Autor: Yolanda Magaña

  • Diputados de Arena piden juicios justos y dicen que “nadie quiere sacar a ningún pandillero”

    Diputados de Arena piden juicios justos y dicen que “nadie quiere sacar a ningún pandillero”

    Los dos legisladores del partido Arena, que el miércoles no votó por la prórroga del régimen de excepción, aseveraron que no están a favor de la liberación de pandilleros pero que rechazan la falta de juicios justos y el encarcelamiento de personas inocentes que tienen cartas de libertad.

    Ambos diputados no se quedaron en la votación del régimen de excepción, ya que sus votos iban a ser registrados en contra.

    «Nadie quiere sacar libre a ningún pandillero, nadie, los pandilleros deben estar presos, todos estamos de acuerdo que no podemos volver a ese hecho en este país y es un compromiso de todos nosotros no permitir que ellos vuelvan a las calles… Nadie quiere volver a ese pasado”. Marcela Villatoro, diputada de Arena.

    La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguró que no permitirán que les modifiquen sus votos y que no recurren a la Sala de lo Constitucional porque esta «está secuestrada por este gobierno». “No somos cobardes, hemos dado la cara», dijo.

    Según la legisladora, atribuirles sus votos «en contra» del régimen de excepción es una estrategia para decir en campaña que «están en contra del pueblo».

    «No estamos en contra del pueblo salvadoreño, ni tampoco de las medidas para cambiar lo que está pasando en este país. Lo que estamos en contra es, por ejemplo, cuando ustedes no cumplen las cosas como respetar los derechos con un juicio justo, donde les postergan dos años a las personas para que puedan defenderse porque ni siquiera les han encontrado que han cometido algún delito», declaró en el pleno.

    Señaló al gobierno de tener encarceladas a personas con resoluciones de libertad. «Hay personas que tienen carta de libertad y no pueden salir, porque simple y sencillamente no se les ronca la gana», reclamó.

    El diputado Francisco Lira, del mismo partido, aseguró que «nunca» se han «opuesto a que los mareros no vean la luz del sol» pero insistió en que hay personas inocentes capturadas.

    «Los amigos que nos están acompañando con el uniforme celeste, saben que las mismas personas les dicen ‘tengo un familiar inocente en la cárcel’… Esos inocentes que tienen carta de libertad votaron por ustedes. Sigan así, el pueblo salvadoreño está observando los abusos del poder y ojalá que sigan pensando que la oposición solo somos tres diputados», indicó.

    El diputado recriminó a Nuevas Ideas que rechazó propuestas de Ley del registro de pandillas, ley para la defensa social y el abandono de la violencia, una ley para la revisión de casos del régimen de excepción y una comisión de alto nivel para liberar a los inocentes con carta de libertad, entre otras. Lira también exhortó a meter «presos a los funcionarios que negociaron con pandillas en este gobierno».

    «Hemos acompañado colocar más penas a los pandilleros, que se pudran en la cárcel por el tanto daño que le han hecho al pueblo… No vengan con una campaña con una campaña de que si la oposición tiene más diputados, vamos a sacar a pandilleros, dejen de mentir». Francisco Lira, diputado de Arena.

    Los diputados de Nuevas Ideas no respondieron a referencias sobre capturas de inocentes o juicios injustos, sino a la caída de homicidios durante el régimen de excepción. Consideraron que los diputados que votan por el régimen de excepción son valientes.

    Lira también afirmó que «la oposición está en las comunidades que no reciben medicina, escuelas destruidas, agro abandonado, el dinero ya no les alcanza para comer». “Es una descripción del país que dejaron sus gobiernos y que poco a poco vamos avanzando, esas escuelas, ese agro que dejaron abandonado”, dijo el diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, quien subrayó que en el Legislativo solo hay dos formas de votar «a favor» o «en contra».

  • EEUU limitará permanencia a titulares de visas de estudiantes y medios de comunicación

    EEUU limitará permanencia a titulares de visas de estudiantes y medios de comunicación

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció el miércoles una propuesta para limitar el tiempo en que ciertos titulares de visas permanezcan en Estados Unidos porque consideran que su permanencia “prácticamente indefinida” es un “riesgo para la seguridad”.

    Las visas bajo este nuevo límite serían al menos:

    Estudiantes extranjeros (visas F): el gobierno federal establecería periodos de admisión y prórroga para estudiantes extranjeros y visitantes de intercambio de no más de cuatro años. Desde 1978 podían permanecer en EE.UU. por un periodo indefinido sin nuevos controles llamado “duración de estatus”.

    Medios de comunicación extranjeros: establecerían una admisión inicial de un máximo de 240 días prorrogables, pero no superior a la duración de la actividad. Según la propuesta, deberán solicitar una autorización para prolongar su estancia al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), lo que exigiría evaluaciones periódicas.

    El comunicado no detalló otras visas afectadas por la nueva política.

    Según DHS, la permanece de estudiantes extranjeros, de intercambio y medios de comunicación extranjeros “cuesta una cantidad incalculable de dólares a los contribuyentes y perjudica a los ciudadanos estadounidenses” y la nueva regla “pondría fin a este abuso de una vez por todas”. Menciona que el gobierno tiene la carga de supervisar “a los estudiantes extranjeros y su historia”.

    “Los estudiantes extranjeros han aprovechado la generosidad de Estados Unidos y se han convertido en estudiantes ‘perpetuos’, matriculados de forma indefinida en cursos de educación superior para permanecer en Estados Unidos”. DHS, 27 de agosto.

    DHS indicó que la propuesta se realizó en 2020 pero fue retirada por el gobierno de Joe Biden en 2021.

  • EEUU y El Salvador negocian términos de deportaciones de migrantes extranjeros

    EEUU y El Salvador negocian términos de deportaciones de migrantes extranjeros

    Los gobiernos de El Salvador han estado negociando los términos de las deportaciones de los migrantes extranjeros aseveró en su visita el senador republicano Ted Cruz, luego de que más de 250 migrantes venezolanos estuvieran recluidos en El Salvador durante cuatro meses. Todos fueron señalados de integrar la banda criminal «Tren de Aragua» por el gobierno de Estados Unidos y ahora están en Venezuela.

    “El presidente Trump y el presidente Bukele tienen una buena relación, y ellos han estado negociando los términos de las deportaciones de Estados Unidos a El Salvador”, fueron las palabras del senador republicano en El Salvador, a la pregunta de un periodista sobre si pediría al presidente Nayib Bukele que El Salvador acepte migrantes que están detenidos en Estados Unidos, de diferentes nacionalidades, tal como ya pasó con los venezolanos.

    En la misma conferencia, brindada el martes por la noche, el senador también respondió que Bukele ha sido un “socio importante” en la respuesta que ha dado el gobierno de Trump a la crisis “por los últimos cuatro años” del gobierno de Joe Biden, a quien señaló de mantener las fronteras “abiertas” por lo cual ingresaron “asesinos, violadores y miembros de pandillas” a Estados Unidos. El funcionario destacó la reducción de los cruces fronterizos ilegales desde la gestión Trump.

    El senador Ted Cruz en el Cecot, en El Salvador, el 26 de agosto. / Seguridad.

    “El presidente Bukele ha demostrado un liderazgo similar aquí en El Salvador, ustedes tienen un líder electo por la población que no se rendirá a los cárteles y los criminales, pero sí va a proteger a la población”, finalizó su respuesta sobre si pediría al presidente salvadoreño recibir más inmigrantes extranjeros expulsados por Estados Unidos.

    El senador Cruz visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) según las fotografías publicadas tanto por el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, y por el mismo senador.

    “Recorrimos el Centro de Confinamiento del Terrorismo Cecot, la cárcel de máxima seguridad más grande de América. Sin duda esta experiencia será clave para compartir los logros alcanzados en materia de seguridad y fortalecer nuestras estrategias contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo”, indicó Villatoro, quien presentó a El Salvador como un “referente” en seguridad ante otras naciones.

    Ted Cruz elogió la estrategia de seguridad de El Salvador. / Ted Cruz.

    El CECOT fue el escenario principal del acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para recluir a migrantes extranjeros expulsados por la administración Trump y señalados de ser criminales, aunque sin proceso judicial o condena. El gobierno de El Salvador también pidió a EEUU que le envíe a los “sicarios de la MS-13 que están en Estados Unidos”.

    El acuerdo se dio a cambio de $20,000 anuales por prisionero o $6 millones anuales e inició el 16 de marzo con la deportación de 238 venezolanos señalados de integrar la pandilla Tren de Aragua y 23 miembros de la MS-13. El 31 de marzo, EE.UU. deportó a otros 17 supuestos miembros del Tren de Aragua y de la MS-13.

    La mayoría de venezolanos se mantuvieron en el Cecot durante 125 días, del domingo 16 de marzo al viernes 18 de julio, día en el cual El Salvador devolvió a todos los venezolanos (252) en un acuerdo a cambio de la liberación de 10 estadounidenses y presos políticos venezolanos.

    Un mes después, el 18 de agosto, la BBC publicó un reportaje sobre el maltrato que denuncian ocho venezolanos mientras estuvieron recluidos en el Cecot, entre los cuales mencionan golpizas, tablazos, golpes en las costillas, encierro de 24 horas diarias, torturas en “La isla” o celda de aislamiento, y un caso de abuso sexual de cuatro guardias contra el maquillista Andry Hernández. Todos, según la BBC, estuvieron “incomunicados” con familiares y defensores. Dos de los ocho tenían órdenes de deportación.

    Estados Unidos ha expulsado a migrantes extranjeros a otros países como Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, Costa Rica y México. Según la BBC y The Guardian, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) demandó al gobierno de Trump por la deportación de migrantes sin órdenes judiciales bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

    El senador republicano aseguró que Nayib Bukele no se rendirá a los cárteles y a los criminales. / Seguridad.
  • Próxima vigencia de Ley de Creación de la Red de Hospitales: Bukele emitiría reglamento en seis meses

    Próxima vigencia de Ley de Creación de la Red de Hospitales: Bukele emitiría reglamento en seis meses

    La nueva Ley de creación de la Red Nacional de Hospitales estará vigente desde el próximo sábado 30 de agosto, día en que empezarán a contar los seis meses que tiene el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para aprobar su reglamento.

    La normativa fue publicada en el Diario Oficial del 22 de agosto e iniciará su vigencia ocho días después. Su artículo 105 indica que el presidente de la República aprobará el reglamento dentro de los 180 días contados a partir de la vigencia de la misma, es decir, a más tardar a finales de diciembre de 2025.

    La ley ordena que los bienes, medicamentos e insumos adquiridos la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) para la remodelación, equipamiento, abastecimiento y funcionamiento del Hospital Nacional Especializado «Rosales» pasarán al patrimonio de la nueva Red Nacional de Hospitales. El ministro de Salud, Francisco Alabi, ha confirmado que el Hospital Rosales será el primero que estará bajo la nueva Red.

    La ley no establece plazos para que el personal bajo el Ministerio de Salud pase a la Red Nacional.

    El artículo 102 indica que el personal que labore en el Hospital Rosales continuará bajo el Ministerio de Salud mientras la junta directiva de la nueva Red Nacional emita mecanismos para que pasen a la Red «cuando se considere oportuno y necesario».

    La Red Nacional también decidirá si admitir a los médicos que cursen actualmente su residencia médica para que puedan culminarlo «en la Red Nacional».

    La nueva ley establece un régimen de compras y de contrataciones en los hospitales, exige cinco años de servicio obligatorio a los médicos que hagan su residentado en la Red, permite la contratación de médicos extranjeros sin homologación durante 10 años renovables, permitirá hacer concesiones y obliga a las entidades privadas a brindar colaboración si la Red lo requiere.

    La directiva de la Red es conformada por un presidente nombrado por el presidente de la República, un director designado por el presidente de la República, el ministro de salud, un director nombrado por la DOM y un director nombrado por la Dirección Nacional de Compras Públicas.

  • Desaparición de 5 niños salvadoreños en operativo de la FAES en 1982 llega a Corte Interamericana

    Desaparición de 5 niños salvadoreños en operativo de la FAES en 1982 llega a Corte Interamericana

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este jueves que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso que denuncia la desaparición forzada de cinco menores de la familia Rivas durante la guerra civil en El Salvador. Los afectados piden medidas de reparación, atención psicológica, investigación penal y garantía de no repetición.

    El caso 13.932 trata sobre la desaparición de José Vicente, Clara Vilma, Juana Noemy, Gladys Suleyma y Norma Rivas, niños entre 3 y 11 años de la misma familia, atribuidas a agentes de la Fuerza Armada y ocurrida en agosto de 1982 durante la guerra salvadoreña.

    El caso, presentado en marzo de 2012 ante la CIDH, denuncia el ataque de soldados en el volcán Chinchontepec, en donde los habitantes regresaron al lugar y encontraron varios cadáveres pero no de los menores, por lo que se incluyen como desaparecidos en el Informe de la Comisión de la Verdad.

    El proceso incluye tres demandas de habeas corpus contra miembros del Batallón Atlacatl y de la Quinta Brigada de Infantería de la Fuerza Armada.

    En 2011 y 2017, la Sala de lo Constitucional en El Salvador ordenó recabar información del operativo “Anillo”, la Comisión Nacional de Búsqueda abrió una investigación en 2012. La Fiscalía informó en 2017 que aún continuaba la investigación según la CIDH.

    La CIDH concluyó, según el comunicado, que hubo desaparición forzada y que la “sustracción» de los menores «fue cometida por miembros de la Fuerza Armada en agosto de 1982”.

    Como “esfuerzos” señalan la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda en 2010 y una política fiscal en 2018 pero no lo consideran suficiente ni diligente.

    La CIDH reclama “más de 10 años” de investigaciones “sin avances significativos”, y respuestas “negativas” a pedidos de información, así como declaratoria de inexistencia de información del Ministerio de la Defensa y del Estado Mayor Conjunto. “El Estado no realizó una investigación inmediata, exhaustiva, seria e imparcial”, e “impuso obstáculos para el acceso a la información y a archivos relevantes”, indicó la CIDH según el comunicado.

    Por ello consideran que el Estado violó derechos a la vida, integridad personal, protección familiar, a la garantía judicial, al derecho a recibir información, todos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.

  • Menores de 14 años y mayores de 79 también deberán asistir a entrevista presencial al solicitar visa a Embajada de EEUU

    Menores de 14 años y mayores de 79 también deberán asistir a entrevista presencial al solicitar visa a Embajada de EEUU

    La Embajada de los Estados Unidos en San Salvador informó este jueves que a partir del próximo martes 2 de septiembre los solicitantes de visas de no inmigrante deberán “asistir a una entrevista presencial con un oficial consular” en la mayoría de las categorías.

    Según el anuncio de la oficina diplomática, los solicitantes menores de 14 años y mayores de 79 años ya no podrán usar el proceso de exención de entrevista para solicitar la visa.

    La Embajada sostuvo que con este cambio busca fortalecer la seguridad y la uniformidad del proceso de otorgamiento de visas de no inmigrante.

    Para solicitar las visas de corto plazo para viajar a los Estados Unidos, por turismo, negocios, educación, entre otros, se llena una solicitud en línea “formulario DS-160”.

    La tarifa de la solicitud de visa de EE.UU. continúa en $185, la Embajada de EE.UU. en San Salvador no ha informado sobre la aplicación de la nueva tarifa de “Visa de integridad” mencionada en la reciente ley presupuestaria emitida por el gobierno estadounidense.

    El pasado 25 de julio, el Departamento de Estado de EEUU informó que a partir del 2 de septiembre actualizará las categorías elegibles para una exención de la entrevista de visa de no inmigrante. “Todos los solicitantes de visa de no inmigrante, incluyendo los menores de 14 años y mayores de 79, generalmente requerirán una entrevista en persona con un funcionario consular”.

    Algunas excepciones incluyen asistentes, empleados personales de funcionarios acreditados, solicitantes de visas diplomáticas, entre otros.

    El anuncio aclaró que los funcionarios consulares podrán requerir entrevistas en persona caso por caso “por cualquier motivo”.

  • Un mes para pagar deudas sin multas o intereses moratorios en Santa Tecla y Comasagua

    Un mes para pagar deudas sin multas o intereses moratorios en Santa Tecla y Comasagua

    La “Ordenanza transitoria para el pago de tributos con dispensa de multas e intereses moratorios del municipio de La Libertad Sur” está vigente desde hoy y busca recuperar deuda que tienen los contribuyentes con la municipalidad para “incrementar los ingresos”.

    El decreto municipal permite que personas naturales y jurídicas, arrendatarios de centros comerciales municipales, como el Central, Dueñas y Comasagua, y de cementerios municipales, que se encuentren en mora, puedan solicitar planes de pago de sus deudas con la dispensa de intereses.

    Los contribuyentes deberán desistir de demandas administrativas o judiciales, y se les perdonaría el 100 % del pago de intereses y multas si el pago es total; el 75 % si es un plan de pagos de dos a seis cuotas; 50 % si es de siete a 12 cuotas.

    El beneficio durará 30 días calendarios que inician este jueves 28 de agosto, ya que la ordenanza inició su vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial del 20 de agosto. La ordenanza fue aprobada el 14 de agosto.

  • Gobierno pide préstamo de $60 millones del BID para plan de transporte y seguridad vial en el AMSS

    Gobierno pide préstamo de $60 millones del BID para plan de transporte y seguridad vial en el AMSS

    El gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa la autorización para suscribir un contrato de préstamo de $60 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para desarrollar un proyecto que busca mejorar la calidad del sistema de transporte público en el área metropolitana de San Salvador (AMSS).

    El préstamo busca también aumentar la eficiencia del sistema de pago del transporte público del AMSS, mejorar la planificación del transporte público y mejorar la seguridad de la infraestructura vial en carreteras críticas en donde suelen darse accidentes de tránsito, como Autopista Comalapa, Troncal del Norte y Autopista de Oro en busca de mejorar la seguridad de los automovilistas, motociclistas, peatones y ciclistas.

    El nombre del proyecto es “Programa de apoyo al sistema de movilidad urbana del área metropolitana de San Salvador (AMSS)”. El préstamo fue aprobado el 6 de agosto por el BID bajo el número de proyecto: ES-L1164.

    El plazo de préstamo será de 25 años, se pagará en 66 meses semestralmente, a una tasa de referencia más el margen aplicable para préstamos de capital ordinario y una comisión no mayor al 0.75 % por año desde los 60 días de la suscripción del contrato.

    El préstamo, según su propuesta publicada por el BID, tiene tres componentes:

    1. Fortalecimiento institucional y sistemas tecnológicos: $22 millones

    Este componente incluiría una consultoría para realizar un Plan Integral de Movilidad Sostenible para el AMSS con enfoque en desarrollo urbano, mujeres, inclusión; bienes y servicios para un Centro de Inteligencia de Datos que estudie los patrones de movilidad; el diseño y la implementación de un Sistema de Pago Electrónico con un análisis tarifario diferenciado para personas con discapacidad, adultos mayores, niños y estudiantes; y una consultoría sobre gestión del transporte público.

    2. Infraestructura segura: $35 millones

    Incluiría obras como mejoramiento de señalización, cruces peatonales, banquetas, barreras protectoras, eliminación de obstáculos peligrosos en costados de vía, alumbrado, rehabilitación de pavimento, en los tres corredores con mayores índices de siniestralidad.
    Consultoría para estudios técnicos de seguridad vial en corredores del AMSS.

    3. Administración, evaluación y auditorías: $3 millones

    Según la propuesta de préstamo, el gobierno salvadoreño tiene una propuesta para avanzar en una reforma del transporte público que incluye nuevos modos de transporte como el metro de San Salvador y una red de metrocables, mejorar los corredores viajes de alta siniestralidad, renovar la flota de buses, implementar un Sistema de Pago Electrónico y construir un centro de control de tránsito, transporte público e inteligencia de datos.

    Toda la propuesta de transporte del gobierno tendría un costo de “al menos $2,600 millones”, por lo que se menciona que existe coordinación con otras entidades financieras o donantes como la Unión Europea, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y Banco Mundial.

  • Gobierno dice pandilleros persisten con actividades delictivas y comunicaciones con cabecillas incluso “en centros de detención”

    Gobierno dice pandilleros persisten con actividades delictivas y comunicaciones con cabecillas incluso “en centros de detención”

    En sus argumentos para aprobar la 42a. prórroga del régimen de excepción, el gobierno de El Salvador sostuvo que las autoridades “siguen ejecutando un número considerable de detenciones de integrantes y líderes de estructuras criminales organizadas o terroristas en diversas zonas del país, tanto urbanas como rurales” y que han detectado que cometen delitos y se comunican, incluso con cabecillas y en centros de detención.

    En su solicitud dirigida a los secretarios, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Adolfo Muñoz, citó la situación reportada por el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, e hizo una síntesis.

    Puede leer: Bukele dice que «pronto» podrá rebajar el régimen de excepción en El Salvador

    “La labor operativa y de inteligencia policial ha detectado que integrantes de estructuras de crimen organizado no solo participan activamente en la ejecución de actos ilícitos, sino que además desarrollan mecanismos sofisticados para mantener una comunicación constante y efectiva con sus líderes, tanto aquellos que permanecen en centros de detención como quienes han recuperado su libertad”, indicó, en la síntesis presentada a los diputados directivos de la Asamblea Legislativa.

    “Estas redes de información llevan a cabo coordinación de estrategias y transmisión de instrucciones para asegurar la continuidad operativa de las actividades delictivas en diversos territorios”, afirmó, en su misiva enviada al Legislativo, al comunicar la decisión del Consejo de Ministros de solicitar la prórroga 42 del régimen de excepción.

    La nueva prórroga del régimen de excepción, que cumplirá tres años y medio a fines de septiembre, fue aprobada con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados. Arena se ausentó y Vamos votó en contra.

    “Las medidas extraordinarias decretadas han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción histórica en los índices de homicidios y la captura de más de 88,000 terroristas, ciertamente es necesario prolongar dicho régimen de excepción”. Adolfo Muñoz, secretario jurídico de Presidencia.

    Según el gobierno, por esas razones, existe “la necesidad de mantener las medidas extraordinarias en el trabajo policial que permitan limitar el margen de acción de tales estructuras”.

    Drogas, armas y menores

    De la misma manera, los integrantes de estructuras criminales organizadas o terroristas cometen delitos como «portación ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas».

    Ello ha «generado tensiones internas y disputas por el control territorial y de rutas ilícitas», por lo que asevera que hay una «persistencia» de las actividades delictivas de estos grupos.

    A ello le suma el uso de menores de edad en las actividades delictivas: «Continúan siendo utilizados para participar en la reorganización de actividades ilícitas en los territorios donde residen, lo que representa una amenaza actual para la seguridad pública».

    El régimen de excepción fue establecido el 27 de marzo de 2022; el gobierno está a punto de contabilizar 1,000 días sin homicidios durante la gestión actual. Organizaciones no gubernamentales denuncian al menos 6,500 violaciones contra derechos humanos durante su aplicación y más de 400 detenidos fallecidos bajo custodia estatal.

    En junio de 2025, el excomisionado de derechos humanos Andrés Guzmán declaró que hacía falta capturar 40,000 pandilleros en El Salvador. «Operando creo que no están, pero no sabemos dónde están y qué están haciendo», afirmó en esa ocasión.

    En diciembre de 2024 y en enero de 2025, sin embargo, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, había asegurado que faltaban 8,000 «remanentes» o pandilleros por capturar.

    «Es un aproximado de 8,000 miembros que tenemos pendientes de capturar», aseveró en un encuentro con corresponsales de medios extranjeros. Hace nueve meses, el presidente Nayib Bukele aseguró que podría «rebajar» el régimen de excepción. Sin embargo, Bukele pidió votar por Nuevas Ideas en la campaña 2024

  • Centro agropecuario busca impulsar siembra de maíz y frijol con préstamo de $6 millones del BFA

    Centro agropecuario busca impulsar siembra de maíz y frijol con préstamo de $6 millones del BFA

    El gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa una reforma presupuestaria para incorporar $6 millones que otorgó en préstamo el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) al Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario, una entidad estatal descentralizada, con la finalidad de aumentar la producción de maíz y frijol.

    La solicitud fue enviada por el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, al ministro de Hacienda, Jerson Posada, quien la remitió a la Asamblea Legislativa. La solicitud fue recibida el 27 de agosto a las 11:37 a.m.

    Según el ministro de Hacienda, con los fondos ejecutarán el programa «Fomento de la siembra de alto rendimiento de maíz y frijol» para «contribuir al incremento de la producción y productividad de estos cultivos», mediante la «tecnificación y mecanización del proceso agrícola».

    Los fondos se incorporarán al presupuesto de la institución descentralizada no empresarial en la línea de trabajo “Innovación, competitividad y programas agroproductivos”. La petición será estudiada en la Comisión de Hacienda.

    El CDCA fue una entidad del Estado, descentralizada, creada por la Ley de comercialización agrícola, que inicialmente buscaba regular precios de los productos agrícolas pero tras una observación presidencial el Centro quedó con la facultad de «disminuir las distorsiones de precios» de los productos agrícolas.

    El primer director del CDCA, quien era representante de una empresa de transporte de carga, logística, distribución, almacenamiento, custodia y compra de mercadería, renunció en abril de 2024.

    Al menos 2.9 millones de salvadoreños sufrieron inseguridad alimentaria moderada o grave entre los años 2022 y 2024 según el informe «El estado de seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo», publicado el lunes 28 de julio de 2025, por cinco agencias de Naciones Unidas (ONU). La población salvadoreña en inseguridad alimentaria aumentó 3.3 puntos porcentuales respecto a las 2.6 millones de personas en inseguridad alimentaria en el periodo 2014-2016.

    En agosto de 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó a El Salvador en la lista de países con «alto riesgo» de aumento en la desnutrición y enfermedades por las potenciales pérdidas agrícolas debido a los impactos del fenómeno El Niño proyectados entre uno y dos años.