El Gobierno de Rodrigo Paz expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, por las declaraciones del presidente de ese país, Gustavo Petro, sobre los conflictos en Bolivia que las autoridades nacionales consideran una «injerencia», aunque aseguró que esto no constituye una «ruptura de relaciones».
La Cancillería boliviana señaló este miércoles en un comunicado que el Gobierno «ha decidido solicitar a la Embajadora de la República de Colombia acreditada en el país la conclusión de sus funciones diplomáticas en territorio boliviano, otorgándole el plazo correspondiente conforme a las normas internacionales vigentes».
«La decisión adoptada responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados, pilares fundamentales de la convivencia internacional y de las relaciones diplomáticas entre naciones soberanas», indicó.
El Ministerio de Exteriores también señaló que esta decisión «no constituye ruptura de relaciones diplomáticas» con Colombia, «ni afecta los históricos vínculos de amistad, cooperación y respeto entre ambos pueblos y Estados».
Además, consideró «indispensable que toda valoración o pronunciamiento externo respecto de la situación interna del país se desarrolle con responsabilidad, prudencia diplomática y pleno respeto a la institucionalidad democrática y constitucional vigente».
Añadió que las diferencias políticas y sociales internas deben resolverse «exclusivamente dentro del marco constitucional boliviano, mediante mecanismos democráticos, institucionales y pacíficos» y «sin interferencias externas que puedan alterar la estabilidad institucional o profundizar la polarización».
El presidente Gustavo Petro afirmó el domingo que Bolivia vive una «insurrección popular» que, a su juicio, es una «respuesta a la soberbia geopolítica» frente las protestas y bloqueos de carreteras de sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y afines al exmandatario boliviano Evo Morales (2006-2019) que exigen la renuncia de Rodrigo Paz.
Petro ofreció la disposición de su Gobierno, que termina el próximo 7 de agosto, para contribuir a una salida pacífica de la crisis y también pidió que «no haya presos políticos en ninguna parte de las Américas» y llamó a construir una «democracia profunda, multicolor» en la región.
El martes, el vicesecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, aseguró que las protestas en contra de Paz muestran que hay «un golpe de Estado en marcha» en Bolivia y dijo que le gustaría ver a Gobiernos como los de Brasil y Colombia respaldar al mandatario boliviano.
La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, es el departamento donde se concentran las protestas y cortes de vías que demandan la renuncia de Paz, que lleva seis meses de gestión.
Como consecuencia de los bloqueos de carreteras iniciados hace 15 días, comenzaron a escasear en esa región algunos alimentos, combustible e insumos médicos, como oxígeno medicinal.
El lunes, las manifestaciones en La Paz derivaron en enfrentamientos, disturbios y saqueos, además de agresiones a periodistas, agentes y ciudadanos que no eran parte de esas movilizaciones.
