Autor: Yolanda Magaña

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa acordó este martes citar al director del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros, para conversar sobre el proyecto de nueva Ley de Alianzas Público Privadas (APP) que aún estudia.

La llegada del director del CNR fue votada por mayoría de los presentes, sin el voto de Claudia Ortiz, de Vamos, quien ha solicitado otros invitados rechazados por Nuevas Ideas, como la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Universidad de El Salvador, Universidad Don Bosco, Universidad Dr. José Matías Delgado; a las organizaciones Acción Ciudadana, Foro del Agua, Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes), entre otras.

Hasta este martes, la Comisión ha citado al presidente de la Agencia de Promoción de Inversión y Exportaciones de El Salvador (Invest), Rodrigo Ayala, y al ministro de Hacienda, Jerson Posada, ambos han defendido el proyecto de nueva ley, han rechazado que sea privatización y han dicho que desconocen si hay proyectos de APP para prestar servicios públicos de salud, educación y recursos hídricos, o que por el momento no los hay.

El nuevo proyecto de Ley de alianzas público privadas, propuesto por el Ministerio de Economía, derogaría la «Ley especial de asocios público privados» y eliminaría la exclusión de asocios público privados (APP) en la prestación de servicios de salud, educación pública y de recursos hídricos, y eliminaría las facultades del Invest que serían asumidas por una nueva Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP) dentro del Ministerio de Hacienda.

Con la nueva ley, la DAPP aprobaría o desaprobaría los estudios de factibilidad de los proyectos para APP y dictará los lineamientos de los contratos de APP.

Los diputados de Nuevas Ideas han rechazado que se vayan a privatizar servicios de salud, educación y salud; sin embargo, no han descartado totalmente que se vaya a aplicar el modelo de APP para dar estos servicios públicos.

La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (Conadesa) ha solicitado a la Asamblea Legislativa desistir de aprobar el proyecto de ley porque considera que es «abrir el camino a la privatización de servicios públicos esenciales».

«Si este modelo avanza, el que no pueda pagar simplemente quedará fuera del sistema… Esta normativa podría abrir la puerta a procesos de privatización en la Universidad de El Salvador”, dijo el secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Seguro Social (Simetriss), Rafael Aguirre, en una conferencia de prensa el 13 de abril pasado. Simetriss es uno de los invitados que ha propuesto la diputada Ortiz.

El proyecto fue recibido por la Asamblea Legislativa en pleno el 9 de abril.

El ministro de Hacienda insistió en que no existen planes de Alianzas Público Privadas (APP) para dar servicios de salud, educación y recursos hídricos en El Salvador, ante la habilitación de estos sectores en APP en una nueva ley que podría ser aprobada en los próximos días y está bajo análisis de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa.

El ministro de Hacienda, Jerson Posada, aseguró que “por el momento” no hay planes de desarrollar Asocios Público Privados para dar servicios hospitalarios, de salud, agua o educación, en lugar de financiarlos únicamente con fondos estatales.

“Dejar claro que no existen planes de los sectores que usted ha mencionado en temas APP, no le puedo dar ejemplos porque no hay planes en esos sectores, entrar a dar un ejemplo es entrar en polémica, hay muchas experiencias internacionales que puede ir a revisar”, afirmó, ante preguntas de la diputada Claudia Ortiz, del partido de oposición Vamos.

La diputada Ortiz partió de que la ley permitirá APP en estos sectores y le preguntó cómo se decidirá si dar servicio con APP para los servicios de salud, educación o de recursos hídricos.

“¿Cómo decide una entidad estatal dar un hospital, por ejemplo, en asocio público privado o financiar ese proyecto con fondos proyectos?, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para tomar esta decisión”, preguntó.

“No existen planes, diputada. Decir algún ejemplo sería básicamente especular, no voy a entrar en eso, no conozco planes, no sé de planes en esos sectores. Y no se están considerando por el momento proyectos APP en dichos sectores”, respondió Posada.

La diputada Ortiz dijo que su pregunta no es si hay planes o no hay planes de APP en esos sectores de salud, educación y agua; sino que, como es jurídicamente posible, cómo se haría un análisis del “valor por el dinero” que justifique que dichos servicios públicos se presten a través de un APP y no con recursos propios del Estado.

Posada insistió en que no existen planes.

“No hay excepciones en la ley, pero hay regulaciones que establecen la protección de estos sectores y que cualquier proyecto de APP pasará por los controles rigurosos de beneficios para la población y de protección de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo”, respondió el ministro.

La diputada preguntó cómo se realizaría la evaluación de “valor por el dinero” en proyectos de infraestructura para decidir si se hará un APP o se financiará con recursos públicos. El funcionario explicó que es un análisis estadístico que considera variables financieras de los proyectos.

La legisladora preguntó si se harían estos estudios en sectores de educación, salud y agua, teniendo en cuenta en alto endeudamiento de El Salvador. “¿Podría ser una opción para mitigar un poco la carga fiscal que implican estos sectores, que sabemos que son los que tienen mayor carga en el Estado?”, preguntó.

El funcionario no quiso responder y se centró en que “no existen planes” y que por ello no podía ejemplificar los casos en los sectores de salud, educación y agua.

El proyecto de ley aún no es aprobado. Luego de recibir la exposición del ministro de Hacienda, la Comisión decidió citar al director del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros.

El 9 de abril, la Asamblea Legislativa recibió un proyecto de nueva «Ley de alianzas público privadas» que derogaría la actual «Ley especial de asocios público privados» y elimina la prohibición de que las instituciones del Estado suscriban contratos con empresas privadas para la infraestructura o prestación de servicios de salud, educación pública y de recursos hídricos. La ley permite APP hasta por 50 años que serían aprobados por la Asamblea Legislativa y crea una nueva Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP) que estará dentro del Ministerio de Hacienda.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) ha emitido un total de 153,015 de pasaportes para salvadoreños en el extranjero desde los diferentes consulados; 137,595 documentos, un 90 %, fueron emitidos en Estados Unidos y 15,420 en otros países.

Durante los primeros tres meses del año 2026, un total de 56,194 salvadoreños han tramitado su pasaporte en el extranjero, cifras que reflejan un aumento respecto a los dos trimestres anteriores, cuando fueron emitidos 53,624 de julio a septiembre y 43,197 pasaportes de octubre a diciembre, ambos del año 2025.

Ello implica un aumento del 5 % respecto al tercer trimestre y del 30 % en comparación con los últimos tres meses del año pasado.

El pasaporte salvadoreño es un documento de identidad migratorio, pero también es un documento de votación. Según la Ley especial del sufragio en el extranjero todo salvadoreño puede votar en el extranjero con su pasaporte, emitido dentro o fuera del territorio nacional.

Si ejercen su voto usando su pasaporte, el salvadoreño lo podrá hacer a través de voto electrónico presencial, acudiendo a uno de los centros de votación establecidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El sufragio con pasaporte será asignado a la circunscripción del exterior, así como los realizados con Documento Único de Identidad (DUI) con domicilio en el extranjero. Si tienen dirección nacional, su voto será asignado al departamento correspondiente.

Según los datos disponibles en Migración, durante 2023 fueron emitidos un total de 166,594 pasaportes en el exterior, de los cuales 152,278 fueron emitidos en Estados Unidos y 14,316 en otros países; mientras que, en 2024, año electoral, fueron emitidos 214,835, de los cuales 195,193 fueron emitidos en Estados Unidos y 19,642 en el resto de países.

En las elecciones de 2024, había 741,094 salvadoreños en el Registro electoral de salvadoreños en el extranjero, habilitados para votar con la modalidad remota por internet. Los salvadoreños con pasaportes fueron 2,404,110, que fueron incluidos en el registro nacional, de un total de 5,473,305.

El secretario general del Partido de Concertación Nacional (PCN), Manuel Rodríguez, informó que aún no han decidido si participar en las elecciones presidenciales de 2027 pero están seguros que participarán con candidatos a diputados, incluida una planilla para la circunscripción de la diáspora, y con candidatos en al menos 30 de los 44 municipios.

«Todavía no estamos analizando el tema de las presidenciales, no lo descartamos pero en este momento participar en presidenciales significa un costo adicional, definitivamente ahora no hay deuda política, poca gente quiere cooperar con el tema político especialmente cuando no es el partido oficial», dijo.

Luego de la reforma electoral aprobada el 14 de mayo y la modificación del artículo 208 de la Constitución el 7 de mayo, los partidos políticos dejaron de tener la posibilidad de proponer una magistratura en el TSE por su participación en las elecciones presidenciales. Esto se debe a que se eliminó la disposición que permitía a los tres partidos con mayor cantidad de votos en la última elección presidencial proponer, cada uno, una magistratura dentro del TSE.

Ese cambio de escenario aún es tema de discusión dentro del PCN.

«Esos son temas de los que estamos discutiendo internamente, todavía no hemos tomado una decisión. Algunos miembros del Consejo creemos que deberíamos participar pero esta decisión es colegiada», respondió.

La decisión será tomada en una Asamblea General, instancia que debe autorizar si habrá coaliciones, si participarán solos o si no participarán.

Además, los partidos políticos ya no obtendrán financiamiento público por cada voto recibido, ya que este fue eliminado mediante una reforma constitucional. En las elecciones de 2024 por cada voto presidencial habrían recibido $6.05 y por cada voto legislativo, $3.28.

Presentarán planilla de la diáspora

El PCN le apuesta a presentar la planilla de candidatos para la circunscripción de la diáspora, que deberán ser seis candidatos a diputados propietarios y sus suplentes.

Según Rodríguez, aún no saben si será una planilla única en las elecciones internas o varias. «Depende de la gente con las cuales hemos estado hablando, queremos que sean ellos allá los que determinen quiénes serán los candidatos», dijo.

El partido busca que los candidatos a diputados del exterior residan en el exterior y que tengan un suplente que resida dentro del país.

«Lo lógico es que si son diputados de la diáspora deben ser diáspora… Como no sabemos si se va a permitir el tema de la participación por los medios electrónicos, estamos diciendo que el suplente ellos deberían escoger gente de aquí, mientras se determina el mecanismo de participación dentro de la Asamblea», indicó.

Participarían en 30 municipios

El dirigente del PCN ve bastantes posibilidades de ganar en algunas alcaldías municipales porque «hay descontentos con algunas administraciones» y «recuerdan los tiempos del PCN cuando estaban en esas alcaldías».

«Hay algunas alcaldías que definitivamente no se ha sentido mucho interés, pero en 30 alcaldías sí creemos que vamos a participar», indicó.

Si bien no descarta la participación en las 44 municipios, explicó que la definición de candidaturas pasa por la búsqueda de un consenso entre los distritos de cada municipio y en algunas ocasiones «no hay espacio suficiente para tener un representante de cada municipio en el concejo». «Algunos no van a llevar candidato, eso no deja de afectar y el interés baja», advirtió.

En las elecciones municipales de 2024 el PCN ganó cuatro municipalidades, Ahuachapán Centro, Chalatenango Norte, Chalatenango Sur y  Morazán Sur, pero ahora ven «oportunidades» en algunos municipios de los departamentos de La Unión, La Paz y Sonsonate. En algunos, evalúan coaliciones.

Representantes de la asociación Cristosal aseveraron en una conferencia de prensa en Guatemala que la familia de Ruth Eleonora López no tiene certeza del estado de la salud de la abogada, quien fue capturada en mayo y se mantendría en prisión en la Granja Penitenciaria de Izalco, en Sonsonate.

«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha ordenado que se le dé un seguimiento a su situación de salud, hasta hoy el Estado pretende asegurar que ella se encuentra en un nivel de salud estable, que se encuentra bien, pero no respalda con documentos ante la Comisión Interamericana esta situación, por lo cual su familia se encuentra en incertidumbre sobre su real estado de salud y el Estado», expresó el abogado David Morales, abogado de Cristosal.

El director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, también sostuvo que hay incertidumbre sobre el estado de salud de la jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal. «Para nosotros ha sido muy doloroso que Ruth en su año de detención ha tenido restricciones casi permanentes al acceso a la familia y la familia no ha tenido acceso todavía a la información sobre la salud de Ruth, lo cual genera incertidumbre y temor y dolor en la familia», expresó.

Bullock espera que se cumplan las medidas ordenadas por la CIDH al Estado salvadoreño para que le permita la visita familiar, acceso a su defensa y la revisión de la detención preliminar.

Para Abraham Ábrego, director legal de Cristosal, debe haber acceso a la situación de salud de López. «No se ha dado», subrayó.

Ábrego, además, anunció que denunciarán el caso de las violaciones de derechos de Ruth López en la CIDH, instancia en la cual únicamente solicitaron unas medidas cautelares. «Eso va a ser en el marco de que consideramos que es un caso que la Comisión tiene que conocer, no solo las medidas cautelares», explicó.

López fue detenida el domingo 18 de mayo de 2025, primero por el delito de peculado, que fue modificado a enriquecimiento ilícito, relacionada con casos del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas. Según la Fiscalía, la abogada «colaboró en la sustracción de fondos de las arcas del Estado» mientras Chicas se desempeñaba como magistrado presidente del TSE y también cuando fue secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República. El ente fiscal aseguró, ese día en X, que la abogada fue la «asesora de confianza y mano derecha de Eugenio Chicas».

López se desempeñaba como jefa jurídica anticorrupción y justicia de Cristosal y ha sido una de las voces más críticas del gobierno de Nayib Bukele. En diciembre de 2024, fue reconocida como una de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo, según la BBC de Londres.

La asociación Cristosal pidió ayer que López sea puesta en libertad mientras dure el proceso penal, que tenga acceso al expediente y a una defensa, así como a tener un juicio público. Cristosal sosstuvo que López fue detenida sin orden judicial ni investigación previa, desaparecida durante 40 horas, con un juicio bajo reserva total y sin derecho al acceso a defensa ni a consultar su expediente.

El director ejecutivo de Cristosal remarcó ayer que el régimen aplicado a las pandillas ahora se aplica «a cualquier ciudadano» incluida Ruth López y «miles de personas inocentes». Aseveró que en los últimos días han recibido mensajes de apoyo, incluidas personas que han sufrido persecución política en Nicaragua y Venezuela.

El representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en El Salvador, Jairo Acuña-Alfaro, presentó este lunes las cartas credenciales que lo acredita en el cargo a la vicecanciller Adriana Mira.

Acuña-Alfaro dijo que están listos para contribuir a la transformación del desarrollo humano, impulsar innovación, digitalización e inteligencia artificial, resiliencia y prevención, fortalecer las instituciones de futuro y generar oportunidades y bienestar.

“Reafirma el compromiso de cooperación con El Salvador para impulsar proyectos alineados al Programa País 2022-2026 y las prioridades nacionales”, indicó la vicecanciller. Agregó que el PNUD “continúa consolidándose como un socio estratégico” de El Salvador, respaldando iniciativas de medio ambiente, desarrollo social, salud, agricultura y energía.

Acuña-Alfaro aseguró, el pasado 10 de mayo, que ve una transformación “notable” en El Salvador y que está honrado de aportar desde el PNUD “esta nueva etapa que vive el país”, con un post de fotografías del Centro Histórico de San salvador.

A un mensaje de bienvenido de la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, le respondió que esta muy entusiasmado con la oportunidad de aportar al desarrollo de El Salvador con el PNUD.

En febrero de 2026, la nicaragüense Maribel Gutiérrez concluyó su misión en el país como representante residente del PNUD en El Salvador luego de fungir en el cargo desde el 6 de septiembre de 2022. Ella se comprometió con la cooperación para el desarrollo humano sostenible “en el marco de la Agenda 2030, con énfasis en el empoderamiento de las mujeres y mayores oportunidades para la juventud”.

La Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible el 25 de septiembre de 2015, que es un plan de acción para que los países logren 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas.

Estos objetivos son: poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y el bienestar para todos en todas las edades; garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad; lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas; garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible; garantizar energía asequible, segura y no contaminante; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; construir infraestructuras resilientes; promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación; promover la paz, el acceso a la justicia y las instituciones sólidas; reducir las desigualdades; vida de ecosistemas terrestres; vida submarina; y alianzas para lograr dichos objetivos.

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa dictaminó la reforma a la ley de legalización de tierras en desuso para incluir a la comunidad “2 de noviembre”, distrito Italia, Tonacatepeque, San Salvador.

La comunidad está asentada en una calle en desuso y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) ya la desafectó, dijo una integrante de la misma en la Comisión.

La presidenta de la junta directiva de la comunidad 2 de noviembre aseguró que fueron “abandonados” durante 26 años. Ella aseguró que es madre soltera de tres hijos, alquilaba en Santa Tecla y llegó al lugar a habitarlo pero que no han obtenido una vivienda propia pese a sus gestiones con gobiernos anteriores, tanto de Arena y del FMLN.

Otra habitante dijo que fueron víctimas de una estafa de $50,000 por Hugo Nelson Ramírez Sigarán que les prometió ingresos. Según una nota de prensa de la Fiscalía, la investigación inició el 6 de septiembre de 2017 a raíz de las denuncias y las condenas de cinco años de prisión por estafa agravada fueron emitidas en marzo de 2020.

La reforma se hará a la Ley especial para la legalización de las calles, tramos declarados en desuso y dafectados como de uso público para ser transferidas en propiedad a las familias de escasos recursos económicos que las habitan a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo).

La ley fue aprobada el 10 de junio de 2009. Hasta abril de 2015, había 59 comunidades incluidas en la ley. Con la comunidad 2 de noviembre, son 74 comunidades cuyas tierras fueron legalizadas, 15 de las cuales han sido legalizadas durante el gobierno de Nuevas Ideas: Las Flores y la Esperanza, La Universal, La Pradera, Las Margaritas, Urbina, El Caracol, Caserío San Cristóbal, Caserío Obra de Dios, Vista Alegre, Machado, caserío El Chorizo, caserío La Concordia y comunidades El Manguito y Parlermo.

“Nosotros en un corto tiempo, llevamos cinco años y ya vimos varios casos de varias comunidades, ya hemos votado a favor de otras comunidades y sabemos que hay más comunidades, pero que tengamos paciencia, quisiéramos nosotros tronarnos los deditos y resolver todo ese montón de problemas que nos heredaron, porque son problemas heredados, comunidades de nos han mencionado de 40 y 50 años esperando. Y, claro, verdad, yo entiendo que a todas las comunidades que al mismo tiempo se les resolviera a todos, pero vamos paso a paso”, afirmó el diputado Felipe Interiano, de Nuevas Ideas, en la Comisión.

Luego de la visita de la directiva de la comunidad, los legisladores leyeron el proyecto de decreto y el presidente de la Comisión, Salvador Chacón, lo sometió a votación. Fue aprobado por unanimidad de los presentes.

La diputada Marcela Villatoro, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguró este lunes que aún no ha decidido si buscará la reelección para una diputación del departamento de San Salvador pero que no se postularía para la Presidencia de la República.

“Todavía no lo he definido. Lo estoy consultando, creo que hay varias cosas que tengo que toma en cuenta pero realmente yo estoy trabajando como que si voy a continuar. Pero es una decisión que todavía no he tomado y, así como soy yo que de repente un día puedo decir que sí, de repente puedo decir que no, pero yo sigo trabajando como que si estuviera. Mi trabajo no termina hasta el último día que fui electa”, expresó en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña.

Villatoro descartó postularse para la Presidencia de la República y aseveró que no tiene claro si Arena llevará candidato presidencial. “Le he preguntado al presidente del partido, sí tenemos conocimiento que hay personas interesadas, pero qué va a pasar al final, desconozco”, sostuvo.

Según la legisladora, “la situación no está lista para que una persona compita” para la Presidencia ya que “todo está dado para que continúe quien está” incluso en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena), Carlos García Saade, dijo en enero de 2026 que la participación en las elecciones de 2027 será “completa”, con candidatos a presidente, diputados y concejos municipales.

Sin la reforma, dice NI hubiera perdido escaños

La diputada insistió en considerar como una maniobra política la reciente reforma al Código Electoral aprobada por Nuevas Ideas para evitar perder al menos tres escaños en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027.

La legisladora considera que, sin esa reforma al Código Electoral, Nuevas Ideas hubiera perdido dos diputados en Salvador y uno en La Libertad. La reforma otorgó seis escaños a la circunscripción de salvadoreños en el extranjero quitando cinco del departamento de San Salvador y uno de La Libertad, por lo cual Villatoro sostuvo que le están quitando representación a 500,000 salvadoreños que viven en San Salvador.

El partido de derecha actualmente tiene dos escaños legislativos, uno en San Salvador que ocupa Villatoro, y otro de La Libertad, que ocupa el diputado Francisco Lira pero considera que siempre tendrían representación legislativa.