Categoría: Economía

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) remodeló 53 agromercados a nivel nacional de los 56 puntos establecidos, según informó este martes esa cartera de Estado.

La comercialización de los alimentos se pasó de efectuar bajo «canopys» – en diversos puntos, a construir establecimientos específicos para dicho fin.

Entre los agromercados remodelados está el distrito de San Francisco Menéndez, municipio de Ahuachapán Sur, así como Ahuachapán, en Ahuachapán Centro; Sonsonate, Sonsonate Centro; Armenia, Izalco, ambos de Sonsonate Este y Acajutla, en Sonsonate Oeste.

A estos se añade Colón, en La Libertad Oeste; Ciudad Arce y San Juan Opico, en La Libertad Centro; Quezaltepeque, en La Libertad Norte y dos más en Santa Tecla, La Libertad Sur.

Pese a no confirmar el monto de inversión que se destinó para dichas remodelaciones, las modificaciones también se efectuaron en dos agromercados en Santa Ana, municipio de Santa Ana Centro; Metapán, Santa Ana Norte; Chalchuapa, Santa Ana Oeste y El Congo, Santa Ana Este.

Agromercados

En el centro del país se remodeló el de Ayutuxtepeque, Mejicanos y Ciudad Delgado, en San Salvador Centro; así como dos más en Ilopango, San Martín, Soyapango, en San Salvador Este.

En la lista se suma el de Apopa, en San Salvador Oeste; San Marcos, en San Salvador Sur y Aguilares, en San Salvador Norte.

El MAG aseguró que intervino el agromercado ubicado en La Unión, La Unión Sur; Santa Rosa de Lima y Anamorós, en La Unión Norte; así como San Vicente, en el municipio de San Vicente Sur; Apastepeque, en San Vicente Norte; Jiquilisco, en Usulután Oeste; Usulután, en Usulután Este; Berlín y El Triunfo en Usulután Norte.

La intervención incluyó el punto de comercialización ubicado en Meanguera, Morazán Norte; San Francisco Gotera y Jocoro, en Morazán Sur; Olocuilta, en La Paz Oeste; Zacatecoluca, en La Paz Este; Ilobasco, en Cabañas Oeste; Sensuntepeque, en Cabañas Oeste y Chinameca, en San Miguel Oeste.

Las adecuaciones suman al agromercado de Ciudad Barrios, en San Miguel Norte; dos más ubicados en el distrito de San Miguel, San Miguel Centro; uno más construido en Nueva Concepción y El Paraíso, en Chalatenango Centro; Chalatenango, en Chalatenango Sur; San Rafael Cedros y Cojutepeque, en Cuscaltán Sur; así como en Suchitoto, Cuscatlán Norte.

Canadá presentó oficialmente una reclamación ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra los aranceles punitivos del 25% decretados por el gobierno estadounidense a los productos importados del país vecino, confirmó este miércoles el organismo con sede en Ginebra.

«Solicité a la OMC consultas con el Gobierno de Estados Unidos a propósito de los aranceles injustificados a Canadá», afirmó en la víspera la embajadora canadiense ante la OMC, Nadia Theodore, en un mensaje en la red LinkedIn.

«La decisión de Estados Unidos no nos deja otra opción», defendió.

Un funcionario de la OMC confirmó que se había presentado el reclamo.

Además de Canadá, Estados Unidos aplicó aranceles del 25% a México y del 20% a China, que también recurrió a la OMC para oponerse a la medida.

Theodore firmó el mensaje con la expresión «Elbows up» (literalmente «codos arriba»), un grito de unidad y resistencia que proviene del hockey, deporte muy popular en Canadá.

Según el reglamento de la OMC, la reclamación debe transitar por varias etapas.

Si las partes no llegan a un acuerdo, el país que presenta la reclamación puede demandar la conformación de un grupo especial de tres o cinco expertos en derecho internacional y comercio.

Sin embargo, este órgano de apelación, cuyas recomendaciones admiten recurso, no puede tramitar nuevos casos desde diciembre de 2019 porque las plazas de los jueces siguen vacantes tras el bloqueo de los nombramientos por parte de Estados Unidos, una práctica iniciada bajo la presidencia de Barack Obama y continuada por Donald Trump y Joe Biden.

El Ministerio de Hacienda continuará en los próximos dos años un ajuste para reducir la masa salarial del aparato público como parte del programa de $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La grasa salarial es el principal enfoque que propuso el gobierno salvadoreño al FMI para disminuir el gasto público como parte de un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), que se realizará entre 2025 y 2027.

El reporte publicado por el FMI detalla que para este año se prevé una reducción del gasto público de 1.4 puntos porcentuales del PIB, mientras que para 2026 será de 2.2 % y en 2027 llegará a un 2.8 %.

¿Cómo lo logrará el gobierno? El Fondo señala que “el enfoque inicial” es una reducción de la masa salarial, que iniciará en 2025 con un ahorro de 0.8 % del PIB. En 2026 el ajuste será más agresivo, en un 1.3 %, y en 2027 subirá a 1.6 %.

El presupuesto de 2025, cuya aprobación estuvo rodeada de polémica por el rechazo de los sindicatos, incorporó una reducción a la asignación para el rubro de remuneraciones a través de la eliminación de puestos vacantes.

Para los próximos años también se mantendrá la prohibición de aumentos salariales, la aplicación de escalafón a los trabajadores del sector de salud y educación de bajos ingresos, y la suspensión de beneficios económicos.

Aunque el gobierno contempla otras medidas para controlar el gasto, el Fondo advierte que se necesitarán “más esfuerzos para asegurar los recortes” a fin de cumplir la meta del 2.8 % del PIB para 2027.

Para esto, agrega en su reporte, se prepara una reforma al servicio civil con asistencia técnica del Banco Mundial, que se conocería en junio de 2025.

Además, el ajuste contempla una reducción del gasto en bienes y servicios, como optimizar el uso de edificios, consumo de energía eléctrica y restricción a compras no esenciales, que generarían ahorros al fisco salvadoreño de un 0.5 % del PIB en 2025, un 0.8 % en 2026, y un 1 % en 2027.

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De igual manera, Hacienda racionalizará “aún más las transferencias a los municipios” tras la reforma que redujo de 262 a 44 municipios, que, según el análisis del FMI, generaría “ganancias de eficiencia en el empleo público”.

La priorización de las transferencias a los municipios generaría ahorros equivalentes a un 0.1 % del PIB en 2025, mientras que para 2026 y 2027 sería de un 0.2 %, respectivamente.

Inversión pública

En anteriores revisiones al Artículo IV, una consulta períodica del Fondo a los países miembros, el multilateral con sede en Washington había recomendado al gobierno salvadoreño realizar un ajuste del gasto público también por una focalización de los subsidios, un tema que ha sido tocado a profundidad en el acuerdo.

En el reporte, el Fondo señala que el programa ofrecerá “suficiente espacio” para realizar inversiones públicas prioritarias, con un mínimo de 2.5 % del PIB. Además, se salvaguardará el gasto de programas sociales focalizados, con 1.5 % del PIB.

“Para garantizar una ejecución efectiva, también se prevé el desarrollo de una hoja de ruta para fortalecer los marcos institucionales de asistencia social”, añadió.

Para aumentar los ingresos, Hacienda ha propuesto una ampliación de la base tributaria con la incorporación del comercio electrónico y agentes que no tributan, además de reducir el gasto en la administración tributaria y completar la facturación electrónica.

El financiamiento de $1,400 millones aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) se utilizará como apoyo presupuestario y cobertura de reservas, mientras el gobierno realiza un ajuste

fiscal en los próximos tres años para corregir el alto nivel de endeudamiento.

El documento final del acuerdo, publicado por el FMI el 3 de marzo de 2025, detalla que un tramo de $570 millones, equivalente a un 40 %, se asignará al Banco Central de Reserva (BCR) para aumentar las reservas, un mecanismo que sirve de “colchón” cuando la liquidez se agota debido a un incremento acelerado del gasto en medio de una crisis, como ocurrió en la pandemia de covid-19.

El 60 % de los recursos restantes, al menos $800 millones, se pondrán a disposición como refuerzo presupuestario.

De estos, $600 millones se destinarán para aumentar los depósitos del sector público no financiero (SPNF) en el BCR y $200 millones financiarán el déficit fiscal -la brecha que surge cuando el gasto es superior a los ingresos-.

El Fondo Monetario señaló que estos recursos aliviarán las necesidades de financiamiento externo mientras se abordan los desequilibrios fiscales y externos durante la ejecución del ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) en los próximos tres años.

“El financiamiento del programa también ayudará a aliviar el nexo entre el gobierno soberano y los bancos, y a proteger el crédito al sector privado y la diversificación de los fondos de pensiones”, sostiene el FMI.

Revisión de metas

La aprobación incluye un desembolso inmediato de $113 millones, pero el resto del financiamiento se entregará a partir del desempeño del programa. Inicialmente se realizarán dos revisiones trimestrales para la implementación temprana del acuerdo, las cuales garantizarán la credibilidad y los efectos catalizadores.

Después se realizarán evaluaciones semestrales para realizar las “ambiciosas reformas estructurales apoyadas con el programa”.

El visto bueno del Directorio Ejecutivo del FMI estaba sujeto al cumplimiento de acciones previas, como la aprobación del presupuesto general de 2025 de acuerdo con el plan fiscal y con la adopción de estándares de buenas prácticas internacionales.

En el proceso fue clave la reforma a la Ley Bitcoin para establecer el uso voluntario de la criptomoneda, exclusiva para el sector privado, así como la eliminación de la opción de pagar impuestos.

En adelante, el BCR tiene la obligación de emitir normas para aumentar las reservas a 12 % de los depósitos del sistema financiero.

Asimismo, el gobierno deberá publicar

información sobre el uso de los fondos públicos en la adopción del bitcoin, resumen financiero de la Chivo Wallet y secretar los fondos de la billetera una vez el Ejecutivo la liquide o venda, que pasarán a custodia del BCR.

Las personas afectadas por el cambio climático ascendieron a 97,000 por año entre 2000 y 2021, según un documento de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

El informe, difundido en enero pasado con datos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), señala que en las últimas dos décadas el promedio de personas afectadas por este tipo de situaciones pasó de 10,000 a 97,000, un incremento de un 870 %.

La OCHA enfatiza en que El Salvador enfrenta una “alta vulnerabilidad” a eventos geológicos e hidrometeorológicos, los cuales provocan inundaciones y emergencias.

“El Salvador es uno de los 10 países más afectados por el cambio climático en el último decenio, enfrentando pérdidas y repercusiones directas que implican la perpetuación del ciclo de la pobreza”, indicó el informe.

El documento señala que los efectos del cambio climático pueden provocar el desplazamiento de la población.

Entre los sectores más afectados están la zona costera, las poblaciones indígenas, así como las mujeres y los niños.

La OCHA recordó que los departamentos de San Salvador, La Libertad y Sonsonate son los más vulnerables a nivel nacional, ante los terremotos e inundaciones. Por su parte, en Chalatenango y Ahuachapán el impacto climático llega por el lado de las sequías y la deforestación.

La situación provoca afectaciones sobre las producciones de maíz, frijoles y café.

La oficina de las Naciones Unidas (ONU) asegura que en 2023 un estudio del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) reveló que El Niño y la sequía afectaron un 47 % de los cultivos, generando pérdidas en 18.65 % de la cosecha nacional.

Informes de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo) confirman que para el ciclo 2024-2025 los productores perdieron 1.8 millones de quintales, los cuales se tradujeron en $65.2 millones.

La OCHA señala que al no existir formas de apoyo sostenido para las familias, éstas se ven obligadas a movilizarse a nivel interno y salir del país como medida de “afrontamiento”.

El impacto del cambio climático le cuesta no solo sus ingresos a los hogares sino que, además, reduce las finanzas públicas y prolonga las necesidades humanitarias.

Para este año, la OCHA ha identificado más de 800,000 personas en necesidades humanitarias en general -un 13 % de la población general-, en 36 de los 44 municipios del país.

Varias provincias canadienses retiraron este martes de la venta productos alcohólicos estadounidenses, como parte de una amplia represalia nacional contra los aranceles a las importaciones de ese país impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Este es un enorme golpe para los productores estadounidenses», dijo el primer ministro de Ontario, Doug Ford, al anunciar las medidas de su gobierno provincial, similares a las aplicadas por Quebec y Manitoba.

De su lado, Columbia Británica informó que dejará de comprar alcohol proveniente de «estados rojos», alineados con el Partido Republicano de Trump.

En Canadá, la venta de bebidas alcohólicas es administrada por empresas públicas que están en manos de las provincias.

La Junta de Control de Licores de Ontario (LCBO, por sus siglas en inglés) es «el mayor comprador de alcohol del mundo», subrayó el martes Ford durante una conferencia de prensa.

«Dado que las marcas estadounidenses no estarán más disponibles en el catálogo de la LCBO, mayorista exclusivo, los otros minoristas, bares y restaurantes de la provincia no podrán reabastecerse de más productos estadounidenses», precisó.

El gobierno de Quebec también pidió «dejar de suministrar bebidas alcohólicas estadounidenses en tiendas de comestibles, agencias, bares y restaurantes», según un comunicado.

En la página web de la Sociedad de Licores de Quebec (SAQ) la medida ya se había aplicado a mediodía del martes. Junto a los artículos estadounidenses se leía el siguiente anuncio: «Debido a la nueva normativa arancelaria entre Canadá y Estados Unidos, este producto ya no está a la venta».

El índice S&P 500, considerado el más representativo de Estados Unidos cayó este martes hasta los 5.732,59 puntos, el nivel más bajo del selectivo desde el pasado 5 de noviembre, fecha en la que se celebraron las elecciones presidenciales que auparon finalmente a Donald Trump a un segundo mandato, «borrando» alrededor de 3,4 billones de dólares de revalorización desde el nivel récord alcanzado hace unas semanas.

Desde el día que se celebraron los comicios y ante la perspectiva de una victoria de Trump más clara de lo anticipado, la cotización del S&P 500 inició una escalada que llevaría al índice a alcanzar su máximo histórico intradía el pasado 19 de febrero, cuando coronó los 6.147,50 puntos.

De tal manera, en menos de dos semanas de negociación desde entonces, el selectivo ha perdido todo lo ganado desde la victoria de Donald Trump, lo que equivale a un recorte de unos 3,4 billones de dólares (3,2 billones de euros) en su valor de mercado, según estimaciones de Bloomberg.

En el caso del Dow Jones de Industriales, el selectivo caía este martes a su nivel más bajo desde mediados del pasado mes de enero, con un mínimo intradía de 42.409 puntos, cuando a finales de enero superaba los 45.000 enteros, aunque aún cotiza ligeramente por encima del nivel del pasado 5 de noviembre.

De su lado, el tecnológico Nasdaq, que llegaba a caer este martes hasta los 17.956 puntos, cotiza incluso por debajo del nivel de 18.439 puntos registrado al cierre del pasado 5 de noviembre, cuando el pasado 21 de febrero aún se negociaba por encima de los 20.000 puntos.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, restaba este martes importancia a las caídas generalizadas de los mercados tras la entrada en vigor de los aranceles a varios países y se mostraba confiado en que Wall Street «puede seguir haciéndolo bien.

En una entrevista con «Fox News», Bessent ha defendido el enfoque a medio plazo y hacia las empresas y consumidores («Main Street») de la Administración Trump para «reequilibrar la economía».

Desde este martes han entrado en vigor los aranceles del 25% impuestos a México y Canadá, después de que la Casa Blanca pospusiera la medida hace un mes con la condición de que ambos países demostraran avances en la lucha contra el tráfico de fentanilo y la seguridad fronteriza. Al mismo tiempo, también ha entrado en vigor una orden ejecutiva que eleva los aranceles a China del 10% al 20%.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele dijo este martes que el bitcoin «no se detendrá ahora y no se detendrá en el futuro», declaraciones que llegan pocos días después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobara un programa de financiamiento que limita la criptomoneda.

El mandatario compartió en redes sociales una publicación de la Oficina del Bitcoin en la cual se confirma la compra de un bitcoin, una acción que contradice los compromisos asumidos por el gobierno ante el FMI de frenar las adquisiciones.

«Si no se detuvo cuando el mundo nos condenó al ostracismo y la mayoría de los bitcoiners nos abandonaron, no se detendrá ahora y no se detendrá en el futuro», sostuvo Bukele.

El acuerdo por $1,400 millones con el FMI compromete al gobierno a limitar al mínimo el proyecto de bitcoin, el tema que por casi cuatro años frenó las negociaciones para alcanzar un programa de asistencia financiera que corrija las distorsiones de las finanzas públicas.

Compromisos

El acuerdo -firmado en nombre del gobierno por el presidente del BCR, Douglas Rodríguez, y el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada- compromete al gobierno a publicar los estados financieros resumidos sobre la billetera Chivo, además de las direcciones públicas de todos los monederos electrónicos fríos de bitcoin en propiedad o bajo control del Estado.

Para julio de 2025, el gobierno tiene que publicar y adoptar un plan de negocios para poner fin al uso de fondos públicos y su participación en la Chivo Wallet. En ese momento, los dólares estadounidenses de los clientes de Chivo se resguardarán el BCR.

«A lo largo del programa, las autoridades se han comprometido a no acumular bitcoins y a no emitir ni garantizar ningún tipo de deuda pública indexada o denominada en bitcoin o instrumentos tokenizados que impliquen una responsabilidad para el gobierno», señala el informe del FMI.

Con la última compra, la reserva de bitcoin llega a 6,101.8 monedas.

Los precios internacionales del petróleo bajaron el martes lastrados por la decisión del cartel de la Opep+ de mantener el calendario de aumento progresivo de producción desde abril.

En Londres, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo perdió 0.81 % cotizado a $71.04 tras pasar brevemente por debajo de los $70, a $69.75 por barril, un mínimo desde setiembre.

De su lado, en Nueva York, el barril del estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para entrega en abril perdió 0.16 % al cerrar en $68.26.

En base a las «perspectivas positivas del mercado», los miembros de la Opep+ «reafirmaron su decisión del 5 de diciembre de 2024 de retornar progresivamente» a los niveles de producción anteriores a partir del primero de abril de 2025, según un comunicado divulgado el lunes por la noche.

Esto supone que más petróleo estará llegando al mercado.

Si la Opep+ aplica su plan de recuperar 120,000 barriles diarios a la producción por mes durante 18 meses, «esperamos que el Brent caiga a un rango de 60-70 dólares» por barril y que la «oferta excedentaria aumente progresivamente», afirmaron los analistas de DNB.

«Con su decisión, los países de la Opep+ responden a las demandas del presidente estadounidense (Donald) Trump que llamó a aumentar la producción de crudo», destacó en una nota Carsten Fritsch, de Commerzbank.

Cerca de 70 jóvenes iniciaron clases en la primera semana de operaciones del Instituto Kriete de Ingeniería y Ciencias (Key), reveló el filántropo y fundador de la institución, Roberto Kriete.

Durante la celebración del vigésimo aniversario de la Fundación Gloria Kriete (FGK), el empresario y uno de los líderes de aviación de Latinoamérica explicó que prevén que otro grupo del mismo tamaño se sume en junio.

“Cada clase va a ser de unos 150 muchachos, te puedo decir que más de un 60 % de los ingresos que tiene la fundación vienen a través de becas, muchas becas vienen de la familia Kriete, de mi persona, pero también tenemos muchísimas becas que vienen de otras instituciones”.

Roberto Kriete
Fundador de Instituto Key

El empresario salvadoreño explicó que la nueva institución académica es el resultado de tres años y medio de acompañamiento del Instituto Tecnológico de Monterrey, que ha fungido como asesor en todos los procesos hasta el primer día de clases.

Kriete anunció la fundación de la universidad en julio de 2024 y en octubre de ese año reveló que la institución de educación superior ya había sido autorizada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt).

En ese momento, el empresario apuntó que, inicialmente, las clases se impartirían en la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (Fepade), en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este.

Las clases iniciaron este 3 de marzo para los estudiantes de las ingenierías Industrial y Robótica, Mecatrónica, y Sistemas, Cómputo y Programación.

Apoyo empresarial

Kriete define al Instituto Key como un lugar para personas con capacidad y que buscan “salir adelante”.

Las becas otorgadas por la institución también son el reflejo del apoyo financiero que empresas como Banco Azul, Grupo Q, Aeroman y Dollarcity otorgan.

En suma, la Academia Europea ha pactado una alianza para formar a los estudiantes que no hablen inglés a manejar el idioma antes de graduarse.

El filántropo explicó que el pago por ingresar al instituto asciende a casi $9,500 anuales, un monto que las personas no pueden pagar en el país.

“Tenemos una niña que viene de una de las islas de Zacatillo que no solo tiene beca total sino que tiene beca de transporte, de habitación y hospedaje, pero la chica es espectacular”, indicó el empresario.

Kriete dijo que la inauguración oficial del instituto será el 19 de marzo y aseguró que el impacto que Key tendrá en el país será “enorme”.