El gobierno salvadoreño se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a ampliar la base tributaria como parte del ajuste fiscal, un acuerdo que revive la polémica de gravar al comercio digital.
El programa de $1,400 millones con el FMI contempla un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), ejecutado entre 2025 y 2027, que en esencia requiere amarrar la cartera para reducir el gasto público mientras aumenta los ingresos.
La propuesta del gobierno, avalada por el Directorio Ejecutivo del FMI la semana pasada, contempla la adopción de medidas para “fortalecer el sistema de impuestos especiales y tasas y la administración tributaria”.
“Más allá de este año, las reformas en materia de ingresos procurarán ampliar la base impositiva y reducir los gastos tributarios”, señala el FMI en el reporte publicado el 3 de marzo de 2025.
¿Qué ha propuesto?
Para 2025, el ajuste fiscal contempla un 0.3 % por el lado de ingresos y 1.4 % por gastos.
De acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Hacienda, la ampliación de la base de ingresos y la reducción de los gastos tributarios se traducirán en un incremento de los ingresos de 0.2 % como relación del PIB, mientras que factura electrónica aportará un 0.2 %.
La principal apuesta del gobierno es la implementación de la factura electrónica, lanzada oficialmente en diciembre de 2022 como un mecanismo más expedito que reduce los riesgos de evasión fiscal.
En el Plan Fiscal 2025-2027, publicado en Transparencia Fiscal, Hacienda reitera que el ajuste fiscal por el lado de ingresos descansa en mejorar el desempeño de la recaudación, promover la eficiencia y ampliar la base tributaria.
“Para ello, se propone el uso eficiente de herramientas de fiscalización y de reducción de la evasión fiscal, la ampliación de la base tributaria, la incorporación de la economía digital al sistema tributario”, agregó Hacienda en el plan.
Gravar al comercio electrónico generó polémica en mayo de 2021, cuando el exministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, afirmó en ese momento no se busca crear un nuevo impuesto, sino que los comercios contribuyan al fisco con renta e IVA, como lo hacen las empresas tradicionales.
Ruta de trabajo ante distorsiones del mercado
El régimen tributario salvadoreño descansa fundamentalmente en impuestos indirectos, estructurados en 18 grupos que dependen de la actividad económica. Para ilustrar, el Impuesto sobre la Renta (ISR) es pagado por los asalariados y las empresas, mientras que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es cargado por cada producto que compra, en un 13 % del valor original. Ambos rubros generan más del 80 % de los ingresos que recibe el fisco cada año.
De acuerdo con el reporte, las autoridades reconocieron que la dolarización requiere una política fiscal ajustada los choques que deriven en un desempeño insuficiente de los ingresos al Tesoro salvadoreño, además de incluir medidas correctivas para salvaguardar las reservas internacionales y la sostenibilidad de la deuda.
Cuando los ingresos tributarios caen, pero se mantiene o aumenta el gasto público, el margen de maniobra del gobierno es limitado y recurre a deuda para cubrir todas las responsabilidades, como ocurrió en la pandemia de covid-19 o un evento climático extremo. De este desequilibrio surge el déficit fiscal, el problema es cuando se vuelve recurrente y socava la salud fiscal.
El FMI señala que las “ autoridades han acordado racionalizar aún más el gasto no prioritario y no salarial” cuando surjan déficits fiscales.
“También se considerará la movilización de ingresos acelerando las reformas destinadas a ampliar la base de ingresos y racionalizar los regímenes especiales, así como aumentando las tasas y otros impuestos en caso de que las desviaciones fiscales se vuelvan grandes”, sostiene el FMI.
¿Significa esto más impuestos? En esencia, Hacienda se compromete a incluir a sectores que no tributan mientras mejora el sistema de recaudación y la factura electrónica; sin embargo, el FMI señala que hay un acuerdo de aumentar las tasas y otros impuestos en caso de «desviaciones fiscales grandes».
