Categoría: El Mundo

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos dijo este viernes que planea restablecer el pelotón de fusilamiento como método para ejecutar a los reos en el corredor de la muerte, como parte de un grupo de medidas para «fortalecer» la pena capital a nivel federal.

Las nuevas directivas buscan despejar «el camino para llevar a cabo las ejecuciones una vez que los reclusos condenados a muerte hayan agotado sus recursos de apelación», informó el DOJ, en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump.

Entre ellas se incluye «la readopción del protocolo de inyección letal utilizado durante la primera Administración Trump, la ampliación de dicho protocolo para incluir métodos de ejecución adicionales, tales como el pelotón de fusilamiento, y la agilización de los procesos internos para acelerar los casos relacionados con la pena de muerte».

«Estos pasos son fundamentales para disuadir los crímenes más atroces, hacer justicia a las víctimas y brindar un cierre largamente esperado a sus seres queridos sobrevivientes», agregó la Justicia en un comunicado.

Según el fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, el Gobierno del expresidente Joe Biden «incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y ejecutar la pena máxima contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de agentes del orden».

Blanche advirtió que ahora, el DOJ «vuelve a hacer cumplir la ley y a solidarizarse con las víctimas».

Justicia también anunció que instruyó a la Oficina de Prisiones «examinar la posibilidad de reubicar o ampliar el corredor de la muerte federal, o de construir una instalación de ejecución adicional, a fin de permitir la aplicación de métodos de ejecución alternativos».

En el país norteamericano, la pena capital es legal en 27 estados, aunque en cuatro de ellos existen moratorias que bloquean las ejecuciones. En otros 23 estados y el Distrito Columbia ha sido abolida, según la ONG Death Penalty Information Center.

De acuerdo con las cifras del grupo, en 2025 se llevaron a cabo 47 ejecuciones en todo el país, con la cifra récord de 19 solo en Florida.

Este año están programadas al menos 32 ejecuciones en ocho estados, de las que hasta el momento ya se han completado ocho.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició el proceso para revocar la ciudadanía de más de 350 personas en todo el país, según reveló este viernes el periódico The New York Times.

Según revelaron al diario funcionarios del Gobierno de Donald Trump, la Justicia estadounidense presentará pronto las demandas civiles para desnaturalizar a estos individuos y espera expandir y acelerar estos procesos a nivel nacional.

Para que el Gobierno pueda revocar la ciudadanía de alguien, tiene que probar ante una corte que el individuo la obtuvo de manera fraudulenta o ilegal, por ejemplo, ocultando antecedentes penales de crímenes que lo harían no apto para la ciudadanía, o haber entrado en un matrimonio ficticio.

Este proceso, no obstante, solo puede aplicarse a «ciudadanos naturalizados», como se les conoce a las personas que no nacieron en EE.UU. sino que obtuvieron la ciudadanía después de emigrar al país.

Un portavoz del Departamento de Justicia señaló al diario neoyorquino que el Gobierno de Trump está buscando lograr «el volumen más alto» de revocaciones de ciudadanía «en la historia».

En julio del año pasado, el departamento publicó un memorando instruyendo a su División de Asuntos Civiles a enfocarse en casos de revocación de ciudadanía.

El documento enumeró una lista de individuos para que el Departamento priorice en estos procesos, incluyendo a las personas con nexos al terrorismo, el narcotráfico, implicados en el tráfico de personas o que haya cometido fraude de ayudas públicas.

Entre los requisitos para obtener la ciudadanía, y que de no cumplirse pueden llevar a que esta sea revocada, está también el «buen carácter moral», un término que no está definido específicamente en la ley y que, según han advertido algunas organizaciones, puede dar paso a que se revoque la ciudadanía por acciones «protegidas por la Primera Enmienda», como protestar.

«La Administración Trump ha arrestado, detenido y deportado a manifestantes a favor de Palestina que asistieron a protestas donde se dañaron bienes y propiedades. La desnaturalización podría convertirse en una extensión de esos intentos», señaló un informe de la organización Brennan Center for Justice.

El fallecido pederasta y financiero estadounidense Jeffrey Epstein alojó en cuatro pisos de Londres a varias mujeres que posteriormente le acusaron de abusos, informa este viernes la BBC.

La cadena pública encontró facturas, correos electrónicos y otros documentos en el archivo Epstein -divulgado parcialmente en los últimos meses por el Gobierno de Estados Unidos- que revelan que el magnate alquilaba propiedades en el acomodado barrio de Kensington y Chelsea.

También evidencian que algunas de las jóvenes alojadas allí fueron coaccionadas para reclutar a otras chicas para su red de trata sexual, además de ser transportadas regularmente a París en el tren Eurostar para visitarlo, indica la emisora.

De acuerdo con la BBC, al menos seis de estas mujeres han alegado abusos por parte del empresario, que falleció en una prisión neoyorquina en 2019 a la espera de juicio por tráfico de menores, mientras que su pareja y cómplice, la británica Ghislaine Maxwell, cumple condena en EE.UU.

Muchas de las chicas, que procedían en buena parte de Rusia y Europa del Este, fueron alojadas en los pisos de Londres después de que la Policía Metropolitana (Met) decidiera archivar la denuncia presentada en 2015 por la estadounidense Virginia Giuffre por supuesto tráfico sexual a la capital británica.

Entre otras cosas, Giuffre, que se suicidó en abril de 2025, a los 41 años, acusó al entonces príncipe de Andrés del Reino Unido de haber abusado de ella cuando era menor en tres ocasiones, una de ellas en Londres, con intermediación de Epstein.

En 2022, el hoy Andrés Mountbatten-Windsor, que fue despojado de sus títulos por el rey Carlos III el pasado octubre, llegó a un acuerdo judicial con ella por una suma millonaria para que retirara una demanda civil en Estados Unidos.

La BBC explica que analizó millones de páginas de los archivos Epstein para componer una imagen de las actividades en territorio británico del pederasta, que cumplió condena en 2008 en su país por solicitar prostitución de una menor.

La cadena concluye que la operación londinense era más amplia de lo que se creía, pues parece haber un mayor número de víctimas y una infraestructura de viviendas y transporte establecida para trasladarlas entre países.

En una declaración a la BBC, la Policía dijo que reconoce sus «obligaciones en virtud del artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos» -que garantiza el derecho a la libertad frente a la esclavitud y el trabajo forzoso- y cree que «se cumplieron».

Tras el escándalo mundial por los archivos Epstein, Scotland Yard revisa ahora registros de vuelo para determinar si hay base para abrir una investigación por trata en el Reino Unido.

La Met investiga paralelamente al ex duque de York y al antiguo ministro laborista Peter Mandelson por presunta conducta indebida en cargo público por haber supuestamente filtrado información confidencial del Gobierno al magnate.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió este jueves el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que endurece el control y redefine el funcionamiento de las cárceles, escenario en los últimos años de disputas entre grupos criminales que han derivado en masacres.

Entre los cambios más relevantes está el control de las comunicaciones y visitas de los presos, que podrán ser registradas y estar sujetas a restricciones, supervisión, monitoreo o grabación cuando sea necesario para la seguridad penitenciaria, la prevención de delitos, el mantenimiento del orden interno.

Se instalará un sistema de inhibición o bloqueo de señal en las áreas internas y en un radio perimetral de seguridad y se autoriza el registro de voz de los contactos autorizados en las llamadas.

El documento también establece un «régimen especial», dirigido exclusivamente a los reclusos que por su nivel de riesgo «representen una amenaza grave para la seguridad penitenciaria, el orden interno o la seguridad pública, independientemente de su situación procesal».

En la actualidad, los presos más peligrosos están recluidos en la Cárcel del Encuentro, construida por iniciativa del presidente Daniel Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.

En esa prisión también están políticos como el exvicepresidente correísta Jorge Glas, condenado por corrupción; y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, uno de los principales opositores de Noboa y procesado por casos vinculados a la comercialización de combustibles, su negocio familiar.

El reglamento prohíbe el dinero en efectivo para hacer compras en los denominados ‘economatos’, que son tiendas internas en las que los presos adquieren productos de primera necesidad.

Las transacciones se realizarán exclusivamente por transferencias o depósitos bancarios en la cuenta del proveedor y los reclusos tendrán cupos de gasto.

Los presos podrán ser cambiados de cárcel para evitar que cometan delitos, por amenazas, motines o graves alteraciones del orden en el interior o exterior del centro, pero también si se descubre que están entrenando o reclutando a otros para formar «grupos violentos».

El decreto también crea centros exclusivos para personas que son encarceladas por deudas alimenticias o infracciones de tránsito, con el objetivo de no mezclarlos con integrantes de bandas de crimen organizado.

Las cárceles han sido parte de la crisis de violencia que registra Ecuador en los últimos años, pues desde su interior los grupos criminales coordinan actividades ilícitas.

Además, desde 2021, más de 600 reclusos han sido asesinados, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves que investigará la gestión que ha hecho la propia agencia de los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein, incluyendo si los funcionarios no hicieron públicos todos los documentos relevantes y si fueron debidamente censurados.

«Nuestro objetivo preliminar es evaluar los procesos del Departamento de Justicia para identificar, editar y divulgar los registros en su poder, según lo exige la Ley», explicó la oficina de auditoría de la dependencia.

La auditoría fue anunciada 20 días después de que la fiscal general, Pam Bondi, fuera apartada de su cargo por el presidente Donald Trump, por insatisfacción por el avance de investigaciones.

Bondi fue cuestionada, tanto republicanos como demócratas, por la gestión de la publicación de los archivos de Epstein al considerarla incompleta, excesivamente censurada y, en algunos casos, tardía.

A finales de enero de 2026 se hicieron públicos los últimos documentos, más de tres millones, por parte del Departamento de Justicia que dio por cumplido el mandato legal de divulgación, aunque siguen recibiendo críticas por la censura en muchos de ellos.

La investigación penal principal sobre Epstein se cerró en 2019 cuando murió, pero desde finales de 2025 y durante 2026 se han reactivado varias líneas de investigación y supervisión ligadas a sus redes, a la gestión del caso por el Departamento de Justicia y a la publicación de sus archivos.

En el Capitolio, la Cámara de Representantes mantiene abierta su propia investigación sobre los vínculos de figuras poderosas con Epstein y sobre el manejo del caso por el Departamento de Justicia, en la que han comparecido el expresidente Bill Clinton, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y está previsto que el próximo 10 de junio acuda el magnate Bill Gates.