Categoría: El Mundo

  • El indio que llevó a su hermana muerta al banco recibe más de 50 veces lo que reclamaba

    El indio que llevó a su hermana muerta al banco recibe más de 50 veces lo que reclamaba

    El hombre de una comunidad tribal de la India que llevó los restos de su hermana a un banco para reclamar unos $230 tiene ahora más de $13,000 en donaciones, además de documentos oficiales y ayudas públicas, casi un mes después de que su caso conmocionara al país.

    Jitu Munda, un hombre analfabeto de la comunidad ho del estado oriental de Odisha, reclamaba 19,400 rupias de la cuenta de su hermana Kalara, pero tras el escándalo recibió el pago bancario, asistencia oficial y una nueva cuenta que acumula cerca de 1.1 millones de rupias (unos $13,000) en donaciones.

    El caso se viralizó a finales de abril, cuando Munda acudió a una sucursal rural del Indian Overseas Bank con los restos óseos de su hermana para demostrar su muerte y poder acceder a los ahorros que, según dijo, llevaba semanas intentando reclamar sin éxito.

    Kalara había fallecido meses antes, pero la ausencia de documentación formal y las exigencias bancarias impidieron a su hermano retirar el dinero. Según la versión de Munda, empleados de la sucursal le pidieron la presencia física de la titular de la cuenta, por lo que decidió abrir la tumba y llevar los restos al banco.

    La entidad negó haber solicitado el cadáver y atribuyó el incidente al desconocimiento del hombre sobre los procedimientos legales, aunque una investigación preliminar de las autoridades apuntó después a negligencias por parte de los funcionarios bancarios.

    Tras el escándalo, la administración local emitió el certificado de defunción de Kalara en dos días y el banco liberó las 19,402 rupias reclamadas, incluidos intereses, a nombre de los herederos legales.

    Las autoridades también entregaron a Munda 30,000 rupias, unos $360, del Fondo de la Cruz Roja, lo incluyeron en programas de asistencia social y actualizaron su documentación de identidad, mientras ciudadanos y organizaciones comenzaron a enviarle donaciones, según el diario India Express.

    El ministro regional de Recaudación y Gestión de Desastres, Suresh Pujari, calificó el caso como uno de los incidentes «más vergonzosos» que había presenciado y pidió responsabilidades si se comprobaba una actuación indebida del banco.

    Munda vive en una aldea del distrito de Jajpur, en el este de la India, una región con comunidades tribales que a menudo enfrentan barreras de acceso a servicios bancarios, documentos oficiales y ayudas públicas.

    Pese al dinero recibido y a las ayudas prometidas, el hombre no ha retirado todavía las donaciones de su nueva cuenta y continúa viviendo de forma precaria, según medios locales.

    La tumba de Kalara, abierta por su hermano para recuperar los restos que llevó al banco, fue asegurada ahora con cemento.

    Munda, sin embargo, asegura que sigue afectado por haber desenterrado a su hermana, según relató a The Indian Express, cada vez que recuerda lo ocurrido mira hacia la tumba y le pide perdón por no haber dejado su alma en paz. 

  • Taiwán asegura que su presidente está «dispuesto» a dialogar con Trump

    Taiwán asegura que su presidente está «dispuesto» a dialogar con Trump

    El presidente de Taiwán, William Lai, está «dispuesto» a dialogar con el mandatario estadounidense, Donald Trump, un movimiento sin precedentes entre líderes en ejercicio de ambos gobiernos y que podría poner en riesgo la relativa estabilidad de las relaciones entre Washington y Pekín.

    «Además de estar comprometido a mantener el ‘statu quo’ estable en el estrecho de Taiwán, el presidente Lai también está dispuesto a entablar conversaciones con el presidente Trump», señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán en un comunicado remitido a EFE.

    Los presidentes de Estados Unidos y Taiwán no mantienen comunicaciones directas desde que Washington rompió relaciones diplomáticas con Taipéi y las estableció con Pekín en 1979.

    En caso de que se produjera esa conversación, Lai le diría a Trump que el Gobierno taiwanés permanece «calmado» y «confiado» en el mantenimiento del ‘statu quo’ en el Estrecho, y que es China, y no Taiwán, la responsable de «socavar la paz y la estabilidad» en la zona.

    El mandatario taiwanés también instaría al líder republicano en continuar las transferencias de armas estadounidenses, ya que estas son «necesarias» para preservar la seguridad de la isla y la estabilidad de la región, y le trasladaría que la República de China (nombre oficial de Taiwán) ya es un «país soberano e independiente».

    «Ningún país tiene derecho a anexionar Taiwán. La población taiwanesa busca un estilo de vida libre y democrático, y la democracia y la libertad no deberían ser vistos como provocaciones», afirmaría el líder taiwanés ante Trump, según la Cancillería isleña.

    Estas declaraciones se producen después de que Trump manifestara este miércoles que trabajará para abordar el «problema de Taiwán» y reiterara su disposición a dialogar con Lai, algo que ya dejó entrever el viernes pasado al término de su viaje a China, donde se reunió con su homólogo de ese país, Xi Jinping.

    «Hablaré con él. Hablo con todo el mundo (…). Tenemos esa situación bien controlada. Tuvimos una gran reunión con el presidente Xi. Fue fantástica y vamos a trabajar en el problema de Taiwán», aseveró Trump.

    China considera a la isla como una «parte inalienable» de su territorio y en los últimos años ha redoblado su campaña de presión contra ella para concretar la «reunificación nacional», clave en el objetivo a largo plazo de Xi de lograr el «rejuvenecimiento» de la nación china.

    Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín.

    En diciembre de 2016, Trump dialogó por teléfono con la entonces presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, cuando era presidente electo, algo que enfureció a China.

  • Hallan a diecinueve migrantes escondidos en un sistema de drenaje en frontera sur de EEUU

    Hallan a diecinueve migrantes escondidos en un sistema de drenaje en frontera sur de EEUU

    Un grupo de diecinueve migrantes mexicanos, entre los que se encontraban tres menores de edad, fueron hallados escondidos en un sistema de drenaje en la frontera entre California y México, informó este miércoles la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, en inglés).

    El hallazgo se produjo la noche del pasado 4 de mayo, después que el sistema de vigilancia remota de la Patrulla Fronteriza detectara actividad sospechosa cerca a los túneles de drenaje.

    Los agentes migratorios arrestaron a dieciséis adultos y tres menores que viajaban solos para tratar de ingresar a EE.UU. de forma ilegal.

    El Equipo de Túneles del Sector San Diego, en la frontera de California, tuvo que despejar el sistema de drenaje y asegurarse de que no estuvieran más personas ocultas en su interior.

    Justin De La Torre, jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector San Diego, dijo -en un comunicado- que estos intentos son peligrosos y “con frecuencia” involucran a personas que representan una amenaza para la seguridad pública de EE.UU.

    En concreto, las autoridades fronterizas se refieren al arresto de Raudel Carrillo Padilla, de 35 años, e Iván Carrillo-Padilla, de 31, dos hermanos mexicanos previamente deportados tras sus condenas en 2017 por posesión, transporte e intento de venta de metanfetamina en California.

    Los detenidos serán deportados o enjuiciados por tratar de reingresar al país después de ser expulsados.

    El hallazgo se dio poco antes de que seis inmigrantes perdieran la vida al tratar de ingresar al país en un vagón de carga en Laredo (Texas).

    Defensores de los derechos de los inmigrantes han advertido que la campaña de deportaciones masivas de la Administración Trump ha obligado a los inmigrantes a tomar mayores riesgos para intentar ingresar a EE.UU.

  • Condenan en apelación a Airbus y Air France por siniestro aéreo de Río-París de 2009

    Condenan en apelación a Airbus y Air France por siniestro aéreo de Río-París de 2009


    El tribunal de Apelación de París condenó este jueves a las compañías Airbus, fabricante del avión, y Air France, operador del vuelo, a 225.000 euros cada una por «homicidio involuntario» por su implicación en el accidente del 1 de junio de 2009 del vuelo Río de Janeiro-París, en el que murieron 228 personas.

    Ambas empresas habían sido absuelvas en primera instancia, en una decisión de abril de 2023, lo que había provocado la indignación de los familiares.

    Contrariamente a esta decisión en primera instancia, la Fiscalía francesa sí que pidió en apelación penas contra las dos compañías.

    En su lectura de la sentencia, la jueza consideró a ambas compañías culpables por no haber hecho lo suficiente para evitar el siniestro, uno de los peores de la historia reciente de la aviación mundial.

    La decisión, muy esperada por los familiares, sucede 17 años más tarde del accidente, desencadenado por un fallo en el dispositivo de navegación del aparato, que se congeló. Debido a ello, los pilotos recibieron informaciones de navegación erróneas que terminaron con el avión estrellándose en aguas del Océano Atlántico, a unos 1.000 kilómetros de las costas brasileñas.

    Airbus ha sido condenada por no ofrecer un dispositivo con las suficientes garantías de seguridad, mientras que Air France lo fue por no ofrecer la formación necesaria a sus pilotos.

    A bordo de este trágico vuelo había una mayoría de franceses (72), brasileños (58) y alemanes (26), aunque también estaban presentes otras 29 nacionalidades. Sus cuerpos tardaron meses en encontrarse y ser rescatados, al igual que las cajas negras.

    La instrucción de este proceso fue especialmente tortuosa, pues duró 13 años.

     

  • Crisis en Bolivia escala con respaldo internacional y tensión diplomática

    Crisis en Bolivia escala con respaldo internacional y tensión diplomática

    La crisis política y social que atraviesa Bolivia desde hace 15 días escaló este miércoles al plano diplomático e internacional luego de que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz denunciara ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un supuesto intento de desestabilización contra su administración.

    Las protestas comenzaron a inicios de mayo por reclamos salariales, escasez y mala calidad de combustibles, además del rechazo a varias reformas impulsadas por el Ejecutivo. Sin embargo, las movilizaciones derivaron posteriormente en exigencias de renuncia contra Paz, quien asumió la presidencia hace apenas seis meses.

    Los bloqueos de carreteras y manifestaciones se concentran principalmente en La Paz y El Alto, donde participan sindicatos, campesinos aimaras y sectores afines al expresidente Evo Morales.

    Ante el incremento de la tensión, Paz anunció un “reordenamiento” de su gabinete de ministros con el objetivo de hacerlo “más ágil” y cercano a las demandas ciudadanas. Además, informó sobre la creación de un Consejo Económico y Social para discutir las reformas promovidas por su gobierno y responder a las acusaciones de privatización impulsadas por sectores opositores.

    La situación humanitaria en La Paz y El Alto se agravó debido a los bloqueos, que mantienen parcialmente aisladas ambas ciudades y han provocado escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal. En mercados populares los precios de productos básicos se duplicaron e incluso triplicaron.

    El Gobierno boliviano habilitó un puente aéreo con apoyo de Argentina para trasladar alimentos e insumos básicos hacia las zonas afectadas. Paz también intentó reducir las tensiones con Buenos Aires luego de que Morales denunciara, sin presentar pruebas, el supuesto traslado de militares argentinos hacia Bolivia.

    Las protestas se radicalizaron esta semana tras la llegada a La Paz de una marcha de seguidores de Morales procedente del altiplano. El lunes se registraron saqueos, enfrentamientos y ataques contra periodistas y ciudadanos, en la jornada más violenta desde el inicio del conflicto.

    El Ejecutivo acusa directamente a Morales de promover las protestas para provocar una “ruptura constitucional” y vincula parte de las movilizaciones con estructuras del narcotráfico, señalamientos que el exmandatario rechaza.

    La confrontación también alcanzó el plano judicial y diplomático. El canciller boliviano, Fernando Aramayo, pidió al presidente colombiano, Gustavo Petro, colaborar para que Morales comparezca ante la Justicia por un proceso de trata agravada de personas.

    Bolivia expulsó además a la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García, luego de considerar como “injerencistas” declaraciones de Petro, quien calificó las protestas como una “insurrección popular” y aseguró que en Bolivia “hay un pueblo en las calles al que están matando”.

    Mientras tanto, Estados Unidos expresó respaldo total al Gobierno boliviano. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington “no permitirá que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente”, mientras el vicesecretario Christopher Landau aseguró que existe “un golpe de Estado en marcha”.

    Durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA, Bolivia pidió atención internacional ante una situación que, según el Gobierno, amenaza el orden democrático y compromete derechos fundamentales. Uruguay y República Dominicana también respaldaron al Ejecutivo de Paz y pidieron preservar la institucionalidad democrática.

     

  • EE.UU. despliega portaaviones USS Nimitz en aguas del Caribe en plena campaña contra Cuba

    EE.UU. despliega portaaviones USS Nimitz en aguas del Caribe en plena campaña contra Cuba

    El Ejército de Estados Unidos anunció el miércoles el despliegue en el Caribe del portaaviones nuclear USS Nimitz y su grupo de ataque, en un contexto marcado por el endurecimiento de las presiones de Washington contra Cuba.

    El Comando Sur estadounidense informó en la red social X que el grupo está integrado por el portaaviones USS Nimitz, el Ala Aérea Embarcada, el destructor USS Gridley y el buque de abastecimiento USNS Patuxent. Según el mensaje oficial, la flota representa “la máxima expresión de alistamiento y presencia, de un alcance y letalidad inigualables, y de ventaja estratégica”.

    El anuncio coincidió con una nueva escalada diplomática entre Estados Unidos y Cuba luego de que el Departamento de Justicia estadounidense presentara cargos criminales contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, hecho que dejó cuatro fallecidos.

    La administración del presidente Donald Trump incrementó la presión sobre La Habana en medio de la crisis energética y económica que atraviesa la isla. Trump aseguró este miércoles que Cuba “se está desmoronando” y descartó una escalada militar directa.

    El USS Nimitz había participado previamente en operaciones militares en Medio Oriente y en ejercicios conjuntos con países latinoamericanos durante la misión Southern Seas 2026. Antes de ingresar al Caribe realizó maniobras con fuerzas navales de México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.

    A finales de 2025, Estados Unidos ya había desplegado en el Caribe el portaaviones USS Gerald Ford, utilizado posteriormente en operaciones relacionadas con Venezuela y Medio Oriente.

    El despliegue actual del Nimitz es interpretado por analistas y medios internacionales como una demostración de fuerza y disuasión hacia Cuba en medio del deterioro de las relaciones bilaterales y del incremento de las tensiones regionales.

    Mientras tanto, el gobierno cubano rechazó las acusaciones contra Castro y calificó las acciones judiciales impulsadas por Washington como parte de una campaña política contra la isla.

     

  • Raúl Castro se suma a lista de mandatarios latinoamericanos acusados en EEUU

    Raúl Castro se suma a lista de mandatarios latinoamericanos acusados en EEUU

    El exgobernante cubano Raúl Castro fue imputado este miércoles en Estados Unidos por la muerte de cuatro aviadores en 1996, un caso que lo coloca junto a otros exmandatarios latinoamericanos que han enfrentado procesos judiciales impulsados por Washington.

    La acusación presentada en Miami señala a Castro por asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, debido al derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate hace casi 30 años. Según la Fiscalía estadounidense, el entonces ministro de Defensa cubano ordenó el ataque mientras las aeronaves volaban sobre aguas internacionales.

    El exmandatario cubano, de 94 años, se une así al depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses en enero pasado y trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo. Analistas consideran poco probable que Castro sea extraditado debido a su avanzada edad y a las tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana.

    Uno de los antecedentes más recordados es el de Manuel Noriega, quien gobernaba de facto Panamá cuando Estados Unidos lanzó la operación militar “Causa Justa” en diciembre de 1989. Tras permanecer refugiado durante once días en la Nunciatura Apostólica, Noriega se entregó el 3 de enero de 1990 y posteriormente fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos, donde cumplió 20 años de prisión.

    Otro caso emblemático fue el del expresidente guatemalteco Alfonso Portillo, extraditado en 2013 por su propio país hacia Estados Unidos bajo acusaciones de lavado de dinero. Portillo admitió haber recibido $2.5 millones en sobornos provenientes de Taiwán para mantener relaciones diplomáticas con la isla y fue condenado en Nueva York.

    La lista también incluye al expresidente hondureño Rafael Callejas, involucrado en el escándalo de corrupción conocido como Fifagate. Callejas se entregó voluntariamente en 2015 y aceptó cargos por recibir sobornos millonarios relacionados con contratos de la FIFA. En 2020 recibió una condena equivalente al tiempo ya cumplido debido a problemas de salud.

    El también hondureño Juan Orlando Hernández fue arrestado tras dejar la presidencia en 2022 y extraditado hacia Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico y tráfico de armas. En 2024 fue condenado a 45 años de prisión, aunque posteriormente recibió un indulto total por parte del presidente Donald Trump en diciembre de 2025.

    En el caso de Nicolás Maduro, las autoridades estadounidenses realizaron una operación militar en Caracas el pasado 3 de enero, que según Trump duró apenas 45 minutos. El exgobernante venezolano y su esposa, Cilia Flores, enfrentan cargos por narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína y posesión de armas de guerra.

    La acusación contra Raúl Castro representa un nuevo episodio de presión política y judicial de Washington contra gobiernos considerados adversarios en América Latina. El caso revive además las tensiones históricas entre Cuba y Estados Unidos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, hecho que provocó condenas internacionales y un endurecimiento de las sanciones contra La Habana.

     

  • Nuevo fiscal general de Guatemala destituye a cuestionado fiscal sancionado por EE.UU.

    Nuevo fiscal general de Guatemala destituye a cuestionado fiscal sancionado por EE.UU.

    El nuevo fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, destituyó este miércoles al fiscal anticorrupción Rafael Curruchiche, quien enfrentaba sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por presuntos actos de corrupción.

    La remoción de Curruchiche, quien dirigía la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, fue confirmada por el Ministerio Público guatemalteco y su salida del cargo tuvo ejecución inmediata.

    Curruchiche estuvo al frente de varios procesos judiciales polémicos durante la gestión de la exfiscal general Consuelo Porras, entre ellos las investigaciones contra el periodista José Rubén Zamora y las acciones para intentar anular los resultados electorales de 2023 que llevaron al poder al presidente Bernardo Arévalo.

    Diversas organizaciones sociales y analistas señalaron que varios de los casos impulsados por Curruchiche carecían de pruebas suficientes y respondían a persecuciones judiciales orientadas a favorecer intereses políticos dentro del Ministerio Público.

    Entre los expedientes cuestionados también figuró una investigación por supuesta corrupción que involucraba a Arévalo de León y a la Organización de Naciones Unidas, además de un intento fallido por acusar al excomisionado anticorrupción colombiano Iván Velásquez.

    Expertos y organizaciones civiles acusaron además al exfiscal de utilizar su cargo para proteger a empresarios y políticos señalados en casos de corrupción relacionados con sobornos estatales.

    Curruchiche, quien anteriormente se desempeñó como árbitro de fútbol profesional, también era conocido por publicar constantes críticas contra el Gobierno de Arévalo en redes sociales.

    El nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, asumió el cargo el pasado domingo y había adelantado que cerraría la Fiscalía dirigida por Curruchiche al considerar que había perdido su propósito original de combate contra la corrupción.

    La administración del presidente Bernardo Arévalo mantuvo fuertes diferencias con la exfiscal Consuelo Porras, a quien acusó de intentar “socavar” la democracia guatemalteca mediante investigaciones y maniobras judiciales calificadas por el oficialismo como intentos de “golpe de Estado”.

     

  • Trump celebra la imputación contra Raúl Castro y descarta que vaya a haber una escalada con Cuba

    Trump celebra la imputación contra Raúl Castro y descarta que vaya a haber una escalada con Cuba

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó este miércoles la imputación contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate y aseguró que no prevé una escalada en las tensiones con Cuba.

    Trump afirmó ante periodistas que la comunidad cubana en Miami “aprecia lo que el fiscal general acaba de hacer hoy” y sostuvo que Washington mantiene la atención sobre la situación en la isla. “No habrá escalada. No creo que sea necesaria. El lugar se está cayendo a pedazos; es un desastre y han perdido el control”, declaró el mandatario estadounidense.

    La acusación fue presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Castro y otros cinco exmilitares cubanos por su presunta participación en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate ocurrido el 24 de febrero de 1996, incidente que dejó cuatro muertos, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal en ese país.

    Según la imputación, Castro —quien entonces fungía como ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba— habría ordenado abrir fuego contra las aeronaves que sobrevolaban aguas internacionales. Los acusados enfrentan cargos por conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y homicidio, delitos que podrían derivar en cadena perpetua o pena de muerte.

    El caso representa una de las acciones judiciales más fuertes emprendidas por Washington contra un alto dirigente cubano en décadas y ocurre en medio del endurecimiento de la política estadounidense hacia La Habana.

    El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también respaldó las acciones judiciales y reiteró el apoyo de la administración Trump a los sectores opositores cubanos.

    Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel calificó la acusación como una maniobra política y defendió a Castro, mientras autoridades cubanas insistieron en que el derribo de las aeronaves ocurrió tras reiteradas violaciones al espacio aéreo cubano por parte de Hermanos al Rescate.

    La imputación fue desclasificada en medio de la profunda crisis económica y energética que atraviesa Cuba, agravada por nuevas sanciones y tensiones regionales tras recientes operaciones militares estadounidenses en Venezuela

     

  • La nieta de Mussolini gana el «Gran Hermano Vip» italiano

    La nieta de Mussolini gana el «Gran Hermano Vip» italiano

    – La nieta del dictador fascista Benito Mussolini, Alessandra Mussolini, conocida política y personaje televisivo, se ha alzado como ganadora de la última edición italiana del formato Gran Hermano VIP.

    «Me siento muy feliz. ¡No tenía ni idea! Hemos vivido en una burbuja», celebró en sus redes sociales.

    La ganadora, de 63 años, nació del matrimonio entre el hijo del dictador fascista Romano Mussolini y de Maria Scicolone, hermana de la actriz Sophia Loren.

    Con unos inicios como actriz en el mundo del cine y también como cantante, a principios de la década de 1990 accedió al mundo de la política con el Movimiento Social Italiano, un partido posfascista con el que logró ser elegida diputada en 1992.

    Desde entonces ha sido diputada y senadora para distintas formaciones de derecha como el Pueblo de la Libertad y Forza Italia, de Silvio Berlusconi, así como eurodiputada entre 2004 y 2008.

    Rostro conocido de la televisión, el espectáculo y la política, ha protagonizado algunas polémicas como cuando, en un debate televisivo con la activista transexual Vladimir Luxuria, le espetó que era «mejor ser fascista que maricón» (‘frocio’, en italiano).

    Sin embargo en los últimos años ha cambiado su postura y desde el 2021 defiende abiertamente al colectivo LGBT, apoyando por ejemplo una conocida ley contra la homofobia.