Autor: Yolanda Magaña

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, participó este miércoles en la colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), una megacárcel inspirada en parte en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) que se construyó hace dos años en El Salvador.

El acto fue transmitido por la cuenta de Nayib Bukele en YouTube.

Bukele hizo un recuento de la experiencia en seguridad de El Salvador. “Nosotros teníamos un Estado fallido. Cuando nosotros llegamos, tuvimos que cambiar todo, Corte, jueces, fiscales, leyes, Asamblea, en las elecciones, por supuesto”, expresó, en una conferencia conjunta con el presidente costarricense Rodrigo Chaves. El presidente advirtió que en El Salvador aún no se han encontrado los cuerpos de más de 100,000 personas asesinadas.

El mandatario salvadoreño, luego, lanzó recomendaciones a Costa Rica y advirtió que, si no resuelven el tema de la criminalidad, “van a morir más costarricenses” y “la gente ya no va a poder salir a las calles como pasaba en El Salvador”. Además, les advirtió que «desaparece el turismo» y pierde perspectivas de desarrollo.

“Así como era la enfermedad así tuvo que ser la medicina. Costa Rica tiene la ventaja que no está ni por cerca de donde estaba El Salvador… Con hacer la tercera parte que hizo El Salvador, ya queda sobrado”, indicó.

Bukele dijo que en El Salvador “no hay un solo peligroso” y que no hay lugar en donde puedan robarles las pertenencias a las personas. Uno de los pilares, dijo, fue la construcción del CECOT. “Fue vital para la estrategia de seguridad”, dijo.

“Muchas cosas le tocan a un Estado pero la principal es que el Estado sea el único que tenga el monopolio de la violencia, no puede haber otro cuerpo ejerciendo la violencia. De eso se trata el Escudo de las Américas”. Nayib Bukele, presidente salvadoreño.

La cárcel CACCO, con celdas de aislamiento y lugares de visitas

Sin embargo, la megacárcel no es un calco del CECOT. Según medios costarricenses, el CACCO tendría una capacidad de 5,100 internos, será construido con una inversión de $35 millones en un terreno de 91,000 metros cuadrados, tendrá 20 celdas de aislamiento, cinco consultorios médicos, 25 aposentos de visita íntima, un registro de visitas y siete fortines, entre otros.

El CECOT tiene 256 celdas para 40,000 reos en ocho pabellones con 32 celdas cada uno. Sin embargo, en el CECOT no hay visitas.

En su informe anual, el Viceministerio de Justicia de Costa Rica registró la visita al CECOT, del 3 al 6 de abril de 2025, como una forma “para identificar aspectos de mejora de infraestructura carcelaria”.

“El objetivo era conocer de primera mano el funcionamiento, la infraestructura y el modelo de gestión del Cecot a fin de explorar la posible adaptación en Costa Rica, en el marco de una estrategia regional para el fortalecimiento de la seguridad y la justicia”, indica en su informe el Viceministerio.

El informe indica que esta experiencia en El Salvador permitió “elementos de análisis fundamentales para valorar la posible adaptación de algunas de estas estrategias en Costa Rica” pero agrega: “Siempre dentro del respeto al marco jurídico nacional y los principios de derechos humanos como parte de una estrategia regional para el fortalecimiento de la seguridad y la justicia”. Según este informe, emitido hasta junio de 2025, no se había logrado en Costa Rica la construcción suficiente de espacios para eliminar el hacinamiento carcelario.

Con nuevas modificaciones solicitadas por la diputada Elisa Rosales, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una reforma a la Ley de Servicios Internacionales para establecer que los montos de inversión mínimos que estas empresas deben realizar se hagan «desde el primer año de operaciones» en la mayoría de casos.

Según la lectura realizada por la diputada de Nuevas Ideas, los usuarios directos de centros de servicios internacionales deberán hacer una nueva nueva inversión –capital de trabajo y activo fijo– por un monto no menor a $150,000 «desde los primeros seis meses de operaciones».

Para los servicios médico hospitalarios que también sean usuarios directos, el monto es $1,000,000 «desde el primer año de operaciones»; para los servicios de atención a ancianos y convalecientes, $250,000 «desde el primer año de operaciones».

Si las empresas no cumplen con estas condiciones no podrán gozar de los incentivos fiscales ofrecidos por la ley.

La diputada también pidió volver a modificar los plazos de inversión para prestar servicios de procesos empresariales, tecnologías de información y cinematografía en centros de servicios, $250,000 desde los primeros seis meses de operaciones; para servicios médico hospitalarios, $2,000,000 desde el primer año de operaciones; servicios de atención a ancianos, $500,000 desde el primer año de operaciones; y servicios especializados para aeronaves, $500,000 desde el primer año de operaciones.

En la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, ayer, la directora de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía, Marta Solís, había solicitado cambiar el proyecto de ley para establecer estos montos mínimos de inversión «desde los primeros seis meses de operaciones» en todas las categorías; sin embargo, este miércoles, el proyecto sufrió cambios nuevamente.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió este miércoles introducir un proyecto de “Ley de protección, transparencia y rendimiento justo del ahorro previsional” para prohibirle al Estado endeudarse con el Fondo de Pensiones de manera indefinida y establecer que el plazo máximo de dicha deuda sea un año.

Ortiz explicó que su propuesta de ley incluye los siguientes puntos:

• Se le prohibiría al Estado endeudar el fondo de pensiones de manera indefinida y con montos excesivos; y si toma prestado del fondo de pensiones, debe devolverlo en un año.
• Establece un límite del 25 % de la deuda estatal con el Fondo de Pensiones.
• Que los trabajadores puedan retirar el 25 % de sus ahorros para pensiones.
• Que Hacienda restituya la deuda del Estado con el ahorro de las pensiones en un plazo de 18 meses.
• Que en el estado de cuenta de cada trabajador cotizante, se exponga explícitamente cuándo de su dinero está siendo usado por el Estado, a qué tasa de interés y por cuánto tiempo.

Según Ortiz, lo que hace el Estado es “una especie de confiscación” del Fondo de Pensiones.

“El que es dueño del dinero tiene derecho a saber qué es lo que se está haciendo con el dinero”. Claudia Ortiz (Vamos).

La legisladora cuestionó por qué, si el Estado puede acceder al Fondo de Pensiones, “¿por qué no puede acceder el trabajador también?, tienen que poder acceder y ambos en las mismas condiciones”.

La iniciativa solo tuvo tres votos, de los legisladores de Vamos y de Arena. Ningún diputado de Nuevas Ideas opinó al respecto.

El diputado de oposición Francisco Lira criticó la nueva ley aprobada que otorga una quincena adicional, cada año, a los trabajadores del sector público, a partir de 2026; y a los trabajadores del sector privado a partir del año 2027.

“El Salvador no necesita populismo, necesita alimentos a bajos precios y una economía que funcione”, indicó el diputado de Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Por su parte, el economista Rafael Lemus cree que es magnífico que se incremente una quincena del salario, pero preguntó de dónde saldrá el dinero de los empleados públicos y por qué se pagará primero a los empleados públicos y solo será obligatorio en el 2027 para el sector privado.

“¿Por qué cuando se definen estrategias pro crecimiento no se incluye subir salarios?”, añadió también a sus preguntas.

Los diputados de oposición han presentado otro tipo de iniciativas de alivio económico como congelar los precios de la canasta básica y quitarles el IVA durante un año. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, solicitó reducir el IVA del 13 % al 6.5 %. Ambas propuestas no han recibido los votos de Nuevas Ideas para que sean ingresadas a la agenda de la sesión plenaria y estudiadas en una comisión.

El presidente Nayib Bukele anunció el martes que presentó un proyecto de Ley Quincena 25 ante la Asamblea Legislativa que obliga al Estado a entregar, en enero de cada año desde 2026, una quincena adicional no embargable y sin descuentos de impuestos ni cotizaciones a todos los trabajadores que ganen hasta $1,500 mensuales; y a las empresas del sector privado, en enero de cada año a partir de 2027.

Aunque Bukele aseguró que en enero de 2026 el ingreso complementario será voluntario, anunció que si lo hacen habrá incentivos fiscales.

La empresa Súper Selectos, del empresario Carlos Calleja, excandidato presidencial de Arena, anunció que se sumarán voluntariamente a la medida, que calificó de «histórica» y señaló que «fortalecerá la economía de los hogares salvadoreños».

«Como uno de los mayores empleadores del sector privado, reafirmamos el compromiso con nuestros colaboradores, la dignificación del trabajo y con el desarrollo del país», indicó Súper Selectos en su cuenta oficial.

Al explicar cómo nació el proyecto de Ley para el fomento de la expansión de inversiones, Rodrigo Ayala, presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (Invest), aseguró que El Salvador no solo goza de seguridad física sino política.

“Escuchábamos mucho de que hay incentivos para diferentes industrias, para diferentes sectores, pero no había un incentivo como tal, tanto internacionales como nacionales como empresas domésticas también, es decir internacionales que llevan años de estar domiciliadas en el país, para expandirse”, explicó Ayala.

El funcionario aseguró que “al escuchar este clamor” de los empresarios, empezaron a trabajar un proyecto “de la mano con estos sectores”.

“Si yo soy la persona o la ventana a la cual miran los inversionistas a la hora de venir al país o plantearse la idea de venir al país, una de las cosas que más mencionan es la seguridad que se siente y que se tiene en El Salvador y no solo hablo de seguridad física, de la integridad física de una persona, sino también de la seguridad y estabilidad política que se tiene porque, pese a los diferentes conflictos que puedan existir entre diferentes bandos, entre diferentes partidos, la persona que está pensando en negocios, no está pensando en eso”, fueron las palabras del presidente del Invest, ayer, en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión.

La Asamblea Legislativa recibirá en el pleno dos dictámenes favorables que podrían ser aprobados en la sesión de este miércoles.

Uno para aprobar la Ley para el fomento de la expansión de inversiones, que otorga incentivos del 10 al 30 % de las inversiones extra que hagan las empresas como créditos tributarios de Impuesto sobre la Renta. Según Ayala, son 144 “están decididas ya a expandir” en El Salvador y están “en cola” para aplicar a la normativa.

Ayala dijo que a veces hay que “trabajar un poquito más” para que las empresas decidan expandirse en El Salvador. Aseguró que son más de 3,000 que se podrán beneficiar de los incentivos fiscales.

Un segundo proyecto es una reforma a la Ley de Servicios Internacionales para que el monto mínimo exigible de las inversiones de servicios internacionales se aplique desde los primeros seis meses de operación de las empresas y no «en el primer año» o «en los primeros seis meses».

El presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (INVEST), Rodrigo Ayala, aseguró que 144 empresas en En Salvador «ya están en cola» para aplicar a la nueva Ley de fomento de la expansión de inversiones que sería aprobada por la Asamblea Legislativa.

«Ya son 144 que están en cola, con las que hemos conversado, con las que hemos tenido divulgación de esta ley, de esta idea», indicó Ayala, el martes, en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión. Según el funcionario, son más de 3,000 empresas las que se podrán beneficiar de la ley.

Según Ayala, la iniciativa surgió luego de escuchar a empresarios que ya tienen inversiones en El Salvador.

“Escuchábamos mucho de que hay incentivos para diferentes industrias, pero no había un incentivo como tal tanto internacionales como nacionales como empresas domésticas, que llevan años de estar domiciliadas en el país, para expandirse”, dijo.

El funcionario lo calificó de «clamor» y dijo que, al escucharlo, comenzaron a trabajar en el proyecto de ley.

“A pesar que ustedes (diputados) no han estado específicamente, como yo, reuniéndome con todas estas personas para elaborar este proyecto, tienen toda la idea clarísima. Esto nace de empresarios o empresas que han estado por años en el país y que no han tenido ningún incentivo”. Rodrigo Ayala, presidente de INVEST.

«Al final del día, ¿qué nos interesa a nosotros?, que todo ese dinero llegue al bolsillo de los salvadoreños y toda esa expansión, esas 144 empresas, que no es que sean nuevas, sino que son empresas que tienen un legado de más de 10 años pero son nuevas en querer expandir, ¿cuántos empleos se van a generar?», indicó Ayala.

«Ya estamos viendo la punta del iceberg de todo lo que va a venir en cuanto a expansión», remarcó.

La “Ley para el fomento de la expansión de las inversiones” otorga créditos tributarios de diez años a empresas ya instaladas en El Salvador que amplíen sus inversiones a partir del $1 millón a más de $20 millones. Los créditos tributarios de Impuesto sobre la Renta (ISR) serían del 10 % de la inversión de $1 a $10 millones; del 20 % de la inversión de $10 millones a $20 millones; y del 30 % de la inversión si sería de $20,000,000.01 en adelante.

El proyecto solo tuvo un cambio: la calificación del perfil del inversionista para que acceda al incentivo fiscal no será otorgada por la Secretaría de Comercio, sino únicamente por el INVEST. La representante del Ministerio de Economía, Marta Solís, pidió la nueva redacción de los artículos 5, 6 y 7, en el cual se elimina toda referencia a la Secretaría de Comercio.

Las expansiones de las inversiones están abiertas para empresas de textiles, agroindustria, alimentos, bebidas, autopartes, electrónica, plásticos, calzado o farmacéuticos, que quieran aumentar sus líneas de producción, construir infraestructura para su producción, transformar o construir nuevas operaciones logísticas, compra de maquinaria o de equipo industrial, vehículos o destinar recursos a la investigación de sus procesos industriales o tecnológicos.

Las empresas estarán exentas del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces en la compra de inmuebles para la expansión que vayan a utilizar por lo menos cinco años.

El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, aseguró que la Ley Quincena 25 obligará al Estado a pagar una quincena adicional en cada enero a partir del año 2026 y que la medida será obligatoria para la empresa privada a para el año 2027.

«¿A partir de cuándo? Empezará a pagarse desde este año para los empleados públicos de manera obligatoria, para la empresa privada será de manera voluntaria para este 2026, pero obligatoria para el 2027», detalló Guevara en X al prometer respaldo a la iniciativa anunciada por Bukele la noche del martes.

El proyecto de ley fue anunciado la noche del martes por Bukele, quien aseguró que ya lo entregaron a la Asamblea Legislativa, que celebra su sesión plenaria este miércoles. Según Bukele, la iniciativa propone otorgar en enero de cada año un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual a trabajadores de los sectores público y privado que ganen hasta $1,500 mensuales. El pago se realizaría entre el 15 y el 25 de enero.

Según el mandatario, el Gobierno será el primero en cumplir la ley con todos los empleados públicos a partir de enero de 2026. En el sector privado, el pago será voluntario durante 2026, aunque las empresas que otorguen el beneficio podrán deducir el 100 % del monto entregado del Impuesto sobre la Renta como incentivo fiscal.

La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, sostuvo que el ingreso complementario no solo aliviará la carga económica de enero, sino que también contribuirá a dinamizar la economía nacional, mientras que la diputada Alexia Rivas, del mismo partido, señaló que la medida apunta a fortalecer la economía desde el inicio del año.

Bukele explicó que el ingreso adicional no sustituirá el salario ordinario ni estará sujeto a descuentos por Impuesto sobre la Renta, cotizaciones al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ni aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Además, no podrá ser embargado en caso de deudas.

No obstante, el presidente no detalló la fuente de financiamiento del proyecto. La Asamblea Legislativa tiene previsto conocer la iniciativa en la sesión plenaria del miércoles 14 de enero, donde el oficialismo cuenta con los votos necesarios para su aprobación.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció la noche de este martes que ha entregado a la Asamblea Legislativa el proyecto de «Ley Quincena 25» que promete en enero de cada año un “ingreso complementario para los trabajadores de los sectores público y privado que ganan hasta $1,500 mensuales, aunque en el sector privado el pago será voluntario en 2026.

Según Bukele, “el Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos” a partir de enero de 2026.

Detalló que en el sector privado durante este año “el pago será voluntario” pero que las empresas podrán tener un incentivo fiscal que les permitirá deducir el 100 % del monto otorgado del Impuesto sobre la Renta.

Según el gobernante, el ingreso complementario sería equivalente al 50 % del salario mensual y se pagará entre el 15 y el 25 de enero a trabajadores de sectores públicos y privado que ganan hasta $1,500 mensuales.

Explicó que será un ingreso adicional que no sustituiría el salario ni sería sujeto a descuentos para pagar Impuesto sobre la Renta, ni de cotización del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) o del ahorro de pensiones que administran las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP).

Este ingreso adicional tampoco podrá ser embargado, en caso de deudas, según la promesa presidencial.

Bukele no informó cuál será la fuente de financiamiento de la iniciativa. El Salvador mantiene un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le exige un ajuste fiscal de 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) en el periodo 2025-2027.

Este mismo martes, los diputados celebraron en X el anuncio y avisaron de su respaldo. La sesión plenaria se celebrará mañana miércoles 14 de enero.

«Usted en cada enero a partir del 2026, recibirá una quincena adicional», explicó el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, en X.

La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, aseguró que la medida será un alivio económico «en un mes tradicionalmente complejo», sino que fortalecerá los hogares y dinamiza la economía nacional. La diputada Alexia Rivas, del mismo partido, aseguró que la medida busca «fortalecer la economía desde el inicio del año».

Hoy presentamos a la Asamblea Legislativa la Ley Quincena 25.

Es una medida concreta para fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y dinamizar la economía del país en enero, un mes que históricamente es difícil para muchos hogares.

La Quincena 25 es un ingreso… pic.twitter.com/QdAr9z8hZK

— Nayib Bukele (@nayibbukele) January 14, 2026

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, fue recibido la tarde de este martes por la vicepresidenta de Costa Rica, Mary Denisse Munive, y el canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, a su llegada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

En declaraciones a presidentes, la vicepresidenta de Costa Rica aseguró que buscan «pegarse a las mejores prácticas» y elogió el liderazgo de Bukele en materia de seguridad en El Salvador.

«Siempre pegarse a las mejores prácticas y con un liderazgo como lo ha tenido el señor Bukele en un país con tanta problemática de inseguridad y que ha sacado adelante esa gran labor y nosotros pegarnos a esa línea de trabajo y poder empezar desde una reunión que hubo, desde el año pasado, sino ya, entregarle una obra como primera piedra, para que vean que las cosas que se dicen se hacen, yo no sé qué más decir, son hechos, no solo palabras», expresó Munive.

La vicepresidenta habló de la colocación de la primera piedra, en la que Bukele participará el miércoles, del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), una estructura que busca emular al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.

«Ahí es la importancia que tiene no solamente tener buenas juntas, sino también tener esa retroalimentación de experiencias exitosas en otras latitudes, traerlas a las nuestras para poderlas mejorar cada día problemas que afligen a nuestra población», indicó.

Según ella, a su llegada, al darle la bienvenida a Bukele le dijo: «Esperamos que esta visita no solamente sea el inicio de muchas cosas positivas sino que la estadía la disfrute, porque obviamente nosotros tenemos que vender este rinconcito o este pedacito de cielo, que es Costa Rica”.

La funcionaria costarricense aseguró que no sabe cómo van “a desperdiciar una visita de este tipo por el momento país” en el que se encuentra Costa Rica, al reaccionar sobre las críticas de la visita de Bukele a Costa Rica en época de campaña electoral presidencial, ya que las elecciones son el 1 de febrero de 2026. “Qué dicha que tenemos también presidentes de la República de otros países que lo que dicen lo hacen”, insistió.

A su llegada a El Salvador, en un avión oficial, Bukele fue acompañado de la secretaria de Comunicaciones, Sofía Medina; la embajadora de El Salvador acreditada en Costa Rica, Diana Marcela Vanegas Hernández; y el director de Protocolo, Francisco Merino, además del escolta del Estado Mayor Presidencial de El Salvador.

La recepción, que incluyó la entonación de los himnos nacionales de Costa Rica y El Salvador, fue transmitida en la cuenta de YouTube y otras redes sociales de Nayib Bukele.

Bukele participará en la puesta de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) que tendrá una capacidad de 5,100 internos y tendrá una inversión de $35 millones, y que estará a cargo del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves.

La cena que se tenía prevista en el Hotel Intercontinental de Costa Rica se modificó debido a una denuncia de amenaza de muerte contra el presidente costarricense Rodrigo Chaves que fue interpuesta por la Dirección de Inteligencia y Seguridad ante el Ministerio Público de Costa Rica.