Categoría: Editorial

La ceremonia del Premio Nobel de la Paz de este año, marcada por la ausencia física de María Corina Machado y por la voz firme de su hija al recibir el galardón, trasciende la anécdota diplomática o el simbolismo protocolar. Es, en realidad, un acto político de alcance global. No por la premiada únicamente, sino porque este reconocimiento opera como un espejo incómodo: refleja la devastación democrática de Venezuela, pero también la tibieza —cuando no complicidad— de una comunidad internacional que durante años toleró lo intolerable.

Machado, a través del discurso leído por su hija, devolvió al centro del debate un hecho que muchos prefieren obviar: Venezuela no sólo padece una crisis económica y humanitaria, sino un desmontaje sistemático de su institucionalidad democrática. El señalamiento del “régimen” que ha corrompido al Ejército, manipulado elecciones y perseguido disidentes, no es un capricho retórico: es parte de un relato ampliamente documentado por organismos internacionales, aunque con interpretaciones divergentes según las posiciones de cada actor. Al colocar estas denuncias ante el mundo, el Nobel no sólo la honra a ella, sino que obliga a reconocer la magnitud del deterioro.

El mensaje más potente del día, sin embargo, no vino de la premiada, sino del presidente del Comité Nobel. Con una claridad poco habitual en estos foros, hizo un llamado directo a Nicolás Maduro a respetar los resultados de las elecciones de 2024, a dejar el poder y facilitar una transición pacífica. El tono fue inequívoco: hablar de presos políticos, torturas y represión no fue una referencia diplomática velada, sino una acusación frontal. Nuevamente, cada afirmación pertenece a la visión del Comité y se inscribe en un contexto político complejo, donde el gobierno venezolano sostiene una narrativa distinta. Pero que el Comité Nobel verbalice estas denuncias en un escenario global amplifica un reclamo que ya no se puede ignorar.

El reconocimiento a la movilización ciudadana venezolana es quizá el aspecto más significativo del discurso. Más allá de líderes y partidos, lo que el Nobel premia es la persistencia de un país que, incluso en medio del cansancio y la diáspora masiva, ha buscado formas democráticas de resistencia: primarias multitudinarias, documentación de actas, articulación de redes civiles. El Comité lo llamó “una movilización sin precedentes”; podría añadirse que es también un recordatorio de que la democracia, incluso debilitada, no desaparece mientras la ciudadanía siga creyendo en ella.

Es de subrayar la advertencia sobre las “redes autoritarias globales” que, según el discurso del Comité, sostienen al gobierno venezolano. Más allá de las afinidades geopolíticas, la frase revela una preocupación creciente: los autoritarismos ya no operan solos, sino en bloque, compartiendo tecnología, recursos y estrategias de control. Y esa realidad interpela tanto a América Latina como a Europa y Estados Unidos. Si la defensa de la democracia es global, sus amenazas también lo son.

En última instancia, este Nobel no resuelve nada —ningún premio lo hace—, pero coloca un reflector donde muchos preferirían sombras. La tragedia venezolana, con sus matices, disputas narrativas y enormes sufrimientos, vuelve a ocupar la conversación pública mundial. Y lo hace no desde la desesperanza, sino desde la reivindicación de la acción ciudadana y la exigencia de responsabilidad política.

El mensaje final de la ceremonia podría condensarse así: Venezuela no está condenada, pero tampoco se salvará sola. El futuro democrático del país dependerá del coraje interno, sí, pero también de que el mundo decida dejar de mirar hacia otro lado. Y ese, quizá, es el mayor valor de este Nobel: recordarnos que la indiferencia también es una forma de complicidad.

Las proyecciones del Ministerio de Turismo para 2025, que anticipan más de $3,500 millones en divisas y la llegada de cuatro millones de visitantes internacionales, reflejan sin duda el dinamismo que el sector ha adquirido en los últimos años.

La ministra Morena Valdez subraya que el turismo se encamina a aportar alrededor del 10 % del PIB, consolidándose como una de las locomotoras económicas más relevantes del país. Estas cifras, acompañadas del aumento en la estadía promedio —que ahora oscila entre siete y nueve noches— muestran que El Salvador se ha posicionado como un destino con mayor capacidad de retención y oferta diversificada.

El reto para El Salvador no radica solo en incrementar la llegada de turistas, sino en asegurar un desarrollo turístico equilibrado, sostenible y distribuido territorialmente. Las cifras prometedoras deben traducirse en inversión en infraestructura, protección ambiental, fortalecimiento de servicios y oportunidades laborales que beneficien a las comunidades.

En suma, el país avanza con pasos firmes en su posicionamiento turístico, pero el entusiasmo oficial no puede eclipsar la necesidad de una estrategia de largo plazo que consolide este crecimiento más allá de las cifras coyunturales.

El Salvador tiene potencial para competir en el mercado internacional; ahora le corresponde asegurar que ese potencial se convierta en un motor de desarrollo real, sostenible y equitativo.

La notable reducción en el número de barcos en espera para ingresar al Puerto de Acajutla —de 25 a prácticamente cero— constituye uno de los avances logísticos más significativos para la economía salvadoreña en la última década. Según la Unión Portuaria del Pacífico (UPDP), este cambio ha significado un ahorro estimado de $200 millones, una cifra que rebasa el plano financiero empresarial y se traduce en menores costos para los consumidores y una contribución directa al control de la inflación. En un país altamente dependiente del comercio exterior, estos resultados no son menores: un puerto eficiente puede marcar la diferencia entre competitividad y rezago.

La situación previa era, sin duda, insostenible. Barcos en rada por un mes, sobrecostos de hasta $30,000 diarios por embarcación, demoras en exportaciones e importaciones y una carga logística que finalmente recaía en los hogares salvadoreños a través de precios más altos. La descripción del gerente general de la UPDP, Luis Canto, sobre los primeros meses de operación —“muy duros”, sin sentir que el sistema funcionaba— revela el grado de deterioro que heredó el consorcio y que era necesario corregir.

El giro comenzó en abril, y un año después los resultados son evidentes: mayor fluidez, mayor productividad y un clima de confianza que incluso ha atraído carga extranjera, especialmente de Guatemala. Que empresas guatemaltecas estén utilizando Acajutla para movilizar su mercadería, pasando por encima de su propio Puerto Quetzal, donde las embarcaciones pueden esperar hasta 90 días, demuestra no solo el avance local sino las oportunidades regionales que se abren cuando la infraestructura funciona.

Sin embargo, el éxito no debe ocultar los desafíos. El salto operativo se ha sostenido mediante inversiones como la compra de 40 camiones, nueva maquinaria, capacitación y mejoras de seguridad; pero la evolución natural del puerto exige proyectos más ambiciosos, como la construcción del nuevo muelle que supera los $500 millones. La fase 1 plantea interrogantes necesarias: ¿cómo se garantizará la sostenibilidad financiera del proyecto?, ¿qué mecanismos de transparencia supervisarán la ejecución?, ¿qué impacto tendrá la expansión en tarifas, servicios y empleos locales?

Asimismo, el entusiasmo debe ser acompañado por una estrategia integral que asegure que este crecimiento no dependa únicamente de eficiencias coyunturales, sino de una estructura logística robusta, moderna y capaz de absorber un aumento sostenido en volumen de carga.

El anuncio de la implementación del sistema Navis N4, utilizado en los puertos más avanzados del mundo, apunta en esa dirección y es un paso necesario para mantener el ritmo de modernización. Sin embargo, la verdadera transformación depende de que la visión de crecimiento esté acompañada de gobernanza sólida, controles adecuados y una política portuaria coherente a largo plazo.

La mejora en Acajutla es un logro innegable. Pero como todo avance estratégico, plantea la obligación de mirar más allá del éxito inmediato. El reto ahora es convertir esta recuperación operativa en una plataforma sostenible de desarrollo económico y logístico para El Salvador, capaz de competir en la región y ofrecer beneficios duraderos al país.

Las elecciones generales celebradas este domingo en Honduras dejaron un mensaje político imposible de ignorar. La ciudadanía acudió masivamente a las urnas para expresar, con una contundencia pocas veces vista, su rechazo al proyecto político impulsado por la presidenta Xiomara Castro, Mel Zelaya y su candidata Rixi Moncada.

El resultado preliminar —con Moncada relegada a un lejano tercer lugar— parece reflejar un agotamiento ante la deriva ideológica del gobierno, particularmente por sus afinidades con regímenes como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua, una comparación que para gran parte del electorado hondureño evoca autoritarismo, deterioro institucional y crisis económicas profundas.

Más que un simple viraje electoral, lo ocurrido puede interpretarse como una defensa explícita del modelo democrático hondureño. La alta participación parece indicar que los votantes no solo acudieron a elegir a un nuevo presidente, sino a proteger un sistema político que perciben bajo presión. En un país donde las instituciones aún enfrentan grandes desafíos, el ciudadano común demostró que no está dispuesto a renunciar al pluralismo ni a tolerar experimentos de concentración de poder.

El sorprendente posicionamiento de Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, al frente de los primeros cómputos, así como el avance de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, evidencia un reacomodo del mapa político hondureño. Más allá de las simpatías ideológicas, el electorado pareció privilegiar opciones que considera más estables o moderadas frente a un oficialismo desgastado. El apoyo público del presidente estadounidense Donald Trump a Asfura añade un matiz geopolítico que, aunque no determinante, subraya el interés internacional por la dirección futura de Honduras.

Para la izquierda gobernante, este resultado provisional constituye una llamada de atención severa. La retórica de confrontación, el acercamiento a regímenes poco democráticos y la percepción de ineficiencia gubernamental parecen haber pasado factura. El descarado nepotismo de la familia Castro-Zelaya que llevó a ser conocido como «El Familión» fue sin duda otro efecto que marcó el repudio en las urnas.

A la espera del cómputo definitivo, lo ocurrido ya es un hito político. Honduras habla fuerte cuando vota, y esta vez lo ha hecho con una claridad que redefine el panorama nacional: la democracia se defiende en las urnas, y el pueblo hondureño así lo ha demostrado.

El Salvador está enfrentando una crisis digital que todavía no ha sido asumida con la seriedad que exige. Los 2.5 millones de ataques de phishing registrados en el último año —equivalentes a 7,000 intentos diarios— no solo revelan la magnitud del problema, sino también la vulnerabilidad de un ecosistema digital que avanza más rápido que la capacidad de sus instituciones y ciudadanos para protegerse.

El informe de Kaspersky es claro: el phishing ya no es una amenaza marginal, sino uno de los mecanismos más rentables y agresivos del cibercrimen global. En América Latina se contabilizaron 1,200 millones de ataques en un año, una cifra que debería alarmar incluso a los gobiernos más tecnológicamente desarrollados. Para Centroamérica, con 27.1 millones de casos, la situación se agrava por la limitada cultura de ciberseguridad tanto en el sector público como en el privado.

Si bien El Salvador no encabeza la lista regional, sus 2.5 millones de ataques deben entenderse en relación a su población y a la creciente digitalización de su economía. La transformación digital —pagos electrónicos, comercio en línea, servicios financieros por app— ha avanzado sin que la educación digital se masifique con la misma velocidad. Y el resultado es el previsible: millones de usuarios expuestos, confundidos o incapaces de distinguir un portal legítimo de una trampa.

La advertencia de Kaspersky sobre la intensificación de fraudes en temporadas como Black Friday no debería sorprender. El cibercrimen se sostiene sobre dos pilares: ingeniería social y emociones humanas. En un contexto marcado por la búsqueda frenética de descuentos, el consumidor se vuelve un objetivo fácil. La promesa de “ofertas irrepetibles” y notificaciones que simulan tiendas reconocidas aprovechan un sesgo psicológico conocido: comprar antes de pensar.

La estadística es contundente: el 50 % de los latinoamericanos ha caído en estas trampas. Y lo más preocupante es que un 60 % no sabe reconocer un sitio falso. No se trata solo de falta de prudencia individual, sino de un ecosistema donde la alfabetización digital es débil y los mecanismos de alerta pública son insuficientes.

Los consejos para evitar caer en fraudes —verificar dominios, revisar certificados, confirmar información de tiendas y monitorear transacciones— son útiles, pero insuficientes si no existe una estrategia nacional de ciberseguridad accesible y pedagógica. No es razonable pedirle al ciudadano promedio que funcione como experto digital mientras los criminales perfeccionan tácticas cada vez más sofisticadas.

Cada ataque de phishing no es solo un intento de robo; es una fractura en la confianza hacia el comercio electrónico, hacia las instituciones financieras y hacia la promesa de un futuro digital más eficiente. Ignorar esta epidemia silenciosa sería un error histórico.

Si El Salvador quiere avanzar hacia una economía moderna, primero debe asegurar que sus ciudadanos puedan navegar en ella sin convertirse en víctimas. La verdadera transformación digital empieza por algo básico: proteger el primer clic.

Cada 25 de noviembre el mundo detiene su marcha para recordar una tragedia que marcó la historia de América Latina: el brutal asesinato de las hermanas Mirabal, perpetrado en 1960 por la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana. Este crimen, tan atroz como simbólico, dio origen al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que no solo honra la memoria de estas mujeres valientes, sino que también nos obliga a mirar de frente una realidad que persiste con desgarradora crudeza.

Aunque en estas décadas se ha avanzado en visibilizar las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres, en países como el nuestro los indicadores siguen evidenciando una problemática alarmante. La violencia no se limita a agresiones físicas, feminicidios o desapariciones; adopta formas más sutiles pero igual de destructivas, como el acoso, las amenazas, el control psicológico o las agresiones verbales desde espacios públicos y, cada vez más, desde las redes sociales. Cuando figuras políticas o actores públicos recurren a estas prácticas, el daño se amplifica y normaliza.

El Salvador cargó durante años con el doloroso título de tener una de las tasas de feminicidio más altas de América Latina y el Caribe, algo que afortunadamente ha venido bajando pero este año todavía hay que lamentar 24 feminicidios. De manera que hay que insistir que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado; es estructural, arraigado y sostenido por patrones culturales que debemos desmantelar con urgencia.

Por ello, la respuesta no puede ser únicamente penal o reactiva. La prevención comienza mucho antes de que la violencia se manifieste. Implica educar a los niños en una cultura de respeto, igualdad y empatía, y empoderar a las niñas y mujeres para reconocer y rechazar todas las formas de violencia, incluso aquellas tan naturalizadas que a veces pasan desapercibidas. Una sociedad que tolera la violencia simbólica, el insulto o la descalificación basada en el género es una sociedad que, consciente o inconscientemente, permite que esa violencia escale.

El 25 de noviembre no debe ser una efeméride más en el calendario. Es un llamado urgente a la reflexión profunda, a la responsabilidad colectiva y a la acción sostenida. Nos exige preguntarnos qué estamos haciendo —y qué más debemos hacer— para erradicar un flagelo que ha cobrado vidas, limitado potenciales y fracturado comunidades enteras.

Educar, sensibilizar y transformar son tareas que deben comenzar en la niñez y continuar a lo largo de la vida. Repudiar toda forma de violencia no es solo un acto de justicia hacia las mujeres, sino un compromiso indispensable para construir una sociedad verdaderamente humana y digna.

La decisión de Estados Unidos de designar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO) no solo aumenta la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro; también expone, con una crudeza difícil de ignorar, la profunda erosión moral y política del Estado venezolano. Washington podrá tener sus propios intereses geopolíticos, pero sería un error reducir la medida a una maniobra de la Casa Blanca: el problema central sigue siendo un gobierno cuya dirigencia ha convertido al país en un aparato criminal.

Desde hace años, abundan testimonios, investigaciones y señales que apuntan a la participación de altos mandos militares en redes de narcotráfico. El hecho de que las acusaciones formales del Departamento de Justicia se presentaran en 2020 no implica que el fenómeno sea reciente; más bien confirma la consolidación de una estructura que ha operado con impunidad durante décadas. El “Cartel de los Soles” dejó de ser una simple especulación cuando la cúpula del poder venezolano convirtió el control territorial y militar en un mecanismo para enriquecerse a costa de la descomposición nacional.

La reacción del Gobierno venezolano —calificando al cartel como un “invento”— ya no convence a nadie. Después de años de crisis humanitaria, colapso institucional y corrupción sistémica, la negación se ha vuelto un recurso gastado. Resulta revelador que, mientras millones de venezolanos huyen del país y los servicios públicos se derrumban, las élites militares y políticas mantengan niveles de vida que solo pueden explicarse por ingresos ilícitos.

Sí, la administración Trump utiliza esta designación como un instrumento de presión internacional. Pero lo hace sobre un terreno fértil, abonado por las propias decisiones del chavismo. La estrategia de confrontación permanente, combinada con una estructura de poder que premia la lealtad por encima de la legalidad, ha permitido que figuras como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello presidan un Estado que se parece cada vez menos a un gobierno y más a una organización mafiosa.

La presencia militar de Estados Unidos en el Caribe y las operaciones contra supuestas “narcolanchas” pueden ser polémicas, pero surgen en un contexto donde el régimen venezolano ha renunciado a cualquier pretensión de transparencia y legitimidad, agravada desde el fraude electoral de 2024. Cuando el Estado se convierte en parte del problema, la comunidad internacional —con todos sus defectos y contradicciones— inevitablemente interviene.

La designación del Cartel de los Soles como FTO no resolverá por sí sola la tragedia venezolana. Pero sí coloca en el centro del debate una verdad incómoda: Venezuela no solo sufre bajo un gobierno autoritario, sino bajo uno que, según múltiples instituciones internacionales, participa activamente en actividades criminales que trascienden sus fronteras.

Maduro podrá acusar a Washington de agresión. Pero lo que ya no puede hacer es ocultar que dirige un régimen cuya legitimidad se ha desmoronado, no solo por su incapacidad de gobernar, sino por su colusión con estructuras que operan como organizaciones terroristas. Y esa, más allá de cualquier cálculo geopolítico, es la acusación más devastadora que enfrenta.

En El Salvador, el crecimiento del parque motociclista ha sido vertiginoso durante la última década. Pero junto con ese aumento ha surgido una realidad alarmante: casi 184,119 motociclistas circulan sin licencia, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Es decir, al menos tres de cada diez conductores manejan sin la certificación mínima que garantiza que saben operar un vehículo y respetar las normas de tránsito.

Lo que podría parecer una cifra más en un informe técnico es, en realidad, un reflejo de un problema profundo: la combinación peligrosa entre la falta de educación vial, la normalización de la irregularidad y la débil cultura de respeto a la ley. Conducir una motocicleta no es un derecho automático; es una responsabilidad. Y esa responsabilidad empieza por obtener una licencia.

Las consecuencias de la negligencia colectiva están a la vista. De enero a noviembre de 2025, casi 4,000 accidentes involucraron a motociclistas, dejando más de 3,700 lesionados y 420 fallecidos. Lejos de disminuir, los siniestros crecieron un 20 % respecto al año anterior. Estas cifras no son estadísticas frías: representan vidas truncadas, familias devastadas y un sistema de salud que absorbe el costo humano y económico de lo que, en gran parte, es prevenible.

Y todos somos testigos de eso. La manera en que manejan los motociclistas es mayoritariamente irresponsable, temeraria, hasta carente de amor propio. Incumplen el manual entero de tránsito y está claro por qué: nunca lo leyeron porque no tienen licencia.

La reciente reforma que obliga al uso de cascos certificados a partir del 29 de diciembre es un paso correcto, pero insuficiente si no va acompañado de controles estrictos y permanentes. De poco sirve exigir equipo si no se fiscaliza su cumplimiento. De poco sirve tener una ley si el país tolera, día con día, su incumplimiento.

El Salvador necesita avanzar hacia una movilidad moderna y segura, y eso solo es posible cuando el respeto a la ley deja de ser opcional. No podemos seguir normalizando que miles manejen sin licencia, sin casco adecuado, sin atención y sin respeto por los demás usuarios de la vía. La seguridad vial es un pacto social: cuando uno falla, todos pagamos el precio.

Es momento de que el Estado refuerce controles, que los conductores asuman su responsabilidad y que la sociedad comprenda que la motocicleta no es un atajo a la informalidad, sino un vehículo que exige técnica, criterio y disciplina.

Las calles del país merecen orden. La ciudadanía merece seguridad. Y la ley, sin excepción, debe cumplirse.

La decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de designar al llamado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera marca un nuevo punto de inflexión en la ya larga y enconada confrontación entre Washington y el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro.

Más que un movimiento aislado, la medida se inserta en una lógica de escalada política, militar y simbólica que transforma un conflicto diplomático en un escenario de creciente riesgo bélico regional.

La categoría de organización terrorista extranjera no es un tecnicismo: tiene consecuencias jurídicas y políticas profundas. Autoriza sanciones más severas, persecución penal internacional y —sobre todo— construye un marco narrativo donde Venezuela deja de ser solo un adversario político para convertirse en un actor equiparado al terrorismo global. Estados Unidos sostiene que el grupo está vinculado directamente con Maduro y con figuras de su círculo militar.

La decisión no llega sola. Se combina con un despliegue militar sin precedentes en años recientes: la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford al Caribe, ejercicios conjuntos en aguas estratégicas, y una serie de ataques letales contra embarcaciones acusadas de transportar drogas.

La crisis venezolana es real, compleja y profundamente humana. No se puede olvidar el escandaloso fraude electoral que impuso Maduro en 2024 en el que robó descaradamente las elecciones a Edmundo González. La oposición buscaba una salida civilizada y la dictadura de Maduro prefirió la brutalidad, la imposición, la barbarie. Estos son los lodos de aquellos polvos.

Los últimos datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial deberían causar una profunda alarma en El Salvador. Aunque las autoridades reportan una ligera reducción del 6 % en detenciones por conducción peligrosa respecto al mismo periodo de 2024, el hecho de que casi 1,900 personas hayan sido arrestadas por manejar en estado de ebriedad en menos de once meses revela un problema mucho más grave: en El Salvador, aún no hemos logrado comprender que el alcohol al volante no es un descuido, sino un acto de violencia potencial.

La cifra de “seis detenidos diarios” no es un número frío; cada uno es un riesgo concreto de tragedia. Y los casos recientes lo ilustran con dolorosa claridad. Conductores con 220, 223, incluso 358 grados de alcohol provocando accidentes, lesionados, destrucción y miedo en carreteras que deberían ser un espacio seguro para miles de salvadoreños. Es inaceptable que vidas enteras queden marcadas —o arrebatadas— por decisiones irresponsables que son completamente evitables.

La reforma a la Ley de Transporte Terrestre, que prohíbe cualquier nivel de alcohol en la conducción, avanza en la dirección correcta. La tolerancia cero no es extremismo; es una respuesta necesaria ante una cultura que por demasiado tiempo ha minimizado el riesgo. Pero las leyes, por sí solas, no transforman conductas. Mientras como sociedad sigamos normalizando el “solo un par de tragos” antes de conducir, mientras la presión social premie el atrevimiento irresponsable y no la prudencia, las estadísticas seguirán llenándose de vidas truncadas.

También debemos reconocer el papel de las instituciones. La PNC, pese a sus esfuerzos, no puede ser el único muro de contención frente a miles de ciudadanos que se aventuran a manejar ebrios. Controles vehiculares, campañas de concientización y sanciones más visibles son herramientas necesarias, pero insuficientes si no hay un cambio cultural profundo.

No se trata de moralizar; se trata de proteger. Quien conduce ebrio no solo compromete su vida, sino la de cualquier persona que tenga la mala suerte de cruzarse en su camino. Ninguna fiesta, ningún impulso, ningún pretexto justifica poner en riesgo a inocentes.

Los datos muestran que la mayoría de los conductores detenidos son hombres, un patrón que invita a reflexionar sobre prácticas culturales arraigadas y masculinizadas en torno al consumo de alcohol y la conducción. Romper con estas narrativas es vital.

2025 aún no termina, pero ya podemos afirmar algo con absoluta claridad: mientras sigamos viendo la conducción peligrosa como un problema individual y no como un fenómeno social que exige responsabilidad colectiva, seguiremos lamentando vidas perdidas.

La solución no está solo en las patrullas ni en las leyes; está en cada uno de nosotros. En decidir no manejar si hemos bebido. En no permitir que otros lo hagan. En asumir que la seguridad vial es un compromiso compartido.

Porque, al final, ninguna estadística duele tanto como una silla vacía en casa.