Categoría: Editorial

  • La denuncia de los jugadores surinameses de racismo en el Cuscatlán es vergonzosa

    La denuncia de los jugadores surinameses de racismo en el Cuscatlán es vergonzosa

    El Estadio Cuscatlán ha sido el gran escenario de los triunfos y fracasos de nuestra «Selecta Cuscatleca», el llamado «Coloso de Montserrat» es intimidante para cualquier selección nacional extranjera debido al fuerte apoyo que la afición desata hacia los rivales.

    Pero una cosa es gritar para animar a nuestra Selecta y otra cosa es insultar o denigrar a los adversarios por su color de piel, como se ha denunciado recientemente en el encuentro con Surinam. La denuncia de los jugadores surinameses es vergonzosa, inaceptable, condenable y la inmensa mayoría de salvadoreños siente pena por semejante suceso.

    Todos los seres humanos exigimos y queremos respeto, independientemente de nuestro color de piel o condición social, es un derecho humano básico, es un comportamiento mínimo de decencia en la sociedad. Faltar al respeto a una persona, a un jugador de fútbol que ha dado lo mejor de sí mismo en la cancha, no puede ser un comportamiento aceptable, Además es un comportamiento tan absurdo tomando en cuenta que tenemos jugadores en nuestra selección con ese mismo color de piel.

    El racismo y sus expresiones en las canchas de fútbol deben ser desterradas y sancionadas. Pero no es la Fesfut, ni la Selecta los que deberían pagar esas sanciones solamente, sino los individuos que han desatado esas conductas, tal como hemos visto en España y otros países.

    La campaña que ha lanzado la Fesfut y el Indies contra el racismo y toda forma de discriminación es un primer gran paso en la dirección correcta, pero también hay que aplicar sanciones individuales e incluso vetos permanentes a quienes tengan esos comportamientos porque sino volverá a ocurrir.

  • En el Día de la Independencia, seguir luchando por una Patria mejor

    En el Día de la Independencia, seguir luchando por una Patria mejor

    Este 15 de septiembre celebramos nuevamente un aniversario de nuestra Independencia Patria, de la fundación formal de la nación. Y lo hacemos con coloridos desfiles, entusiastas jóvenes que animan el día con sus bandas musicales y sus danzas, inflamados de patriotismo y civismo.

    Hoy cantar el Himno Nacional y la Oración a la Bandera se hacen con mayor solemnidad para celebrar los 204 de vida independiente,

    El gran general francés, Charles de Gaulle, solía decir  que “el patriotismo es cuando el amor por tu propio pueblo es lo primero”. La patria no existe sin el amor de sus hijos. Y aunque la devoción por la tierra que nos ha visto nacer o por nuestras tradiciones y costumbres es importante, el amor a la patria se debe manifestar siendo buenos hijos, cumplidores de la ley, con nuestros esforzados aportes por construir un país mejor en medio de tantas dificultades.

    El patriota cubano, José Martí decía que: “Todo hombre está obligado a honrar con su conducta privada, tanto como con la pública, a su patria”. Eso es hacer patria, eso es patriotismo, no solo la banderita en el carro ni el acto cívico.

    En los hogares, escuelas y colegios deberían enseñarse los valores que constituyen la Patria, cómo la actitud y el comportamiento de cada uno de sus ciudadanos colabora a un país mejor. No basta sentirse orgulloso por la belleza del país o por los logros de un equipo deportivo, somos un país con muchos problemas y contribuir a solucionarlos es tarea de todos, de cada uno como individuo.

    El trabajo decente, el respeto a la ley, valores como la honestidad, la integridad, la honradez, el respeto a nuestros semejantes, el cuidado de nuestros niños y ancianos, todos esos son valores que debemos cultivar y cosechar para un mejor El Salvador. Es importante reflexionar sobre nuestro aporte a la patria, sobre nuestro rol como salvadoreños con aquella frase del presidente estadounidense, John F. Kennedy: “No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tu país”.

    Que este aniversario sirva para profundizar nuestro compromiso por una patria mejor.

  • El mundo es cada vez más peligroso

    El mundo es cada vez más peligroso

    Esta semana ha sido intensa por todo el mundo. Los temores de una guerra mundial se agitan con Israel haciendo un ataque en Catar, con Rusia lanzando drones sobre territorio polaco y provocando una reacción unánime de la Unión Europea dispuesta a defenderse de las amenazas de Vladimir Putin y con Filipinas advirtiendo sobre el acoso creciente de China sobre sus buques, además de la amenaza permanente sobre Taiwán.

    El mundo es un lugar cada vez más peligroso. La violencia política se agita horriblemente con una retórica agresiva creciente y con una intolerancia cada vez peor.

    El martes, la prohibición de redes sociales por el gobierno de Nepal -en Asia- provocó una ola de protestas en la capital Katmandú, causando la renuncia del primer ministro y desatando una espiral de violencia que hizo desaparecer al gobierno y hasta dejó a la esposa de un exprimer ministro quemada viva.

    Y este miércoles, el activista conservador estadounidense, Charlie Kirk, fue asesinado frente a centenares de personas que asistían a una de sus conferencias al aire libre en una universidad del usualmente pacífico estado de Utah.

    Hace solo unos meses, mientras estaba en un acto de campaña, el presidente Donald Trump sufrió un atentado que pudo ser mortal. Pareciera que Estados Unidos está volviendo a los fatídicos años 60 cuando los hermanos Kennedy y Martin Luther King fueron algunos de los personajes asesinados, mientras otros tantos sufrieron atentados.

    ¿Hacia dónde vamos? Difícil saberlo. Centroamérica y América Latina en general, no se salvan de la violencia política y la retórica incendiaria. Desde gobernantes malvados como Maduro y Ortega, hasta irresponsables como Petro o Mel Zelaya, la región está plagada de personajes peligrosos para la paz y la estabilidad regional.

    Los gobernantes tienen que actuar con serenidad y responsabilidad, los líderes políticos igual. Si hacen prevalecer sus intereses sobre los de sus pueblos, ocurren hechos como los que estamos viendo por todo este mundo cada vez más peligroso.

  • Beneficios a la diáspora y retornados, un camino en la dirección correcta

    Beneficios a la diáspora y retornados, un camino en la dirección correcta

    La reciente aprobación de la Ley especial de beneficios y protección para la diáspora y personas en movilidad humana por parte de la Asamblea Legislativa marca un hito en la relación del Estado salvadoreño con sus ciudadanos más allá de las fronteras. Es una iniciativa ambiciosa, que pretende abarcar desde la protección de los salvadoreños deportados hasta incentivos para quienes, residiendo en el extranjero, decidan invertir o regresar al país.

    En primer lugar, la ley reconoce algo fundamental: la movilidad humana es un derecho, ya sea por elección o por necesidad. El mero hecho de incluir a los deportados y retornados en la misma categoría legal que quienes regresan voluntariamente es un avance conceptual. Esto evita la estigmatización y abre la puerta a políticas de reintegración más humanas.

    La creación de incentivos fiscales para empresas que contraten a retornados —deduciendo de su renta imponible entre tres y cinco salarios mínimos— puede ser una herramienta poderosa para combatir la discriminación laboral que estas personas suelen enfrentar.

    En cuanto a la diáspora, la normativa ofrece beneficios significativos: exenciones fiscales para menaje de casa de hasta $100,000, importación libre de impuestos para dos vehículos y herramientas de trabajo, facilidades para invertir e incluso la posibilidad de constituir fundaciones en El Salvador de forma remota. No es poca cosa. Son medidas que, bien ejecutadas, pueden convertir a la diáspora en un motor económico más dinámico que las remesas por sí solas.

    No obstante, hay elementos que despiertan escepticismo. Primero, la letra pequeña de la ley exige que estos beneficios se soliciten bajo condiciones muy específicas, lo que podría convertirse en una maraña burocrática. Segundo, el riesgo de que los incentivos fiscales terminen siendo aprovechados por un segmento reducido y privilegiado de la diáspora, dejando fuera a quienes más apoyo necesitarían, es real. Tercero, no se detalla con precisión el mecanismo de supervisión para evitar que las agencias privadas de reclutamiento laboral exploten o engañen a trabajadores salvadoreños en el extranjero, un problema que ya ha tenido episodios dolorosos en el pasado.

    El Salvador no solo necesita atraer inversión y facilitar el regreso de su gente, sino también garantizar que ese retorno sea sostenible, seguro y productivo. Una ley puede abrir la puerta, pero el acompañamiento, la transparencia y la ejecución determinarán si la diáspora y los retornados son realmente vistos como parte central del proyecto nacional, o si seguirán siendo un recurso simbólico más que práctico.

    En conclusión, la ley es un paso en la dirección correcta, pero no un destino final. El reto no es aprobar beneficios sobre el papel, sino asegurarse de que, en la práctica, ningún salvadoreño en movilidad humana se quede al margen por falta de información, recursos o voluntad política. El verdadero éxito se medirá no en exenciones fiscales otorgadas, sino en vidas reconstruidas y en una relación renovada entre el país y su gente, esté donde esté.

     

  • Deportaciones al alza, una alarma que no podemos ignorar

    La reciente alza del 175 % en los vuelos con salvadoreños deportados desde Estados Unidos entre enero y junio de 2025, según datos de Witness at the Border, debe prender todas las alarmas en El Salvador. No se trata solo de una cifra —22 vuelos en junio frente a apenas 8 en enero—, sino de miles de historias humanas truncadas, de familias separadas, de sueños rotos y de consecuencias socioeconómicas para El Salvador.

    El endurecimiento de la política migratoria bajo la administración del presidente Donald Trump ha mostrado un patrón creciente y sostenido de expulsiones, muchas de ellas de personas que estaban en proceso de solicitar asilo o que llevaban años construyendo una vida en Estados Unidos. Diario El Mundo recogía la semana pasada el estremecedor testimonio de un joven salvadoreño de 24 años, padre de tres hijos nacidos en EE.UU., que fue deportado sin que se le permitiera culminar su proceso de asilo. Estas decisiones reflejan una lógica profundamente deshumanizante y contraria al respeto por el debido proceso.

    El Salvador no puede permanecer como simple espectador ante esta situación. De enero a junio de este año, ya se han recibido 85 vuelos con connacionales deportados. Esto no solo evidencia una crisis humanitaria, sino que anticipa una creciente presión social y económica para el país, que debe asumir la reintegración de miles de ciudadanos, incluyendo niños y adolescentes. Según cifras oficiales, entre 2019 y marzo de 2025, El Salvador ha recibido más de 21,000 menores deportados, muchos de ellos por vía aérea.

    Además, la posibilidad real de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) por parte del gobierno estadounidense amenaza con agravar aún más esta crisis. Es importante anticiparse a un escenario en el que decenas de miles de salvadoreños protegidos por el TPS puedan ser repatriados forzosamente.

    Se necesita un plan integral para la atención y reinserción de los retornados. Se requiere una estrategia que brinde apoyo psicosocial, formación para el empleo y oportunidades reales de reintegración. También es fundamental que la Cancillería redoble esfuerzos diplomáticos para defender los derechos de nuestros compatriotas en el exterior y denunciar cualquier vulneración al debido proceso migratorio. La relación bilateral con Estados Unidos no puede construirse a costa del silencio ante los atropellos contra nuestros compatriotas.

  • Las advertencias urgentes de la banca ante las estafas digitales

    El auge de las tecnologías digitales ha transformado radicalmente nuestra sociedad, ofreciéndonos comodidad, acceso y posibilidades antes inimaginables. Sin embargo, esta revolución también ha traído consigo riesgos considerables que ponen en jaque la seguridad de los salvadoreños y las empresas del país. La reciente advertencia de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) sobre el aumento de las estafas digitales no es un llamado cualquiera; es una alerta que debe ser escuchada y atendida con urgencia.

    Las modalidades empleadas por los ciberdelincuentes son cada vez más sofisticadas y, en muchos casos, juegan con la confianza de los usuarios. Desde publicidad fraudulenta en buscadores hasta mensajes en WhatsApp con enlaces maliciosos, los salvadoreños enfrentan un panorama donde cada clic puede representar un riesgo.

    Lo alarmante es que estas tácticas no solo afectan a los usuarios comunes, sino también a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que, según expertos, son vulnerables a peligros como el ransomware, el phishing dirigido y el compromiso del correo electrónico empresarial.

    En este contexto, el informe de Frost & Sullivan que posiciona a El Salvador como el tercer país con más ciberataques de ransomware en la región en 2024 es un dato que no puede ser ignorado. ¿Cómo llegamos a este punto? Más importante aún, ¿qué estamos haciendo para revertir esta tendencia? En un país donde la transformación digital avanza a pasos agigantados, la ciberseguridad no puede ser un tema secundario o una simple recomendación. Es una prioridad nacional.

  • El impuesto de EEUU a las remesas golpeará a los más vulnerables

    El impuesto de EEUU a las remesas golpeará a los más vulnerables

    La aprobación del impuesto a las remesas por parte del Congreso de los Estados Unidos, dentro del proyecto de ley “One Big Beautiful Bill Act”, representa una medida regresiva, ineficaz y profundamente perjudicial tanto para los migrantes como para las economías de América Latina, especialmente países como El Salvador.

    Bajo el pretexto de una supuesta “deportación financiera”, se está implementando una política que penaliza a quienes sostienen no solo a sus familias, sino también a economías nacionales enteras.

    Las cifras hablan por sí solas: en 2024, El Salvador recibió más de 8,479 millones de dólares en remesas, lo que equivale al 24 % de su PIB. Un impuesto del 3.5 % sobre los envíos —sumado a las comisiones ya existentes— podría provocar una caída del 7 % en el volumen de remesas, una pérdida de casi 600 millones de dólares que impactará directamente en los hogares más vulnerables. No se trata solo de cifras, sino de familias que dejarán de comprar medicinas, pagar matrículas o invertir en pequeños negocios.

    Esta medida no solo es económicamente dañina, sino moralmente cuestionable. Castiga a los migrantes por el simple acto de cuidar a sus seres queridos desde el extranjero. Además, exige a los remitentes demostrar su ciudadanía para evitar el impuesto, una carga burocrática discriminatoria que afectará incluso a ciudadanos naturalizados. Se trata de un sistema que presume culpabilidad antes que legalidad, violando principios fundamentales de igualdad y debido proceso.

    En el plano internacional, la medida también amenaza con deteriorar las relaciones comerciales entre EE.UU. y sus socios latinoamericanos que cada vez ven con mayor desconfianza a su antiguo “socio confiable” del norte.

    Estudios demuestran una clara correlación entre las remesas y las exportaciones estadounidenses hacia estos países. Al disminuir el poder adquisitivo de los hogares receptores, también se reduce su capacidad de consumir productos estadounidenses, lo que podría traducirse en una contracción del comercio bilateral y afectar a sectores económicos dentro del mismo Estados Unidos.

    El nuevo impuesto incentivará el uso de canales informales para el envío de dinero, debilitando los sistemas financieros formales, elevando riesgos de lavado de dinero y dejando a millones de usuarios sin protección legal. Lejos de disuadir la migración, podría exacerbarla: al eliminar una fuente crítica de sustento, más personas podrían verse forzadas a migrar en busca de mejores oportunidades.

    En lugar de castigar la solidaridad familiar, Estados Unidos debería fomentar políticas migratorias y económicas más inteligentes y humanas. Gravando las remesas, el Congreso no detiene la migración, solo agrava las causas que la provocan. Lo que se necesita no es una barrera financiera, sino puentes de cooperación que fortalezcan tanto a las familias migrantes como a las naciones que dependen de ellas.

  • León XIV, un pastor con los pies en la tierra

    León XIV, un pastor con los pies en la tierra

    La elección del cardenal Robert Francis Prevost como papa León XIV representa un giro trascendental en la historia de la Iglesia: por primera vez, un estadounidense asume el liderazgo del catolicismo global.

    Sin embargo, más allá del símbolo geopolítico, lo que verdaderamente importa es el rostro humano y pastoral de este nuevo pontífice, forjado en las periferias del Perú antes que en los pasillos del Vaticano.

    Su designación no solo marca una continuidad con el legado reformista de Francisco, sino que también abre la puerta a un pontificado que podría colocar el combate contra el hambre y la desigualdad en el centro del Evangelio contemporáneo.

    La trayectoria de León XIV como obispo en Chiclayo, una de las regiones más vulnerables del Perú, ofrece pistas sobre el tipo de papa que será. Su respuesta durante la pandemia —levantando plantas de oxígeno para los más necesitados— o sus visitas pastorales a comunidades rurales marginadas, revelan una sensibilidad concreta ante el sufrimiento humano.

    No es un teólogo de gabinete, sino un pastor con los pies en la tierra, alguien que ha conocido de cerca el hambre no como cifra estadística, sino como drama cotidiano.

    Esa vivencia le otorga legitimidad moral para enfrentar uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: el hambre como escándalo global. No como una calamidad inevitable, sino como el resultado de estructuras injustas alimentadas por la indiferencia.

    Como lo afirmó su predecesor, el papa Francisco, el hambre es una “injusticia criminal”, y León XIV parece dispuesto a tomar esa antorcha con determinación.

    En un mundo donde el desperdicio de alimentos coexiste con la desnutrición infantil, su liderazgo podría darle a la Iglesia una voz aún más clara y profética.

    El hecho de que un hombre con ciudadanía estadounidense y raíces hispanas elija orientar su pontificado hacia los pobres y marginados, particularmente en América Latina, no es menor. Se trata de una elección pastoral, no cosmética.

    Un papa que ha sido testigo de la sopa aguada en los hogares pobres, que ha visto el rostro de los niños desnutridos, está llamado a ser portavoz de los “hambrientos de justicia”.

    León XIV llega en un momento en que la credibilidad de las instituciones, incluida la Iglesia, está en juego. Su opción por una Iglesia cercana, constructora de puentes y aliada de los que sufren, puede revitalizar el sentido profundo del cristianismo como fuerza transformadora.

    Sus primeras palabras, centradas en la paz, la unidad y el encuentro, anticipan un pontificado que no se limitará a discursos simbólicos, sino que podría incidir con firmeza en los organismos internacionales donde se definen las políticas alimentarias, ambientales y sociales.

    Aún es pronto para hacer juicios definitivos. Pero si el nuevo papa logra traducir su experiencia pastoral en políticas globales de solidaridad, podríamos estar frente a un liderazgo profundamente coherente con el Evangelio.

    Un liderazgo que no solo predique sobre el pan de vida, sino que también se asegure de que no falte pan en la mesa de ningún ser humano.

    En tiempos de tanta hambre física y espiritual, el mundo necesita un papa como León XIV. Que escuche, que actúe, y que recuerde a todos —gobiernos, fieles, e instituciones— que el alimento no es un lujo, sino un derecho. Y que no hay justicia posible mientras haya niños que se vayan a dormir con el estómago vacío.

  • Un Papa para un mundo en dificultades y en busca de sentido

    Un Papa para un mundo en dificultades y en busca de sentido

    En la solemnidad que precede al inicio del cónclave más numeroso y diverso de la historia de la Iglesia católica, las palabras del cardenal Giovanni Battista Re resuenan como una brújula espiritual: «Que sea elegido el papa que la Iglesia y la humanidad necesitan en este momento de la historia tan difícil y complejo».

    No es sólo una súplica, es también una advertencia y una guía para los 133 cardenales que, desde este miércoles se encerraron bajo el fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina.

    Este cónclave se celebra en un tiempo en que la Iglesia, al igual que el mundo, se enfrenta a desafíos de alcance global: guerras que recrudecen, hambre que persiste, migraciones forzadas, polarización política y una cultura que muchas veces se muestra hostil a lo religioso. Pero también hay una sed renovada de verdad, de comunidad y de liderazgo ético. La humanidad, como señaló el arzobispo brasileño Jaime Spengler, vive marcada por el miedo, y necesita un faro.

    El perfil del próximo pontífice, como delineó Re, deberá reunir una doble virtud: humildad para servir —como lo hizo Cristo lavando los pies incluso a quien lo traicionaría— y fortaleza para mantener la unidad en medio de la diversidad. La Iglesia necesita un papa que no sea simplemente un administrador o un símbolo, sino un pastor que aúne fidelidad evangélica con sensibilidad a los signos de los tiempos.

    El peso del cónclave es grande no solo por el número de cardenales o su diversidad geográfica —proceden de 70 países— sino por la necesidad de superar lo que muchos observadores señalan: un colegio poco cohesionado, con muchos cardenales que apenas se conocen entre sí. Este factor, lejos de ser una debilidad, puede ser una oportunidad si se traduce en una elección pausada, meditativa, movida por la oración y el discernimiento, no por estrategias ni alianzas políticas.

    La Iglesia no necesita un gestor, sino un testigo creíble de la fe. Un hombre que, sin diluir el Evangelio, lo encarne con claridad, misericordia y valentía. Un pontífice que no se encierre en las batallas internas de la curia ni se extravíe en luchas culturales, sino que sepa hablar a creyentes y no creyentes, con la fuerza del amor, de la razón y de la esperanza.

    La elección del nuevo papa es, sí, un acto de gobierno, pero sobre todo es un acto de fe. Que la «fumata blanca» no sea solo señal de consenso entre cardenales, sino signo de que la Iglesia ha elegido a un líder capaz de tocar el corazón de una humanidad herida. Un papa, como dijo Re, «según el corazón de Dios».

  • La clasificación de Fitch, un reconocimiento sobre la dirección correcta, pero los retos persisten

    La clasificación de Fitch, un reconocimiento sobre la dirección correcta, pero los retos persisten

    La reciente decisión de Fitch Ratings de reafirmar la calificación soberana de El Salvador en ‘B-’ con perspectiva estable debe leerse como un reconocimiento a los esfuerzos del gobierno por encauzar sus finanzas públicas, pero también como un recordatorio de los límites estructurales que aún constriñen la credibilidad económica del país.

    El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) marca un punto de inflexión. El programa de Facilidad Extendida no solo implica un alivio financiero de 1,400 millones de dólares, sino que también sienta las bases para una reforma estructural más profunda. La disciplina fiscal, la mejora en la gobernanza y una mayor sostenibilidad del sistema de pensiones no son solo condiciones impuestas: son reformas largamente postergadas que el país necesita con urgencia.

    La reducción del déficit fiscal al 4.4% del PIB en 2024 y su proyectada disminución hasta el 2.1% en 2026 muestran un compromiso palpable con la consolidación fiscal. El hecho de que se vislumbre financiamiento adicional por hasta 2,200 millones de dólares sin necesidad de emitir deuda nueva en los mercados internacionales es una noticia positiva en un entorno global aún incierto.

    Sin embargo, no se debe perder de vista la otra cara del informe. La deuda pública, en torno al 87% del PIB, sigue siendo alarmantemente alta para un país con la calificación crediticia de El Salvador. La carga por intereses, que absorbe más del 17% de los ingresos del gobierno, reduce el margen de maniobra para inversiones sociales y económicas. Este es el precio de años de desorden fiscal, decisiones improvisadas y un uso político del endeudamiento.

    El Salvador necesita construir una trayectoria fiscal y económica sostenible no solo sobre la base de acuerdos con organismos multilaterales, sino sobre un compromiso más amplio con la estabilidad institucional, el respeto a los contratos y la confianza del inversionista. Solo entonces podrá aspirar a algo más que la supervivencia financiera.