Categoría: Editorial

El inicio del año escolar 2026 en El Salvador llega acompañado de un mensaje positivo de que la educación pública debe ser una prioridad política y social. La inauguración oficial con una matrícula de 1.2 millones de estudiantes y la promesa de entregar paquetes escolares completos, gratuitos y a tiempo refuerzan una narrativa de compromiso estatal con las familias más vulnerables del país.

La distribución de uniformes, zapatos y útiles escolares no es un detalle menor. Para miles de hogares, este apoyo representa un alivio económico tangible y una condición básica para garantizar la permanencia de los niños y jóvenes en el sistema educativo. Que el Ministerio de Educación asegure la entrega durante el primer mes de clases y habilite puntos de cambio para tallas demuestra una mejora logística frente a años anteriores, cuando los retrasos y las deficiencias eran motivo frecuente de críticas.

Sin embargo, más allá del acto inaugural y del impacto inmediato de los paquetes escolares, el verdadero desafío sigue siendo la calidad de la educación. Dotar a los estudiantes de insumos es fundamental, pero no suficiente. La apuesta por reducir la brecha digital mediante tablets y computadoras es un paso en la dirección correcta, siempre que vaya acompañada de formación docente, conectividad real y contenidos pedagógicos adecuados.

Otro aspecto que merece reflexión es el uso de empleados gubernamentales y reos en fase de confianza para la preparación de los paquetes. Aunque puede interpretarse como una estrategia de eficiencia y reinserción social, el Estado debe garantizar que estos procesos se realicen bajo condiciones laborales justas, transparentes y seguras, evitando que el ahorro económico se convierta en un costo social oculto.

En definitiva, el arranque del año escolar 2026 deja una señal positiva en términos de cobertura y apoyo material. No obstante, la educación pública salvadoreña necesita que estas acciones se sostengan en el tiempo y se complementen con políticas de largo plazo enfocadas en aprendizaje, equidad y desarrollo humano. El reto no es solo comenzar bien el año escolar, sino asegurar que cada estudiante tenga las herramientas —materiales y educativas— para construir un futuro con más oportunidades.

El discurso del primer ministro canadiense, Mark Carney, en el Foro de Davos no debería pasar como una reflexión más para los grandes centros de poder. Por el contrario, es una advertencia directa y especialmente pertinente para países pequeños y vulnerables como El Salvador, que históricamente han dependido de un orden internacional que prometía reglas claras, previsibilidad y cierto resguardo frente a los abusos del poder.

Carney no habla de una simple transición del sistema internacional, sino de una ruptura profunda. La diferencia es clave: una transición supone adaptación gradual; una ruptura implica pérdida de referentes, normas y certezas. El mundo que emerge —marcado por la guerra, la coerción económica y la instrumentalización de la interdependencia— es uno donde la lógica de Tucídides vuelve a imponerse sin disimulo: los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben.

Durante décadas, muchos países aceptaron “vivir dentro de una mentira”, como lo describió el recordado expresidente checo, Václav Havel, citado por Carney. Se sabía que el orden basado en reglas era imperfecto y asimétrico, pero ofrecía beneficios suficientes para sostener la ficción. Estados Unidos y sus aliados garantizaban estabilidad financiera, comercio relativamente abierto y ciertos mecanismos multilaterales que, aunque selectivos, funcionaban como amortiguadores para las naciones más pequeñas. Hoy, esa ganga se ha roto.

El uso de sanciones, aranceles, cadenas de suministro y sistemas financieros como armas geopolíticas ha expuesto una verdad incómoda: la integración económica ya no garantiza beneficio mutuo, y en muchos casos se ha convertido en una fuente de subordinación. Frente a ello, la tentación del aislamiento y del repliegue soberano parece lógica. Sin embargo, Carney advierte —con razón— que un mundo de fortalezas será más pobre, más frágil y menos sostenible.

Para países como El Salvador, el mensaje es doblemente relevante. Primero, porque la desaparición efectiva de un orden basado en reglas reduce el margen de maniobra y aumenta la exposición a presiones externas. Segundo, porque adaptarse pasivamente, “llevarse bien” o confiar en que el cumplimiento traerá seguridad, ya no es una estrategia viable. La historia reciente demuestra que la docilidad no protege.

La alternativa que plantea Carney no es ingenua ni romántica: construir, desde las potencias intermedias y los países pequeños, un nuevo entramado de cooperación basado en valores compartidos como los derechos humanos, la sostenibilidad, la solidaridad y el respeto a la soberanía. No se trata de desafiar a las grandes potencias frontalmente, sino de dejar de participar en rituales vacíos que legitiman un sistema que ya no existe.

El “poder de los menos poderosos” comienza con la honestidad. Reconocer que el mundo cambió es el primer paso. El segundo es entender que la autonomía estratégica no significa aislamiento, sino diversificación inteligente, alianzas múltiples y una defensa coherente de principios, no solo cuando conviene, sino cuando cuesta.

En un contexto de ruptura global, El Salvador y países similares deben decidir si seguirán colocando el cartel en la ventana —aunque ya nadie crea en él— o si, con realismo y dignidad, comenzarán a retirarlo para construir un lugar más seguro en un mundo incierto.

La oleada de violencia desatada por las pandillas este fin de semana en Guatemala marca uno de los episodios más graves y dolorosos de los últimos años. El asesinato coordinado de nueve agentes de la Policía Nacional Civil, los ataques directos a las fuerzas de seguridad y los motines simultáneos en centros penitenciarios constituyen no solo crímenes atroces, sino un desafío frontal al Estado de derecho y a la convivencia democrática.

No se trata de hechos aislados ni de estallidos espontáneos. Lo ocurrido revela una estrategia deliberada de intimidación, terror y represalia por parte de estructuras criminales que, al verse acorraladas por operativos estatales, responden con violencia extrema. Atacar a quienes garantizan la seguridad pública es un mensaje claro: las pandillas buscan sembrar miedo, paralizar al país y presionar al Estado para recuperar privilegios que nunca debieron tener, tal como sucedió en El Salvador y que la política de seguridad decidida de la administración Bukele quebró con fuerza.

Ante esta realidad, la declaración del estado de sitio por 30 días es una decisión grave, excepcional y polémica, pero también comprensible en el contexto de una amenaza directa contra la institucionalidad. Ninguna democracia recurre a la suspensión de garantías sin razones de peso. Ocho policías asesinados en un solo día, motines en cárceles de alta seguridad y la capacidad de coordinación mostrada por los grupos criminales constituyen, sin duda, una emergencia nacional.

El combate al crimen organizado debe ser firme. Es necesario reconocer el sacrificio de las fuerzas de seguridad. Los policías asesinados cumplían con su deber en circunstancias de alto riesgo, enfrentando a organizaciones criminales que durante años se fortalecieron al amparo de la corrupción, la impunidad y la debilidad institucional. Su muerte no puede quedar en estadísticas ni en discursos; exige justicia, memoria y un compromiso real para desmantelar las redes criminales que operan dentro y fuera de las cárceles.

La violencia de las pandillas no solo mata policías: fractura comunidades, paraliza la economía, amenaza la justicia y erosiona la esperanza. Guatemala no puede permitir que el miedo dicte su rumbo. Como afirmó el presidente, no se negocia con criminales ni se toleran acciones terroristas. Pero esa firmeza debe ir acompañada de una visión de largo plazo: depuración institucional, reforma penitenciaria, fortalecimiento del sistema de justicia y políticas de prevención que ataquen las raíces sociales del crimen.

Hoy más que nunca, la sociedad guatemalteca necesita unidad, claridad moral y rechazo absoluto a la violencia criminal. El Estado debe recuperar el control, sí, pero también la confianza ciudadana. Porque la seguridad no se construye solo con fuerza, sino con justicia, legalidad y un compromiso inquebrantable con la vida.

La  incautación de 375 kilos de droga en la zona costera del país esta semana confirma que El Salvador ha asumido con seriedad y determinación el combate al narcotráfico transnacional. La operación ejecutada por la Sección Táctica Operativa de Reacción Marítima (STORM), que permitió interceptar una embarcación en la bocana del río Jiboa y capturar a dos involucrados, es una muestra clara de la capacidad operativa y de inteligencia que hoy poseen las instituciones de seguridad.

Más allá del decomiso —valorado en aproximadamente 9.4 millones de dólares— el mensaje que envía el Estado es contundente: el territorio salvadoreño ya no es un espacio permisivo para las redes del crimen organizado. La interceptación de una lancha que se desplazaba desde Nicaragua hacia Guatemala evidencia que las autoridades no solo vigilan el territorio nacional, sino que actúan con una visión regional, entendiendo que el narcotráfico no reconoce fronteras.

El Salvador debe evitar, con todo el esfuerzo de sus autoridades, que el país sufra los problemas de narcotráfico de Honduras y Guatemala, donde bandas de narcotraficantes presumen de controlar territorios.

Los resultados acumulados durante 2025 refuerzan esta percepción positiva. La incautación de 25 toneladas de droga, con un valor estimado de 620 millones de dólares, refleja un esfuerzo sostenido y estratégico que golpea directamente las finanzas de las organizaciones criminales. Cada cargamento decomisado no solo evita que sustancias ilícitas lleguen a su destino final, sino que debilita las estructuras que históricamente han generado violencia, corrupción e inseguridad en la región.

Estos logros no solo fortalecen la seguridad nacional, sino que también envían un mensaje de confianza a la ciudadanía y a la comunidad internacional. El combate antidrogas en El Salvador avanza con resultados tangibles, consolidando un modelo que prioriza el control territorial, la cooperación y la acción firme contra quienes intentan utilizar al país como ruta del crimen.

Veinticinco años después del terremoto que marcó para siempre a Santa Tecla y a todo El Salvador, el recuerdo de Las Colinas sigue siendo una herida abierta. No solo por las vidas perdidas y las familias destrozadas, sino porque aquella tragedia expuso, de manera brutal, la fragilidad de un país asentado sobre una tierra tan hermosa como peligrosa.

El derrumbe de aquella montaña no fue únicamente un fenómeno natural: también fue el resultado de años de decisiones mal tomadas, de urbanizaciones construidas sin el debido respeto por la geología y de una institucionalidad débil, permeada por la corrupción. Por eso, cuando hablamos del terremoto de 2001, no hablamos solo de placas tectónicas, sino de una responsabilidad humana que aún no ha sido plenamente asumida.

Es cierto que El Salvador ha avanzado. Hoy existen normas más estrictas, estudios de suelo más rigurosos y una mejor capacidad técnica para diseñar edificaciones que resistan los sismos. La ciencia y la ingeniería han dado pasos importantes para reducir riesgos, y Protección Civil cuenta con más recursos y preparación que hace un cuarto de siglo. Negarlo sería injusto.

Pero también sería peligroso caer en la complacencia. Una nueva generación de salvadoreños ha crecido sin haber vivido aquella catástrofe y, con ello, el sentido de urgencia parece diluirse. El país sigue ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, expuesto a terremotos, volcanes, tormentas y huracanes. La amenaza no ha desaparecido; lo que puede estar desapareciendo es nuestra memoria colectiva.

Las Colinas debe ser algo más que una fecha en el calendario o un monumento al dolor. Debe ser una lección permanente. La prevención no es un lujo ni un trámite burocrático: es una política de vida o muerte. Cada construcción que ignora los estudios de suelo, cada permiso otorgado por presión política o económica, cada norma que no se cumple, es una apuesta irresponsable contra el futuro.

Recordar el terremoto de 2001 no es vivir anclados en el pasado. Es, por el contrario, una forma de protegernos. Solo una sociedad que aprende de sus tragedias puede aspirar a que, cuando la tierra vuelva a temblar —porque volverá a temblar—, no tengamos que volver a contar cientos de muertos ni a lamentar desastres que pudieron evitarse.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera revelan una realidad que incomoda, pero no sorprende: casi la mitad de los salvadoreños afirma vivir el día a día sin preocuparse por el mañana. La cifra, más que una confesión cultural, es un síntoma social que exige una lectura profunda y honesta.

Decir que cuatro de cada diez personas viven sin pensar en el futuro no necesariamente significa irresponsabilidad financiera. En un país donde seis de cada diez hogares han enfrentado, al menos una vez en el último año, la insuficiencia de ingresos para cubrir sus gastos, pensar en el mañana puede convertirse en un lujo. Cuando el salario apenas alcanza para sobrevivir, el ahorro deja de ser una decisión y se transforma en una imposibilidad.

Sin embargo, los datos también muestran una contradicción reveladora: la mayoría rechaza la idea de gastar el dinero ahorrado para el futuro y una proporción importante asegura no gastar todo lo que gana cada mes. Esto sugiere que existe una conciencia sobre la importancia de la previsión, aunque no siempre se traduzca en una práctica constante. El problema, entonces, no parece ser únicamente de educación financiera, sino de condiciones estructurales que limitan la capacidad real de planificar.

Llama la atención, además, la brecha de género. Que casi la mitad de las mujeres diga vivir sin preocuparse por el mañana debe analizarse a la luz de la desigualdad salarial, la informalidad laboral y la carga desproporcionada de responsabilidades domésticas y de cuidado. No es desinterés por el futuro; es una realidad que obliga a priorizar la urgencia sobre la proyección.

El dato de que una parte significativa de la población no siente que “el dinero nunca le sobra” podría interpretarse como una señal de resiliencia o de adaptación a la escasez. Aprender a vivir con lo justo no equivale a vivir bien ni a vivir seguro. Normalizar la precariedad puede ser tan peligroso como ignorarla.

Esta encuesta debe ser un llamado de atención para los ciudadanos, para el Estado, el sistema financiero y la sociedad en general. No basta con promover el ahorro o impartir talleres de educación financiera si no se crean condiciones para ingresos dignos, empleo estable y acceso real a productos financieros adecuados. Pedirle a la población que piense en el mañana sin garantizarle el hoy es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, injusto.

Vivir el día a día no debería ser una condena permanente, sino una etapa transitoria. El verdadero reto nacional es convertir la supervivencia en planificación y la incertidumbre en oportunidad. Sin eso, el futuro seguirá siendo una preocupación lejana para quienes apenas logran llegar a fin de mes.

Las cifras presentadas por el Gabinete de Seguridad sobre el cierre de 2025 colocan a El Salvador ante un relato contundente: solo 82 homicidios en todo el año y, según el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, el 100 % de esos casos resueltos y con responsables enfrentando a la justicia.

Esa afirmación se trataría de un hito histórico no solo para el país, sino para la región, acostumbrada a tasas de impunidad que erosionan la confianza ciudadana y el Estado de derecho.

El descenso sostenido de los homicidios desde 2017 hasta hoy es innegable y marca una ruptura clara con décadas en las que la violencia definía la vida cotidiana. El promedio diario de 0.2 asesinatos y una tasa de homicidios inferior a un dígito por cada 100,000 habitantes son logros que hace pocos años parecían impensables.

En ese sentido, el discurso oficial atribuye estos resultados a las políticas de seguridad impulsadas por el presidente Nayib Bukele, así como al trabajo coordinado entre Policía, Fuerza Armada y Fiscalía.

El régimen de excepción ha sido presentado como una herramienta decisiva para recuperar el control territorial y romper el “monopolio criminal” de las pandillas. El verdadero desafío para El Salvador es demostrar que la reducción histórica de homicidios puede sostenerse sin sacrificar garantías fundamentales ni convertir la excepcionalidad en norma permanente.

En síntesis, 2025 puede pasar a la historia como el año más seguro del país, pero el balance final dependerá de algo más que números. La seguridad duradera exige transparencia, institucionalidad y justicia plena que esperemos pronto se establezca.

La captura de Nicolás Maduro, más allá de las controversias jurídicas y geopolíticas que suscita, inaugura una coyuntura histórica que Venezuela llevaba años aguardando: la posibilidad real de un reencuentro con la democracia. No se trata de celebrar la fuerza por la fuerza, sino de reconocer que la impunidad había cerrado todas las vías internas para la rendición de cuentas. Cuando el poder se blinda frente a la ley, la justicia termina llegando por otros cauces.

Este momento no surge de la improvisación. Durante años se acumuló un expediente que describió una red de corrupción, violencia y alianzas criminales incompatible con cualquier noción de Estado de derecho. La captura, en ese sentido, no es un gesto simbólico, sino la culminación de un proceso judicial que ya había establecido responsabilidades. Para millones de venezolanos, es la primera señal tangible de que los abusos no eran invisibles ni olvidados.

La reacción opositora, que subraya la oportunidad para una transición política, expresa un sentimiento extendido en el país: el deseo de pasar la página sin venganza, pero con justicia. La última gran estafa de Maduro fue el monumental fraude electoral de 2024 cuando Edmundo González Urrutia claramente ganó las elecciones.

La afirmación de que Maduro enfrenta hoy la justicia internacional conecta con una demanda central de la sociedad venezolana: que los crímenes tengan consecuencias y que el poder vuelva a someterse a reglas. Sin ese punto de partida, ninguna reconciliación es posible.

Es cierto que la operación estadounidense abre interrogantes profundos sobre soberanía y derecho internacional. Pero también es cierto que la soberanía no puede convertirse en coartada para el narcoterrorismo ni para la destrucción sistemática del orden constitucional. Los tratados existen para promover la cooperación; cuando un régimen la bloquea y se declara, de facto, al margen del sistema internacional, la comunidad de Estados enfrenta dilemas que no admiten respuestas cómodas. En ese cruce, la seguridad internacional y la justicia penal transnacional han terminado imponiéndose.

En el plano interno, la captura desnuda la fragilidad de un poder sostenido más por la coerción que por la legitimidad. Las maniobras para aferrarse a la continuidad —desde interpretaciones forzadas de la Constitución hasta la exhibición de los grupos paramilitares llamados colectivos boliviarianos— revelan un régimen en retirada. La ausencia de cohesión en el alto mando y la apelación a estados de excepción de dudosa legalidad confirman que el chavismo sin su líder entra en fase terminal.

El impacto regional es innegable y, por momentos, inquietante. Sin embargo, también redefine alineamientos: la mayoría de las democracias respalda el mandato popular expresado en las urnas y reclama una transición ordenada. El apoyo que recibe el antiguo régimen de parte de gobiernos autoritarios como los de Cuba y Nicaragua solo subraya el carácter del conflicto: no es una disputa ideológica, sino un pulso entre democracia e impunidad, entre libertades y autoritarismo.

El desafío inmediato es claro: convertir esta ruptura en un proceso de reconstrucción institucional que minimice la violencia. La neutralización de los aparatos armados irregulares, el respeto a los derechos humanos y la conformación de un gobierno de transición creíble son condiciones indispensables para evitar una deriva caótica. La comunidad internacional puede y debe acompañar, pero el protagonismo final corresponde a los venezolanos y a su capacidad de articular un acuerdo nacional.

Venezuela entra en 2026 con incertidumbre, sí, pero también con una oportunidad inédita. El ciclo autoritario que comenzó con la manipulación de los mecanismos democráticos parece haber llegado a su límite histórico. La captura de Maduro no es el final del camino; es el umbral. El reto ahora es que la justicia se transforme en democracia y que la esperanza no vuelva a ser traicionada.

Los datos del más reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo confirman una verdad que en El Salvador se vive a diario: las remesas familiares son un salvavidas económico para cientos de miles de hogares. Que al menos 369,617 salvadoreños hayan mejorado su condición económica gracias a estos ingresos no es un logro menor; es la evidencia de que el esfuerzo migrante sostiene buena parte de la estabilidad social del país.

Sin embargo, el mismo análisis obliga a matizar el entusiasmo. El hecho de que cerca del 90 % de la masa total de remesas llegue a hogares que no son pobres revela una paradoja incómoda: las remesas reducen la pobreza, sí, pero no siempre llegan a quienes más las necesitan. No porque exista mala intención, sino porque la migración —condición previa para enviar remesas— exige recursos que los hogares más pobres simplemente no tienen. Migrar cuesta, y esa barrera deja fuera a quienes viven en la pobreza extrema.

En El Salvador, más de 116 mil personas lograron salir de la pobreza extrema gracias a las remesas, y otras decenas de miles pasaron de pobreza relativa a no pobres. Son cifras contundentes que hablan del impacto directo en el consumo básico: alimentación, vivienda, salud y educación. Pero también evidencian una dependencia estructural peligrosa. Cuando las remesas representan el 27.3 % del PIB, como ocurre en el país, no solo son un “músculo económico”; se convierten en un pilar sin el cual la economía tambalea.

La dependencia tiene costos silenciosos. Las remesas alivian, pero no transforman por sí solas. No sustituyen políticas públicas sólidas de empleo, salarios dignos ni sistemas de protección social eficaces. Peor aún, pueden normalizar la idea de que el bienestar nacional descansa en la expulsión constante de su gente. Celebrar el impacto de las remesas sin cuestionar por qué tantas personas deben irse es una forma de resignación colectiva.

El propio estudio del BID subraya que algunos hogares siguen atrapados en la pobreza extrema porque los montos recibidos son insuficientes o deben repartirse entre muchos. Ahí está el límite del modelo: el dinero que llega del exterior amortigua la caída, pero no rompe el círculo de la desigualdad.

Las cifras del Banco Central de Reserva, que indican que más de 2.2 millones de salvadoreños han recibido remesas al menos una vez en 2025, confirman la magnitud del fenómeno. Pero también plantean una pregunta urgente: ¿qué pasaría si ese flujo se reduce por el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump u otros factores como  crisis económicas o recesiones?

Las cifras de quemaduras por pólvora registradas en los últimos días en El Salvador vuelven a encender una alarma que se repite cada diciembre: la normalización del riesgo en nombre de la tradición. Al menos 34 personas lesionadas en apenas dos días —con menores de edad entre las víctimas— no es un “daño colateral” aceptable, sino el reflejo de una falla colectiva que involucra a autoridades, comerciantes y familias.

La quema de pólvora, especialmente en momentos simbólicos como la medianoche navideña, se defiende como herencia cultural. Pero ninguna tradición debería justificar lesiones en el rostro y el torso, traslados de emergencia ni la exposición de niños a artefactos diseñados para explotar. Cuando la celebración termina en salas de emergencia, algo está profundamente mal.

El marco legal existe: hay productos pirotécnicos permitidos y otros claramente prohibidos por su peligrosidad. Sin embargo, la brecha entre la norma y la práctica es evidente. Si entre el 60 % y el 80 % de la población compra pólvora, ¿dónde están los controles efectivos de venta? ¿Cómo circulan, año tras año, artefactos prohibidos sin consecuencias reales? La permisividad, la fiscalización insuficiente y la tolerancia social crean un cóctel explosivo —literal y figuradamente— que se cobra víctimas previsibles.

La responsabilidad no recae solo en el Estado. En los hogares se toman decisiones: permitir o no que niños manipulen pólvora, comprar productos de alto riesgo, encenderlos en espacios reducidos o concurridos. La educación preventiva ha sido insuficiente y, a menudo, llega tarde. Campañas que se limitan a advertencias genéricas no compiten con la presión cultural ni con la disponibilidad del producto.

Urge un cambio de enfoque. Primero, controles estrictos y sostenidos a la venta y distribución, con sanciones ejemplares para quienes comercian productos prohibidos. Segundo, campañas de prevención basadas en evidencia, dirigidas a padres y cuidadores, con mensajes claros sobre riesgos reales y consecuencias. Tercero, alternativas comunitarias seguras para celebrar —eventos controlados, pirotecnia profesional o expresiones culturales sin explosivos— que permitan mantener el espíritu festivo sin poner en peligro vidas.

Celebrar no debería doler. Cada quemadura evitable es un recordatorio de que la tradición, sin responsabilidad, se convierte en negligencia. El país puede —y debe— elegir fiestas que iluminen sin quemar.