Categoría: Editorial

Los datos del más reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo confirman una verdad que en El Salvador se vive a diario: las remesas familiares son un salvavidas económico para cientos de miles de hogares. Que al menos 369,617 salvadoreños hayan mejorado su condición económica gracias a estos ingresos no es un logro menor; es la evidencia de que el esfuerzo migrante sostiene buena parte de la estabilidad social del país.

Sin embargo, el mismo análisis obliga a matizar el entusiasmo. El hecho de que cerca del 90 % de la masa total de remesas llegue a hogares que no son pobres revela una paradoja incómoda: las remesas reducen la pobreza, sí, pero no siempre llegan a quienes más las necesitan. No porque exista mala intención, sino porque la migración —condición previa para enviar remesas— exige recursos que los hogares más pobres simplemente no tienen. Migrar cuesta, y esa barrera deja fuera a quienes viven en la pobreza extrema.

En El Salvador, más de 116 mil personas lograron salir de la pobreza extrema gracias a las remesas, y otras decenas de miles pasaron de pobreza relativa a no pobres. Son cifras contundentes que hablan del impacto directo en el consumo básico: alimentación, vivienda, salud y educación. Pero también evidencian una dependencia estructural peligrosa. Cuando las remesas representan el 27.3 % del PIB, como ocurre en el país, no solo son un “músculo económico”; se convierten en un pilar sin el cual la economía tambalea.

La dependencia tiene costos silenciosos. Las remesas alivian, pero no transforman por sí solas. No sustituyen políticas públicas sólidas de empleo, salarios dignos ni sistemas de protección social eficaces. Peor aún, pueden normalizar la idea de que el bienestar nacional descansa en la expulsión constante de su gente. Celebrar el impacto de las remesas sin cuestionar por qué tantas personas deben irse es una forma de resignación colectiva.

El propio estudio del BID subraya que algunos hogares siguen atrapados en la pobreza extrema porque los montos recibidos son insuficientes o deben repartirse entre muchos. Ahí está el límite del modelo: el dinero que llega del exterior amortigua la caída, pero no rompe el círculo de la desigualdad.

Las cifras del Banco Central de Reserva, que indican que más de 2.2 millones de salvadoreños han recibido remesas al menos una vez en 2025, confirman la magnitud del fenómeno. Pero también plantean una pregunta urgente: ¿qué pasaría si ese flujo se reduce por el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump u otros factores como  crisis económicas o recesiones?

Las cifras de quemaduras por pólvora registradas en los últimos días en El Salvador vuelven a encender una alarma que se repite cada diciembre: la normalización del riesgo en nombre de la tradición. Al menos 34 personas lesionadas en apenas dos días —con menores de edad entre las víctimas— no es un “daño colateral” aceptable, sino el reflejo de una falla colectiva que involucra a autoridades, comerciantes y familias.

La quema de pólvora, especialmente en momentos simbólicos como la medianoche navideña, se defiende como herencia cultural. Pero ninguna tradición debería justificar lesiones en el rostro y el torso, traslados de emergencia ni la exposición de niños a artefactos diseñados para explotar. Cuando la celebración termina en salas de emergencia, algo está profundamente mal.

El marco legal existe: hay productos pirotécnicos permitidos y otros claramente prohibidos por su peligrosidad. Sin embargo, la brecha entre la norma y la práctica es evidente. Si entre el 60 % y el 80 % de la población compra pólvora, ¿dónde están los controles efectivos de venta? ¿Cómo circulan, año tras año, artefactos prohibidos sin consecuencias reales? La permisividad, la fiscalización insuficiente y la tolerancia social crean un cóctel explosivo —literal y figuradamente— que se cobra víctimas previsibles.

La responsabilidad no recae solo en el Estado. En los hogares se toman decisiones: permitir o no que niños manipulen pólvora, comprar productos de alto riesgo, encenderlos en espacios reducidos o concurridos. La educación preventiva ha sido insuficiente y, a menudo, llega tarde. Campañas que se limitan a advertencias genéricas no compiten con la presión cultural ni con la disponibilidad del producto.

Urge un cambio de enfoque. Primero, controles estrictos y sostenidos a la venta y distribución, con sanciones ejemplares para quienes comercian productos prohibidos. Segundo, campañas de prevención basadas en evidencia, dirigidas a padres y cuidadores, con mensajes claros sobre riesgos reales y consecuencias. Tercero, alternativas comunitarias seguras para celebrar —eventos controlados, pirotecnia profesional o expresiones culturales sin explosivos— que permitan mantener el espíritu festivo sin poner en peligro vidas.

Celebrar no debería doler. Cada quemadura evitable es un recordatorio de que la tradición, sin responsabilidad, se convierte en negligencia. El país puede —y debe— elegir fiestas que iluminen sin quemar.

El proceso electoral hondureño del 30 de noviembre se ha convertido en un espejo incómodo de las fragilidades institucionales que el país arrastra desde hace años. Las declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, no solo describen un proceso “con las mayores dificultades internas y externas” de la historia reciente, sino que confirman una realidad alarmante: la democracia hondureña sigue atrapada entre la desconfianza política, la presión partidaria y la debilidad del Estado de derecho.

Que las máximas autoridades electorales denuncien amenazas personales, hostigamientos y presiones políticas —señalando al oficialista Partido Libertad y Refundación del impresentable de Mel Zelaya— es un hecho grave. No se trata de un conflicto menor ni de un simple intercambio de acusaciones en redes sociales; es la evidencia de un clima en el que el árbitro electoral trabaja bajo intimidación, una condición incompatible con elecciones libres, transparentes y creíbles.

La paralización del escrutinio especial de casi 2.800 actas con inconsistencias agrava aún más la crisis. Tres semanas después de las votaciones, Honduras continúa sin resultados oficiales definitivos, mientras los datos preliminares mantienen una diferencia mínima entre el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, y el aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla. En tercer lugar aparece la candidata oficialista, Rixi Moncada, con un porcentaje considerablemente menor, pero suficiente para que su partido tenga incentivos políticos para retrasar o cuestionar el proceso.

Las denuncias de la consejera Cossette López sobre un presunto boicot en el Centro Logístico Electoral, así como su llamado a la intervención de las Fuerzas Armadas, revelan el nivel de deterioro institucional. Cuando la autoridad electoral se ve obligada a pedir apoyo militar para garantizar la continuidad del escrutinio, queda claro que la política ha rebasado los cauces democráticos.

Más allá de las responsabilidades individuales o partidarias, el problema de fondo es estructural. Los partidos políticos han colonizado el sistema electoral hasta convertirlo en un campo de batalla permanente, donde cada decisión técnica se interpreta como una maniobra política. En ese contexto, la ciudadanía —la verdadera dueña del voto— queda relegada a la incertidumbre y al desencanto.

Honduras no puede normalizar que los procesos electorales concluyan en crisis, retrasos y acusaciones cruzadas. La democracia no se defiende con discursos incendiarios ni con bloqueos deliberados, sino con respeto a la ley, a los plazos y a la voluntad popular. El CNE tiene la obligación de concluir el escrutinio y declarar resultados dentro del marco legal; los partidos, la responsabilidad histórica de acatarlos.

Lo que está en juego no es solo quién ocupará la presidencia, el Congreso o las alcaldías. Está en juego la confianza ciudadana en el voto como herramienta de cambio. Si esta se pierde, Honduras no solo habrá fallado en una elección, sino en su compromiso con la democracia misma.

La ceremonia del Premio Nobel de la Paz de este año, marcada por la ausencia física de María Corina Machado y por la voz firme de su hija al recibir el galardón, trasciende la anécdota diplomática o el simbolismo protocolar. Es, en realidad, un acto político de alcance global. No por la premiada únicamente, sino porque este reconocimiento opera como un espejo incómodo: refleja la devastación democrática de Venezuela, pero también la tibieza —cuando no complicidad— de una comunidad internacional que durante años toleró lo intolerable.

Machado, a través del discurso leído por su hija, devolvió al centro del debate un hecho que muchos prefieren obviar: Venezuela no sólo padece una crisis económica y humanitaria, sino un desmontaje sistemático de su institucionalidad democrática. El señalamiento del “régimen” que ha corrompido al Ejército, manipulado elecciones y perseguido disidentes, no es un capricho retórico: es parte de un relato ampliamente documentado por organismos internacionales, aunque con interpretaciones divergentes según las posiciones de cada actor. Al colocar estas denuncias ante el mundo, el Nobel no sólo la honra a ella, sino que obliga a reconocer la magnitud del deterioro.

El mensaje más potente del día, sin embargo, no vino de la premiada, sino del presidente del Comité Nobel. Con una claridad poco habitual en estos foros, hizo un llamado directo a Nicolás Maduro a respetar los resultados de las elecciones de 2024, a dejar el poder y facilitar una transición pacífica. El tono fue inequívoco: hablar de presos políticos, torturas y represión no fue una referencia diplomática velada, sino una acusación frontal. Nuevamente, cada afirmación pertenece a la visión del Comité y se inscribe en un contexto político complejo, donde el gobierno venezolano sostiene una narrativa distinta. Pero que el Comité Nobel verbalice estas denuncias en un escenario global amplifica un reclamo que ya no se puede ignorar.

El reconocimiento a la movilización ciudadana venezolana es quizá el aspecto más significativo del discurso. Más allá de líderes y partidos, lo que el Nobel premia es la persistencia de un país que, incluso en medio del cansancio y la diáspora masiva, ha buscado formas democráticas de resistencia: primarias multitudinarias, documentación de actas, articulación de redes civiles. El Comité lo llamó “una movilización sin precedentes”; podría añadirse que es también un recordatorio de que la democracia, incluso debilitada, no desaparece mientras la ciudadanía siga creyendo en ella.

Es de subrayar la advertencia sobre las “redes autoritarias globales” que, según el discurso del Comité, sostienen al gobierno venezolano. Más allá de las afinidades geopolíticas, la frase revela una preocupación creciente: los autoritarismos ya no operan solos, sino en bloque, compartiendo tecnología, recursos y estrategias de control. Y esa realidad interpela tanto a América Latina como a Europa y Estados Unidos. Si la defensa de la democracia es global, sus amenazas también lo son.

En última instancia, este Nobel no resuelve nada —ningún premio lo hace—, pero coloca un reflector donde muchos preferirían sombras. La tragedia venezolana, con sus matices, disputas narrativas y enormes sufrimientos, vuelve a ocupar la conversación pública mundial. Y lo hace no desde la desesperanza, sino desde la reivindicación de la acción ciudadana y la exigencia de responsabilidad política.

El mensaje final de la ceremonia podría condensarse así: Venezuela no está condenada, pero tampoco se salvará sola. El futuro democrático del país dependerá del coraje interno, sí, pero también de que el mundo decida dejar de mirar hacia otro lado. Y ese, quizá, es el mayor valor de este Nobel: recordarnos que la indiferencia también es una forma de complicidad.

Las proyecciones del Ministerio de Turismo para 2025, que anticipan más de $3,500 millones en divisas y la llegada de cuatro millones de visitantes internacionales, reflejan sin duda el dinamismo que el sector ha adquirido en los últimos años.

La ministra Morena Valdez subraya que el turismo se encamina a aportar alrededor del 10 % del PIB, consolidándose como una de las locomotoras económicas más relevantes del país. Estas cifras, acompañadas del aumento en la estadía promedio —que ahora oscila entre siete y nueve noches— muestran que El Salvador se ha posicionado como un destino con mayor capacidad de retención y oferta diversificada.

El reto para El Salvador no radica solo en incrementar la llegada de turistas, sino en asegurar un desarrollo turístico equilibrado, sostenible y distribuido territorialmente. Las cifras prometedoras deben traducirse en inversión en infraestructura, protección ambiental, fortalecimiento de servicios y oportunidades laborales que beneficien a las comunidades.

En suma, el país avanza con pasos firmes en su posicionamiento turístico, pero el entusiasmo oficial no puede eclipsar la necesidad de una estrategia de largo plazo que consolide este crecimiento más allá de las cifras coyunturales.

El Salvador tiene potencial para competir en el mercado internacional; ahora le corresponde asegurar que ese potencial se convierta en un motor de desarrollo real, sostenible y equitativo.

La notable reducción en el número de barcos en espera para ingresar al Puerto de Acajutla —de 25 a prácticamente cero— constituye uno de los avances logísticos más significativos para la economía salvadoreña en la última década. Según la Unión Portuaria del Pacífico (UPDP), este cambio ha significado un ahorro estimado de $200 millones, una cifra que rebasa el plano financiero empresarial y se traduce en menores costos para los consumidores y una contribución directa al control de la inflación. En un país altamente dependiente del comercio exterior, estos resultados no son menores: un puerto eficiente puede marcar la diferencia entre competitividad y rezago.

La situación previa era, sin duda, insostenible. Barcos en rada por un mes, sobrecostos de hasta $30,000 diarios por embarcación, demoras en exportaciones e importaciones y una carga logística que finalmente recaía en los hogares salvadoreños a través de precios más altos. La descripción del gerente general de la UPDP, Luis Canto, sobre los primeros meses de operación —“muy duros”, sin sentir que el sistema funcionaba— revela el grado de deterioro que heredó el consorcio y que era necesario corregir.

El giro comenzó en abril, y un año después los resultados son evidentes: mayor fluidez, mayor productividad y un clima de confianza que incluso ha atraído carga extranjera, especialmente de Guatemala. Que empresas guatemaltecas estén utilizando Acajutla para movilizar su mercadería, pasando por encima de su propio Puerto Quetzal, donde las embarcaciones pueden esperar hasta 90 días, demuestra no solo el avance local sino las oportunidades regionales que se abren cuando la infraestructura funciona.

Sin embargo, el éxito no debe ocultar los desafíos. El salto operativo se ha sostenido mediante inversiones como la compra de 40 camiones, nueva maquinaria, capacitación y mejoras de seguridad; pero la evolución natural del puerto exige proyectos más ambiciosos, como la construcción del nuevo muelle que supera los $500 millones. La fase 1 plantea interrogantes necesarias: ¿cómo se garantizará la sostenibilidad financiera del proyecto?, ¿qué mecanismos de transparencia supervisarán la ejecución?, ¿qué impacto tendrá la expansión en tarifas, servicios y empleos locales?

Asimismo, el entusiasmo debe ser acompañado por una estrategia integral que asegure que este crecimiento no dependa únicamente de eficiencias coyunturales, sino de una estructura logística robusta, moderna y capaz de absorber un aumento sostenido en volumen de carga.

El anuncio de la implementación del sistema Navis N4, utilizado en los puertos más avanzados del mundo, apunta en esa dirección y es un paso necesario para mantener el ritmo de modernización. Sin embargo, la verdadera transformación depende de que la visión de crecimiento esté acompañada de gobernanza sólida, controles adecuados y una política portuaria coherente a largo plazo.

La mejora en Acajutla es un logro innegable. Pero como todo avance estratégico, plantea la obligación de mirar más allá del éxito inmediato. El reto ahora es convertir esta recuperación operativa en una plataforma sostenible de desarrollo económico y logístico para El Salvador, capaz de competir en la región y ofrecer beneficios duraderos al país.

Las elecciones generales celebradas este domingo en Honduras dejaron un mensaje político imposible de ignorar. La ciudadanía acudió masivamente a las urnas para expresar, con una contundencia pocas veces vista, su rechazo al proyecto político impulsado por la presidenta Xiomara Castro, Mel Zelaya y su candidata Rixi Moncada.

El resultado preliminar —con Moncada relegada a un lejano tercer lugar— parece reflejar un agotamiento ante la deriva ideológica del gobierno, particularmente por sus afinidades con regímenes como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua, una comparación que para gran parte del electorado hondureño evoca autoritarismo, deterioro institucional y crisis económicas profundas.

Más que un simple viraje electoral, lo ocurrido puede interpretarse como una defensa explícita del modelo democrático hondureño. La alta participación parece indicar que los votantes no solo acudieron a elegir a un nuevo presidente, sino a proteger un sistema político que perciben bajo presión. En un país donde las instituciones aún enfrentan grandes desafíos, el ciudadano común demostró que no está dispuesto a renunciar al pluralismo ni a tolerar experimentos de concentración de poder.

El sorprendente posicionamiento de Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, al frente de los primeros cómputos, así como el avance de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, evidencia un reacomodo del mapa político hondureño. Más allá de las simpatías ideológicas, el electorado pareció privilegiar opciones que considera más estables o moderadas frente a un oficialismo desgastado. El apoyo público del presidente estadounidense Donald Trump a Asfura añade un matiz geopolítico que, aunque no determinante, subraya el interés internacional por la dirección futura de Honduras.

Para la izquierda gobernante, este resultado provisional constituye una llamada de atención severa. La retórica de confrontación, el acercamiento a regímenes poco democráticos y la percepción de ineficiencia gubernamental parecen haber pasado factura. El descarado nepotismo de la familia Castro-Zelaya que llevó a ser conocido como «El Familión» fue sin duda otro efecto que marcó el repudio en las urnas.

A la espera del cómputo definitivo, lo ocurrido ya es un hito político. Honduras habla fuerte cuando vota, y esta vez lo ha hecho con una claridad que redefine el panorama nacional: la democracia se defiende en las urnas, y el pueblo hondureño así lo ha demostrado.

El Salvador está enfrentando una crisis digital que todavía no ha sido asumida con la seriedad que exige. Los 2.5 millones de ataques de phishing registrados en el último año —equivalentes a 7,000 intentos diarios— no solo revelan la magnitud del problema, sino también la vulnerabilidad de un ecosistema digital que avanza más rápido que la capacidad de sus instituciones y ciudadanos para protegerse.

El informe de Kaspersky es claro: el phishing ya no es una amenaza marginal, sino uno de los mecanismos más rentables y agresivos del cibercrimen global. En América Latina se contabilizaron 1,200 millones de ataques en un año, una cifra que debería alarmar incluso a los gobiernos más tecnológicamente desarrollados. Para Centroamérica, con 27.1 millones de casos, la situación se agrava por la limitada cultura de ciberseguridad tanto en el sector público como en el privado.

Si bien El Salvador no encabeza la lista regional, sus 2.5 millones de ataques deben entenderse en relación a su población y a la creciente digitalización de su economía. La transformación digital —pagos electrónicos, comercio en línea, servicios financieros por app— ha avanzado sin que la educación digital se masifique con la misma velocidad. Y el resultado es el previsible: millones de usuarios expuestos, confundidos o incapaces de distinguir un portal legítimo de una trampa.

La advertencia de Kaspersky sobre la intensificación de fraudes en temporadas como Black Friday no debería sorprender. El cibercrimen se sostiene sobre dos pilares: ingeniería social y emociones humanas. En un contexto marcado por la búsqueda frenética de descuentos, el consumidor se vuelve un objetivo fácil. La promesa de “ofertas irrepetibles” y notificaciones que simulan tiendas reconocidas aprovechan un sesgo psicológico conocido: comprar antes de pensar.

La estadística es contundente: el 50 % de los latinoamericanos ha caído en estas trampas. Y lo más preocupante es que un 60 % no sabe reconocer un sitio falso. No se trata solo de falta de prudencia individual, sino de un ecosistema donde la alfabetización digital es débil y los mecanismos de alerta pública son insuficientes.

Los consejos para evitar caer en fraudes —verificar dominios, revisar certificados, confirmar información de tiendas y monitorear transacciones— son útiles, pero insuficientes si no existe una estrategia nacional de ciberseguridad accesible y pedagógica. No es razonable pedirle al ciudadano promedio que funcione como experto digital mientras los criminales perfeccionan tácticas cada vez más sofisticadas.

Cada ataque de phishing no es solo un intento de robo; es una fractura en la confianza hacia el comercio electrónico, hacia las instituciones financieras y hacia la promesa de un futuro digital más eficiente. Ignorar esta epidemia silenciosa sería un error histórico.

Si El Salvador quiere avanzar hacia una economía moderna, primero debe asegurar que sus ciudadanos puedan navegar en ella sin convertirse en víctimas. La verdadera transformación digital empieza por algo básico: proteger el primer clic.

Cada 25 de noviembre el mundo detiene su marcha para recordar una tragedia que marcó la historia de América Latina: el brutal asesinato de las hermanas Mirabal, perpetrado en 1960 por la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana. Este crimen, tan atroz como simbólico, dio origen al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que no solo honra la memoria de estas mujeres valientes, sino que también nos obliga a mirar de frente una realidad que persiste con desgarradora crudeza.

Aunque en estas décadas se ha avanzado en visibilizar las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres, en países como el nuestro los indicadores siguen evidenciando una problemática alarmante. La violencia no se limita a agresiones físicas, feminicidios o desapariciones; adopta formas más sutiles pero igual de destructivas, como el acoso, las amenazas, el control psicológico o las agresiones verbales desde espacios públicos y, cada vez más, desde las redes sociales. Cuando figuras políticas o actores públicos recurren a estas prácticas, el daño se amplifica y normaliza.

El Salvador cargó durante años con el doloroso título de tener una de las tasas de feminicidio más altas de América Latina y el Caribe, algo que afortunadamente ha venido bajando pero este año todavía hay que lamentar 24 feminicidios. De manera que hay que insistir que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado; es estructural, arraigado y sostenido por patrones culturales que debemos desmantelar con urgencia.

Por ello, la respuesta no puede ser únicamente penal o reactiva. La prevención comienza mucho antes de que la violencia se manifieste. Implica educar a los niños en una cultura de respeto, igualdad y empatía, y empoderar a las niñas y mujeres para reconocer y rechazar todas las formas de violencia, incluso aquellas tan naturalizadas que a veces pasan desapercibidas. Una sociedad que tolera la violencia simbólica, el insulto o la descalificación basada en el género es una sociedad que, consciente o inconscientemente, permite que esa violencia escale.

El 25 de noviembre no debe ser una efeméride más en el calendario. Es un llamado urgente a la reflexión profunda, a la responsabilidad colectiva y a la acción sostenida. Nos exige preguntarnos qué estamos haciendo —y qué más debemos hacer— para erradicar un flagelo que ha cobrado vidas, limitado potenciales y fracturado comunidades enteras.

Educar, sensibilizar y transformar son tareas que deben comenzar en la niñez y continuar a lo largo de la vida. Repudiar toda forma de violencia no es solo un acto de justicia hacia las mujeres, sino un compromiso indispensable para construir una sociedad verdaderamente humana y digna.

La decisión de Estados Unidos de designar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO) no solo aumenta la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro; también expone, con una crudeza difícil de ignorar, la profunda erosión moral y política del Estado venezolano. Washington podrá tener sus propios intereses geopolíticos, pero sería un error reducir la medida a una maniobra de la Casa Blanca: el problema central sigue siendo un gobierno cuya dirigencia ha convertido al país en un aparato criminal.

Desde hace años, abundan testimonios, investigaciones y señales que apuntan a la participación de altos mandos militares en redes de narcotráfico. El hecho de que las acusaciones formales del Departamento de Justicia se presentaran en 2020 no implica que el fenómeno sea reciente; más bien confirma la consolidación de una estructura que ha operado con impunidad durante décadas. El “Cartel de los Soles” dejó de ser una simple especulación cuando la cúpula del poder venezolano convirtió el control territorial y militar en un mecanismo para enriquecerse a costa de la descomposición nacional.

La reacción del Gobierno venezolano —calificando al cartel como un “invento”— ya no convence a nadie. Después de años de crisis humanitaria, colapso institucional y corrupción sistémica, la negación se ha vuelto un recurso gastado. Resulta revelador que, mientras millones de venezolanos huyen del país y los servicios públicos se derrumban, las élites militares y políticas mantengan niveles de vida que solo pueden explicarse por ingresos ilícitos.

Sí, la administración Trump utiliza esta designación como un instrumento de presión internacional. Pero lo hace sobre un terreno fértil, abonado por las propias decisiones del chavismo. La estrategia de confrontación permanente, combinada con una estructura de poder que premia la lealtad por encima de la legalidad, ha permitido que figuras como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello presidan un Estado que se parece cada vez menos a un gobierno y más a una organización mafiosa.

La presencia militar de Estados Unidos en el Caribe y las operaciones contra supuestas “narcolanchas” pueden ser polémicas, pero surgen en un contexto donde el régimen venezolano ha renunciado a cualquier pretensión de transparencia y legitimidad, agravada desde el fraude electoral de 2024. Cuando el Estado se convierte en parte del problema, la comunidad internacional —con todos sus defectos y contradicciones— inevitablemente interviene.

La designación del Cartel de los Soles como FTO no resolverá por sí sola la tragedia venezolana. Pero sí coloca en el centro del debate una verdad incómoda: Venezuela no solo sufre bajo un gobierno autoritario, sino bajo uno que, según múltiples instituciones internacionales, participa activamente en actividades criminales que trascienden sus fronteras.

Maduro podrá acusar a Washington de agresión. Pero lo que ya no puede hacer es ocultar que dirige un régimen cuya legitimidad se ha desmoronado, no solo por su incapacidad de gobernar, sino por su colusión con estructuras que operan como organizaciones terroristas. Y esa, más allá de cualquier cálculo geopolítico, es la acusación más devastadora que enfrenta.