Redacción DEM ADMIN HC

Categoría: El Mundo

  • EEUU ve a Rosario Murillo como «autor directo de represión» en Nicaragua, dicen opositores

    EEUU ve a Rosario Murillo como «autor directo de represión» en Nicaragua, dicen opositores

    Las organizaciones opositoras nicaragüenses que forman la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude) consideraron este sábado que Estados Unidos ya reconoce a la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, «como un autor directo de represión» y «el poder que juega en la dictadura», en referencia al Gobierno que preside junto con su esposo, Daniel Ortega.

    Esas organizaciones opositoras llegaron a esa conclusión luego de que en la víspera el Departamento de Estado de EE.UU. acusara a Murillo de haberse inventado «una ‘copresidencia’ para consolidar su control ilegítimo sobre Nicaragua: sin elecciones, sin mandato, sin legitimidad», porque sabe «que no puede ganar» en un proceso electoral libre.

    «Antes los mensajes iban dirigidos al régimen de Daniel Ortega. Ahora el señalamiento es directamente a Rosario Murillo, lo que implica que Estados Unidos la ve como una figura que gobierna y toma decisiones, no solo como vicepresidenta o una simple vocera, sino alguien que tiene la misma responsabilidad de Ortega», indicó el portavoz de Pude, el abogado nicaragüense desnacionalizado Roger Reyes, en un audio enviado a los medios.

    Además, continuó el letrado, para EE.UU. la copresidente Murillo no «tiene legitimidad democrática», porque cuando «dice que ella fabricó una copresidencia, está afirmando que se apropió del poder sin elecciones, sin voto ciudadano y sin un mandato popular».

    Otro elemento del mensaje del Departamento de Estado sobre Murillo, es que «su control se sostiene por el poder y el miedo, no por apoyo del pueblo, al señalar represión y no permitir elecciones con garantías (…) » porque perdería», puntualizó Reyes.

    EE.UU. acusó a Murillo de que, «cobardemente», junto a Ortega, «ha negado a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque sabe que no puede ganar», y que gozan poder «basado en la represión y la manipulación constitucional no es la voluntad del pueblo» nicaragüense.

    El viernes 30 de enero se cumplió un año de la aprobación legislativa de una reforma a la Constitución Política que transformó el Estado, eliminó el balance de poderes y otorgó un poder total a Ortega y Murillo, quienes, a juicio de expertos, buscan instaurar una «dinastía familiar».

    Murillo, que era vicepresidenta de Nicaragua desde 2017, fue designada copresidenta desde febrero de 2025 a través de esa reforma constitucional.

    Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, gobierna Nicaragua desde 2017 junto con su esposa Murillo en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia.

  • México refuerza seguridad y controles en la frontera ante estado de sitio en Guatemala

    México refuerza seguridad y controles en la frontera ante estado de sitio en Guatemala

    Agentes de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la policía estatal de Chiapas realizan labores de vigilancia y seguridad en el sur de México, ante el estado de sitio declarado por la ola de violencia en Guatemala con recorridos en los distintos puntos irregulares en las márgenes del río Suchiate, frontera natural entre ambos países.

    Desde Tapachula, en el estado de Chiapas y la mayor ciudad de mexicana de la frontera, el empresario Roberto García Zenteno, pidió que se refuerce aún más la seguridad, al asegurar que la declaración del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, se hizo porque se estaba haciendo «más peligrosa cada día» la vida en el país centroamericano.

    «Claro, que se siga reforzando la seguridad y que no solo se siga reforzando, sino que realmente observen y analicen. Recuerden que hace 12 o 13 años tuvimos el problema de los ‘Maras’ (pandillas) donde amenazaron que iban atacar Tapachula.Tal vez en esa época fue una amenaza como un volado al viento, pero todo se detuvo a tiempo, estamos hablando de delincuencia organizada”, advirtió en declaraciones a EFE.

    Por su parte, el obispo de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, reconoció que la situación en la zona es «delicada» y subrayó que «toda la frontera es como una coladera, no es que sea segura, hay puntos donde hay control, pero la mayor parte es un río y se acabó».

    El obispo reconoció el temor de que si el gobierno de Guatemala está poniendo más presión «contra gente del mal pudiera ser que caminen para acá (México)».

     

    La frontera del Río Suchiate

    Desde el ámbito económico también se empiezan a percibir los efectos de la situación en el país vecino.

    A juicio de José Elmer Aquiahuatl Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (ACEPITAP), es algo «preocupante», ya que complica el ingreso y la visita de guatemaltecos que dejan una derrama económica importante.

    “Si, se ha disminuido, no hemos visto los autobuses o las camionetas que ellos traen en las calles, esto nos habla que no están ingresando a Tapachula de manera normal. Nos preocupa este hecho que pudiera extenderse”, indicó Herrera.

    Sobre los operativos que realizan las autoridades mexicanas en el río Suchiate, el representante empresarial remarcó que todo lo que «abone a seguridad es bueno, porque en Guatemala hay una persecución de delincuentes».

    Por esta situación, consideró que los delincuentes no se van a ir al Salvador y «lo más seguro es que vengan a México, donde es fácil el ingreso por la frontera sur, por lo que es importante contener a la delincuencia».

    El país centroamericano cumple ya casi dos semanas desde la implantación de un estado de sitio, después de que el fin de semana pasado fueran asesinados 10 policías a manos de presuntos pandilleros, medida que estará en vigor durante 30 días y que habilita la detención de cualquier persona señalada por terrorismo o sedición sin necesidad de una orden judicial.

    El Gobierno de Guatemala y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada ‘Renovación I’ y les cesaron sus privilegios de Administraciones anteriores.

  • El Helicoide, la temida cárcel para presos políticos cuyo cierre propone Delcy Rodríguez

    El Helicoide, la temida cárcel para presos políticos cuyo cierre propone Delcy Rodríguez

    El Helicoide -una estructura en Caracas de la década de 1950 utilizada hoy como lugar de detención de presos políticos- pasará a ser «un centro social, deportivo, cultural y comercial», dijo la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que reveló la propuesta después de las excarcelaciones anunciadas hace un par de semanas.

    Concebida originalmente como centro comercial, esta instalación volvió al foco de la atención luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablara, hace un par de semanas, sobre el cierre de un sitio de «torturas» en la capital venezolana.

    En este inconcluso edificio -descrito como un «proyecto de vanguardia» por su diseño futurista en forma de hélice- funcionan las sedes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y otros, según la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos.

    El Helicoide es un lugar donde organismos de la ONU han denunciado la existencia de «salas de tortura» y donde han muerto varios detenidos bajo custodia, entre ellos el opositor Fernando Albán y el general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez.

    A continuación, algunas claves sobre este lugar:

     

    Derechos Humanos

    La palabra «Helicoide» ha aumentado en los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, que investiga presuntas violaciones de derechos humanos en el país desde 2014.

    En el primer reporte de la misión, en 2020, esta palabra figura solo dos veces, frente a unas 60 en el de 2024, año en el que se desató una crisis -que incluyó protestas antigubernamentales y denuncias de «represión»- tras la acusación de fraude electoral en el resultado que dio la victoria a Nicolás Maduro en las presidenciales.

    En 2023, la misión documentó que las autoridades del Estado venezolano han recurrido a «la tortura y malos tratos» como métodos para «generar y perpetuar» un «clima de temor» en la sociedad civil venezolana.

    Según este informe, algunas personas entrevistadas subrayaron que el «impacto simbólico de los casos de tortura y malos tratos servía para aterrorizar a la sociedad civil e inhibir a la disidencia, en particular el mantenimiento de salas de tortura en El Helicoide».

     

    Muertes

    En octubre de 2018, el opositor Fernando Albán murió en El Helicoide, donde permanecía detenido por estar supuestamente involucrado en un atentado con drones contra Maduro.

    Su familia «no pudo realizar una autopsia independiente ni enterrar su cuerpo, pese a las numerosas solicitudes», indicó la Misión internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU.

    Las autoridades informaron entonces que se trató de un suicidio, aunque las pruebas forenses «suscitan dudas sobre esa conclusión», subrayó la misión.

    Distintos políticos y ONG denunciaron que en realidad fue un asesinato, por lo que pidieron que se investigara el caso, considerado «impune» actualmente porque, aunque fueron condenados dos funcionarios del Sebin, posteriormente el tribunal les redujo la pena.

    Por otra parte, la misión también investigó la muerte del general y exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien murió presuntamente por covid el 12 de octubre de 2021 en El Helicoide. Su hija, Andreína Baduel, considera que su padre -acusado de corrupción- estuvo detenido de forma injusta y reclama justicia.

     

    Amnistía

    Delcy Rodríguez, quien juró como mandataria encargada el pasado 5 de enero, dos días después de que EE.UU. capturara durante una operación militar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, anunció este viernes su decisión de «impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente».

    En 1999 se inauguró la etapa conocida como el chavismo, con la llegada al poder de Hugo Chávez, quien gobernó hasta 2013 -año de su muerte-, y fue sucedido por Maduro.

    Al intervenir en el acto del inicio del año judicial, Rodríguez pidió a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz que en las «próximas horas» presenten la ley ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), así como la «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación.

    «Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió la mandataria encargada.

    Varias ONG de Venezuela han aclarado que la propuesta de una amnistía no es un «perdón». Provea, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, ha advertido que «estas personas fueron arbitrariamente encarceladas».

    La última vez que se promulgó una ley de amnistía en Venezuela fue en diciembre de 2007, cuando Chávez perdonó a personas involucradas en el golpe de Estado en su contra en 2002.

     

    Excarcelaciones

    El 8 de enero pasado, el presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de «un número importante de personas», entre ellas venezolanos y extranjeros, -sin precisar la cifra ni las condiciones-, como un «gesto unilateral» para «consolidar la paz y la convivencia pacífica» del país.

    Hasta el jueves, Foro Penal había confirmado la excarcelación de 302 personas desde el pasado 8 de enero. Según el conteo de esa ONG, en el país hay 711 presos políticos.

  • Justicia de Guatemala decidirá el futuro del periodista Rubén Zamora tras 1,280 días en prisión

    Justicia de Guatemala decidirá el futuro del periodista Rubén Zamora tras 1,280 días en prisión

    El Supremo de Justicia de Guatemala celebrará el próximo martes 3 de febrero una audiencia clave para resolver de manera definitiva un amparo que busca otorgar el arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, procesado en un caso por el que suma ya 1.280 días en prisión preventiva.

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá decidir si confirma el amparo definitivo, lo que permitiría al fundador del extinto diario elPeriódico enfrentar el segundo de los tres procesos judiciales que enfrenta, en libertad, tras una detención que su defensa y familia califican de arbitraria.

    El anuncio de la diligencia fue dado a conocer por su hijo, José Carlos Zamora, quien detalló que la vista pública busca garantizar el derecho a la presunción de inocencia de su padre. Este avance legal coincide con un respiro para la prensa independiente, luego que este viernes, el Supremo cerró en definitiva el caso contra varios periodistas y columnistas de elPeriódico.

    La CSJ negó un amparo al Ministerio Público (Fiscalía) y confirmó que las publicaciones de ocho comunicadores deben conocerse bajo la Ley de Emisión del Pensamiento y no por la vía penal. Según el colectivo No Nos Callarán, esta resolución frena el uso del derecho penal para perseguir publicaciones de interés público.

    No obstante, la presión judicial continúa. Su otro hijo, Ramón Zamora, informó que la fiscal general, Consuelo Porras, denunció al periodista por supuesta discriminación. Esta nueva acusación, tramitada por la Fiscalía de la Mujer, fijó la primera declaración del comunicador para el próximo 30 de abril.

    Zamora fue detenido el 29 de julio de 2022, cinco días después de publicar críticas por corrupción contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

    El primer proceso inició por supuesto lavado de dinero de 300.000 quetzales. Pese a que el periodista acreditó que el origen era la venta de una obra de arte para pagar salarios, este caso fue el detonante de su captura.

    El segundo expediente, que aún lo mantiene bajo rejas, es por obstrucción a la justicia debido a una investigación de 2013, a la que se sumó una tercera imputación por presunta falsificación de firmas en documentos de viaje.

  • Costa Rica blindará elecciones presidenciales con más de 90,000 fiscales

    Costa Rica blindará elecciones presidenciales con más de 90,000 fiscales

    El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica aseguró el viernes que el proceso electoral del próximo domingo cuenta con un sólido “blindaje” institucional para proteger la voluntad popular y fortalecer la democracia del país.

    La presidenta del TSE, Eugenia Zamora, instó a los ciudadanos a ejercer su derecho al sufragio.

    “El primer llamado es a acudir a las urnas. A honrar a nuestros antepasados… y esa primera acción importante que nos caracteriza como ciudadanos es el ejercicio del voto”, expresó en conferencia de prensa.

    Para estas elecciones están convocados 3.7 millones de costarricenses que elegirán al presidente de la República y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el período 2026-2030. El organismo electoral destacó que más de 90,000 personas estarán involucradas en la jornada electoral, incluyendo fiscales de partidos, agentes electorales, miembros de juntas receptoras de votos y observadores nacionales e internacionales.

    Se habilitarán 7,154 juntas receptoras de votos en todo el país. Cada una recibirá material electoral empaquetado en tulas con chips de radiofrecuencia para rastrear su ubicación, transportados bajo resguardo policial y de personal del TSE.

    Una vez cerradas las urnas a las 6:00 p.m., los votos serán contabilizados en cada junta bajo la vigilancia de fiscales partidarios, quienes recibirán una copia oficial de los resultados. Los datos preliminares se darán a conocer a las 8:45 p.m. y el escrutinio final arrancará el martes con la apertura pública de los sacos electorales.

    En caso de que ningún aspirante alcance el 40 % de los votos válidos, se celebrará una segunda vuelta el 5 de abril. Entre los principales contendientes figuran Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano; Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana; y Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional.

    La presidenta del TSE enfatizó que desde hace 76 años el ente electoral ha velado por la transparencia de los comicios. “El proceso electoral declarará la voluntad popular emitida en las urnas. Ese es nuestro trabajo, lo hemos hecho con convicción democrática”, recalcó.

     

  • Cuba enfrentará crisis energética en menos de dos meses, advierten

    Cuba enfrentará crisis energética en menos de dos meses, advierten

    Cuba podría enfrentar una “grave crisis” energética en un plazo de seis a ocho semanas si no consigue nuevos suministros de petróleo o combustibles, advirtió el especialista cubano Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

    El experto, quien monitorea de cerca la situación energética de la isla, aseguró que es “muy difícil de cuantificar” el punto exacto de colapso del sistema, debido a la falta de datos oficiales. Sin embargo, subrayó que el escenario es crítico, especialmente tras la reciente escalada de sanciones por parte de Estados Unidos.

    El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva mediante la cual su administración impondrá aranceles a todos los países que directa o indirectamente suministren petróleo a Cuba.

    Actualmente, la isla apenas logra cubrir un tercio de sus necesidades energéticas con producción nacional, estimada en 40,000 barriles diarios. Sin embargo, la demanda total ronda los 110,000 barriles por día, lo que deja a Cuba con una profunda dependencia de las importaciones.

    La nueva medida de Washington amenaza con aislar aún más a La Habana en términos energéticos, lo que podría agravar el panorama económico y social del país caribeño si no logra asegurar fuentes alternativas de combustible en las próximas semanas.

     

  • El Papa León XIV lidera como figura mundial mejor valorada

    El Papa León XIV lidera como figura mundial mejor valorada

    El 49 % de la población mundial tiene una opinión “algo” o “muy” favorable del Papa León XIV, quien se consolida como el líder internacional mejor valorado a escala global, según la última encuesta End of Year (EoY) de Gallup International Association, que incluyó a 58,000 personas en 58 países.

    El Pontífice alcanza una valoración neta positiva de +24 puntos, superando ampliamente al resto de figuras analizadas, quienes muestran saldos negativos en la percepción global.

    “León XIV es el único líder internacional que obtiene una valoración neta claramente positiva a escala global”, señala el informe. Por regiones, el Papa alcanza altos niveles de aprobación en África (+36), América del Norte (+35), América Latina (+34), Europa oriental (+31), Australasia (+31) y Europa occidental (+29). Solamente en el mundo árabe su imagen presenta saldo negativo (-18), mientras que en Asia occidental se ubica en +3.

    En contraste, los líderes políticos evaluados reflejan un fuerte desgaste en su imagen pública. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, figura como el peor valorado del estudio con -42 puntos, seguido por el presidente ruso, Vladimir Putin, con -41.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obtiene una valoración neta de -31, pese a que lidera en porcentaje de opiniones favorables individuales con un 30 %. Sin embargo, su figura también concentra altos niveles de rechazo, especialmente en Europa occidental, con una valoración negativa de -59. En países como Suecia (-80), Alemania (-72), Países Bajos (-66) y España (-51), el rechazo hacia su figura es contundente.

    Por su parte, Putin es rechazado de forma masiva en Europa occidental, destacando países como Dinamarca (-94), Suiza (-79) y España (-79), donde su imagen se ha deteriorado de forma significativa.

    El estudio subraya el deterioro generalizado en la percepción de los líderes mundiales desde 2017. Vladimir Putin, quien entonces tenía una valoración neta de +3, cayó a -41; Xi Jinping, de +6 a -23; Narendra Modi, de +8 a -12; Netanyahu, de -8 a -42; y Donald Trump, de -27 a -31.

    Aunque la figura papal también experimentó una caída respecto a 2017 —cuando el Papa Francisco tenía una valoración neta de +38—, el informe resalta que León XIV “mantiene un liderazgo simbólico en el escenario internacional, siendo la única figura con un saldo neto claramente positivo a escala global”.

     

  • Panamá reordenará operación de cinco puertos tras fallo contra empresa china

    Panamá reordenará operación de cinco puertos tras fallo contra empresa china

    El Gobierno de Panamá anunció la reorganización de la gestión de cinco de sus principales puertos ubicados en zonas estratégicas adyacentes al Canal interoceánico, tras el fallo inapelable de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el contrato con la empresa china Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado CK Hutchison Holdings.

    La decisión afecta directamente a los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, operados desde 1997 por PPC. El fallo responde a dos demandas interpuestas por el contralor general Anel Flores, quien calificó el contrato como “leonino” y perjudicial para los intereses del país.

    El presidente panameño, José Raúl Mulino, confirmó que ambos puertos serán sometidos a una nueva concesión. Mientras se ejecuta el fallo, la operación será asumida temporalmente por APM Terminal Panamá, filial del grupo AP Moller-Maersk, con sede en Países Bajos.

    La medida ocurre en un contexto de alta tensión geopolítica, luego de que en 2025 Estados Unidos intensificara su presión por recuperar influencia en el Canal de Panamá, donde considera una amenaza la presencia de intereses chinos.

    CK Hutchison había pactado la venta global de más de 40 terminales —incluyendo los puertos panameños— por cerca de $23,000 millones a un consorcio liderado por la gestora de activos estadounidense BlackRock, pero la transacción quedó congelada tras la intervención del gobierno chino, que exige una participación mayoritaria de la estatal Cosco.

    Estos son los cinco puertos adyacentes al Canal de Panamá, una vía de 82 kilómetros por la que transita entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial, y que en 2025 movilizó casi 10 millones de contenedores TEU:

    1. Puerto de Manzanillo (MIT), Atlántico
    Operado por la multinacional estadounidense SSA Marine desde 1995, este puerto es el de mayor movimiento del país con más de 2.86 millones de TEU en 2025. Su capacidad es de 3.5 millones de unidades. SSA Marine también gestiona puertos en Costa Rica, incluidos Caldera, Coyol y Limón.

    2. Puerto de Balboa, Pacífico
    Segundo en movimiento con más de 2.67 millones de TEU, ha sido gestionado por Panama Ports Company desde 1997. Tiene capacidad para 5 millones de TEU. CK Hutchison opera en 53 puertos distribuidos en 24 países.

    3. Puerto de Colón (CCT), Atlántico
    Administrado por el Grupo Evergreen de Taiwán, este puerto movilizó más de 1.73 millones de TEU en 2025. Su capacidad es de 2.4 millones de TEU y fue construido en una antigua base militar estadounidense.

    4. Puerto de Rodman, Pacífico
    Con 1.35 millones de TEU en 2025, es operado por PSA Panama International Terminal, parte del grupo PSA International de Singapur. Su capacidad es de 2.5 millones de TEU. PSA gestiona terminales en 16 países.

    5. Puerto de Cristóbal, Atlántico
    También operado por CK Hutchison, registró 1.21 millones de TEU en 2025 y tiene una capacidad de 2 millones. Será transferido temporalmente junto a Balboa a la gestión de APM Terminal Panamá.

    El Gobierno panameño anunciará en las próximas semanas los términos de la nueva licitación para ambos puertos, en un intento por recuperar soberanía operativa y asegurar mayores beneficios para el Estado.

     

  • Delcy Rodríguez propone una ley de amnistía general para presos políticos en Venezuela

    Delcy Rodríguez propone una ley de amnistía general para presos políticos en Venezuela

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso este viernes una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

    «Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente», señaló Rodríguez en el acto del inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

    La líder chavista encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz para que en las «próximas horas» presenten la ley ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), así como la «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación.

    «Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió.

    La líder chavista pidió a los presos políticos del país, incluyendo a aquellos que ya han recibido medidas de excarcelación, que «no se imponga la venganza, la revancha ni el odio».

    Rodríguez indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

    Varias ONG han insistido desde hace años en una amnistía general para todos los presos políticos, presentando, al mismo tiempo, varias propuestas de ley. La última fue propuesta el martes pasado por la organización Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad.

    El texto de la ONG y el Comité incluía 12 artículos y proponía la amnistía para «todas esas personas que han sido perseguidas, luchadores sociales, periodistas, integrantes de comité de víctimas, militares y personas perseguidas o privadas de su libertad en el contexto de movilizaciones postelectorales».

    A principios de mes, una fracción parlamentaria de Venezuela planteó también una ley de amnistía para, argumentó, llevarle «sosiego» a los familiares de las personas «que están injustamente detenidas».

    Actualmente, según la ONG Foro Penal, hay 711 presos políticos, pero el Gobierno venezolano negaba que en el país hubiera personas detenidas por estos motivos y señalaba que los detenidos cometieron delitos, en su mayoría, relacionados al terrorismo.

    La última vez que se promulgó una ley de amnistía en Venezuela fue en diciembre de 2007, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) perdonó a personas involucradas en el golpe de Estado en su contra en 2002.

    En 2016, el Parlamento, para entonces controlado por la oposición, aprobó una ley de amnistía, declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que es afín al chavismo, y nunca se pudo aplicar.

    En agosto de 2020, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, otorgó, mediante decreto, 110 medidas de indultos a opositores, sindicalistas y actores sociales acusados de diversos delitos, de cara a elecciones legislativas que se celebraron en diciembre de ese año, un evento al que el grueso de la oposición no se presentó.

  • El FBI compiló una lista de denuncias contra Trump, según los nuevos archivos de Epstein

    El FBI compiló una lista de denuncias contra Trump, según los nuevos archivos de Epstein

    La nueva tanda de documentos relacionados con el pederasta Jeffrey Epstein publicada por el Departamento de Justicia de EE.UU. incluye una lista de denuncias contra el presidente Donald Trump que fue recopilada por el FBI el año pasado y que no aporta pruebas que las corroboren.

    El listado incluye al menos doce denuncias que fueron recibidas por la agencia y señalan al mandatario de cometer abuso sexual en Mar-a-Lago contra menores de edad junto a Epstein y su cómplice y pareja sentimental, Ghislaine Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años por tráfico humano.

    Las acusaciones, mencionadas un intercambio de correos electrónicos por parte de agentes federales, parecen no haber sido verificadas y los funcionarios señalan en las comunicaciones algunas son «informaciones de segunda mano».

    El documento indica que, en muchos casos, no se estableció contacto con las personas que enviaron las denuncias o que no se proporcionó información de contacto.

    Todd Blanche, fiscal general adjunto, anunció este viernes en Washington una nueva ronda de publicaciones en línea, en cumplimiento de la ley que obliga a divulgar todos los documentos relacionados con el caso del fallecido millonario, vinculado al presidente estadounidense, Donald Trump, y a otras personalidades, como el expresidente Bill Clinton (1993-2001).

    Blanche afirmó que, a su juicio, la publicación de estos nuevos documentos permitirá cumplir con la ley promovida por el Congreso para que el público conozca los detalles de los crímenes de Epstein, condenado por pagar por sexo con una menor y que se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba ser juzgado por cargos más graves de tráfico de menores.

    La publicación se anuncia después de meses de cruce de acusaciones entre el Gobierno y el Congreso por la lentitud y el nivel de ofuscación de los documentos para reservar detalles y nombres en años de registros y documentación legal por el caso de Epstein.

    La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein establecía el 19 de diciembre como plazo para publicar todos los documentos relacionados con el financiero neoyorquino, por lo que la Administración de Trump estaba técnicamente incumpliendo la ley mientras continuaba la revisión y procesamiento de los documentos.

    Grupos de víctimas de Epstein, quien falleció por suicidio en una cárcel de Manhattan en 2019, han exigido transparencia y que se haga justicia sobre los crímenes cometidos.

    Trump fue amigo de Epstein durante los años 80 y 90 y el vínculo entre ambos ha sido puesto en tela de juicio en los últimos meses, después de que varios reportes en el diario The Wall Street Journal revelaran que eran más cercanos de lo que el presidente ha reconocido.