Categoría: Economía

El Senado estadounidense aprobó este viernes una prórroga de los presupuestos federales hasta finales de septiembre y evitó así el cierre de Gobierno que habría comenzado en la medianoche en caso de no haber logrado un acuerdo.

La Cámara Alta, donde los republicanos tienen el control con 53 escaños, le dio su aprobación por 54 votos a favor y 46 en contra.

Los conservadores necesitaban una supermayoría de 60 para que el proyecto siguiera adelante en el voto de procedimiento anterior a la votación final y el polémico respaldo de algunos demócratas en ese paso previo hizo que su camino se viera despejado antes del plazo límite.

Este jueves el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró que no iba a bloquear la resolución.

Los senadores demócratas se habían enfrentado a una fuerte presión de sus colegas de la Cámara de Representantes y de defensores progresistas externos para mantenerse firmes contra esta prórroga de financiación para la Administración de Donald Trump, ya aprobada por esa cámara el martes por la noche.

El liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes difundió el jueves por la noche un comunicado en el que advertía de que ese proyecto de ley «de ultraderecha» iba a «desatar el caos para los estadounidenses de a pie» y a darle más poder tanto a Trump como al magnate Elon Musk para «seguir desmantelando el Gobierno federal».

El dueño de X y consejero delegado de Tesla y SpaceX está al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y desde la llegada al poder del republicano el 20 de enero ha aplicado una agresiva política de recortes de gastos y burocracia.

El comunicado del liderazgo demócrata en la Cámara Baja advirtió de que Trump y Musk planean «sacar la motosierra» contra la Seguridad Social y programas médicos como Medicare y Medicaid para proporcionar «masivos recortes de impuestos a sus donantes multimillonarios».

Trump, en cambio, agradeció este viernes a Schumer el apoyo. «¡Enhorabuena por hacer lo correcto! ¡Tuvo agallas y coraje! Se avecinan grandes recortes de impuestos, la solución a los incendios en Los Ángeles, el proyecto de ley para el techo de la deuda y mucho más. Deberíamos trabajar juntos en esta situación tan peligrosa», escribió antes del voto en su red Truth Social.

La resolución diseñada por los republicanos financia al Ejecutivo hasta el 30 de septiembre, con una ligera reducción de la financiación del año pasado, pero con un aumento del gasto militar de 6.000 millones de dólares y de 485 millones para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Un cierre de la Administración federal por falta de fondos puede dejar a cientos de miles de trabajadores públicos sin salario, agencias operando bajo servicios mínimos y la clausura de museos y parques nacionales.

El pasado diciembre, bajo el mandato del demócrata Joe Biden (2021-2025), el Congreso aprobó «in extremis» una extensión del presupuesto hasta este 14 de marzo, con el voto a favor de demócratas y republicanos, a pesar de que Trump, entonces presidente electo, lo había intentado boicotear.

La Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL) dijo este viernes que el salario mínimo ideal para los salvadoreños debería rondar entre los $800 y los $1,000.

Ovidio Hernández, miembro de la Mesa, aseguró que trabajan en una propuesta para subir el salario mínimo ajustada al costo de la vida, exacerbado desde 2022 por la inflación.

La propuesta parte de un análisis realizado por el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), que propuso en diciembre de 2023 incrementar el salario mínimo en un 25 % porque el costo de la vida para una familia salvadoreña pasó de $706 en 2019 a $920 en 2023.

“Nosotros creemos que en nuestro país debería decretarse un aumento entre los $800 y $1,000 para cubrir de una manera digna la vida de los trabajadores”.

Ovidio Hernández

Miembro de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral

Hernández aseguró en conferencia de prensa, junto con la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), que el salario mínimo debería cubrir el costo de la canasta básica ampliada (dos canastas), que incluye alimentos, vestuario y servicios básicos.

En sintonía, ambas instituciones recomendaron al gobierno exonerar el impuesto al valor agregado (IVA) de la canasta básica.

La última vez que el salario mínimo se revisó en El Salvador fue en 2021 cuando se aprobó un ajuste del 20 %, hasta incrementar el techo a $365 para el sector de comercio, industria y servicios.

Sin revisión

Según el Código de Trabajo, la siguiente revisión se debió realizar entre 2022 y 2024, pero el gobierno no confirmó que el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) -encargado de realizar dicha consulta- se hubiese reunido.

Por el contrario, el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, aseguró que sería el presidente Nayib Bukele el encargado de evaluar en el “momento oportuno” para anunciar un debate sobre la revisión.

El técnico de Fespad, Óscar Morales, dijo que basado en los convenios internacionales y las normativas locales, el salario mínimo debe responder a las condiciones materiales y no a la “voluntad del presidente” en turno.

Morales indicó que el coordinador del CNSM debe convocar al consejo y establecer -con base a un criterio técnico y consultas a la clase trabajadora- un decreto ministerial con el aumento salarial.

“Luego lo envía al presidente, el presidente puede observar o lo aprueba. Pero el presidente no es el canal por el cual se envía al CNSJ la propuesta para un nuevo salario”, añadió Morales.

Patricia de Claudio, miembro de la Mesa, dijo que en abril de 2024 enviaron una nota solicitando que se activara el consejo pero que, a la fecha, no tuvieron respuesta.

El director ejecutivo de Fespad, Héctor Carillo, pidió este viernes al CNSM que retome su trabajo y se revise el salario mínimo.

Las últimas actas del CNSM confirmaron que la última vez que esta institución se reunió fue en agosto de 2022 y que, al menos, hasta el mismo mes de 2024 el consejo seguía sin convocar a sus miembros.

El gobierno salvadoreño ha comprado al menos 25 bitcoins para la reserva estratégica desde la aprobación del acuerdo por $1,400 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que limita la intervención pública en las actividades vinculadas a la criptomoneda.

De acuerdo con la Oficina del Bitcoin, creada por decreto del Ministerio de Economía en 2022, el 26 de febrero de 2025 la reservaba acumulaba 6,091.18 bitcoins, mientras que para este 14 de marzo representa 6,115.18 monedas.

La agencia estatal publica casi todos los días que ha adquirido un bitcoin, como lo ha hecho desde que el presidente salvadoreño Nayib Bukele se comprometió en noviembre de 2022 de que su gobierno compraría una criptomoneda diaria.

Las compras de criptomonedas han generado mensajes cruzados en el mercado, ya que el programa del FMI, aprobado el 26 de febrero, limita el ecosistema del bitcoin en cuanto a las compras con fondos públicos, así como el compromiso del gobierno de separarse del monedero estatal Chivo Wallet.

Los compromisos asumidos por el gobierno ante el Directorio del FMI parecían un revés a la política adoptada por el gobierno de Bukele desde la incursión de la criptomoneda en septiembre de 2021; sin embargo, Bukele dijo el 4 de marzo pasado que el “bitcoin no se detendrá ahora”.

“Si no se detuvo cuando el mundo nos condenó al ostracismo y la mayoría de los bitcoiners nos abandonaron, no se detendrá ahora y no se detendrá en el futuro”, sostuvo Bukele en ese momento.

Por su parte, el informe del FMI establece que “a lo largo del programa, las autoridades se han comprometido a no acumular bitcoins y a no emitir ni garantizar ningún tipo de deuda pública indexada o denominada en bitcoin o instrumentos tokenizados que impliquen una responsabilidad para el gobierno”.

En las últimas declaraciones de Julie Kozack, directora de Comunicaciones del FMI, dijo que “las autoridades (salvadoreñas) han confirmado que estas son consistentes con las condicionalidades acordadas en el programa”.

“El gobierno se comprometió a no acumular bitcoins a nivel del sector público en general”, sostuvo.

A las 11:30 a.m. de este viernes, la cotización de la criptomoneda se ubicó en $84,350, lejos del máximo reportado el 20 de enero pasado cuando alcanzó los $108,786.

El oro superó el viernes la cifra de los $3,000 la onza, por primera vez en la historia, impulsado por su condición de valor seguro frente a las preocupaciones geopolíticas y la guerra comercial iniciada por Estados Unidos de Donald Trump.

La última amenaza del presidente estadounidense sobre el alcohol europeo ha contribuido en gran medida en las últimas horas a elevar el precio del metal amarillo.

Trump anunció el jueves que quería gravar el champán, los vinos y otros productos alcohólicos de la Unión Europea (UE) hasta un 200 %, si no se abandonan los aranceles aduaneros del 50 % anunciados por Bruselas sobre el whisky estadounidense.

De este modo el precio del oro subió a $3,004.94 la onza el viernes.

«La ecuación con respecto al oro sigue siendo simple. Cuanto más altos sean los aranceles, mayor será la incertidumbre y más fuerte la demanda», resume Stephen Innes, analista de SPI AM.

«Las preocupaciones sobre el crecimiento mundial», que podría verse frenado por estas tasas aduaneras, «refuerzan el papel del oro como refugio en un entorno económico cada vez más frágil», considera el analista.

La onza de oro ya había superado su récord anterior el jueves tras las nuevas amenazas de Donald Trump.

«Las dudas sobre el acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia han aumentado la incertidumbre» en los mercados, haciendo subir el precio del metal precioso, añade Russ Mould, analista de AJ Bell.

Las importaciones de mascarillas desechables cayeron de $74.2 millones en 2020 a solo $1.2 millones en 2024, según estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR).

El BCR señala que entre 2020 y 2024 se tuvo una baja de $72.9 millones en importación de mascarillas. En el caso de los kilogramos adquiridos, la reducción fue de un 85.1 %.

Es decir, que los salvadoreños pasaron de importar 2 millones de kilogramos de mascarillas en 2020 a únicamente 306,968.03 kilogramos para 2024.

Las estadísticas recuerdan que en 2020, con el inicio de la pandemia de covid-19, las mascarillas se volvieron un accesorio más de la rutina diaria de los salvadoreños. En ese año se alcanzó el pico más alto de importación provenientes de mercados como el chino y el taiwanes.

Tras el inicio de la pandemia, en 2020, las importaciones de mascarillas desechables comenzaron a descender a $30.8 millones para 2021.

Para 2022, la caída llegó a $7.6 millones, en parte, impulsado por la eliminación de la obligatoriedad en el uso de la mascarilla desde abril de ese año.

Sin embargo, el Ministerio de Salud (Minsal) continuó recomendando el uso para grupos vulnerables de presentar un cuadro más grave de la enfermedad.

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En 2023, las importaciones de los cubrebocas regresaron a los niveles prepandemia tras acumular $1.5 millones.

Una vendedora del mercado municipal de Mejicanos, que decidió mantener el anonimato, comentó que desde que se eliminó la obligatoriedad dejó de adquirir los productos para comercializar con regularidad. Ahora es menos común que las personas vendan este tipo de productos en sus negocios, al igual que en el centro de San Salvador.

El precio de la caja de mascarillas pasó de rondar $1.50 durante 2021, a comercializarse entre $2 y $2.50 en la actualidad.

¿De dónde proceden?

El BCR confirma que, entre 2023 y 2024, las importaciones de tapabocas se redujeron un 16.6 %, mientras que en volumen hubo una reducción de un 21.8 %.

En este período el precio de las mascarillas por kilogramo reportó un aumento.

Según los registros anuales, se pasó de $3.97 por kilogramo en 2023, a $4.23 por kilogramo el año pasado.

En sintonía, la mayoría de las mascarillas que se comercializaron el año pasado -basado en el peso- proceden de China, Estados Unidos y Nicaragua, acumulando un 97.1 % del total de kilogramos importados.

En la lista de proveedores también están Canadá, México, Taiwán, Turquía y Túnez.

La inversión pública ejecutada cayó un 28.6 % al cierre del año pasado y superó los $1,127.34 millones, revela el último informe del Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) 2024 del Ministerio de Hacienda.

El saldo de la inversión ejecutada fue inferior en $451.97 millones en comparación con los $1,579.31 millones reportados en 2023, cuando alcanzó una cifra récord, según el historial de Hacienda.

El monto ejecutado representó un 63.9 % de los $2,469.57 millones programados en inversión pública para 2024, correspondientes a 325 proyectos a cargo de 44 instituciones del aparato público.

A pesar de la caída, Hacienda destacó en su informe que la ejecución se mantuvo por arriba del promedio de los últimos seis años, situado en $992.51 millones. Es además el segundo monto más alto registrado hasta la fecha, después de los resultados de 2023.

La inversión pública es un indicador sensible de la economía salvadoreña, ya que estimulan la inversión privada, sobre todo en la industria de la construcción, al tiempo que atienden una necesidad de la población en infraestructura o áreas sociales, como salud y educación. Sin embargo, está a expensas de la capacidad de ejecución y financiamiento del gobierno.

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Aunque el gobierno no ha explicado la caída en la ejecución, la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco) ha insistido en varias ocasiones que la industria tuvo menor desempeño el año pasado porque en 2023 hubo más proyectos de infraestructura, como los escenarios deportivos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe y el concurso de belleza Miss Universe.

Los diez proyectos más onerosos representaron $1,212.45 millones programados (49 % del total), de los cuales se ejecutaron $570.36 millones.

El Ministerio de Educación tenía tres grandes proyectos, de los cuales dos quedaron con bajo cumplimiento. Esta institución tenía Crecer y Aprender Juntos, con $225 millones previstos y el monto más alto de todo el PAIP 2024, pero apenas se ejecutaron $6.17 al cierre del año pasado, equivalente a 3 %.

También tenía el programa Mi Nueva Escuela, con $140 millones programados de los cuales se ejecutaron $10.89 millones. Esto significó un cumplimiento del 7.7 %.

Entretanto, el proyecto de Reducción de Brecha Digital en los Centros Escolares alcanzó un cumplimiento de 88.8 % con $91.34 millones ejecutados de los $101.8 millones contemplados.

El Ministerio de Obras Públicas tenía en programación $171.87 millones para la construcción del viaducto y ampliación del tramo de Los Chorros, de los cuales se ejecutaron $30.96 millones, un 18 %.

De acuerdo con Hacienda, los únicos proyectos que se ajustaron a lo programado corresponden obras municipales para infraestructura y red vial a nivel nacional, a cargo de la Dirección de Obras Municipales (DOM). Para el primero se tenían previstos $142.98 millones, ejecutados íntegramente, mientras que para el segundo se habían considerado $132.09 millones y se cumplieron $132.08 millones.

El Fondo de Conservación Vial (Fovial) ejecutó $38.74 millones de los $92.65 millones programados (equivalente a 41.8 %) para el programa de inversiones adicionales al mantenimiento, mientras que la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) utilizó $51.88 millones de los $56.49 millones previstos (91.8 %) para la construcción del Aeropuerto del Pacífico en La Unión.

El Ministerio de Salud tenía el proyecto Creciendo Saludables Juntos por $80.13 millones, de los cuales se ejecutaron $21.01 millones (26.2 %), así como el Programa Integrado de Salud II por $69.39 millones, con una ejecución de $44.30 millones (63.8 %).

La Bolsa de Nueva York cerró con fuerte baja el jueves, lastrada por los nuevos acontecimientos en la guerra comercial lanzada por el gobierno del presidente republicano Donald Trump y en medio de preocupaciones sobre el impacto de estas medidas en el crecimiento estadounidense.

El índice estrella, el industrial Dow Jones, cayó 1.30 % al cerrar con $40,813.57 puntos, mientras el tecnológico Nasdaq bajó 1.96 % hasta $17,303.01 unidades.

De su lado, el índice ampliado S&P 500 -referencia principal de los inversionistas- cayó 1.39 % cotizado en 5,521.52 puntos, para entrar en zona de corrección, lo que significa que perdió 10 % desde su máximo anual alcanzado el pasado 19 de febrero.

Precios del petróleo caen por temor a un exceso de oferta

Los precios internacionales del petróleo cayeron el jueves, lastrados por la publicación de un informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) que predice un sobreabastecimiento global para 2025 incluso aunque se detengan los aumentos de producción de la OPEP+ después de abril.

En Londres, el precio del barril de crudo Brent del Mar del Norte para entrega en mayo cayó $1.51 % con cierre en $69.88.

De su lado, en Nueva York, su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en abril, bajó 1.67 %, para llegar a los $66.55.

Si bien se espera que la demanda de petróleo aumente en 2025, la AIE apunta a una oferta mundial que podría superar la demanda en alrededor de 600,000 barriles por día este año.

Y «unos 400.000 barriles diarios adicionales podrían llegar al mercado» si la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) extienden el aumento de producción más allá de abril, advierte la AIE en su informe mensual sobre el mercado petrolero.

Esta publicación ayudó a reducir el precio del oro negro, según James Williams, de WTRG Economics.

Pero, destacó el analista a la AFP, «el mercado ha estado bastante volátil» estos últimos días, y ha estado «subiendo y bajando como un yo-yo».

El incumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno salvadoreño ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) pondría en riesgo los desembolsos del programa de $1,400 millones,advirtió Mario Montesino, economista de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

El economista recordó que el financiamiento plantea condicionantes que ya se encuentran en marcha para otorgar el apoyo financiero, como la eliminación de la obligatoriedad de recepción de pagos en bitcoin o la aprobación de una normativa anticorrupción.

Durante una entrevista radial en YSUCA, la audiencia recordó al catedrático que el gobierno continúa comprando bitcoin,pese a que el FMI limita la adquisición de criptomonedas por parte del Estado y su intervención en actividades económicas vinculadas al bitcoin.

Montesino recordó que los desembolsos se realizan de forma periódica, con un primer tramo aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI de manera inmediata junto al programa por $113 millones. La liberación de los recursos implica un monitoreo paulatino en el cumplimiento con los compromisos adquiridos.

“No es tan sencillo decirle que sí y después no lo voy a hacer (cumplir con los compromisos), porque se interrumpe el proceso de desembolsos y además pierde los préstamos adicionales que vienen del Grupo del Banco Mundial y bancos regionales, que también son préstamos blandos”.

Mario Montesino
Economista de la UCA

El Salvador y el FMI llegaron a un acuerdo para un fondeo de $1,400 millones el 26 de febrero, luego de cuatro años de negociaciones en donde una de las principales piedras en el zapato estuvo relacionada al establecimiento del bitcoin como moneda de curso legal.

El acuerdo implica no solo quitar fuerza al bitcoin en la economía, sino que también incluye una reducción del déficit, fortalecimiento de reservas internacionales y bancarias, reformas al sistema de pensiones e instituciones públicas, así como medidas anticorrupción y transparencia fiscal.

“Una de las condicionantes es que haya estudios más cuidadosos actuariales sobre pensiones, eso es una condicionante y que se evite el abuso de echar mano de esos recursos”, recordó el catedrático.

Uso de los fondos

Montesino reconoció que siempre y cuando el dinero otorgado por el FMI sea bien utilizado, se generará un impacto financiero y en las reservas de liquidez, al mismo tiempo que apoyará al sector hacendario y a la banca comercial.

Pese a lo anterior, aseguró que el mismo acuerdo no garantiza que El Salvador ejecute un buen manejo de los fondos.

Según el economista, podría haber irregularidad en el uso de los fondos que procedan de la banca multilateral, que, de acuerdo con el programa, se libraría a $3,500 millones.

El experto reprochó que se desconozca buena parte del plan para reestructurar diferentes aspectos del acuerdo, como el relacionado con la reducción del gasto público al mismo tiempo que el Fondo plantea mantener los programas sociales.

Montesino indicó que, aunque el gobierno comparta información con el FMI, esto no es garantía de que la información se divulgue al público en general.

Canadá presentó una queja ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra los aranceles del 25 % impuestos por Estados Unidos al acero y al aluminio, anunció el jueves la organización con sede en Ginebra.

«Canadá está iniciando un procedimiento de solución de diferencias en el marco de la OMC sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero y al aluminio», dijo la organización en un comunicado.

Estos aranceles aduaneros entraron en vigor el miércoles.

El país considera que estas medidas «son incompatibles con las obligaciones de Estados Unidos» en materia de comercio internacional, según la OMC.

Canadá es el principal proveedor de acero y aluminio de Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, anunció el martes que quiere duplicarlos, aunque luego pareció cambiar de opinión.

El gobierno canadiense ya presentó una queja ante la OMC la semana pasada contra los aranceles del 25 % a la mayoría de sus productos importados a Estados Unidos, aunque Trump decidió suspenderlos temporalmente.

Representantes de la familia del presidente Donald Trump han mantenido conversaciones para adquirir una participación financiera en Binance, la filial estadounidense de la plataforma de intercambio de criptomonedas, cuyo fundador busca un indulto presidencial, según informó este jueves The Wall Street Journal.

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, quien cumplió cuatro meses de prisión tras declararse culpable de violar las normas contra el blanqueo de capitales, ha estado presionando para obtener clemencia de la administración Trump.

Zhao, conocido como CZ, sigue siendo el mayor accionista de Binance a pesar de haber renunciado como director ejecutivo tras el acuerdo de $4,300 millones de la compañía con las autoridades estadounidenses en 2023.

Según el diario, las conversaciones habrían comenzado cuando Binance contactó a aliados de Trump el año pasado, ofreciéndoles un acuerdo comercial con la familia como parte de una estrategia para reingresar al mercado estadounidense.

La posible inversión podría ser realizada directamente por la familia Trump o a través de World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas respaldada por los parientes del presidente que se lanzó en setiembre.

Steve Witkoff, un viejo amigo de Trump y su principal negociador en Oriente Medio y Ucrania, habría participado en las negociaciones, aunque un funcionario de la administración lo desmintió en declaraciones al Wall Street Journal.

En una publicación en X, Zhao afirmó que no hubo conversaciones «sobre un acuerdo de Binance en Estados Unidos con (…) bueno, con nadie». Añadió que el artículo era «un ataque al presidente y a las criptomonedas».

Para Binance, un indulto a Zhao eliminaría los obstáculos regulatorios para su regreso al mercado estadounidense y facilitaría las operaciones comerciales internacionales.

La filial estadounidense de la compañía vio caer su cuota de mercado del 27 % a poco más del 1% tras las medidas regulatorias.

Para la familia Trump, una participación en Binance en Estados Unidos les brindaría la oportunidad de participar en la posible reactivación de una importante plataforma de comercio de criptomonedas en un momento en que la administración está reduciendo las restricciones regulatorias sobre la industria.

Las conversaciones, de confirmarse, también plantearían cuestiones de conflicto de intereses sin precedentes, ya que Trump continúa mezclando sus poderes presidenciales con su actividad empresarial.

A diferencia de presidentes anteriores que colocaron activos en fideicomisos ciegos, Trump ha mantenido sus propiedades bajo control familiar mientras continúa buscando acuerdos comerciales.

La noticia se conoció después de que el fondo MGX, con sede en Emiratos Árabes Unidos y dirigido por el hermano del mandatario de ese país, anunciara el jueves una inversión de $2,000 millones para adquirir una participación minoritaria en Binance.

MGX, con respaldo estatal, también participa en Stargate, el importante proyecto de infraestructura de inteligencia artificial de Estados Unidos impulsado por Trump.