Categoría: Economía

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) aliviará las restricciones financieras para El Salvador, según la calificadora Fitch Rating.

A través de un comunicado, la agencia aseguró que el programa pactado con el FMI, por $1,400 millones, apoyará a la consolidación fiscal, porque reducirá las necesidades de financiamiento.

La posibilidad de un acuerdo con el Fondo ya había impulsado a la agencia a incrementar la calificación de riesgo de El Salvador de ‘CCC+’ a ‘B-’ en enero pasado, y a establecer una perspectiva estable, por considerar que el gobierno tenía menores necesidades de financiamiento.

El directorio ejecutivo del FMI aprobó un Servicio de Fondo Extendido el pasado 26 de febrero, con el que se prevé que el gobierno salvadoreño aborde los desequilibrios macroeconómicos y fortalezca, al mismo tiempo, la transparencia y gobernanza.

Dentro de las estimaciones relacionadas al acuerdo, el Ministerio de Hacienda prevé que la deuda del sector público no financiero (SPNF), incluyendo las obligaciones del sistema de pensiones, se reduzca a un 86.4 %.

El acuerdo también obliga al gobierno a efectuar una nueva reforma de pensiones en 2026, al mismo tiempo en el que ejecutará una reducción de la masa salarial del sector público que iniciará en 2025.

Fitch señala que la mayoría evidente en la Asamblea Legislativa debería garantizar que las decisiones acordadas con el Fondo se cumplan por parte del gobierno salvadoreño.

Además, la agencia visualiza un progreso en la sostenibilidad fiscal, con la mejora del saldo primario del sector público no financiero (SPNF).

“El presupuesto de 2025 ya establece las medidas destinadas a lograr el ajuste inicial de 1.5 puntos porcentuales y Fitch pronostica una mejora mayor de 1.8 puntos porcentuales este año, lo que conducirá a un superávit primario en 2025 del 1.2 % del PIB”, anticipa Fitch.

Riesgos

La calificadora de riesgo dejó claro que existe riesgo de ejecución dentro del mismo programa, el cual mantendrá revisiones trimestrales que, posteriormente, se convertirán en semestrales.

Uno de los mayores obstáculos para pactar un acuerdo con el FMI se centró en el establecimiento del bitcoin como moneda de curso legal, desde septiembre de 2021.

Pese a tener un acuerdo en manos en la actualidad, y a haber establecido reformas la Ley bitcoin que eliminar la obligación de aceptar pagos con la criptomoneda, el presidente Nayib Bukele evidenció esta semana que continúan comprando el activo y que “no se detendrá”:

Fondos

Fitch recordó que un 70 % del programa se utilizará a modo de apoyo presupuestario, donde se incluye la creación de depósitos del Banco Central de Reserva (BCR), mientras que el resto del dinero se asignará al BCR para aumentar las reservas internacionales brutas.

La agencia recuerda que, en suma, El Salvador debería desbloquear más de $2,000 millones en financiamiento proveniente de otras instituciones en los próximos años.

La calificadora recordó que existen desafíos para reducir el gasto público y disminuir los beneficios de las medidas de la administración tributaria, la cual puede ser más evidente en 2026.

Por otro lado, la aprobación del programa desbloquea recursos para incrementar la liquidez del sistema bancario. Fitch prevé que se incrementen en un 15 % los depósitos al cierre del segundo semestre de 2026.

“Los desembolsos del FMI y un mayor financiamiento multilateral se incorporan a nuestro pronóstico de que las reservas seguirán aumentando en 2025, a $4,400 millones, fortaleciendo la capacidad de pago de la deuda a corto plazo”, añadió Fitch Ratings.

La firma estimó que con el acuerdo financiero en El Salvador empujará a que la deuda pública pase de representar un 87.6 % del producto interno bruto (PIB) en 2024, a reducirse de forma “ligera” para 2026, cuando ronde un 87.5 %.

Impacto

Fitch no descarta que las medidas migratorias ejecutadas por el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, afecten a El Salvador.

En su comunicado, la institución señala que si bien el apoyo del FMI respalda la estabilidad financiera, el país se podría ver impactado por la acciones “proteccionistas” que ponen en riesgo las perspectivas de crecimiento de El Salvador.

Además, existe un riesgo de que las exportaciones se presionen si el precio del dólar se fortalece.

Fresas, aguacates, tequila, autos o incluso combustible y televisores: las familias estadounidenses sufrirán por los nuevos aranceles aplicados por el gobierno de Donald Trump a México, Canadá y China.

«El consumidor va a constatar muy probablemente un aumento de algunos precios en los próximos días», explicó Brian Cornell, titular de la cadena de supermercados Target, en CNBC.

Los productos frescos que vienen de México, de los cuales depende Estados Unidos particularmente en invierno, tienen «una cadena de suministro muy corta» y por ende los aranceles tendrán un efecto muy rápido, destacó, aludiendo a la distancia con México y la perecibilidad de los productos.

Según el Departamento de Agricultura, 72,5% de las importaciones agrícolas desde México en 2023 eran frutos y legumbres como fresas, frambuesas, aguacates (paltas), tomates o morrones, y bebidas alcohólicas como cerveza o tequila, y jugos de frutas.

El Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale consideró que los derechos aduaneros de 25% sobre las importaciones mexicanas y canadienses (10% en el caso de los hidrocarburos de Canadá), y el 20% de aranceles adicionales sobre productos chinos, llevarán a un alza de precios de 1 a 1,2%, un sobrecosto anual de 1,600 a 2,000 dólares en promedio por familia.

Aunque podrían generar unos 1,500 millones de dólares adicionales de recaudación fiscal en 2025, estos «impuestos regresivos» afectan más a las personas más modestas.

Estas medidas que aumentarán los precios se producen cuando la inflación se acercaba al objetivo de 2% de la Reserva Federal, el banco central estadounidenses.

Los expertos, tanto como los indicadores y los industriales continúan dando cuenta de la prudencia persistente de los consumidores ante la incertidumbre macroeconómica y geopolítica.

Vehículos más caros

Si los aranceles a los automóviles se instalan definitivamente, el sobrecosto por vehículo podría variar entre 4,000 y 10,000 dólares en los casos de los que son construidos en América del Norte, según Anderson Economic Group. Esta cifra no toma en cuenta posibles impuestos al acero y el aluminio.

Los analistas de Bank of America bajaron sus previsiones de producción de automóviles a unos 16,1 millones de unidades en lugar de 16,7 millones, al considerar que estos aranceles son un «riesgo importante» con el potencial de crear un «shock» en la cadena de suministros «similar al del covid».

«El presidente Trump habló mucho de hacer más fuerte a la industria automotriz estadounidense, de producir más aquí, de innovar más», destacó recientemente Jim Farley, presidente de Ford. Pero «hasta ahora, todo lo que constatamos son muchos costos y mucho caos», lamentó.

Para Jessica Caldwell, de la firma especializada Edmunds, «si los aranceles se mantienen, la industria automotriz no será capaz de ajustarse de la noche a la mañana. No hay duda de que los mayores costos serán traspasados a los consumidores».

En enero y febrero, 48,6% de los vehículos nuevos vendidos en los concesionarios provenían de Estados Unidos, 17,4% de México, 7,4% de Canadá y 26,5% de otros orígenes, destaca Edmunds.

John Bozzella, presidente de la Alianza para la Innovación Automotriz, recuerda que los fabricantes de autos, de baterías y otros proveedores invierten actualmente «miles de millones» para modernizarse «pero no pueden relocalizarse en una noche».

Por su parte, el American Automotive Policy Council (AAPC), que representa a los constructores más tradicionales como Ford, General Motors y Stellantis, considera que los productos que respetan los «criterios estrictos» del T-MEC, el acuerdo de libre comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México, deberían quedar exentos de aranceles.

Matt Blunt, su presidente, considera que estos aranceles «perjudicarán su competitividad».

Carburante, yeso y madera

También subirán los precios de la gasolina: hasta 40 centavos por galón (3,78 litros) de aquí a marzo, según la región, anticipa el sitio especializado GasBuddy, que prevé un alza de los carburantes de uso doméstico y para aviación.

La industria aeronáutica y de defensa, el mayor sector exportador neto estadounidense, examina «estrategias para atenuar y minimizar el impacto» de los aranceles, indicó Dak Hardwick, un directivo de la Aerospace Industries Association (AIA).

Mismo escenario para la construcción ya que los nuevos aranceles de 25% sobre la madera canadiense se añaden a los 14,5% que ya existían para algunas categorías.

Carl Harris, presidente de la Asociación Nacional de Constructores Estadounidenses (NAHB), destaca que más de 70% de las importaciones de dos materiales esenciales -madera y yeso- provienen de Canadá y México.

Para Home Depot, los aranceles «siempre tienen un gran impacto en el sector» incluso si la «gran mayoría» de los productos provienen de países en donde tiene tiendas.

Para los dirigentes de la cadena de electrónicos Best Buy, un alza de precios es «altamente probable» pero la situación es «muy fluctuante».

El secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, indicó este miércoles que algunos sectores podrían ser objeto de excepciones a los nuevos impuestos.

El Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (Fiaes) llamó al sector agrícola a prepararse ante pronósticos de reducción de lluvias para este 2025.

El director ejecutivo de Fiaes, Jorge Oviedo, dijo a la radio YSKL que este año el país enfrentará una sequía que se caracteriza por una baja en los niveles de lluvia y aumento de las temperaturas.

Ante esta situación, Oviedo recomendó a los agricultores que se informen sobre lo que puede ocurrir y se preparen con técnicas que impulsen la conservación de la humedad en el suelo.

En los últimos años, el clima ha provocado pérdida en los cultivos de los productores salvadoreños.

En 2024, la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo) confirmó la pérdida de 1.8 millones de quintales de arroz, frijoles, maíz y sorgo debido a la influencia de la tormenta tropical Sara.

Un año antes, en 2023, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) aseveró que El Niño provocó afectación en un 47 % de los cultivos y pérdidas en un 18.65 % de la cosecha nacional, según un informe divulgado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

¿Qué hacer?

Entre las estrategias, el Fiaes indicó que los productores pueden impulsar sistemas agroforestales de granos básicos, con los que se pueda disminuir la temperatura del ambiente y evitar la evapotranspiración en las plantas.

“Tenemos que mantener la temperatura, disminuir la exposición solar del suelo y mantener la humedad”, recomendó el Fondo.

Oviedo también aconsejó utilizar fertilizantes que lleven menos químicos y sembrar cultivos de cobertura, que permitan que el suelo se mantenga cubierto al mismo tiempo que se obtiene una cosecha alterna.

En febrero pasado, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) advirtió que el fenómeno de La Niña se mantendrá a corto plazo y que existía un 66 % de probabilidad de una transición al fenómeno de El Niño (ENSO) neutral entre marzo y mayo.

El CEO de JAN3 y Pixelmatic, Samson Mow, aseguró que la compra de bitcoin y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) parecen estar en conflicto.

Luego de que El Salvador adoptó el bitcoin como moneda de curso legal, en septiembre de 2021, la administración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, reveló que Mow se convertiría en asesor para la emisión de bonos bitcoin -una operación que nunca se efectuó-.

Tras la eliminación de la obligatoriedad de aceptar pagos en bitcoin y de pactar un acuerdo con el FMI por $1,400 millones, con el que se limita a la criptomoneda, Bukele dijo este martes que el bitcoin no se «detendrá», al mismo tiempo en la que compartió una publicación de la Oficina Bitcoin donde se confirmó la compra de un activo.

Debido a las declaraciones del mandatario, Mow aseguró el 4 de marzo que revisó el documento que describe el acuerdo entre el gobierno salvadoreño y el FMI y que no encontró la «escapatoria» para que El Salvador continúe efectuando la compra de bitcoin.

«Hay un documento de 111 páginas que describe el acuerdo entre el FMI y el gobierno de El Salvador que les prohíbe explícitamente comprar o extraer bitcoin. El presidente Bukele afirmó que seguirá comprando bitcoin. Estas dos cosas parecen estar en conflicto entre sí».

Samson Mow
CEO de JAN3 y Pixelmatic

El informe del FMI plantea que las compras de criptomonedas se «limitan», pues el gobierno salvadoreño se comprometió a no acumular bitcoins y a no emitir ni garantizar deuda pública “indexada o demoniada” en dicho activo digital.

Desafío

El empresario en criptomonedas dijo que no creía que «desafiar» al FMI sea una buena idea, debido al financiamiento y a la imagen del país.

Mow reprochó la falta de decisión del gobierno e indicó que si la idea era incumplir el acuerdo hubiera sido mejor no llegar al mismo desde un inicio.

Luego de la publicación, una serie de usuarios de la red social X externaron sus opiniones con respecto a la situación fiscal y de criptomonedas en El Salvador.

Un usuario señaló que si se hubiera emitido los bonos bitcoin se habría «destruido el producto», a lo que Mow respondió que dicha colocación habría «impedido más préstamos» para El Salvador.

En otra publicación, Mow aclaró que los bitcoiners que buscan respuestas no son el «enemigo».

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) remodeló 53 agromercados a nivel nacional de los 56 puntos establecidos, según informó este martes esa cartera de Estado.

La comercialización de los alimentos se pasó de efectuar bajo «canopys» – en diversos puntos, a construir establecimientos específicos para dicho fin.

Entre los agromercados remodelados está el distrito de San Francisco Menéndez, municipio de Ahuachapán Sur, así como Ahuachapán, en Ahuachapán Centro; Sonsonate, Sonsonate Centro; Armenia, Izalco, ambos de Sonsonate Este y Acajutla, en Sonsonate Oeste.

A estos se añade Colón, en La Libertad Oeste; Ciudad Arce y San Juan Opico, en La Libertad Centro; Quezaltepeque, en La Libertad Norte y dos más en Santa Tecla, La Libertad Sur.

Pese a no confirmar el monto de inversión que se destinó para dichas remodelaciones, las modificaciones también se efectuaron en dos agromercados en Santa Ana, municipio de Santa Ana Centro; Metapán, Santa Ana Norte; Chalchuapa, Santa Ana Oeste y El Congo, Santa Ana Este.

Agromercados

En el centro del país se remodeló el de Ayutuxtepeque, Mejicanos y Ciudad Delgado, en San Salvador Centro; así como dos más en Ilopango, San Martín, Soyapango, en San Salvador Este.

En la lista se suma el de Apopa, en San Salvador Oeste; San Marcos, en San Salvador Sur y Aguilares, en San Salvador Norte.

El MAG aseguró que intervino el agromercado ubicado en La Unión, La Unión Sur; Santa Rosa de Lima y Anamorós, en La Unión Norte; así como San Vicente, en el municipio de San Vicente Sur; Apastepeque, en San Vicente Norte; Jiquilisco, en Usulután Oeste; Usulután, en Usulután Este; Berlín y El Triunfo en Usulután Norte.

La intervención incluyó el punto de comercialización ubicado en Meanguera, Morazán Norte; San Francisco Gotera y Jocoro, en Morazán Sur; Olocuilta, en La Paz Oeste; Zacatecoluca, en La Paz Este; Ilobasco, en Cabañas Oeste; Sensuntepeque, en Cabañas Oeste y Chinameca, en San Miguel Oeste.

Las adecuaciones suman al agromercado de Ciudad Barrios, en San Miguel Norte; dos más ubicados en el distrito de San Miguel, San Miguel Centro; uno más construido en Nueva Concepción y El Paraíso, en Chalatenango Centro; Chalatenango, en Chalatenango Sur; San Rafael Cedros y Cojutepeque, en Cuscaltán Sur; así como en Suchitoto, Cuscatlán Norte.

Canadá presentó oficialmente una reclamación ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra los aranceles punitivos del 25% decretados por el gobierno estadounidense a los productos importados del país vecino, confirmó este miércoles el organismo con sede en Ginebra.

«Solicité a la OMC consultas con el Gobierno de Estados Unidos a propósito de los aranceles injustificados a Canadá», afirmó en la víspera la embajadora canadiense ante la OMC, Nadia Theodore, en un mensaje en la red LinkedIn.

«La decisión de Estados Unidos no nos deja otra opción», defendió.

Un funcionario de la OMC confirmó que se había presentado el reclamo.

Además de Canadá, Estados Unidos aplicó aranceles del 25% a México y del 20% a China, que también recurrió a la OMC para oponerse a la medida.

Theodore firmó el mensaje con la expresión «Elbows up» (literalmente «codos arriba»), un grito de unidad y resistencia que proviene del hockey, deporte muy popular en Canadá.

Según el reglamento de la OMC, la reclamación debe transitar por varias etapas.

Si las partes no llegan a un acuerdo, el país que presenta la reclamación puede demandar la conformación de un grupo especial de tres o cinco expertos en derecho internacional y comercio.

Sin embargo, este órgano de apelación, cuyas recomendaciones admiten recurso, no puede tramitar nuevos casos desde diciembre de 2019 porque las plazas de los jueces siguen vacantes tras el bloqueo de los nombramientos por parte de Estados Unidos, una práctica iniciada bajo la presidencia de Barack Obama y continuada por Donald Trump y Joe Biden.

El Ministerio de Hacienda continuará en los próximos dos años un ajuste para reducir la masa salarial del aparato público como parte del programa de $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La grasa salarial es el principal enfoque que propuso el gobierno salvadoreño al FMI para disminuir el gasto público como parte de un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), que se realizará entre 2025 y 2027.

El reporte publicado por el FMI detalla que para este año se prevé una reducción del gasto público de 1.4 puntos porcentuales del PIB, mientras que para 2026 será de 2.2 % y en 2027 llegará a un 2.8 %.

¿Cómo lo logrará el gobierno? El Fondo señala que “el enfoque inicial” es una reducción de la masa salarial, que iniciará en 2025 con un ahorro de 0.8 % del PIB. En 2026 el ajuste será más agresivo, en un 1.3 %, y en 2027 subirá a 1.6 %.

El presupuesto de 2025, cuya aprobación estuvo rodeada de polémica por el rechazo de los sindicatos, incorporó una reducción a la asignación para el rubro de remuneraciones a través de la eliminación de puestos vacantes.

Para los próximos años también se mantendrá la prohibición de aumentos salariales, la aplicación de escalafón a los trabajadores del sector de salud y educación de bajos ingresos, y la suspensión de beneficios económicos.

Aunque el gobierno contempla otras medidas para controlar el gasto, el Fondo advierte que se necesitarán “más esfuerzos para asegurar los recortes” a fin de cumplir la meta del 2.8 % del PIB para 2027.

Para esto, agrega en su reporte, se prepara una reforma al servicio civil con asistencia técnica del Banco Mundial, que se conocería en junio de 2025.

Además, el ajuste contempla una reducción del gasto en bienes y servicios, como optimizar el uso de edificios, consumo de energía eléctrica y restricción a compras no esenciales, que generarían ahorros al fisco salvadoreño de un 0.5 % del PIB en 2025, un 0.8 % en 2026, y un 1 % en 2027.

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De igual manera, Hacienda racionalizará “aún más las transferencias a los municipios” tras la reforma que redujo de 262 a 44 municipios, que, según el análisis del FMI, generaría “ganancias de eficiencia en el empleo público”.

La priorización de las transferencias a los municipios generaría ahorros equivalentes a un 0.1 % del PIB en 2025, mientras que para 2026 y 2027 sería de un 0.2 %, respectivamente.

Inversión pública

En anteriores revisiones al Artículo IV, una consulta períodica del Fondo a los países miembros, el multilateral con sede en Washington había recomendado al gobierno salvadoreño realizar un ajuste del gasto público también por una focalización de los subsidios, un tema que ha sido tocado a profundidad en el acuerdo.

En el reporte, el Fondo señala que el programa ofrecerá “suficiente espacio” para realizar inversiones públicas prioritarias, con un mínimo de 2.5 % del PIB. Además, se salvaguardará el gasto de programas sociales focalizados, con 1.5 % del PIB.

“Para garantizar una ejecución efectiva, también se prevé el desarrollo de una hoja de ruta para fortalecer los marcos institucionales de asistencia social”, añadió.

Para aumentar los ingresos, Hacienda ha propuesto una ampliación de la base tributaria con la incorporación del comercio electrónico y agentes que no tributan, además de reducir el gasto en la administración tributaria y completar la facturación electrónica.

El financiamiento de $1,400 millones aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) se utilizará como apoyo presupuestario y cobertura de reservas, mientras el gobierno realiza un ajuste

fiscal en los próximos tres años para corregir el alto nivel de endeudamiento.

El documento final del acuerdo, publicado por el FMI el 3 de marzo de 2025, detalla que un tramo de $570 millones, equivalente a un 40 %, se asignará al Banco Central de Reserva (BCR) para aumentar las reservas, un mecanismo que sirve de “colchón” cuando la liquidez se agota debido a un incremento acelerado del gasto en medio de una crisis, como ocurrió en la pandemia de covid-19.

El 60 % de los recursos restantes, al menos $800 millones, se pondrán a disposición como refuerzo presupuestario.

De estos, $600 millones se destinarán para aumentar los depósitos del sector público no financiero (SPNF) en el BCR y $200 millones financiarán el déficit fiscal -la brecha que surge cuando el gasto es superior a los ingresos-.

El Fondo Monetario señaló que estos recursos aliviarán las necesidades de financiamiento externo mientras se abordan los desequilibrios fiscales y externos durante la ejecución del ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) en los próximos tres años.

“El financiamiento del programa también ayudará a aliviar el nexo entre el gobierno soberano y los bancos, y a proteger el crédito al sector privado y la diversificación de los fondos de pensiones”, sostiene el FMI.

Revisión de metas

La aprobación incluye un desembolso inmediato de $113 millones, pero el resto del financiamiento se entregará a partir del desempeño del programa. Inicialmente se realizarán dos revisiones trimestrales para la implementación temprana del acuerdo, las cuales garantizarán la credibilidad y los efectos catalizadores.

Después se realizarán evaluaciones semestrales para realizar las “ambiciosas reformas estructurales apoyadas con el programa”.

El visto bueno del Directorio Ejecutivo del FMI estaba sujeto al cumplimiento de acciones previas, como la aprobación del presupuesto general de 2025 de acuerdo con el plan fiscal y con la adopción de estándares de buenas prácticas internacionales.

En el proceso fue clave la reforma a la Ley Bitcoin para establecer el uso voluntario de la criptomoneda, exclusiva para el sector privado, así como la eliminación de la opción de pagar impuestos.

En adelante, el BCR tiene la obligación de emitir normas para aumentar las reservas a 12 % de los depósitos del sistema financiero.

Asimismo, el gobierno deberá publicar

información sobre el uso de los fondos públicos en la adopción del bitcoin, resumen financiero de la Chivo Wallet y secretar los fondos de la billetera una vez el Ejecutivo la liquide o venda, que pasarán a custodia del BCR.

Las personas afectadas por el cambio climático ascendieron a 97,000 por año entre 2000 y 2021, según un documento de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

El informe, difundido en enero pasado con datos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), señala que en las últimas dos décadas el promedio de personas afectadas por este tipo de situaciones pasó de 10,000 a 97,000, un incremento de un 870 %.

La OCHA enfatiza en que El Salvador enfrenta una “alta vulnerabilidad” a eventos geológicos e hidrometeorológicos, los cuales provocan inundaciones y emergencias.

“El Salvador es uno de los 10 países más afectados por el cambio climático en el último decenio, enfrentando pérdidas y repercusiones directas que implican la perpetuación del ciclo de la pobreza”, indicó el informe.

El documento señala que los efectos del cambio climático pueden provocar el desplazamiento de la población.

Entre los sectores más afectados están la zona costera, las poblaciones indígenas, así como las mujeres y los niños.

La OCHA recordó que los departamentos de San Salvador, La Libertad y Sonsonate son los más vulnerables a nivel nacional, ante los terremotos e inundaciones. Por su parte, en Chalatenango y Ahuachapán el impacto climático llega por el lado de las sequías y la deforestación.

La situación provoca afectaciones sobre las producciones de maíz, frijoles y café.

La oficina de las Naciones Unidas (ONU) asegura que en 2023 un estudio del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) reveló que El Niño y la sequía afectaron un 47 % de los cultivos, generando pérdidas en 18.65 % de la cosecha nacional.

Informes de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo) confirman que para el ciclo 2024-2025 los productores perdieron 1.8 millones de quintales, los cuales se tradujeron en $65.2 millones.

La OCHA señala que al no existir formas de apoyo sostenido para las familias, éstas se ven obligadas a movilizarse a nivel interno y salir del país como medida de “afrontamiento”.

El impacto del cambio climático le cuesta no solo sus ingresos a los hogares sino que, además, reduce las finanzas públicas y prolonga las necesidades humanitarias.

Para este año, la OCHA ha identificado más de 800,000 personas en necesidades humanitarias en general -un 13 % de la población general-, en 36 de los 44 municipios del país.

Varias provincias canadienses retiraron este martes de la venta productos alcohólicos estadounidenses, como parte de una amplia represalia nacional contra los aranceles a las importaciones de ese país impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Este es un enorme golpe para los productores estadounidenses», dijo el primer ministro de Ontario, Doug Ford, al anunciar las medidas de su gobierno provincial, similares a las aplicadas por Quebec y Manitoba.

De su lado, Columbia Británica informó que dejará de comprar alcohol proveniente de «estados rojos», alineados con el Partido Republicano de Trump.

En Canadá, la venta de bebidas alcohólicas es administrada por empresas públicas que están en manos de las provincias.

La Junta de Control de Licores de Ontario (LCBO, por sus siglas en inglés) es «el mayor comprador de alcohol del mundo», subrayó el martes Ford durante una conferencia de prensa.

«Dado que las marcas estadounidenses no estarán más disponibles en el catálogo de la LCBO, mayorista exclusivo, los otros minoristas, bares y restaurantes de la provincia no podrán reabastecerse de más productos estadounidenses», precisó.

El gobierno de Quebec también pidió «dejar de suministrar bebidas alcohólicas estadounidenses en tiendas de comestibles, agencias, bares y restaurantes», según un comunicado.

En la página web de la Sociedad de Licores de Quebec (SAQ) la medida ya se había aplicado a mediodía del martes. Junto a los artículos estadounidenses se leía el siguiente anuncio: «Debido a la nueva normativa arancelaria entre Canadá y Estados Unidos, este producto ya no está a la venta».