió abandonar su país ante las dificultades económicas.

    Ortiz, quien utiliza muletas para desplazarse, pretendía llegar a Estados Unidos, pero este viernes, ya en Tapachula, se enteró de que su madre está enferma, por lo que decidió interrumpir el recorrido.

    “Sí, primera vez, si Dios lo permite dependiendo la situación vuelvo otra vez, porque el sueño mío la verdad de las cosas es llegar a Estados Unidos”, relató.

    México, otra opción

    En la caravana también viaja Dilmar Campos, originario de El Salvador, quien aseguró que es la segunda vez en menos de un mes que intenta avanzar en un contingente migrante y también atribuyó su salida a la situación económica de su país.

    A diferencia de otros integrantes, Campos considera establecerse en México si consigue regularizar su situación migratoria y encontrar trabajo, particularmente en el norte.

    “Yo en lo personal quiero quedarme un rato acá y ver si se puede, sino me quedo en México, veo si arreglo mi situación y quedarme acá a mi México me encanta, nomás que (en) los Estados del sur no hay mucho dinero, se parece a mi país”, afirmó.

    Otro de los integrantes es el hondureño Óscar Vanegas, originario de Victoria, Yoro, quien contó que fue deportado hace siete meses y ahora pretende alcanzar nuevamente la frontera con Estados Unidos.

    “Sí vamos en masa, sí tenemos miedo, porque siempre va a haber miedo, pero nosotros confiamos en que dios nos ayuda y si le pedimos a las autoridades que nos apoyen, los mexicanos son buenos, nos regalan comida. Yo ya he pasado por aquí”, expresó.

    Vanegas rechazó que la movilización esté financiada por alguna organización y aseguró que los migrantes viajan con sus propios recursos y dependen también de alimentos y ayuda que reciben durante el trayecto.

    La caravana permanecía este viernes en el parque Bicentenario de Tapachula, donde sus integrantes recibían atención e hidratación antes de reanudar el domingo su recorrido hacia el norte de México.