Categoría: Economía

El Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles un proyecto de ley bipartidista para revocar los amplios aranceles que el presidente Donald Trump impuso a principios de mes.

La votación terminó en un empate, de 49 votos a favor y 49 en contra, después de que tres legisladores republicanos, el partido que tiene la mayoría en la Cámara Alta, se unieran a los demócratas en apoyo del proyecto.

La medida buscaba poner fin a la emergencia nacional que Trump declaró para implementar sus aranceles globales y fue apoyada por los senadores republicanos -de corte moderado- Rand Paul de Kentucky, Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska.

Sin embargo, aunque hubiera conseguido los votos necesarios, el proyecto no hubiera tenido la capacidad de dar marcha atrás a la guerra comercial del presidente, ya que la Casa Blanca advirtió que planeaba vetarla.

Varios legisladores de ambas bancadas han expresado su descontento con la política económica de Trump, que ya trajo como consecuencia una reducción del 0.3 % en el producto interior bruto (PIB) del país, el primer dato trimestral negativo desde 2022.

El mismo día que el presidente anunció los aranceles, en un evento que apodó «Día de Liberación», el Senado pasó una resolución para intentar congelar unos gravámenes ya impuestos a Canadá.

Según los datos publicados este miércoles por el Buró de Análisis Económico (BEA), la contracción del PIB de este primer trimestre del año se debe al aumento de las importaciones y a una reducción del gasto gubernamental. El dato intertrimestral se contrajo algo menos del 0,1 %.

El gasto de los consumidores, un dato clave para la economía estadounidense, creció un 1.8 % en el primer trimestre del año, pero por debajo del nivel de los seis meses anteriores.

En un ejemplo más de la incertidumbre que ha creado la guerra comercial de Trump, que ha anunciado y suspendido aranceles en varias ocasiones, los analistas esperaban un subida del 0,4 % en el primer cálculo del PIB para el primer trimestre, pero posteriormente estimaron que el dato sería negativo.

El mandatario culpó a su antecesor, Joe Biden, de la contracción de la economía y negó que su agresiva política arancelaria haya tenido algo que ver.

Un 32 % de los empleos en El Salvador están expuestos a cambios o desaparecer con el desarrollo de la inteligencia artificial generativa (GenIA), señala un informe del Banco Mundial.

Aunque el Banco Mundial reconoce que es prematuro medir el impacto de la inteligencia artificial, destaca que la aparición de modelos de IA, como ChatGPT, ha generado un creciente interés del público, sin tregua a las preocupaciones sobre la automatización de los puestos de trabajo.

La institución explicó que cuando un empleo está expuesto a la GenIA significa que es probable una automatización de muchas tareas, pero no implica que reemplace de una vez por todas a la persona. De esa manera, el uso de la inteligencia artificial podría hacer que algunos empleados sean más productivos si delegan a la tecnología mientras ellos se concentran en otras actividades.

De acuerdo con el estudio, publicado el 28 de abril pasado, un 4 % de los empleos en El Salvador tienen potencial de automatización por la GenAI, donde se incluyen ocupaciones de agentes de atención al cliente o personal encargado de ingresos de datos.

Además, un 13 % de los empleos tienen “potencial” de mejorarse o volverse más productivos, una categoría que abarca las ocupaciones de docentes, profesionales de la salud y entrenadores, mientras que para un 15 % hay una “gran incógnita” porque “aún no está claro si enfrentan el riesgo de automatización o si podrían mejorarse”.

El Salvador se encuentra en la media de exposición de América Latina, donde el Banco Mundial estima que en total un 32 % de los empleos están expuestos, de los cuales un 3 % es por automatización, un 12 % por potencial de mejora y un 17 % no sabe.

Mayor desarrollo, mayor exposición

El multilateral con sede en Washington indicó que la exposición a la GenIA es mayor en los países más desarrollados, como Costa Rica, donde se calcula que un 38 % de los empleos están sujetos a algún cambio y es la mayor tasa de América Latina.

Después se encuentra Uruguay, Brasil y República Dominicana con un 37 %, respectivamente, mientras que el país latinoamericano con menor exposición a la GenIA es Barbados, con un 26 %.

De Centroamérica, Costa Rica y El Salvador tienen la mayor proporción de empleos en riesgos por la inteligencia artificial generativa, mientras que Guatemala, Belice y Panamá reportan un 31 %, cada uno, seguido de Honduras con un 29 % y Nicaragua con un 28 %.

“Para comprender los impactos de la GenAI en la desigualdad de ingresos, debemos identificar el perfil de los trabajadores expuestos. En América Latina y el Caribe, quienes corren el riesgo de automatización suelen ser mujeres, habitantes urbanos, jóvenes, con buen nivel educativo, con altos ingresos y que tienen empleos formales en la banca, las finanzas, los seguros o el sector público”, indicó el Banco Mundial.

A pesar del avance tecnológico, los países de América Latina y el Caribe utilizan menos tecnologías digitales en los empleos con potencial de mejora en comparación con economías avanzadas. El Banco Mundial ilustra que en Nueva Zelanda un 14.1 % de los puestos de trabajo están expuestos a la IA, de los cuales un 11.8 % utiliza computadora y un 2.3 % no emplea.

Recientemente, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también advirtió que más de 1.29 millones de empleos en El Salvador están expuestos a la inteligencia artificial en la próxima década.

La importación de frijoles y arroz incrementó durante el primer trimestre de 2025, sobre todo en compras procedentes de Estados Unidos, Guatemala y Tailandia, según el Banco Central de Reserva (BCR).

Para este análisis se retomaron los mayores aumentos de países que tienen más peso en la balanza para cada producto.

Los reportes mensuales divulgados en el portal del BCR confirman que el volumen de importación de frijoles -negros, blancos y desvainados- creció en general un 32.7 % en los primeros tres meses de 2025, al pasar de comprar 2.1 millones de kilogramos en 2024, a 2.8 millones de kilogramos para este año.

Entre la mercancía importada, un 43.9 % provino desde Guatemala y un 35.9 % de Estados Unidos.

Según el BCR, los frijoles guatemaltecos importados pasaron de 805,190.90 kilogramos el año pasado, a superar los 1.2 millones de kilogramos para el mismo período en 2025, un aumento de un 55.7 %.

En el caso de Estados Unidos, que abarca un 35.9 % de los frijoles importados, pasó de 690,187.92 kilogramos a más de un millón de kilogramos, un alza de un 48.7 %

Granos básicos

La situación con el arroz es más peculiar porque el mayor proveedor de arroz no se encuentra en la región.

El BCR señala que un 77.3 % de los más de 28.3 millones de kilogramos del arroz que se importó a marzo de 2025 provino desde Tailandia.

Según el gobierno, el país pasó de comprar 1.2 millones de kilogramos de arroz al país del sudeste asiático en 2024, a 21.8 millones de kilogramos para este año, marcando un alza de 1,680.1 %.

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, destacó este miércoles que la liberación arancelaria de 120 productos posibilitó al país adquirir productos desde otros países.

Al respecto, el historial del BCR confirma que El Salvador no importó arroz desde Tailandia en 2023, además esta es la primera vez en al menos una década que se superan los dos millones de kilogramos importados.

El segundo mayor proveedor de arroz en este primer trimestre fue Honduras, que abarca un 10.1 % del total, y Nicaragua, con un 7.1 %.

El BCR indicó que El Salvador aumentó en un 358.4 % la importación de arroz hondureño y adquirió un 226.7 % más del nicaragüense.

El aumento de estos granos básicos se da en medio de la advertencia de escasez de producción nacional que la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo) hizo el 22 de abril pasado.

Luis Treminio, presidente de Campo, aseguró que el país consumirá solo productos importados a partir del segundo semestre del año debido al déficit en granos básicos que dejó la cosecha 2024-2025.

Maíz y huevos

El panorama se visualiza diferente para el caso del maíz para consumo, pues el país ha reducido en un 19 % las importaciones de este grano básico, al pasar de 274.2 millones de kilogramos a 222.2 millones de kilogramos entre 2024 y 2025.

Estados Unidos, el principal proveedor de maíz blanco y amarillo, fue de los pocos que mostró un alza, al pasar de 174.6 millones de kilogramos a 186.9 millones de kilogramos en los últimos dos años.

Brasil ocupa el segundo lugar entre los países que le venden maíz a El Salvador, pero en el último año se reporta una baja de un 65.2 % de este tipo de mercancía.

Pese a que Argentina, China y México no se encuentran entre los principales surtidores de maíz para el consumo salvadoreño, sí reportaron aumentos entre un 398.8 % y un 32 % en la distribución.

El BCR confirma que la importación de huevos también se redujo entre enero y marzo, al pasar de 329.800 kilogramos en 2024, a 309,600 kilogramos para 2025, con una baja de un 6.1 %.

La caída muestra un sabor agridulce, pues mientras que El Salvador bajó las importaciones de huevos desde Honduras -principal proveedor en 2025-, en un 18.2 %, subió las compras desde Guatemala, en un 18 %.

En 2022, un estudio de la Superintendencia de Competencia reveló que El Salvador produce la cantidad de carne de pollo y huevos necesarios para satisfacer la demanda nacional, una razón que podría justificar la reducción paulatina de las importaciones.

La agencia calificadora Fitch Ratings reafirmó este miércoles la calificación de riesgo soberano de El Salvador en «B-» para la deuda en moneda extranjera a largo plazo, manteniendo una perspectiva estable, respaldada por la reducción de las necesidades de financiamiento del país y la implementación de un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El acuerdo con el FMI, un programa de Facilidad Extendida por 40 meses con un valor de 1,400 millones de dólares, fue destacado como un ancla clave para la política económica salvadoreña. El programa contempla reformas estructurales enfocadas en disciplina fiscal, gobernanza y sostenibilidad del sistema de pensiones, así como una contención del uso gubernamental del bitcóin.

Fitch señaló que el déficit fiscal del sector público no financiero se redujo a 4.4% del PIB en 2024 y prevé una disminución continua hasta 2.1% en 2026. La consolidación fiscal será impulsada por recortes en el gasto y mejoras en la recaudación tributaria, medidas que se enmarcan en el presupuesto 2025 y en los compromisos con el FMI.

Además del financiamiento directo del FMI, el programa podría destrabar hasta 2,200 millones de dólares adicionales en préstamos multilaterales, lo que aliviaría las necesidades de financiamiento para 2025 y 2026, sin necesidad de emitir nueva deuda en los mercados internacionales durante esos años.

Persisten desafíos por alto endeudamiento

A pesar de los avances, la calificadora advirtió que la deuda del sector público no financiero alcanzó el 87.2% del PIB en 2024 y se proyecta que se mantenga elevada, llegando al 87.8% en 2025. Aunque se espera una disminución gradual impulsada por superávits primarios, el nivel sigue siendo significativamente más alto que la mediana de países con calificación similar («B»), que es del 52.1%.

Fitch también expresó preocupación por la elevada carga de intereses, que representó un 17.2% de los ingresos del gobierno en 2024, uno de los factores que limita una mejora en la calificación.

La economía salvadoreña crecería un 2.2% en 2025, levemente por debajo del 2.6% en 2024, en parte por los ajustes fiscales y un contexto externo menos favorable. No obstante, se espera una recuperación hacia 2026 y 2027 gracias a mayor inversión privada y mejoras en la seguridad que siguen impulsando el turismo.

El déficit en cuenta corriente se reduciría gradualmente a 0.9% del PIB en 2026, financiado principalmente por inversión extranjera directa en infraestructura e industria. Las reservas internacionales aumentarían hasta 4,200 millones de dólares en 2025, aunque un 63% de ese total corresponde a encajes bancarios, no disponibles directamente para el gobierno.

Factores de riesgo y posibles mejoras

Entre los factores que podrían llevar a una rebaja de la calificación están un deterioro fiscal que incremente las necesidades de financiamiento o una caída significativa en la liquidez externa. Por otro lado, una consolidación fiscal sostenida o una mejora duradera en las reservas internacionales podrían favorecer una mejora de la nota.

Fitch reiteró sus preocupaciones respecto a la gobernanza en El Salvador, manteniendo puntuaciones ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) de 5 en indicadores clave como estabilidad política, calidad institucional y control de la corrupción. La agencia recordó que la reestructuración de deuda relacionada con pensiones en 2023 fue calificada como un evento de default, lo que sigue afectando la percepción de los derechos de los acreedores.

El Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) inició este miércoles las discusiones para aprobar un aumento al salario mínimo, casi cuatro años después del último ajuste y en un ambiente decantado por la propuesta del presidente salvadoreño Nayib Bukele de un alza de un 12 %.

Rolando Castro, ministro de Trabajo y Previsión Social (MTPS), abrió la primera sesión del ente tripartito en «respuesta» a la propuesta del presidente de aumentar a partir de junio de 2025.

Castro se comprometió a «cumplir los tiempos mandatados por el presidente», aunque aseguró que trabajarán conforme un cronograma que se definirá en el CNSM para «escuchar a todos los actores y sectores de la sociedad».

«Todos ustedes saben que el presidente de la República, Nayib Bukele, ha hecho una propuesta a este consejo, la vamos a analizar y cada uno de los sectores que están acá van a dar sus respectivas reacciones. Además, pueden hacer sus mismas propuestas, eso lo plantea el instructivo del CNSM», dijo Castro.

Bukele informó el 25 de abril que envió una propuesta al CNSM para un aumento salarial de un 12 %, con lo cual el salario mínimo pasaría de $365 a $408.8 para el sector industrial, comercio y servicios.

Entretanto, maquila pasaría de $359.1 a $402.2; beneficios de café y recolección de caña de azúcar de $272.55 a $305.2; y el sector agropecuario de $243.4 a $272.6.

Previamente, el ministro de Trabajo ha dicho que ve con «beneplácito» la propuesta enviada por el Ejecutivo, aunque el CNSM se encuentra abierto a recibir más propuestas, ya que el Consejo tiene representación también de los empleadores y los trabajadores.

En ese sentido, el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) entregó al despacho el lunes una propuesta para subir el salario de entre $500 y $600, bajo el argumento que la canasta alimentaria ha subido un 21 % desde el último ajuste salarial, de agosto de 2021.

La Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (Onec) reporta que la canasta básica alimentaria (CBA) pasó de $204.75 en agosto de 2021 a $245.8 en marzo de 2025, equivalente a un incremento de $41.05, un 20 %.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) dijo que la propuesta enviada por Bukele es un «paso positivo», pero no «logra responder de manera efectiva a las necesidades de la población trabajadora».

«Todo incremento salarial es importante, sin embargo, este debe orientarse a satisfacer las necesidades básicas del hogar de la trabajadora y el trabajador en aspectos materiales, morales y culturales», indicó Fespad, al tiempo que recordó que los últimos dos ajustes han sido mayores a la propuesta estatal.

Si se aprueba el ajuste propuesto por Bukele, El Salvador tendría el segundo salario mínimo más bajo de la región centroamericana, por detrás de los $347.92 vigente en Nicaragua para sectores de construcción, financieros y seguros.

Costa Rica tiene el mayor salario mínimo, pero este país desagrega por sectores donde para universitarios es de $1,558.98, mientras que en Panamá es de $1,188 en el rubro de transporte.

Guatemala tiene un salario mínimo de $482.2 para actividades no agrícolas en el departamento de Guatemala y en Honduras llega a $704.35 en el sector de electricidad, gas y agua, en empresas con más de 151 empleados.

Los gobiernos de El Salvador y Guatemala integrarán las aduanas de Anguiatú, en Santa Ana, y La Ermita, en Guatemala, en una sola a partir del 6 de mayo de 2025.

La medida fue anunciada la semana pasada en un evento virtual de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) para abordar una capacitación sobre las operaciones de integraciones profundas entre ambos puntos.

El representante de Aduanas en El Salvador, Luis Córdova, dijo en ese evento que la medida incluirá al personal de dicha institución, la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala y el Instituto Guatemalteco de Migración.

El director general de Aduanas, Benjamín Mayorga, dijo este miércoles en Diálogo 21 que, al igual que con Honduras, los trabajadores guatemaltecos pasarán al lado salvadoreño.

«Estamos trabajando con Guatemala para integrarnos en la frontera de Anguiatú, es otra de las modernas, y la ponemos a disposición de las autoridades de Guatemala».

Benjamín Mayorga
Director general de Aduanas

La medida aduanera es parte del proceso de integración profunda que Guatemala y Honduras implementan desde 2017, una estrategia a la que El Salvador se sumó un año después, en el 2018.

Como parte de la iniciativa, el primer punto unificado de El Salvador -en el que se integran los servicios de migración, aduanas y sanitarias- se ejecutó con Honduras. Las operaciones en un solo recinto iniciaron en diciembre de 2023 en El Amatillo.

Tras la puesta en marcha, el gobierno salvadoreño confirmó que los segundos puntos en unirse serían Anguiatú y La Ermita, así como el punto de La Hachadura, en Ahuachapán, y Pedro de Alvarado, en Guatemala.

Luego de varias estimaciones de inicios de operación, Aduanas confirmó que del 2 al 5 de mayo se realizará un plan piloto con la participación de autoridades de ambos países.

Las autoridades también ejecutan pruebas en la conectividad para luego trasladar a las autoridades de Guatemala hacia las aduanas de Anguiatú.

Próximas medidas

Mayorga indicó que prevén que la integración del puesto fronterizo entre los recintos de La Hachadura y Pedro de Álvarado inicie operaciones a finales de 2025.

El siguiente paso para las autoridades aduaneras será buscar financiamiento para la integración de las aduanas El Poy, en Chalatenango, con Honduras.

«Con Honduras, El Salvador igual va a invertir en el Poy, estamos buscando ya fondos para podernos integrar, y hay viabilidad para podernos integrar», indicó el funcionario.

El gobierno salvadoreño aseguró que existe «viabilidad» por parte de las autoridades hondureñas para integrarse también del lado salvadoreño.

La Dirección General de Aduanas (DGA) descartó problemas en el funcionamiento en los puestos de atención en las fronteras del occidente debido al cierre de la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros, pero reiteró que mantienen horarios especiales.

El director general de Aduanas, Benjamín Mayorga, dijo que las fronteras continúan funcionando las 24 horas del día, los siete días de la semana.

«Tenemos rutas fiscales para los transportistas, hemos habilitado la Litoral, que es una de las zonas que tiene que ver con el Puerto de Acajutla. Con las fronteras en el occidente (hemos) habilitado los horarios especiales».

Benjamín Mayorga

Director general de Aduanas

Desde el pasado fin de semana, el tránsito por la carretera a Los Chorros es afectado por una serie de cierres y aperturas prematuras que han provocado una fuerte carga vehicular en rutas alternas de ingreso o salida desde el occidente del país.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (Mopt) informó sobre un cierre temporal la tarde del lunes, cuando se reportaron nuevos desprendimientos de tierras que obstruyeron los cuatro carriles de la vía.

Tras el cierre, las autoridades confirmaron el 29 de abril que la carretera se volverá a habilitar hasta el 5 de mayo, cuando los trabajos de limpieza y reforzamiento de la infraestructura culminen.

Durante una entrevista en Diálogo 21, Mayorga aseguró que están dando seguimiento a la situación, guiándose en las declaraciones anticipadas que los transportistas deben realizar previo a su paso por la frontera.

Según el funcionario, de lunes a miércoles se suele tener poca demanda por las fronteras, pero la misma comienza a aumentar desde el miércoles hasta el viernes.

Libre circulación

El Viceministerio de Transporte (VMT) indicó este martes que las restricciones al transporte de carga en la carretera Litoral quedaban sin efecto.

A través de redes sociales, la institución señaló desde el 25 de abril que se suspendía la movilización de vehículos de carta de más de 15 toneladas entre el desvío de Acajutla, en Sonsonate, y San Luis Talpa, en La Paz, debido a la realización de un torneo de surf.

El VMT suspendió el sábado la medida, pero no informó entre el lunes y martes por la mañana si la pausa continuaba.

La Asociación Salvadoreña de Transportistas de Carga (Astic) confirmó ayer que el tránsito por la carretera Litoral estaba habilitado para el sector y reiteró que es una de las vías clave para transportar mercadería hacia Guatemala.

La gremial también confirmó una leve afectación por la situación y un aumento en los costos de combustibles que debe ser pagada por los transportistas.

Astic también advirtió que si la situación se extiende por 15 días provocará un impacto directo en el sector.

Legisladores de ambos partidos en Estados Unidos presentaron este miércoles un proyecto de ley para eliminar el uso de monedas de un centavo en el país, una iniciativa respaldada por el presidente Donald Trump.

El texto propone eliminar gradualmente los centavos, exigiendo que todas las compras en efectivo se redondean al múltiplo de cinco centavos más cercano.

El proyecto fue titulado «Common Cents Act», un juego de palabras que combina los conceptos de “sentido común” (common sense) y “centavos” (cents).

La propuesta fue introducida por la congresista republicana Lisa McClain, la senadora republicana Cynthia Lummis, el congresista demócrata Robert García y la senadora demócrata Kirsten Gillibrand.

“Los centavos son un desperdicio del dinero de los contribuyentes. No tiene sentido gastar millones cada año acuñando monedas que tan poca gente utiliza”, declaró McClain en un comunicado.

Por su parte, García señaló que la fabricación y distribución de centavos “cuesta tres veces más de lo que valen”.

Trump calificó en febrero pasado el uso de centavos como un “despilfarro” y ordenó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, frenar su producción, a pesar de que es el Congreso quien tiene la autoridad sobre la fabricación de monedas.

La Defensoría del Consumidor ha abierto «varias investigaciones» en comercios por presuntos incrementos injustificados tras el anuncio del aumento al salario mínimo.

El presidente de la institución, Ricardo Salazar, fue consultado en la entrevista de la radio YSKL sobre si habían detectado casos de especulación, luego de que el presidente Nayib Bukele enviara una propuesta de aumento de un 12 % del salario mínimo la semana pasada.

Durante la entrevista, usuarios de redes sociales indicaron a Salazar que como consumidores han detectado aumento en el costo de algunos productos tras el anuncio.

Ante la consulta, Salazar aseguró que de momento la institución realiza labores preventivas para evitar incrementos injustificados.

«Estamos nosotros en este proceso, tenemos varias investigaciones que hemos abierto, es importante mencionar la denuncia de la ciudadanía».

Ricardo Salazar
Presidente de la Defensoría del Consumidor

El presidente de la institución dijo que permanecerán atentos a una posible aprobación del salario mínimo, porque con las verificaciones buscarán que el incremento tenga un efecto directo en la población.

Desde el 25 de abril, cuando se brindó el anuncio de la propuesta, la Defensoría advirtió que no se debe aumentar el costo de los alimentos porque no hay justificación.

Especulación

Salazar reconoció que en anteriores ocasiones, el solo anuncio de un aumento salarial provocó especulación en el mercado.

«En vista de que algunos comercios buscan aprovecharse de la situación, por no decir que buscan anticiparse», sumó el vocero de la institución.

Según el gobierno, luego del anuncio del presidente se intensificaron las verificaciones para evitar una afectación para los consumidores.

La institución señala que en lo que va del año han realizado 10,600 verificaciones en diferentes tipos de comercios.

Cada mes la Defensoría visita entre 15 a 20 municipios a nivel nacional para efectuar los sondeos de precios, que regularmente eran divulgados en su página web, pues el último de los documentos corresponde a la última semana de enero de 2025.

Además, en torno a las medidas de alivio económico la institución ha procesado 185 casos con una resolución de multa para 101, totalizando más de $421,000 en sanciones.

El precio de la canasta básica alimentaria (CBA) bajó $1.7 en la zona urbana y cerró en $245.8, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (Onec).

En la zona rural, en tanto, el precio bajó $2.91 luego de pasar de $181.04 en febrero a $178.12 en marzo pasado.

La última actualización de la Onec indica que se trata del precio más bajo de la canasta alimentaria desde diciembre de 2024 en la zona urbana y rural.

Además, es $8.8 más barata en la zona urbana en comparación con los $254.7 (3.4 %) que costó en marzo de 2024, mientras que en región rural se redujo en $4.8 en el último año (2.6 %) frente a los $183.01 reportados en igual mes del año pasado.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele dijo el pasado domingo, a través de una publicación en redes sociales, que «no se puede negar que en los últimos meses el precio de la canasta básica ha bajado», luego de comparar que en julio de 2024 -cuando hubo una crisis de precios- se compraba cuatro tomates por $1 mientras que actualmente en los agromercados los salvadoreños pueden adquirir 15.

Bukele aseguró que el precio de los alimentos continuará bajando incluso cuando se apruebe el aumento al salario mínimo.

El Ejecutivo envió la semana pasada una propuesta al Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) para un ajuste de un 12 % para llevar la remuneración en industria y servicio de $365 a $408.8, pero organizaciones han planteado que debería ser de entre $500 y $600.

¿Cómo cambiaron los precios?

Según la Onec, en la zona urbana hubo una reducción en las raciones de tortillas, arroz, huevos, frutas, frijoles, verduras y azúcar.

Entretanto, hubo aumentos en las raciones de pan francés, grasas -aceite o margarina-, así como carnes -res, cerdo y aves-.

La canasta de la zona rural tiene menos alimentos porque no incluye el pan francés ni las verduras. La Onec destaca que en marzo hubo una reducción en las raciones de tortillas, arroz, grasas, huevos, frutas, frijoles y azúcar, mientras que se registraron aumentos en las carnes.

Una investigación de la Mesa por la Soberanía Alimentaria (MpSA) encontró que el precio de la canasta alimentaria es $200 más caro que el valor reportado por la Onec.

Las familias entrevistadas por la MpSA señalaron que destinan entre un 50 % y un 80 % de sus ingresos mensuales para comprar alimentos básicos, un gasto que restringe la posibilidad de cubrir otras necesidades esenciales como salud, educación o vivienda.