Categoría: Economía

El Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) inició este miércoles las discusiones para aprobar un aumento al salario mínimo, casi cuatro años después del último ajuste y en un ambiente decantado por la propuesta del presidente salvadoreño Nayib Bukele de un alza de un 12 %.

Rolando Castro, ministro de Trabajo y Previsión Social (MTPS), abrió la primera sesión del ente tripartito en «respuesta» a la propuesta del presidente de aumentar a partir de junio de 2025.

Castro se comprometió a «cumplir los tiempos mandatados por el presidente», aunque aseguró que trabajarán conforme un cronograma que se definirá en el CNSM para «escuchar a todos los actores y sectores de la sociedad».

«Todos ustedes saben que el presidente de la República, Nayib Bukele, ha hecho una propuesta a este consejo, la vamos a analizar y cada uno de los sectores que están acá van a dar sus respectivas reacciones. Además, pueden hacer sus mismas propuestas, eso lo plantea el instructivo del CNSM», dijo Castro.

Bukele informó el 25 de abril que envió una propuesta al CNSM para un aumento salarial de un 12 %, con lo cual el salario mínimo pasaría de $365 a $408.8 para el sector industrial, comercio y servicios.

Entretanto, maquila pasaría de $359.1 a $402.2; beneficios de café y recolección de caña de azúcar de $272.55 a $305.2; y el sector agropecuario de $243.4 a $272.6.

Previamente, el ministro de Trabajo ha dicho que ve con «beneplácito» la propuesta enviada por el Ejecutivo, aunque el CNSM se encuentra abierto a recibir más propuestas, ya que el Consejo tiene representación también de los empleadores y los trabajadores.

En ese sentido, el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) entregó al despacho el lunes una propuesta para subir el salario de entre $500 y $600, bajo el argumento que la canasta alimentaria ha subido un 21 % desde el último ajuste salarial, de agosto de 2021.

La Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (Onec) reporta que la canasta básica alimentaria (CBA) pasó de $204.75 en agosto de 2021 a $245.8 en marzo de 2025, equivalente a un incremento de $41.05, un 20 %.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) dijo que la propuesta enviada por Bukele es un «paso positivo», pero no «logra responder de manera efectiva a las necesidades de la población trabajadora».

«Todo incremento salarial es importante, sin embargo, este debe orientarse a satisfacer las necesidades básicas del hogar de la trabajadora y el trabajador en aspectos materiales, morales y culturales», indicó Fespad, al tiempo que recordó que los últimos dos ajustes han sido mayores a la propuesta estatal.

Si se aprueba el ajuste propuesto por Bukele, El Salvador tendría el segundo salario mínimo más bajo de la región centroamericana, por detrás de los $347.92 vigente en Nicaragua para sectores de construcción, financieros y seguros.

Costa Rica tiene el mayor salario mínimo, pero este país desagrega por sectores donde para universitarios es de $1,558.98, mientras que en Panamá es de $1,188 en el rubro de transporte.

Guatemala tiene un salario mínimo de $482.2 para actividades no agrícolas en el departamento de Guatemala y en Honduras llega a $704.35 en el sector de electricidad, gas y agua, en empresas con más de 151 empleados.

Los gobiernos de El Salvador y Guatemala integrarán las aduanas de Anguiatú, en Santa Ana, y La Ermita, en Guatemala, en una sola a partir del 6 de mayo de 2025.

La medida fue anunciada la semana pasada en un evento virtual de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) para abordar una capacitación sobre las operaciones de integraciones profundas entre ambos puntos.

El representante de Aduanas en El Salvador, Luis Córdova, dijo en ese evento que la medida incluirá al personal de dicha institución, la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala y el Instituto Guatemalteco de Migración.

El director general de Aduanas, Benjamín Mayorga, dijo este miércoles en Diálogo 21 que, al igual que con Honduras, los trabajadores guatemaltecos pasarán al lado salvadoreño.

«Estamos trabajando con Guatemala para integrarnos en la frontera de Anguiatú, es otra de las modernas, y la ponemos a disposición de las autoridades de Guatemala».

Benjamín Mayorga
Director general de Aduanas

La medida aduanera es parte del proceso de integración profunda que Guatemala y Honduras implementan desde 2017, una estrategia a la que El Salvador se sumó un año después, en el 2018.

Como parte de la iniciativa, el primer punto unificado de El Salvador -en el que se integran los servicios de migración, aduanas y sanitarias- se ejecutó con Honduras. Las operaciones en un solo recinto iniciaron en diciembre de 2023 en El Amatillo.

Tras la puesta en marcha, el gobierno salvadoreño confirmó que los segundos puntos en unirse serían Anguiatú y La Ermita, así como el punto de La Hachadura, en Ahuachapán, y Pedro de Alvarado, en Guatemala.

Luego de varias estimaciones de inicios de operación, Aduanas confirmó que del 2 al 5 de mayo se realizará un plan piloto con la participación de autoridades de ambos países.

Las autoridades también ejecutan pruebas en la conectividad para luego trasladar a las autoridades de Guatemala hacia las aduanas de Anguiatú.

Próximas medidas

Mayorga indicó que prevén que la integración del puesto fronterizo entre los recintos de La Hachadura y Pedro de Álvarado inicie operaciones a finales de 2025.

El siguiente paso para las autoridades aduaneras será buscar financiamiento para la integración de las aduanas El Poy, en Chalatenango, con Honduras.

«Con Honduras, El Salvador igual va a invertir en el Poy, estamos buscando ya fondos para podernos integrar, y hay viabilidad para podernos integrar», indicó el funcionario.

El gobierno salvadoreño aseguró que existe «viabilidad» por parte de las autoridades hondureñas para integrarse también del lado salvadoreño.

La Dirección General de Aduanas (DGA) descartó problemas en el funcionamiento en los puestos de atención en las fronteras del occidente debido al cierre de la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros, pero reiteró que mantienen horarios especiales.

El director general de Aduanas, Benjamín Mayorga, dijo que las fronteras continúan funcionando las 24 horas del día, los siete días de la semana.

«Tenemos rutas fiscales para los transportistas, hemos habilitado la Litoral, que es una de las zonas que tiene que ver con el Puerto de Acajutla. Con las fronteras en el occidente (hemos) habilitado los horarios especiales».

Benjamín Mayorga

Director general de Aduanas

Desde el pasado fin de semana, el tránsito por la carretera a Los Chorros es afectado por una serie de cierres y aperturas prematuras que han provocado una fuerte carga vehicular en rutas alternas de ingreso o salida desde el occidente del país.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (Mopt) informó sobre un cierre temporal la tarde del lunes, cuando se reportaron nuevos desprendimientos de tierras que obstruyeron los cuatro carriles de la vía.

Tras el cierre, las autoridades confirmaron el 29 de abril que la carretera se volverá a habilitar hasta el 5 de mayo, cuando los trabajos de limpieza y reforzamiento de la infraestructura culminen.

Durante una entrevista en Diálogo 21, Mayorga aseguró que están dando seguimiento a la situación, guiándose en las declaraciones anticipadas que los transportistas deben realizar previo a su paso por la frontera.

Según el funcionario, de lunes a miércoles se suele tener poca demanda por las fronteras, pero la misma comienza a aumentar desde el miércoles hasta el viernes.

Libre circulación

El Viceministerio de Transporte (VMT) indicó este martes que las restricciones al transporte de carga en la carretera Litoral quedaban sin efecto.

A través de redes sociales, la institución señaló desde el 25 de abril que se suspendía la movilización de vehículos de carta de más de 15 toneladas entre el desvío de Acajutla, en Sonsonate, y San Luis Talpa, en La Paz, debido a la realización de un torneo de surf.

El VMT suspendió el sábado la medida, pero no informó entre el lunes y martes por la mañana si la pausa continuaba.

La Asociación Salvadoreña de Transportistas de Carga (Astic) confirmó ayer que el tránsito por la carretera Litoral estaba habilitado para el sector y reiteró que es una de las vías clave para transportar mercadería hacia Guatemala.

La gremial también confirmó una leve afectación por la situación y un aumento en los costos de combustibles que debe ser pagada por los transportistas.

Astic también advirtió que si la situación se extiende por 15 días provocará un impacto directo en el sector.

Legisladores de ambos partidos en Estados Unidos presentaron este miércoles un proyecto de ley para eliminar el uso de monedas de un centavo en el país, una iniciativa respaldada por el presidente Donald Trump.

El texto propone eliminar gradualmente los centavos, exigiendo que todas las compras en efectivo se redondean al múltiplo de cinco centavos más cercano.

El proyecto fue titulado «Common Cents Act», un juego de palabras que combina los conceptos de “sentido común” (common sense) y “centavos” (cents).

La propuesta fue introducida por la congresista republicana Lisa McClain, la senadora republicana Cynthia Lummis, el congresista demócrata Robert García y la senadora demócrata Kirsten Gillibrand.

“Los centavos son un desperdicio del dinero de los contribuyentes. No tiene sentido gastar millones cada año acuñando monedas que tan poca gente utiliza”, declaró McClain en un comunicado.

Por su parte, García señaló que la fabricación y distribución de centavos “cuesta tres veces más de lo que valen”.

Trump calificó en febrero pasado el uso de centavos como un “despilfarro” y ordenó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, frenar su producción, a pesar de que es el Congreso quien tiene la autoridad sobre la fabricación de monedas.

La Defensoría del Consumidor ha abierto «varias investigaciones» en comercios por presuntos incrementos injustificados tras el anuncio del aumento al salario mínimo.

El presidente de la institución, Ricardo Salazar, fue consultado en la entrevista de la radio YSKL sobre si habían detectado casos de especulación, luego de que el presidente Nayib Bukele enviara una propuesta de aumento de un 12 % del salario mínimo la semana pasada.

Durante la entrevista, usuarios de redes sociales indicaron a Salazar que como consumidores han detectado aumento en el costo de algunos productos tras el anuncio.

Ante la consulta, Salazar aseguró que de momento la institución realiza labores preventivas para evitar incrementos injustificados.

«Estamos nosotros en este proceso, tenemos varias investigaciones que hemos abierto, es importante mencionar la denuncia de la ciudadanía».

Ricardo Salazar
Presidente de la Defensoría del Consumidor

El presidente de la institución dijo que permanecerán atentos a una posible aprobación del salario mínimo, porque con las verificaciones buscarán que el incremento tenga un efecto directo en la población.

Desde el 25 de abril, cuando se brindó el anuncio de la propuesta, la Defensoría advirtió que no se debe aumentar el costo de los alimentos porque no hay justificación.

Especulación

Salazar reconoció que en anteriores ocasiones, el solo anuncio de un aumento salarial provocó especulación en el mercado.

«En vista de que algunos comercios buscan aprovecharse de la situación, por no decir que buscan anticiparse», sumó el vocero de la institución.

Según el gobierno, luego del anuncio del presidente se intensificaron las verificaciones para evitar una afectación para los consumidores.

La institución señala que en lo que va del año han realizado 10,600 verificaciones en diferentes tipos de comercios.

Cada mes la Defensoría visita entre 15 a 20 municipios a nivel nacional para efectuar los sondeos de precios, que regularmente eran divulgados en su página web, pues el último de los documentos corresponde a la última semana de enero de 2025.

Además, en torno a las medidas de alivio económico la institución ha procesado 185 casos con una resolución de multa para 101, totalizando más de $421,000 en sanciones.

El precio de la canasta básica alimentaria (CBA) bajó $1.7 en la zona urbana y cerró en $245.8, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (Onec).

En la zona rural, en tanto, el precio bajó $2.91 luego de pasar de $181.04 en febrero a $178.12 en marzo pasado.

La última actualización de la Onec indica que se trata del precio más bajo de la canasta alimentaria desde diciembre de 2024 en la zona urbana y rural.

Además, es $8.8 más barata en la zona urbana en comparación con los $254.7 (3.4 %) que costó en marzo de 2024, mientras que en región rural se redujo en $4.8 en el último año (2.6 %) frente a los $183.01 reportados en igual mes del año pasado.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele dijo el pasado domingo, a través de una publicación en redes sociales, que «no se puede negar que en los últimos meses el precio de la canasta básica ha bajado», luego de comparar que en julio de 2024 -cuando hubo una crisis de precios- se compraba cuatro tomates por $1 mientras que actualmente en los agromercados los salvadoreños pueden adquirir 15.

Bukele aseguró que el precio de los alimentos continuará bajando incluso cuando se apruebe el aumento al salario mínimo.

El Ejecutivo envió la semana pasada una propuesta al Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) para un ajuste de un 12 % para llevar la remuneración en industria y servicio de $365 a $408.8, pero organizaciones han planteado que debería ser de entre $500 y $600.

¿Cómo cambiaron los precios?

Según la Onec, en la zona urbana hubo una reducción en las raciones de tortillas, arroz, huevos, frutas, frijoles, verduras y azúcar.

Entretanto, hubo aumentos en las raciones de pan francés, grasas -aceite o margarina-, así como carnes -res, cerdo y aves-.

La canasta de la zona rural tiene menos alimentos porque no incluye el pan francés ni las verduras. La Onec destaca que en marzo hubo una reducción en las raciones de tortillas, arroz, grasas, huevos, frutas, frijoles y azúcar, mientras que se registraron aumentos en las carnes.

Una investigación de la Mesa por la Soberanía Alimentaria (MpSA) encontró que el precio de la canasta alimentaria es $200 más caro que el valor reportado por la Onec.

Las familias entrevistadas por la MpSA señalaron que destinan entre un 50 % y un 80 % de sus ingresos mensuales para comprar alimentos básicos, un gasto que restringe la posibilidad de cubrir otras necesidades esenciales como salud, educación o vivienda.

El

presidente de Estados Unidos, Donald Trump culpó este miércoles a su antecesor, Joe Biden, de la contracción de la economía en el primer trimestre del año y negó que su agresiva política arancelaria haya tenido algo que ver.

«No tiene nada que ver con los aranceles, solo que (Biden) nos dejó con malas cifras, pero cuando comience el auge, será como ningún otro. ¡¡¡Tengan paciencia!!!«, declaró Trump en su plataforma Truth Social.

Según los datos publicados este miércoles, el Producto Interior Bruto (PIB) de la mayor economía del mundo se contrajo un 0,3 % en el primer trimestre del año, el primer dato negativo desde 2022.

El mandatario republicano, que asumió el poder el 20 de enero, declaró que estos «son los mercados de Biden, no los de Trump».

Asimismo, prometió que los aranceles «pronto entrarán en vigor y las empresas comenzarán a establecerse en Estados Unidos en cifras récord».

«Nuestro país prosperará, pero tenemos que deshacernos del ‘efecto negativo’ de Biden», apuntó.

De acuerdo con el Buró de Análisis Económico (BEA), la contracción de este primer trimestre del año se debe al aumento de las importaciones, que se sustraen del cálculo del PIB, y a una reducción del gasto gubernamental.

Esta es la primera contracción en tres años y coincide con la llegada al poder de Trump, que abrió un proceso de incrementos arancelarios a nivel global, recortes en el gasto federal y anuncios de rebajas de impuestos.

En un ejemplo más de la incertidumbre que ha creado la guerra comercial de Trump, que ha anunciado y pausado aranceles en varias ocasiones, los analistas esperaban un subida del 0,4 % en la primera estimación del PIB para el primer trimestre, pero posteriormente estimaron que el dato sería negativo.

La caída del 0,3 % del PIB en el primer trimestre contrasta con la subida del 2,4 % calculada para el último trimestre de 2024, con Biden en el poder.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continua con su intento de corregir el caos de una guerra comercial marcada por el vaivén y la incertidumbre en la imposición de aranceles, unos volantazos provocados por el miedo y la tensión en los mercados y las quejas de grandes empresas.

La última decisión, coincidiendo con la celebración de los primeros cien días de su segundo mandato y como siempre a través de una orden ejecutiva, ha sido el alivio arancelario al sector automovilístico, en un acuerdo con los fabricantes para modificar el arancel del 25 % sobre algunas piezas importadas.

Según el decreto, si esas partes representan el 15 % del valor total de un automóvil montado en EE.UU. y el arancel sobre esas piezas es del 25 %, el Gobierno federal aplicará un crédito equivalente el 3,75 % del valor total del vehículo para los ensamblados desde el 3 de abril de este año hasta el 30 de abril de 2026, y del 2,5 % para los montados hasta finales de abril de 2027.

A eso, le sumó otra acción: otra orden ejecutiva para evitar la acumulación de aranceles sobre un mismo producto, que afecta principalmente a ciertos productos canadienses y mexicanos, así como las importaciones de derivados del aluminio y del acero.

Regreso a la política de amenaza arancelaria.

La promesa electoral de recuperar las políticas arancelarias de su primer mandato empezó a los pocos días de tomar posesión, el 1 de febrero, cuando firmó las órdenes ejecutivas para tarifar al 25 % los bienes de sus vecinos (México y Canadá) y del 10 % a los de su principal objetivo en la guerra comercial, China.

México y Canadá, países a los que acusa de no controlar su frontera en sus flujos migratorios ni en los de drogas como el fentanilo, vieron como dos días después Trump pausaba por un mes la ola de aranceles; China respondió con aranceles recíprocos de entre el 10 % y el 15 %.

Días después llegarían los aranceles del 25 % al acero y aluminio, que entraron en vigor un mes después, y el 13 de febrero llegaría otro gran anuncio: el memorando para imponer «aranceles recíprocos» a los países que gravan productos estadounidenses, con la Unión Europea (UE) entre los principales damnificados.

Los 27 respondieron un día después con la amenaza de una reacción «firme e inmediata» por considerar estos aranceles totalmente «injustificados».

Marzo empezó con un anuncio de aranceles a las importaciones de productos agrícolas, la entrada en vigor de los aranceles anunciados un mes antes, y la primera marcha atrás: el retraso de un mes de los aranceles al sector automovilístico de México y Canadá, y de los productos canadienses cubiertos por el tratado de libre comercio.

A mediados de mes, la UE impulsó contramedidas valoradas en 26.000 millones de euros ($29.529,28), en tarifas a importaciones de EE. UU., un ataque que Trump respondió con la amenaza de tarifar al 200 % al vino y al resto de bebidas alcohólicas procedentes de la UE, en represalia por los planes de Bruselas de gravar las importaciones de whisky estadounidense.

La Comisión Europea aplazó esa tanda de aranceles para abrir vías de negociación.

Una «liberación» contenida

El momento clave llegaría el 2 de abril, definido como el «Día de la Liberación económica» de EE. UU.: Trump imponía un arancel universal del 10 % sobre las importaciones estadounidense, con recargos adicionales a 57 países, entre ellos tarifas que alcanzaban el 34 % en China y el 20 % a la UE. Los principales socios comerciales respondieron de inmediato con contramedidas.

Esa decisión fue el detonante definitivo a la guerra comercial y así se lo hicieron saber las bolsas, con caídas históricas y pavor en los parqués. También se resintió el mercado de deuda, y las previsiones económicas de los principales organismos auguraban un retroceso significativo de la economía estadounidense y mundial.

Ante el caos mundial despertado, el 9 de abril (solo una semana después del órdago que desató la tormenta), Trump daba una tregua parcial de 90 días a la guerra comercial global, eliminando temporalmente el arancel universal del 10 %.

A eso hay que añadir las medidas quirúrgicas que ha aplicado Trump ante el pavor de grandes empresas y el riesgo de afectación a cadenas de suministro clave. Además de la ya mencionada rectificación en el sector automotriz, a mediados de abril el republicano eximía de sus «aranceles recíprocos» dispositivos y piezas de electrónica.

China aguanta el órdago

Donde no hay tregua es en la pelea con China, que decidió aguantar el tipo e igualó los aranceles al 34 %, a la vez que instaba a la OMC a investigar la actuación de la administración Trump. Empezaba una serie de tiras y aflojas entre Washington y Pekín: el ultimátum del republicano no surgía efecto y el 8 de abril imponía de manera impulsiva aranceles del 104 a China.

El gobierno chino respondía de nuevo, elevando sus tasas al 84 %; EE. UU. redobló su ataque subiéndolos al 145 %. Días después, Pekín llegaba a aranceles de hasta el 125 %.

Trump ya mantuvo en su primera presidencia (2017-2021), una relación tensa con Pekín al imponer varias tandas de tarifas por valor de unos 370.000 millones de dólares anuales, a lo que China respondió con gravámenes a las exportaciones estadounidenses.

Esta vez, el gobierno chino parece sentirse en una posición más fuerte, y no parece que Washington vaya a mantener el pulso eternamente. Especialmente cuando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha confesado que la guerra comercial, en los términos actuales, es «insostenible», y el propio Trump ha reconocido que los aranceles a los productos de China iban a bajar «sustancialmente», siempre previo a unas negociaciones que por el momento no se están produciendo.