Organizaciones de derechos civiles y activistas calificaron este viernes de «cruel e ilegal» una nueva propuesta del Gobierno de Donald Trump para endurecer los requisitos de acceso a la asistencia para vivienda, al obligar a verificar la ciudadanía o el estatus migratorio de los beneficiarios.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, en inglés) publicó la propuesta, abierta a comentarios del público, que establece que la sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980, en su versión modificada, prohíbe al Secretario otorgar asistencia financiera a personas que no sean ciudadanos estadounidenses o no tengan un estatus migratorio elegible.
«Esta cruel e ilegal propuesta del HUD es un ataque directo contra los inmigrantes, las familias y las personas que dependen de la asistencia para la vivienda», indicaron las organizaciones en un comunicado conjunto.
La propuesta eliminaría disposiciones actuales que permiten que familias de «estatus mixto» (con algunos miembros elegibles y otros no) reciban ayuda prorrogada indefinidamente, y convertiría la asistencia prorrogada en algo temporal mientras se verifica el estatus de cada miembro.
Bajo la nueva regla, quienes no puedan comprobar su ciudadanía o estatus elegible dejarían de calificar para la asistencia, excepto por un breve período mientras se completa la verificación, lo que, según las organizaciones, podría dejar sin apoyo a miles de familias de estatus mixto.
Los grupos (Greater Boston Legal Services, LatinoJustice PRLDEF de Nueva York, Legal Aid Society, Massachusetts Law Reform Institute, la Unión de Inquilinos de Vivienda Pública de Massachusetts y el Proyecto Nacional de Derecho de Vivienda) recordaron que durante décadas la ley federal ha permitido que familias con estatus migratorio mixto vivieran juntas y que los subsidios se prorrateen según el número de miembros elegibles.
«Esta nueva propuesta abandona ese enfoque tradicional y, en cambio, obliga a las familias a tomar una decisión imposible: separarse o quedarse sin hogar», advirtieron.
Señalaron además que los propios datos del HUD reconocen que la norma desplazará a decenas de miles de familias, incluidos unos 37.000 niños, la mayoría ciudadanos, una acción que, aseguran, no aborda la crisis de vivienda del país.
También, advirtieron que la propuesta plantea «graves problemas legales y constitucionales» y que amenaza con causar daños «irreparables» a familias que han dependido legalmente de las protecciones de vivienda existentes durante años.
Los grupos afirmaron que están revisando esta política detenidamente y explorando todas las vías legales para mantener a las familias unidas y con vivienda.
Por su parte, el secretario de HUD, Scott Turner, indicó en su cuenta de X que «durante demasiado tiempo, inmigrantes ilegales e inelegibles han ocupado plazas en viviendas públicas gracias a la laguna legal para compartir apartamento con personas de estatus mixto, mientras que los estadounidenses se veían obligados a esperar».
Agregó que «se acabaron los días en que inmigrantes ilegales, personas sin derecho a voto y estafadores manipulaban el sistema y se aprovechaban de los contribuyentes estadounidenses».
Un estudio de diciembre del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) señaló que casi 80,000 personas podrían verse afectadas, y que miles de ciudadanos que reciban o soliciten estos programas podrían perder la asistencia si no pueden documentar su estatus migratorio.
