La asociación Cristosal aseveró que las personas detenidas bajo el régimen de excepción en El Salvador podrían permanecer en prisión por más de cinco años sin una condena, con la nueva reforma a la Ley especial contra el crimen organizado que extendió por dos años más el plazo máximo para que la Fiscalía los acuse formalmente.
En un comunicado divulgado la noche del lunes, la organización explicó que estas reformas permitirán que “la fase de instrucción se prolongue por más de cinco años” sin que sean llevados a una audiencia ante un juez.
Las reformas permiten que haya una “audiencia única” y que esta quede abierta hasta por dos años adicionales, algo que Cristosal consideró una “condena anticipada”, un “plazo irracional e injustificable”, una apertura a “condenas injustas masivas” y una “política de terror de Estado”.
Según la asociación, la reforma “disminuye aún más las garantías judiciales para adolescentes detenidos”, ya que serán procesados con adultos.
Cristosal dice que esta reforma viola los artículos 1, 2, 11, 12 y 13 de la Constitución de la República, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Insistió en que “la gran mayoría de detenciones durante el régimen de excepción han sido arbitrarias”.
Las autoridades salvadoreñas han reportado más de 88,000 personas capturadas y al menos 860 días sin homicidios durante el régimen de excepción aplicado desde el 27 de marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
Mientras, Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario, organizaciones cuyos directores se retiraron de El Salvador, han reportado más de 6,500 violaciones a derechos humanos, torturas y la muerte de más de 400 detenidos bajo custodia estatal durante el régimen de excepción. La medida, que es prorrogada cada mes por la Asamblea Legislativa, suspende derechos constitucionales de defensa, plazo máximo de 72 horas de detención sin audiencia y privacidad de las telecomunicaciones.
El viceministro de Hacienda, Luis Sánchez, declaró ayer ante los diputados de la Comisión de Hacienda que dicha cartera de Estado tiene un plan para ampliar la base tributaria pero que no busca aumentar impuestos sino que «todos paguen».
“Tenemos planes de incremento de la base tributaria, el Ministerio de Hacienda no busca cobrar más impuestos, ni incrementar impuestos, sino que todos paguen, tenemos ese plan de ampliación de la base tributaria”, fueron las palabras del funcionario.
Sánchez acudió a la Comisión junto a la directora de Políticas Económicas y Fiscales, Jaqueline Argumedo, para explicar el informe de labores del Ministerio de Hacienda correspondiente al periodo de julio de 2024 a mayo de 2025, aprobado por la Comisión de Hacienda y que sería aprobado en la sesión plenaria de este martes.
El informe reporta un aumento de ingresos tributarios de $6,881.7 millones en 2023 a $7,483.8 millones en 2024, una carga tributaria del 21.2 % del Producto Interno Bruto (PIB), un aumento de $602.1 millones o 8.7 % de 2023 a 2024.
Los ingresos tributarios han aumentado $2,570 millones respecto a los $4,913.8 millones recaudados en 2019.
“Tenemos planes de incremento de la base tributaria, el Ministerio de Hacienda no busca cobrar más impuestos, ni incrementar impuestos, sino que todos paguen. Entonces, tenemos ese plan de la base tributaria. Durante los últimos años, hemos incrementado en más de $2,000 millones los ingresos, sin incrementar un tan solo impuesto”. Luis Sánchez, viceministro de Hacienda.
Los ingresos totales del Estado han incrementado de $6,148.8 millones en 2019 a $9,048.2 millones.
El aumento de ingresos del Estado es atribuido al Plan Antievasión, al Plan Anticontrabando, la recuperación de mora y la implementación de la factura electrónica, aplicada por un 96 % de grandes contribuyentes y 97.2 % de medianos contribuyentes.
El representante de Hacienda presentó un gráfico sobre la inversión pública, que muestra que la inversión pública cerró en $1,300 millones en 2024, con una baja leve respecto al año 2023, que registró una inversión de $1,326 millones.
El viceministro proyectó una inversión pública “por encima de los $1,300 millones” al cierre del año 2025, con la reconstrucción de escuelas y obras realizadas por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y la construcción de hospitales.
En el informe final de la primera revisión al programa de Servicio Ampliado (SAF), publicado el 15 de julio el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que, “si los ingresos no son suficientes, acordaron (las autoridades salvadoreñas) adoptar medidas de contingencia para optimizar aún más el gasto no salarial no prioritario” y mencionó una tarifa de entrada turística para no residentes de $20, aumento del impuesto al consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas.
Préstamos y refinanciamiento de Letes
Hacienda reportó $1,076.9 millones en préstamos aprobados en el año informado: $120 millones del Banco Mundial, $$295 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), $465 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF), $113.9 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y $83 millones del Fondo Saudita para el Desarrollo.
También, reveló que hubo un refinanciamiento de la deuda de corto plazo para disminuir las «presiones de caja» y mejorar la liquidez.
«La República logró refinanciar y disminuir su deuda de corto plazo traslándola a mediano plazo, disminuyendo sus presiones de caja y mejorando la liquidez del tesoro público», reza la presentación presentada en la Comisión.
Reperfilamiento de la deuda de corto plazo según presentación de Hacienda.
La operación de manejo de pasivos realizada, según la presentación, logró disminuir la circulación de bonos salvadoreños de $1,748.99 millones antes de la recompra a $1,262.17 millones después de la recompra.
Así mismo, proyectó acciones para mejorar la recaudación tributaria, contener el gasto público sin afectar sectores estratégicos con el fin de llevar la deuda pública a una «trayectoria descendente» según el Servicio Ampliado de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El ministro de Salud, Francisco Alabi, prometió el lunes que los médicos residentes, especialistas y subespecialistas que integren la nueva Red Nacional de Hospitales tendrán salarios que oscilarán entre $3,800 y $4,500 mensuales, al defender la prohibición que tendrán estos para dedicarse a consultas privadas al laborar para la Red.
El dictamen del proyecto de nueva Ley de Creación de Red Nacional de Hospitales fue aprobado el lunes con 15 votos y probablemente será aprobado en la sesión plenaria de este martes.
El diputado Francisco Lira, de Arena, quien votó en contra, preguntó si los médicos residentes que serán obligados a prestar un servicio de cinco años en la Red Nacional de Hospitales recibirán salarios como especialistas o como internos. «¿Por qué no se les permitirá trabajar en el sector privado?», cuestionó Lira.
En respuesta, el ministro de Salud defendió la prohibición de atender consultas privadas para todos los médicos de la nueva Red Nacional de Hospitales, que será una nueva entidad, adicional al Ministerio de Salud y que irá absorbiendo gradualmente los hospitales públicos.
“Los médicos residentes, especialistas y subespecialistas van a tener un salario acorde, que va a rondar entre los $3,800 y los $4,500 mensuales dependiendo cuántas especialidades tengan”, aseveró Francisco Alabi en su reunión con la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente.
“Esto es mejorar por mucho. Un especialista por un par de horas, ocho horas, está recibiendo $1,200 en base a la base salarial existente en el Ministerio de Salud”, ejemplificó el funcionario, al explicar la prohibición que tendrán los médicos de la Red para dar consultas privadas.
La nueva Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales crea un nuevo régimen de compras y adquisiciones hospitalarias, prohíbe consultas privadas a los médicos y establece un servicio obligatorio de cinco años a los médicos residentes.
Esta Red estará regida por una junta directiva conformada por un presidente nombrado por la Presidencia de la República para un periodo de cinco años, un director designado por la Presidencia de la República, el ministro de Salud, un director designado por la Dirección Nacional de Obras Públicas (DOM) y un director designado por la Dirección Nacional de Compras (Dinac).
La Red estará facultada a dar concesiones, a autorizar contratación de obras y a decidir sobre construcciones o remodelaciones de hospitales y centros de salud. la normativa autoriza contrataciones directas por invitación directa.
El ministro de Salud, Francisco Alabi, defendió el servicio obligatorio de cinco años que deberán realizar los médicos que obtengan su especialidad mediante el proceso de residentado en la nueva Red Nacional de Hospitales y aclaró que se aplicará solo para los nuevos aspirantes a partir de los años 2026 o 2027.
El lunes, en la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, Alabi relató que “un especialista muy reconocido” le dijo que está “totalmente de acuerdo” con el servicio obligatorio de cinco años ya que así se les da la oportunidad de obtener su especialidad «ganando un salario idóneo y con trabajo fijo».
“Aclarar que este proceso en el cual van a reponer esos cinco años no es nuevo, eso existe en todos los países del mundo y esto es una manera en la cual el personal retribuye esa formación académica”. Francisco Alabi, ministro de Salud.
El funcionario explicó que el Estado gasta en la formación de especialidades de los médicos y que un instrumento médico puede “echarse a perder por un mal uso” y aclaró que no se aplica para los médicos residentes actuales.
“Evidentemente esto debe retribuirse a través de la prestación de sus servicios por un periodo en este de cinco años. No va a ser con los que están actualmente, quiero aclararlo, ellos entraron con base a lo que se estableció en el Ministerio de Salud, se formaron tres años, retribuyen tres años. Estos cinco años inician con los nuevos aspirantes que entren a la formación dentro del Hospital Rosales, que esto será en 2026 y 2027”, informó el titular de Salud.
¿Y si los actuales residentes ingresan a la Red?
Los médicos residentes que hayan cursado su programa en los hospitales del Sistema Nacional Integrado de Salud y hayan cumplido con el tiempo de su programa de residencia, podrán optar por culminarlo en la Red Nacional de Hospitales y, si es admitido, sí tendrá que prestar el servicio obligatorio «durante el tiempo que les reste» de los cinco años.
El médico residente que pase a la nueva Red Nacional de Hospitales deberá cumplir con el servicio obligatorio bajo régimen laboral de salarios, prestaciones y sanciones de dicha Red de forma exclusiva para la institución.
Estos médicos tampoco podrán «realizar de manera particular el ejercicio de la profesión durante ese periodo».
También, los médicos residentes que se integren a la nueva Red se someterán a las sanciones del artículo 44 por incumplimiento del servicio compensatorio obligatorio o incumplimientos de responsabilidad profesional, laboral o de conducta.
Así, podrá ser suspendido temporalmente del ejercicio profesional, su licencia de especialidad podría ser revocada o podría ser inhabilitado para ocupar cargos públicos, sanciones que podrán durar «hasta que compense el tiempo obligatorio requerido» con la «debida atención y cuidado».
El proyecto de ley podría ser aprobado en la sesión plenaria de este martes, si la junta directiva de la Asamblea Legislativa decide agendarlo. La integración de los hospitales bajo el Ministerio de Salud a la nueva Red será gradual.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el lunes el dictamen favorable para autorizar la firma de un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “Programa de trayectorias educativas completas y su resiliencia al cambio climático” por hasta $150 millones.
El préstamo, cuya autorización podría ser aprobada en la sesión plenaria de este martes luego de su dictamen aprobado el lunes, incluye la construcción de centros escolares, su equipamiento, un programa piloto de transporte escolar en parvularia y secundaria, la reinserción educativa de migrantes deportados o retornados, y el acceso a estudiantes con discapacidad.
Delia Reyes, subdirectora de inversión y crédito público del Ministerio de Hacienda, mencionó que buscan fortalecer las capacidades de gestión educativa incluidas medidas de mitigación y adaptación al riesgo climático, y prometió que beneficiarán a más de 39,000 estudiantes de diferentes centros educativos.
El préstamo se pagará en 25 años.
El proyecto incluye las siguientes actividades:
1. Ampliación, rehabilitación y construcción de centros escolares resilientes al cambio climático y con estándares de accesibilidad universal.
2. Adecuación y dotación de aulas, equipamiento.
3. Incrementar ofertas en parvularia y secundaria.
4. Programa piloto de transporte escolar en parvularia y secundaria.
5. Formación de directores y docentes.
6. Recursos y libros de texto a escuelas y familias.
7. Acceso a plataformas digitales educativas.
8. Contratación de servicios para la permanencia escolar priorizando centros escolares con altos índices de deserción.
9. Consultoría para identificar y dar seguimiento a estudiantes con discapacidad, dotación de recursos.
10. Identificar y dar seguimiento a estudiantes migrantes retornados en el sistema educativo, mediante protocolos académicos, modalidades alternas e interoperabilidad entre instituciones encargadas de atención a migrantes.
11. Gastos de administración, auditoría, monitoreo y otros.
Una nueva que será aprobada en las próximas horas obligará a los privados a colaborar con la Red Nacional de Hospitales en los requerimientos que esta formule y sus peticiones deberán ser «atendidas con la celeridad, prontitud y prioridad» para el cumplimiento «efectivo y oportuno» de los objetivos.
Así lo dicta el artículo 97 de la nueva Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, cuyo dictamen fue aprobado el lunes y decreto sería aprobado este martes en sesión plenaria.
El diputado Francisco Lira, de Arena, preguntó cómo se manejará esta colaboración que se exigiría a los hospitales privados.
El ministro de Salud, Francisco Alabi, respondió que esto ocurrirá en casos excepcionales como en la pandemia por covid-19.
“Cuando se trata del tema de la salud es la prioridad, no hay otra prioridad. Tuvimos una situación excepcional de salud, eso es la pandemia, se está contemplando desde la ley que exista en eventos excepcionales de salud, situaciones en las cuales hay un apoyo directo con un solo objetivo, que es el de brindar la salud a la población en El Salvador», indicó al diputado.
Artículo 97 del proyecto de Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales.
Alabi sostuvo que el covid-19 «agarró a todos por parejo» y que «en ese momento la única oportunidad para unos pacientes fue el conocimiento escaso que había acerca de la enfermedad y tener acceso a un hospital de cualquier índole».
El diputado Lira sugirió colocar “Situaciones especiales” en el artículo 97 para no afectar el derecho a la propiedad privada.
“Yo se lo digo porque yo estuve internado en el hospital San Rafael por el covid, sé la calamidad que se vive, no tenían guantes, gabachas, medicamentos y decían código rojo, se moría uno, se moría otro, otro… Yo le llamo a que se pudiera colocar en qué momentos se va a usar el tema de hospitales privados porque, si no, queda abierto. ¿Cómo queda la Constitución de la República con el tema de propiedad privada?, cuestionó el legislador de derecha.
El diputado Ricardo Rivas Villanueva, de Nuevas Ideas, quien preside la Comisión de Salud, le pidió una propuesta de redacción por escrito; Lira insistió en conocer la opinión del ministro de Salud sobre su observación al artículo 97.
«Apoyo, no usurpación»
El ministro negó que se esté afectando la propiedad privada aunque no opinó sobre la posibilidad de aclarar en el artículo que la colaboración de privados se realizará en situaciones excepcionales.
“Hay ocasiones en las cuales la salud de la población sufre una alteración en la cual se requiere el apoyo interinstitucional en todo sentido y digo apoyo, no usurpación. Lo que se busca no es quitarle la propiedad privada, no se trata en ningún momento de quitarle la propiedad privada a todos los inversionistas que están en el rubro de la salud en el ámbito privado”, respondió Alabi al diputado Lira.
El ministro aseveró que esto tampoco está vinculado a las “concesiones” mencionadas en el artículo 3 que podría otorgar la Red Nacional de Hospitales. “Son situaciones excepcionales en pacientes con enfermedades específicas”, dijo.
El proyecto de nueva ley de Red Nacional de Hospitales fue aprobado con 15 votos dentro de la Comisión de Salud, Agricultura y Medioambiente. El diputado Francisco Lira votó en contra. El decreto será sometido a votación en una sesión plenaria posiblemente este martes.
La Comisión de Salud, Agricultura y Medioambiente de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen favorable de una nueva Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, la cual crea un nuevo régimen de compras y adquisiciones hospitalarias, prohíbe consultas privadas a los médicos y establece un servicio obligatorio de cinco años a los médicos residentes que formen parte de la Red.
El dictamen favorable fue aprobado con 15 votos después de la explicación del ministro de Salud, Francisco Alabi, quien llegó a la Comisión.
Alabi definió la nueva Red Nacional de Hospitales como “un nuevo brazo” u “otro compañero de equipo” ante la “necesidad creciente del tema sanitario”. “No solo se trata de la mejora en la calidad sino de incorporar herramientas jurídicas”, resumió.
La incorporación de hospitales a la Red Nacional será gradual y, según el ministro, no sustituirá a la actual Dirección de Hospitales del Ministerio de Salud que tendrá los hospitales que aún no cumplen los estándares para integrar la nueva Red.
“Va a continuar funcionando (la Dirección de Hospitales del Ministerio de Salud); por un lado la Red Nacional de Hospitales pero por otro lado tendríamos los hospitales que no estarían dentro de esta red”, respondió a la pregunta de la diputada Norma Lobo (Nuevas Ideas), sobre si seguirá funcionando la Dirección del Ministerio.
Lo explicó así: “Aquellos hospitales que no tengan la planificación y estándares para cumplir pertenecerán siempre al Ministerio de Salud y progresivamente se van a ir sustituyendo para que alcancemos el máximo estándar posible en algo tan elemental que es la salud de la población salvadoreña”.
¿Por qué Presidencia y no Salud?
La diputada Maricela de Guardado (Nuevas Ideas) le preguntó a Alabi por qué se definió la Presidencia de la República y no el Ministerio de Salud como el ramo al que se vincula la nueva dirección de Red Nacional de Hospitales.
“¿Y no el presidente es la persona que está más preocupada porque la población salvadoreña reciba lo mejor? Y definitivamente a través de su iniciativa esperamos que esto sea un éxito más que se avecina para que la población pueda recibir la mejor atención”, fue la respuesta del ministro Alabi. Indicó también que muchas veces el personal de salud “hace funciones que no debería estar brindando” y que la nueva Red incorpora “capacidades científicas mejor demostradas”.
El diputado Francisco Lira, de Arena, quien votó en contra de la normativa, hizo las siguientes preguntas al funcionario:
1. ¿Ya hicieron una consulta de la ley con la población?
2. ¿Cómo se garantizará que la estructura asegura la autonomía de la Red Nacional de Hospitales y cómo se protegerá de la influencia política ya que el designado de la Presidencia tendrá doble voto en la junta directiva de la Red?
3. Los médicos residentes tendrán que pasar cinco años de servicio obligatorio en la Red de hospitales, ¿serán pagados como especialistas o como internos, y por qué no se les permitirá trabajar en el sector privado?
4. ¿Por qué crear una Red en lugar de mejorar y asignarle recursos necesarios al Ministerio de Salud? ¿No tiene la capacidad para administrarlos?
El ministro contestó que el proyecto ha sido consultado y responde a las necesidades de atención de salud de la población.
A la segunda pregunta respondió que el Ministerio de Salud tiene participación a través de una junta directiva y que esta verifica el cumplimiento de los procesos administrativos y está separada de la atención médica.
El funcionario defendió el servicio obligatorio para los médicos que hagan su especialidad en la nueva Red como un mecanismo de retribución y también defendió la prohibición para los médicos de la nueva Red de dar servicios privados de consulta. «No va a ser con los que están actualmente, quiero aclararlo, estos cinco años inician con los nuevos aspirantes que entren a la formación dentro del Hospital Rosales, será en 2026 y 2027», indicó.
«Concesiones»
El diputado Francisco Lira preguntó si habría una privatización de la salud por la nueva facultad que tendrá la Red Nacional de Hospitales de dar «concesiones», según el literal “g” del artículo 3 del proyecto.
“En ningún momento se está privatizando la salud”, respondió Alabi, quien agregó que el servicio es gratuito. “No se pretende en ningún momento privatizar la salud”, subrayó. Posteriormente aseguró que estas «son situaciones excepcionales en pacientes con enfermedades específicas».
El diputado Herberth Sierra, de Nuevas Ideas, preguntó la ley no usará la Ley de Compras Públicas. Alabi respondió que no responde a las realidades actuales.
La normativa crea una autoridad hospitalaria paralela al Ministerio de Salud conformada por un presidente y cuatro directores y con poder decisión con mayoría simple. Podrían decidir sobre adjudicación de obras, contrataciones directas con invitación directa para obras, concesiones, además de otorgar prestaciones, bonos, premios y reconocimientos para empleados.
La nueva Red podrá contratar a médicos extranjeros sin homologación hasta por 10 años prorrogables y no será vigilada por la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS).
La Comisión de Hacienda aprobó este lunes dos dictámenes favorables para exonerar de todo tipo de impuesto los proyectos de instalación de una planta de generación eléctrica con biogás en el río Acelhuate en San Salvador y la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del río Chilama con la ampliación del alcantarillado en La Libertad.
Los diputados aprobaron, por unanimidad de los presentes, el dictamen 123 para la planta de tratamiento del río Chilama y el dictamen 124 para la planta de biogás.
Los sujetos exentos serán la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), contratistas y subcontratistas, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), la sociedad ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A., así como las personas naturales o jurídicas involucradas como contratistas o subcontratistas relacionadas a ambos proyectos, y no a actividades personales.
La planta de generación eléctrica con biogás estará ubicada en el municipio de San Salvador Centro, entre los distritos de Ciudad Delgado y Cuscatancingo; y la planta de tratamiento de agua estará ubicada en el departamento de La Libertad.
Impuestos exentos
La exención aplicará a todo tipo de compras relacionadas con el proyecto: compra de maquinaria, equipos, herramientas, materiales, accesorios y repuestos, construcción de las obras civiles, instalación y montaje de equipos, puesta en operación, implementación de medidas ambientales y sociales, mejoras de accesos, adquisición de terrenos e inmuebles, línea de distribución eléctrica, obras complementarias y cualquier actividad relacionada al proyecto.
Se aplicará la exención total de IVA, impuestos y gravámenes a la importación e internación, Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), e Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces por la adquisición de inmuebles relacionados al proyecto, aranceles y gravámenes relacionados a las adquisiciones, compras y contrataciones realizadas en el marco del proyecto, así como exención del Impuesto sobre la Renta a las personas naturales y jurídicas involucradas como contratistas y subcontratistas únicamente de los ingresos por las actividades relacionadas al proyecto.
El jefe de la División Jurídica de la División de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, Gerardo Alberto Ramos Díaz, explicó que las exenciones aplicarán “desde el periodo de planificación, diseño, estudios, consultorías, supervisión y construcción y hasta la completa recepción de las obras”.
También, se exime de primera matrícula de bienes los bienes muebles o vehículos a ser usados en el proyecto, y cualquier otro arancel o tasa por los servicios que brinda el Centro Nacional de Registros (CNR).
Exoneración de matrículas
El segundo dictamen para exonerar de impuestos la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del río Chilama y la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario también exime de primera matrícula de bienes los bienes muebles o vehículos a ser usados en el proyecto, y cualquier otro arancel o tasa por los servicios que brinda el Centro Nacional de Registros (CNR).
El decreto que se aprobará es “Disposiciones especiales, transitorias y complementarias para el proyecto construcción de planta de tratamiento de aguas residuales del río Chilama y ampliación del sistema alcantarillado sanitario del Distrito y departamento de La Libertad”.
La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes dos dictámenes favorables: el dictamen 23, que prorrogará la validez de las placas de los vehículos automotores con formato del año 2011 hasta el 31 de agosto de 2026; y el dictamen 24, que pospondrá hasta diciembre de 2026 el subsidio para el transporte público y la aplicación de cajas únicas en las rutas de buses y microbuses.
Ambos decretos derivados de dichos dictámenes serán aprobados, posiblemente, en la sesión plenaria de este martes 19 de agosto de 2025.
Con el primer decreto «Prórroga a la disposición transitoria a la Ley de derechos fiscales por la circulación de vehículos», el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) aseveró que es necesario «contribuir con la economía de los salvadoreños». La prórroga más reciente, aprobada el 22 de abril de 2024, vencerá el 31 de agosto de 2025.
La “Ley de derechos fiscales por la circulación de vehículos” establece que ningún vehículo puede circular sin las placas respectivas, previo al pago de precio y que la vigencia de las placas es cinco años.
Con el segundo decreto, una reforma a la “Ley transitoria para la estabilización de tarifas del servicio púbilco de transporte colectivo de pasajeros”, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la aplicación del subsidio y la vigencia de la inscripción de las cajas únicas registradas en la Dirección General de Transporte Terrestre; la prórroga vencía el 31 de agosto de 2025.
Después de la lectura de las solicitudes de prórroga, el diputado Salvador Chacón, presidente de la Comisión e integrante de Nuevas Ideas, aseguró que “ya se hizo el estudio técnico pertinente” y solicitó la lectura de ambos proyectos de decretos y dictámenes. Primero, votaron la prórroga de las placas; y posteriormente, la prórroga al subsidio del transporte público y cajas únicas.
“Solamente se les va a dar un poco más de tiempo para que tanto el VMT como el MOPT puedan operativizar lo de las placas y tanto lo de la tarifa del servicio para que igualmente el pueblo salvadoreño pueda tener el beneficio del subsidio hacia los transportistas y no haya un aumento a la tarifa”. Salvador Chacón, diputado y presidente de la Comisión de Infraestructura.
La ley transitoria prorrogada establece un cargo de $0.10 por cada galón de diésel, diésel bajo en azufre y gasolinas regular o especial; y la compensación económica de $250 mensuales por microbús y $500 mensuales por autobús, o $0.04 por pasajero movilizado, por un máximo de 21 días en un mes.
También, establece la creación de las cajas únicas a ser autorizadas por la Dirección General de Transporte Terrestre, no más de una caja única por ruta, algo que busca evitar las competencias entre las unidades.
La ley transitoria ya condiciona el cumplimiento según requerimientos técnicos del Viceministerio de Transporte de: GPS, sistema de recaudo electrónico, revisión técnica vehicular y emisión de gases, solvencia de multas, cumplimiento del plan general operativo y caja única.
Estas exigencias están entre las excepciones de la obligatoriedad y su cumplimiento quedó según «la solicitud y requerimientos técnicos, formatos, programaciones o periodicidad establecidos por el Viceministerio de Transporte por medio de la Dirección» según la reforma aprobada en diciembre de 2022.
El economista Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), aseguró este lunes que no fue invitado para ser parte del “Círculo de reflexión política siglo XXI”, pero consideró que un académico o intelectual no debe definirse como defensor del gobierno.
“No me invitaron, quizás no me consideran de confianza. No, porque me parece que un intelectual, un académico, no debe estar para defender al gobierno, de entrada, porque, si vos te autodefinís como que vas a defender al gobierno ya no podés tomar distancia para criticar”, aseguró en el programa de La Tribu, ante una pregunta
Acevedo se refirió también a su broma expresada en noviembre de 2023 cuando reveló que había votado por Nayib Bukele para la Presidencia de la República y respaldó la reelección presidencial “indefinida”.
En esa ocasión dijo: “Yo ya soy foca completa”.
“Así me decían los otros”, dijo este lunes, Explicó que así le dicen dependiendo de sus opiniones “yo soy gorgojo y soy foca dependiendo”.
El Círculo de Reflexión del Siglo XXI fue conformado en julio pasado por Aldo Álvarez, exembajador de El Salvador en China Popular durante el gobierno de Bukele, así como el abogado Juan Contreras, el docente Rafael Góchez Fernández, el politólogo Óscar Peñate y el especialista en administración pública Nelson Flores, la educadora Mélida Villatoro, y los sociólogos Mauricio Rodríguez y René Martínez.
En noviembre de 2023, Acevedo mostró su respaldo a la reelección presidencial indefinida: “Por supuesto, y la reelección indefinida, para mí el principio básico es que el pueblo decida si quiere o no reelegir al que esté en función de los resultado que presenta”. En esa ocasión dijo que en el 2024 iría “a votar por el presidente más cool del mundo”. “Yo voté por él», dijo.
