Categoría: Editorial

Las cifras publicadas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología sobre la disminución del 2.32 % en la matrícula universitaria y técnica durante 2024 son más que un simple dato estadístico: son una llamada de atención nacional. En un país donde la educación es la principal herramienta para romper los ciclos de pobreza, perder más de 4,600 estudiantes en un año debería preocupar a todos los sectores, no solo al académico.

El descenso es aún más notorio si se observa por tipo de institución. Los institutos tecnológicos, clave para la formación técnica y la empleabilidad juvenil, registran una reducción alarmante del 20.57 %. Este dato no solo refleja desinterés, sino posiblemente una crisis estructural: costos de estudio inalcanzables, falta de incentivos laborales o la migración de jóvenes que ven más oportunidades fuera del país que en un título académico local.

La Universidad de El Salvador, la única pública, también experimentó una baja de matrícula, aunque menor (1 %). Sin embargo, el problema va más allá de los números: la reducción del 26 % en aspirantes seleccionados muestra que la educación superior pública está enfrentando desafíos profundos de acceso y motivación. La advertencia hecha por las autoridades universitarias desde la pandemia del COVID-19 se está cumpliendo, y sin políticas de rescate educativo, la tendencia podría agravarse.

El problema no distingue entre lo público y lo privado: el sistema completo de educación superior está bajo presión, como lo muestran las estadísticas en las universidades privadas.

En un contexto donde más de 110 mil mujeres y 85 mil hombres buscan formación universitaria, la reducción de matrícula implica menos oportunidades para el desarrollo profesional, menos innovación y, a largo plazo, un debilitamiento del capital humano del país.

Es urgente que el Estado, junto a las universidades y el sector productivo, trace una política nacional para la retención y atracción estudiantil, que combine becas, empleo juvenil y programas flexibles de estudio.  Los acuerdos que ha impulsado la Secretaría de Integración con las Universidades privadas para becas universitarias es un buen paso en esa dirección porque la educación no puede ser un lujo, ni una víctima más de la crisis económica y social.

El futuro de El Salvador depende de cuántos jóvenes puedan seguir soñando —y estudiando— en su propio país.

El reciente informe de la Organización de Mujeres Salvadoreñas en Paz (Ormusa) no solo revela un alarmante aumento del 88 % en los casos de cáncer de mama en El Salvador entre 2020 y 2024; desnuda, además, las profundas desigualdades que aún marcan el acceso a la salud en el país. Detrás de cada número hay un rostro, una historia, una vida suspendida entre el miedo y la esperanza.

Las estadísticas del Ministerio de Salud son el reflejo de una doble realidad. Por un lado, el aumento de diagnósticos podría sugerir una mayor conciencia sobre la importancia del control médico; pero por otro, muestra las grietas estructurales del sistema: apenas 17 mamógrafos para más de tres millones de mujeres, un acceso limitado a radioterapia fuera de la capital y listas de espera que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La inequidad, más que la biología, sigue siendo una de las principales causas de mortalidad. Es necesario invertir más en prevención y detección.

Frente a esa precariedad institucional, emergen ejemplos de fuerza y solidaridad que reescriben el sentido de la palabra “lucha”. Ana Marta Najarro, Leiden Cáceres y Wendy Maldonado encarnan el rostro humano del cáncer, pero también el de la resiliencia colectiva. Desde el voluntariado, el acompañamiento emocional y la educación sobre el autoexamen, estas mujeres transforman su dolor en servicio. Ellas, más que las cifras, son las verdaderas políticas públicas vivientes: promueven prevención, esperanza y comunidad allí donde el Estado aún no llega.

La historia de Bessy Tobar suma una dimensión inspiradora a este panorama: la de quien convirtió la adversidad en propósito. Su emprendimiento, que une la estética y la medicina biológica, no solo reivindica la belleza como una forma de sanar, sino que también recuerda que la salud emocional y física no pueden tratarse por separado. Su experiencia demuestra que el cáncer puede destruir tejidos, pero también puede reconstruir vidas.

En este contexto, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y el mes de octubre en el que enfatizamos esta temática no debe reducirse a un lazo rosado o a un eslogan publicitario. Es una llamada urgente a políticas de detección temprana efectivas, inversión en equipos médicos, descentralización de tratamientos y apoyo integral a las pacientes. La lucha contra el cáncer no termina con la quimioterapia; empieza con la equidad, la educación y la empatía.

El cáncer de mama no discrimina, pero el acceso a la salud sí. Por eso, mientras las mujeres sigan enfrentando solas el costo del diagnóstico o la angustia del tratamiento, el país seguirá en deuda. La verdadera victoria será el día en que ninguna salvadoreña tenga que elegir entre sobrevivir o endeudarse, entre tener esperanza o resignarse. El lazo rosa debe ser más que un símbolo: debe ser un compromiso nacional.

La actualización de las proyecciones de población del Banco Central de Reserva (BCR)  marca un punto de inflexión en la historia nacional: El Salvador alcanzará su pico poblacional en 2039, con poco más de 6.2 millones de habitantes, y a partir de entonces comenzará un descenso progresivo. Este cambio, que podría parecer leve en cifras, encierra profundas implicaciones sociales, económicas y políticas que el país no puede darse el lujo de ignorar.

El dato más relevante no es solo que la población disminuirá, sino cómo cambiará su composición. En 2050, el número de adultos mayores de 60 años habrá crecido un 75 %, mientras que los menores de 35 años se reducirán en más del 30 %. En otras palabras, El Salvador está envejeciendo rápidamente, y ese proceso traerá consigo enormes desafíos: un sistema de pensiones ya presionado, mayor demanda de servicios de salud especializados y una reducción de la fuerza laboral joven que sostiene la productividad nacional.

Si no se toman medidas desde ahora, el país podría entrar en una trampa demográfica, donde una población envejecida dependa de un grupo cada vez menor de trabajadores activos. Los números del BCR dejan claro que, para 2050, habrá casi 1.6 millones de adultos mayores, pero apenas 234,000 niños menores de cuatro años. Es una señal inequívoca de que la base demográfica se estrecha peligrosamente.

El Salvador debe replantearse su modelo de desarrollo. Un país con menos jóvenes y más adultos mayores necesita una economía basada en la innovación, la automatización y la productividad, no en mano de obra barata ni en remesas. Al mismo tiempo, debe crear políticas públicas para aprovechar el bono demográfico restante antes de que se agote en la próxima década.

También es urgente una reforma integral del sistema previsional y sanitario, adaptada al envejecimiento. Los adultos mayores no deben ser vistos como una carga, sino como una generación que merece vivir con dignidad después de haber sostenido al país. La educación, por su parte, deberá enfocarse en preparar a los jóvenes para un mercado laboral más tecnológico y competitivo.

El Salvador todavía tiene tiempo para planificar el futuro, pero la ventana de oportunidad se cierra rápidamente. Las cifras del BCR no son solo una proyección estadística: son un llamado de alerta para construir desde hoy el país que necesitará una población menor, pero más longeva, más educada y mejor preparada.

Los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) son una alarma que no debe pasar desapercibida: más de 10,000 personas lesionadas en accidentes de tránsito en lo que va del año, un incremento del 11 % respecto a 2024. Detrás de estas cifras hay historias de dolor, familias afectadas y una creciente sensación de que nuestras calles y carreteras se han convertido en escenarios de riesgo cotidiano.

El aumento no es un simple número estadístico; refleja una cultura vial deteriorada, donde la imprudencia y la falta de respeto a las normas continúan cobrando víctimas todos los días. Las principales causas —la invasión de carril, la distracción del conductor, el irrespeto a las señales y la velocidad excesiva— no son accidentes inevitables, sino fallas humanas prevenibles. Cada una de ellas representa una decisión errónea, una omisión o una actitud negligente al volante.

Particular preocupación merecen los motociclistas, quienes representan una de las poblaciones más vulnerables y, al mismo tiempo, más afectadas. Con 3,274 lesionados en 2025, el incremento del 22 % respecto al año anterior revela una tendencia alarmante. Las motocicletas, símbolo de movilidad económica y rápida, se han convertido también en vehículos de alto riesgo ante la falta de educación vial incluyendo casi la mitad de los motociclistas sin licencia, el uso inadecuado del casco y la escasa fiscalización.

No se puede ignorar el papel de las instituciones de socorro, como Comandos de Salvamento, Cruz Verde y Cruz Roja, que diariamente asisten a las víctimas de siniestros viales. Pero su heroico trabajo no basta si no hay una política pública firme y sostenida que combine educación, control y sanción. El país urge una estrategia integral de seguridad vial que abarque desde la formación de los conductores hasta la infraestructura segura y la aplicación efectiva de la ley.

La cifra de 942 muertes en lo que va del año es un recordatorio doloroso de que cada accidente no solo deja heridos, sino también familias rotas. La seguridad vial no puede seguir siendo un tema secundario. Prevenir debe ser la prioridad, porque en las carreteras del país no se está perdiendo solo tiempo o dinero: se están perdiendo vidas.

La declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el fin de la guerra en Gaza, tras la firma del acuerdo de Sharm el Sheij, ha generado un alivio generalizado en un mundo exhausto por los conflictos. Cualquier paso hacia la paz merece ser celebrado. El fin de los bombardeos, la liberación de rehenes y la apertura a la ayuda humanitaria son señales esperanzadoras de que, al menos por ahora, el sufrimiento podría empezar a disminuir.

Sin embargo, sería ingenuo pensar que la paz se decreta con una firma. El conflicto en Medio Oriente es el resultado de más de siete décadas de heridas, desplazamientos y resentimientos. La reconstrucción de Gaza —sus hogares, sus escuelas, su tejido social— será tan urgente como ardua. Y más allá de la infraestructura, está el desafío de reconstruir la confianza, esa materia prima escasa que sostiene cualquier convivencia duradera.

Trump calificó la etapa que se abre como “tal vez la más fácil”. Pero lo cierto es que lo más difícil empieza ahora. Desmilitarizar la región, contener los extremismos y garantizar justicia para todos los pueblos implicados serán tareas que pondrán a prueba no solo a los gobiernos, sino también a la comunidad internacional.

La paz en Medio Oriente no debe hacernos olvidar que el planeta sigue temblando en otros frentes. En Ucrania, la agresión rusa continúa dejando miles de víctimas y desplazados. Vladimir Putin es un tirano cruel y despiadado con los civiles ucranianos que además, amenaza a Europa irresponsablemente.

Las guerras no son episodios aislados, sino síntomas de un orden global que sigue privilegiando la fuerza sobre el diálogo. Mientras haya líderes dispuestos a atropellar a sus vecinos o a usar a los civiles como escudos, la paz seguirá siendo frágil.

Ojalá este acuerdo sea más que una tregua temporal. Que marque el comienzo de una era en la que la diplomacia prevalezca sobre el rencor, y en la que la reconstrucción no solo sea material, sino también moral. La verdadera victoria será cuando las futuras generaciones puedan mirar hacia atrás y ver que esta vez, por fin, el mundo aprendió.

El Premio Nobel de la Paz nunca ha sido una distinción meramente simbólica. Representa, más allá de un reconocimiento personal, un llamado de atención al mundo. Así ha sido históricamente y así vuelve a serlo con la concesión del galardón a María Corina Machado, líder de la oposición democrática venezolana.

Su nombramiento la coloca en la estatura moral de figuras como Martin Luther King Jr., Lech Walesa o Aung San Suu Kyi, y reconfigura el concepto de paz más allá de los tratados o los silencios impuestos. La paz reconocida por el Comité Noruego no es la de las armas calladas, sino la de las voces liberadas en medio de una dictadura.

Que Machado haya sido galardonada en 2025 es un hito sin precedentes en América Latina. No solo porque visibiliza ante la comunidad internacional el prolongado colapso democrático venezolano, sino porque obliga a replantear la neutralidad diplomática que algunos gobiernos de la región han mantenido frente al régimen de Nicolás Maduro.

La lucha no violenta de Machado —similar en contexto al caso de Aung San Suu Kyi en Birmania en 1991— redefine la oposición política latinoamericana y proyecta un nuevo modelo de liderazgo civil, ético y democrático. Este Nobel reivindica la resistencia cívica como camino legítimo hacia la paz, incluso cuando se da en contextos autoritarios.

Este premio también amplía el entendimiento mismo de la paz. Ya no puede limitarse a la firma de acuerdos tras guerras civiles, como ocurrió en Colombia. El Comité Noruego ha recordado al mundo que no hay paz sin libertad, ni democracia sin pluralismo. El caso venezolano demuestra que la paz debe incluir justicia, garantías constitucionales y respeto a los derechos humanos.

María Corina Machado, con 26 años enfrentando represión, persecución y censura, representa la esperanza de millones de venezolanos que, lejos de empuñar las armas, han optado por la resistencia moral y civil frente a un aparato estatal que ha cometido crímenes de lesa humanidad.

Machado no solo recibe un galardón: hereda una responsabilidad histórica. Desde ahora, su papel como interlocutora principal en cualquier proceso de transición democrática en Venezuela es irrefutable. Su autoridad, ahora potenciada por la dimensión simbólica del Nobel, se eleva por encima de cualquier veto político.

El galardón también presiona a las democracias del hemisferio a tomar una posición clara. ¿Pueden gobiernos que se proclaman democráticos ignorar a una mujer galardonada con el máximo reconocimiento mundial por su lucha pacífica por la libertad? Hacerlo sería una falla moral y política de proporciones históricas.

Desde Oslo hasta Caracas, pasando por cada rincón donde la libertad esté amenazada, el Nobel a María Corina Machado es un grito de resistencia. Es un llamado a no ceder, a no normalizar la represión ni resignarse a las dictaduras.

“Este galardón es del pueblo venezolano”, dijo Machado, y tenía razón. Pertenece a cada ciudadano que ha salido a la calle con una bandera, que ha resistido sin odio, que ha exigido democracia sin disparar una bala. Pertenece también a los exiliados, a los presos políticos, a los desaparecidos. Y es, en definitiva, un mensaje de que la verdad, la dignidad y la libertad aún pueden prevalecer.

Hoy, el mundo ha escuchado. Ahora, le toca actuar.

La sanción impuesta por la FIFA a la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), tras los actos de racismo ocurridos en el partido contra Surinam, no solo es un golpe económico de más de 62 mil dólares. Es, sobre todo, una vergonzosa llamada de atención para una sociedad que aún no asume plenamente su responsabilidad en la erradicación de la discriminación en el deporte.

Las declaraciones del jugador Shaquille Pinas, quien denunció insultos como “negros” y “monos” por parte de la afición salvadoreña, son dolorosas, pero también reveladoras. Revelan una normalización del racismo disfrazada de “pasión futbolera”, un comportamiento que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. El fútbol, como espacio de encuentro cultural y de representación nacional, debería ser sinónimo de respeto, no un escenario para que florezcan los prejuicios más retrógrados o los insultos más bajeros.

La respuesta de Fesfut y del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), con su promesa de lanzar una campaña masiva contra el racismo, es un paso necesario, pero llega tarde y empujado por la presión internacional. Lamentablemente el daño ya está hecho y la imagen del país queda comprometida.

La multa económica, si bien debe ser dirigida a planes contra la discriminación, no es suficiente por sí sola. Lo verdaderamente urgente es un cambio de mentalidad que no se logra únicamente con campañas publicitarias o sanciones simbólicas como la reducción del aforo en el estadio. Es indispensable educar, concientizar y sancionar de forma clara, constante y contundente.

La Fesfut afirma que “el futuro de nuestro fútbol depende del comportamiento en los estadios”. Tiene razón. Pero ese futuro también depende de la honestidad con la que enfrentemos nuestros propios prejuicios. No basta con condenar los hechos; es necesario identificar las raíces del racismo y la xenofobia en nuestra cultura, y erradicarlas desde la base: en las escuelas, en las familias, en los medios de comunicación y, por supuesto, en los estadios.

La afición debe entender que su comportamiento no solo tiene consecuencias reglamentarias. También afecta el prestigio del país, la moral de los jugadores y la posibilidad de participar dignamente en competencias internacionales. La clasificación al Mundial de 2026 no puede construirse sobre insultos ni sobre la exclusión del otro.

El Salvador tiene la oportunidad —y la obligación— de demostrar que puede ser un país anfitrión digno, que respeta a sus rivales, sin importar su color de piel o su origen. La pasión por el fútbol no debe ser una excusa para el odio. Porque cuando el racismo entra a la cancha, el juego ya está perdido.

La denuncia del fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, sobre el desmantelamiento parcial de una red internacional de crimen organizado —bautizada como Escudo Virtual— deja al descubierto una realidad preocupante: la fragilidad de nuestro sistema frente a delitos modernos que no solo cruzan fronteras, sino que penetran los vacíos legales, tecnológicos y sociales de nuestra región.

El anuncio de 114 capturas y 130 órdenes emitidas por delitos como estafa, hurto informático y lavado de dinero, es sin duda una acción significativa, que refleja capacidad operativa y coordinación internacional. También nos hace preocuparnos de cómo una estructura criminal de esta magnitud afectó a miles de víctimas con tácticas que parecen rudimentarias, como ofertas de empleo falsas o supuestas maletas retenidas en aduanas.

La cifra de 6 millones de dólares movidos ilícitamente es alarmante, pero quizás más lo sea la implicación de cientos de ciudadanos salvadoreños que, según la Fiscalía, prestaron sus cuentas bancarias para facilitar estas operaciones. ¿Estamos frente a una red que encontró cómplices por necesidad económica, desconocimiento o corrupción? En cualquiera de los casos, la responsabilidad no solo recae en los ejecutores, sino también en el entorno que los vuelve vulnerables o cómplices.

La criminalidad transnacional no opera sin eslabones locales, y el hecho de que la mayoría de capturados sean salvadoreños debería forzar una reflexión sobre las debilidades institucionales, la falta de educación digital y el impacto de la precariedad económica.

El país necesita fortalecer ciberseguridad, la regulación financiera y educación digital, porque sino el fenómeno podría repetirse con nuevas caras y nuevas víctimas. Y también los ciudadanos debemos entender que toda oferta de «regalo», «inversión» u «oferta» que viene de desconocidos jamás puede ser gratuita y siempre debemos verlas como sospechosas.

Este caso es un espejo incómodo que nos obliga a mirar nuestras propias fallas. Aplaudir las capturas es legítimo; pero aún más urgente es preguntarse: ¿qué cambiaremos para que esto no vuelva a pasar?

Estados Unidos ha declarado “ Organización Terrorista Extranjera” y como “Entidad Terrorista Global Especialmente Designada” a la pandilla Barrio 18, una de las bandas criminales más sangrientas y crueles que ha vivido la sociedad salvadoreña, junto a la Mara Salvatrucha.

Al igual que la MS-13, el barrio 18 nació en los barrios de Los Ángeles que comenzó como una pandilla mexicoamericana, pero también se convirtió en centroamericana al reclutar a más miembros de otros grupos étnicos. Cuando pandilleros centroamericanos que formaban parte de esa banda fueron arrestados en Estados Unidos y fueron deportados a Centroamérica, el fenómeno se replicó en El Salvador, Guatemala y Honduras, donde han cometido miles de asesinatos, extorsiones, violaciones sexuales y docenas de crímenes más.

Un informe reciente de la PNC decía que el Barrio 18 tiene 288 canchas entre sus dos facciones Sureños y Revolucionarios, ambas igual de criminales.

La declaratoria de Estados Unidos es un buen paso para combatir las finanzas y las actividades criminales de este grupo mafioso que además es clave en el tráfico de drogas y ha perpetrado ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en toda la región.

El combate a las pandillas criminales como la MS y la 18 debe ser permanente y contundente para poder tener sociedades más seguras y terminar con esta ola criminal que tanto daño ha hecho a nuestras sociedades.

El Estadio Cuscatlán ha sido el gran escenario de los triunfos y fracasos de nuestra «Selecta Cuscatleca», el llamado «Coloso de Montserrat» es intimidante para cualquier selección nacional extranjera debido al fuerte apoyo que la afición desata hacia los rivales.

Pero una cosa es gritar para animar a nuestra Selecta y otra cosa es insultar o denigrar a los adversarios por su color de piel, como se ha denunciado recientemente en el encuentro con Surinam. La denuncia de los jugadores surinameses es vergonzosa, inaceptable, condenable y la inmensa mayoría de salvadoreños siente pena por semejante suceso.

Todos los seres humanos exigimos y queremos respeto, independientemente de nuestro color de piel o condición social, es un derecho humano básico, es un comportamiento mínimo de decencia en la sociedad. Faltar al respeto a una persona, a un jugador de fútbol que ha dado lo mejor de sí mismo en la cancha, no puede ser un comportamiento aceptable, Además es un comportamiento tan absurdo tomando en cuenta que tenemos jugadores en nuestra selección con ese mismo color de piel.

El racismo y sus expresiones en las canchas de fútbol deben ser desterradas y sancionadas. Pero no es la Fesfut, ni la Selecta los que deberían pagar esas sanciones solamente, sino los individuos que han desatado esas conductas, tal como hemos visto en España y otros países.

La campaña que ha lanzado la Fesfut y el Indies contra el racismo y toda forma de discriminación es un primer gran paso en la dirección correcta, pero también hay que aplicar sanciones individuales e incluso vetos permanentes a quienes tengan esos comportamientos porque sino volverá a ocurrir.