Categoría: El Mundo

  • Trump amenaza con acciones legales contra la BBC

    Trump amenaza con acciones legales contra la BBC

    La BBC confirmó este lunes haber recibido una carta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que advierte sobre posibles «acciones legales» en respuesta a un documental que, según acusa, editó de manera manipulada un discurso suyo relacionado con el asalto al Capitolio ocurrido en 2021.

    “Revisaremos la carta y responderemos directamente a su debido tiempo”, señaló un portavoz de la cadena pública, sin brindar detalles sobre el contenido de la misiva ni sobre la naturaleza exacta de la amenaza legal.

    El presidente de la BBC, Samir Shah, declaró en una entrevista que desconocía la existencia de la carta, pero afirmó que Trump es “un tipo muy contencioso”, y que la cadena está “preparada para cualquier escenario” ante posibles procesos legales.

    La polémica creció luego que el diario The Daily Telegraph filtrara documentos internos de la BBC que evidencian una edición cuestionada del programa Panorama, en la que se alteró el orden de fragmentos de un discurso del presidente Trump, generando la impresión de que incitó directamente al asalto al Capitolio.

    Este escándalo derivó en la renuncia de dos altos ejecutivos de la corporación el domingo pasado: el director general, Tim Davie, y la directora de informativos, Deborah Turness.

    En una carta dirigida al Comité de Cultura, Medios y Deportes del Parlamento británico, Shah reconoció un “error de criterio” en la edición del reportaje y ofreció disculpas, confirmando además que la cadena ha recibido más de 500 quejas al respecto. “El propósito de editar el clip era transmitir el mensaje del discurso del presidente Trump para que la audiencia de Panorama pudiera comprender mejor cómo había sido recibido por los partidarios del presidente Trump y lo que estaba sucediendo en ese momento”, justificó.

    No es la primera vez que Trump enfrenta judicialmente a medios de comunicación. En el pasado demandó a ABC News, con quienes alcanzó un acuerdo millonario por acusaciones falsas. También resolvió extrajudicialmente con CBS News por la difusión de una entrevista a Kamala Harris, y mantiene litigios abiertos con The New York Times, The Wall Street Journal y la agencia Associated Press.

  • La directiva que ayer dimitió de la BBC niega «un sesgo institucional» en la cadena

    La directiva que ayer dimitió de la BBC niega «un sesgo institucional» en la cadena

    La ya exdirectora de informativos de la BBC, Deborah Turness, negó este lunes que la cadena pública británica tenga «un sesgo institucional» y defendió su papel como «el proveedor de noticias más fiable del mundo», horas después de dimitir junto al director general por varias polémicas que ponen en duda la neutralidad de la cadena.

    «Renuncié durante el fin de semana porque la responsabilidad recae sobre mí. Pero quiero dejar algo muy claro: BBC News no tiene un sesgo institucional. Por eso es el proveedor de noticias más confiable del mundo», dijo a su llegada a las oficinas centrales de la BBC.

    Turness abandonó su cargo junto al director general de la corporación, Tim Davie, la pasada noche después de que se avivaran las críticas sobre el enfoque de algunas de sus coberturas, como la guerra de Gaza, pero sobre todo por un documental cuya edición sugería que Donald Trump había incitado directamente los disturbios en el Capitolio estadounidense en 2021.

    La que fuera hasta ayer máxima responsable de los informativos, que llegó visiblemente emocionada a la sede central de la emisora, sostuvo que los periodistas de la BBC «por supuesto que no son corruptos» y agregó que son «personas trabajadoras que se esfuerzan por la imparcialidad», por lo que aseguró que defenderá su labor periodística.

    También manifestó que pertenecer a la corporación pública ha sido «un privilegio» en su carrera, así como trabajar con «un brillante equipo de periodistas» antes de despedirse de su equipo editorial, que le ofreció «una gran ovación», según informaron periodistas de la BBC presentes en el lugar.

    La presión sobre la cadena pública, que siempre está en el punto de mira por un supuesto sesgo progresista, aumentó después de que el periódico ‘The Daily Telegraph’ publicara el martes unos documentos internos que indicaban que ‘Panorama’ pudo manipular a la audiencia al editar de manera interesada un discurso de Trump, de modo que parecía que alentaba directamente el asalto al Capitolio en Estados Unidos.

    La BBC había sido criticada además, anteriormente, por otras coberturas, por ejemplo por la emisión de un documental sobre Gaza del que después se supo que el narrador era hijo de un miembro de Hamás y por su difusión durante el festival de Glastonbury de un concierto del dúo Bob Vylan en el que pidieron la muerte de los soldados de las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF).

  • Primera ministra de Japón advierte que ataque a Taiwán activaría respuesta militar

    Primera ministra de Japón advierte que ataque a Taiwán activaría respuesta militar

    La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, aseguró este lunes que una ofensiva militar china contra Taiwán colocaría a su país en una “situación de crisis” y podría justificar la intervención de sus Fuerzas de Autodefensa, en virtud del principio de autodefensa colectiva que contempla su legislación. Las declaraciones surgen tras recientes críticas del Gobierno chino por una reunión entre Takaichi y un alto funcionario taiwanés.

    Durante una sesión extraordinaria en la Cámara Baja del Parlamento japonés, Takaichi reafirmó su postura ante una posible escalada en el estrecho de Taiwán. “Dije el otro día que podría recurrir a la fuerza según la situación, pero el Gobierno tomará la decisión analizando todos los factores”, expresó en respuesta a preguntas parlamentarias sobre una hipotética intervención militar china.

    La mandataria advirtió que el “peor escenario posible” incluiría un bloqueo marítimo por parte de navíos de guerra chinos, lo que afectaría directamente la estabilidad y seguridad de Japón. En ese contexto, un ataque a Taiwán podría desencadenar una respuesta directa bajo el amparo de las reformas legales que amplían el alcance del concepto de autodefensa colectiva.

    Dichas reformas permiten a las Fuerzas de Autodefensa de Japón actuar en escenarios donde la supervivencia del país esté comprometida, a pesar de que su Constitución pacifista prohíbe la guerra como herramienta para resolver disputas internacionales. Las enmiendas se aprobaron para atender amenazas regionales crecientes en Asia-Pacífico.

    El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, reforzó esa posición al señalar que “la paz y la estabilidad de Taiwán es importante para la seguridad de Japón y de la comunidad internacional”.

    También afirmó que la postura de Tokio “ha cambiado”, lo cual evidencia un viraje en la política exterior japonesa hacia una mayor firmeza frente a China.

    Las declaraciones de Takaichi surgen luego de que el Ministerio de Asuntos Exteriores chino condenara su reunión con el exviceprimer ministro y actual asesor presidencial de Taiwán, Lin Hsin-i, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en Corea del Sur.

    A pesar de haber reconocido a la República Popular China como el único gobierno legítimo desde 1972, Japón ha mantenido lazos no oficiales con Taiwán, respaldados por intereses económicos y de seguridad compartidos. En su momento, el fallecido primer ministro Shinzo Abe también advirtió que una invasión china a Taiwán requeriría una reacción por parte de Japón, en línea con sus alianzas internacionales.

    China considera a Taiwán una provincia rebelde desde 1949 y no ha descartado el uso de la fuerza para su reunificación. Por su parte, las autoridades taiwanesas sostienen que la isla mantiene una soberanía propia y que “la República de China y la República Popular China no están subordinadas entre sí”, según su posición oficial.

     

  • Se cumple un mes del alto el fuego entre Israel y Hamás: rehenes, ataques e incertidumbre

    Se cumple un mes del alto el fuego entre Israel y Hamás: rehenes, ataques e incertidumbre

    Este lunes se cumple un mes de la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás tras dos años de guerra, impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y que aún se encuentra en una frágil primera fase marcada por el retorno de la mayoría de los rehenes, los continuos ataques israelíes en la Franja y la incertidumbre sobre los siguientes pasos.

    El regreso de los rehenes

    Hamás liberó el 13 de octubre a los últimos 20 rehenes con vida que permanecían en Gaza, todos ellos hombres. La liberación se realizó a cambio de unos 2.000 prisioneros y detenidos palestinos.

    Los secuestrados regresaron con distintos estados de salud física y psicológica, y retornaron a sus hogares de forma paulatina a medida que recibieron el alta hospitalaria.

    Hamás ha ido entregando 24 cuerpos de los 28 rehenes muertos que quedaban en Gaza. El grupo islamista argumenta dificultades logísticas para localizarlos entre los escombros, mientras que Israel le acusa de retrasar deliberadamente su entrega para aplazar el diálogo sobre su desarme, previsto para la segunda fase del pacto.

    A cambio de la devolución de los rehenes muertos, Israel ha retornado a Gaza los cadáveres sin identificar de 300 palestinos. Las familias gazatíes han sido capaces de identificar solo a 89, ante la falta de recursos y equipos forenses debido al bloqueo israelí.
    242 muertos y 619 heridos en Gaza

    Un mes después, el Ejército israelí se ha retirado en Gaza a la conocida como ‘línea amarilla’, controlando ahora más de la mitad de la Franja.

    Continúa abriendo fuego contra civiles que se aproximan a sus puestos. Desde el 10 de octubre, 242 palestinos han muerto por disparos israelíes y 619 han resultado heridos, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

    Durante la tregua, se han recuperado 528 cuerpos entre los escombros, de los alrededor de 10.000 que se estiman desaparecidos.

    Ayuda humanitaria insuficiente

    La entrada de ayuda sigue siendo insuficiente. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en un mes de tregua solo han ingresado 5.420 tiendas de campaña, muy por debajo de las 190.000 previstas en el acuerdo.

    Los organismos internacionales calculan que Gaza necesita entre 500 y 600 camiones diarios para abastecer a su población, pero las restricciones israelíes reducen esa cifra a una fracción.

    El Ejército cataloga muchos materiales como «de uso dual» (o potencialmente militar), lo que bloquea la entrada de vehículos, repuestos, paneles solares, letrinas móviles, máquinas de rayos X y generadores eléctricos.

    Una frágil tregua

    En su primer mes, la tregua pasó por dos jornadas en la que se temió su ruptura definitiva, el 19 y el 28 de octubre.

    En ambos casos, Israel denunció que militantes de Hamás habían atacado a sus tropas en zonas de Gaza controladas por sus fuerzas, causando un total de tres soldados muertos, unas acusaciones de las que se desvinculó el grupo islamista afirmando que no tenía contacto con sus efectivos en esas áreas.

    Como represalia, el Ejército israelí lanzó una oleada de ataques en ambos días que mataron a alrededor de 150 personas, y luego anunció que volvía a instaurar el alto el fuego.

    Violencia en Cisjordania

    Mientras tanto, Cisjordania vive un repunte de la violencia de colonos y tropas israelíes durante la temporada de recogida de aceituna, considerada la más violenta de los últimos cinco años.

    Solo en octubre se registraron 1.584 agresiones del Ejército israelí en la Cisjordania ocupada. La ONU documentó 536 ataques de colonos en ese mes -la cifra más alta desde que inició sus registros en 2013-, incluyendo ataques físicos, quema de campos, destrucción de olivos y restricciones de acceso a los olivares.

    Paralelamente, Israel ha licitado este año la construcción de 5.667 viviendas en asentamientos ilegales, un incremento del 48 % respecto al récord anterior, de 2018, que supondría añadir unos 25.000 nuevos colonos a Cisjordania ocupada.

    Segunda fase del plan supervisada por EE.UU.

    Mientras no se entreguen todos los rehenes muertos, la tregua continúa en su primera fase. La segunda prevé la desmilitarización de Gaza, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y un programa de reconstrucción con apoyo de países musulmanes.

    Para coordinarlo, se ha establecido un Centro Cívico Militar Conjunto (CMCC) en el sur de Israel, donde operan unos 200 militares estadounidenses. Según el acuerdo, Gaza será gobernada de manera temporal por un «comité transicional tecnocrático, apolítico y palestino».

    Además del propio Trump, que visitó Israel el día de la liberación de los rehenes vivos, varios representantes del Gobierno estadounidense han viajado a la región para supervisar el cumplimiento del acuerdo, entre ellos el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

    Cabe destacar que el Parlamento israelí votó solamente a favor de la primera fase del plan, por lo que se anticipan nuevas negociaciones para concretar la retirada militar y los plazos de aplicación de las siguientes etapas.

  • El nuevo presidente boliviano encabeza caravana que busca frenar la escasez de combustibles que lleva meses

    El nuevo presidente boliviano encabeza caravana que busca frenar la escasez de combustibles que lleva meses

    El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, lideró el domingo una caravana de camiones cisterna cargados con gasolina y diésel, con el objetivo de estabilizar el mercado interno y poner fin a la escasez de combustibles que afecta al país desde hace varios meses.

    La movilización partió desde el sector de la Apacheta, en las afueras de El Alto, ciudad vecina de La Paz. Paz recorrió el trayecto en la parte trasera de una patrulla de la Policía Boliviana, acompañado de varios de sus ministros del área económica, dirigiendo la columna de cisternas que portaban banderas nacionales y hacían sonar sus bocinas en señal de victoria.

    A su paso, algunos vecinos salieron de sus casas sorprendidos para observar el convoy y saludar al mandatario, quien declaró al canal estatal Bolivia TV que ya se ha nombrado una nueva administración al frente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con el fin de mejorar la logística de distribución.

    “Que se acaben las malditas filas, se estabilice el país, esto es lo que hay que hacer con prontitud”, expresó Paz al justificar la acción de su Gobierno, en medio de una crisis de abastecimiento que ha impactado en el precio de los alimentos y otros bienes de consumo.

    Como parte del operativo, el presidente protagonizó un acto simbólico al retirar una barrera metálica de tránsito junto a sus ministros, en señal de ruptura con lo que denominó “Estado tranca”, haciendo referencia a la burocracia que, según dijo, impide el desarrollo del país.

    Según el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, la llegada de los combustibles es resultado de gestiones diplomáticas previas realizadas por Paz, incluso antes de asumir oficialmente la presidencia.

    “Queremos incrementar la oferta en un 40 % respecto a lo que se tenía antes. La idea es estabilizar el mercado”, aseguró el funcionario.

    La escasez de gasolina y diésel ha sido uno de los principales problemas de Bolivia en los últimos meses, generada por la falta de divisas, la caída de las reservas internacionales netas y el declive en la producción de gas natural, tras el agotamiento de varios pozos tradicionales.

    Paz asumió la presidencia el sábado como el mandatario número 74 en la historia del país. En su primer discurso, reconoció la gravedad del panorama nacional: “el país está devastado”, dijo, describiendo una economía quebrada y “un Estado paralizado, un monstruo burocrático incapaz de servir al pueblo”.

    Entre las principales apuestas del nuevo gobierno está la apertura económica, la atracción de inversión extranjera y la reanudación de relaciones diplomáticas con Estados Unidos a nivel de embajadores, rotas desde 2008 durante el mandato de Evo Morales.

     

  • Senado de EE.UU. logra acuerdo para terminar cierre del Gobierno federal

    Senado de EE.UU. logra acuerdo para terminar cierre del Gobierno federal

    Los senadores encargados del presupuesto en Estados Unidos alcanzaron el domingo un acuerdo para desbloquear el cierre parcial del gobierno federal, el más largo en la historia del país, que ya suma 40 días. El nuevo pacto contempla la financiación de varias agencias clave y permitirá avanzar hacia la reapertura total del aparato gubernamental.

    La propuesta fue presentada a través de un paquete de tres proyectos de ley que buscan financiar de forma prolongada los departamentos de Agricultura, Asuntos de Veteranos y otras dependencias federales, extendiendo sus recursos hasta el 30 de enero. Además, el acuerdo incluye una prórroga ampliada del gasto gubernamental y el pago retroactivo de salarios para unos 650,000 empleados públicos afectados por la suspensión.

    La estrategia legislativa consiste en avanzar con la resolución de continuidad aprobada previamente por la Cámara de Representantes, pero enmendada en el Senado para incorporar este paquete presupuestario. Sin embargo, su implementación aún tomará varios días, ya que el documento deberá volver a la Cámara Baja y luego ser enviado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para su aprobación final.

    “El acuerdo permitirá poner fin al cierre del gobierno federal más largo de la historia de Estados Unidos”, explicó uno de los negociadores, bajo anonimato. No obstante, advirtió que “no será de forma inmediata” debido al proceso legislativo pendiente.

    El marco del acuerdo fue negociado entre senadores demócratas como Angus King, Jeanne Shaheen y Maggie Hassan, junto a líderes republicanos, incluidos miembros del Comité de Asignaciones y el propio líder de la mayoría en el Senado, John Thune. También se contó con la participación de la Casa Blanca.

    Entre las medidas más urgentes, el pacto permitiría el reintegro de empleados suspendidos sin goce de sueldo, muchos de los cuales han tenido que recurrir a bancos de alimentos o solicitar préstamos de emergencia. Otros han seguido trabajando sin recibir su salario, afectando gravemente su economía familiar.

    El cierre del gobierno provocó también el cierre de servicios esenciales, la interrupción de beneficios como los cupones de alimentos para familias vulnerables, y generó caos en los aeropuertos por la falta de personal de seguridad y controladores aéreos.

    Se espera que en los próximos días, el Congreso pueda avanzar en la aprobación del paquete enmendado y que el presidente Donald Trump estampe su firma para restaurar el funcionamiento total del gobierno y aliviar el impacto que ha afectado a millones de ciudadanos en todo el país.

     

  • Gobierno confirma la muerte de 27 presos por ahorcamiento en una cárcel del sur de Ecuador

    Gobierno confirma la muerte de 27 presos por ahorcamiento en una cárcel del sur de Ecuador

    Un total de 27 presos murieron tras ser ahorcados la tarde de este domingo en una cárcel de Machala, en la provincia ecuatoriana de El Oro, fronteriza con Perú, confirmó el gubernamental Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (Snai).

    En un comunicado apuntó que «entre ellos (los reos) cometieron asfixia, lo que produjo muerte inmediata por suspensión».

    En la madrugada, en esa misma cárcel murieron otros cuatro reos y 33 resultaron heridos, así como un agente policial, informó el Snai que, sin más detalles, atribuyó ese hecho a la «reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad».

    La entidad encargada de las cárceles había informado en la mañana que en el suceso de la madrugada habían muerto cinco reos, pero luego rectificó.

    Crisis de violencia

    El pasado 1 de noviembre doce personas fueron halladas sin vida en tres cárceles de Ecuador, según confirmó entonces el Snai.

    Seis hombres fueron encontrados en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa de Ecuador, ubicada en la ciudad costera de Guayaquil; otros cuatro en la cárcel de Turi, de la andina Cuenca, y otros dos en la prisión de Esmeraldas, al norte del país.

    En el caso de los presos de la Penitenciaría, el SNAI señaló que fueron «muertes naturales».

    Los reos habrían fallecido por tuberculosis, según el Ministerio del Interior.

    Con respecto a las muertes en los otros dos centros, medios locales señalaron que, de acuerdo con reportes policiales, algunos de los cuerpos tenían heridas provocadas por armas de fuego, otros por armas blancas y otros tenían hematomas.

    Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

    Algunas prisiones están militarizadas y otras bajo control de la Policía Nacional, en el marco del «conflicto armado interno» que el presidente Daniel Noboa declaró en 2024 para luchar contra las bandas delictivas, a quienes se les atribuye la escalada de violencia que ha llevado al país a estar a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

    Una situación que se ha agudizado en 2025, ya que en el primer semestre de este año Ecuador registró 4.619 homicidios, un 47 % más que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143.

  • Senadores republicanos y demócratas alcanzan acuerdo para reabrir gobierno federal: medios

    Senadores republicanos y demócratas alcanzan acuerdo para reabrir gobierno federal: medios

    Un grupo de senadores demócratas y republicanos llegaron este domingo a un acuerdo que permitirá poner fin al cierre del gobierno federal más largo de la historia de Estados Unidos, según fuentes consultadas por varios medios estadounidenses.

    El acuerdo preliminar fue negociado por los senadores demócratas Angus King, Jeanne Shaheen y Maggie Hassan y varios senadores republicanos, informó Politico.

    De acuerdo con Bloomberg, el acuerdo permitirá que el Congreso apruebe los fondos presupuestados para los departamentos de Agricultura, Asuntos de Veteranos y otras agencias hasta el 30 de enero, al tiempo que posibilitará pagar los sueldos de los alrededor de 650.000 funcionarios puestos en suspensión salarial y reintegrar a algunos funcionarios que fueron suspendidos del empleo.

    Según Fox News, los senadores comenzarán las votaciones esta misma noche de domingo, aunque la Cámara de Representantes tendrá que reunirse para oficializar el fin del cierre del gobierno federal más lago de la historia de Estados Unidos, de 40 días, por la falta de acuerdo para extender el presupuesto estadounidense.

    Como parte del acuerdo, el representante de la mayoría republicana del Senado, John Thune, prometió a los demócratas votar en diciembre una extensión de los subsidios para la Ley de Cuidado Asequible, conocida como Obamacare, que expiran al final del año y que se habían convertido en el gran obstáculo para el acuerdo.

    «Parece que estamos más cerca de un acuerdo para poner fin al cierre», indicó esta noche el presidente estadounidense, Donald Trump, tras su regreso a la Casa Blanca desde Mar-a-Lago (Florida).

    Este cierre del gobierno federal ha durado un récord de 40 días y provocado la suspensión del sueldo para varios cientos de miles de funcionarios federales, el cierre de servicios básicos, el impago de cupones de alimentos para los más pobres y largos retrasos en aeropuertos y el tráfico aéreo por la escasez de controladores o miembros de la seguridad aeroportuaria.

    Ante la falta de salarios, muchos funcionarios se han visto obligados a recurrir a donaciones de comida o préstamos de emergencia mientras un gran número seguía trabajando sin recibir su nómina.

  • Más de dos mil vuelos cancelados en EE.UU. en un día por el cierre del Gobierno

    Más de dos mil vuelos cancelados en EE.UU. en un día por el cierre del Gobierno

    Más de 2,200 vuelos fueron cancelados este domingo en Estados Unidos debido a la escasez de controladores aéreos causada por el prolongado cierre del Gobierno federal, que este día alcanzó los 40 días de duración.

    Según el portal especializado FlightAware, hasta la noche del domingo se reportaban 2,225 vuelos cancelados y al menos 7,522 con retrasos, en una jornada marcada por la crisis operativa en los principales aeropuertos del país.

    Los terminales más afectados fueron los de Atlanta, Newark, LaGuardia y el Aeropuerto Internacional de Chicago. Las aerolíneas con mayor número de incidentes fueron Delta, SkyWest, Republic y American Airlines.

    La cadena CNN informó que al menos quince centros de control de tráfico aéreo en todo el país confirmaron una disminución significativa de personal, principalmente en regiones clave como Nueva York, Washington D.C., Atlanta, Nashville, Dallas y Chicago.

    Ante esta situación, el Departamento de Transporte ordenó una reducción del 10 % en el tráfico aéreo a nivel nacional, con la advertencia de que esta cifra podría elevarse al 20 % si no se logra una solución antes de la próxima semana, especialmente con la cercanía del fin de semana de Acción de Gracias, una de las fechas con mayor movilidad aérea del año.

    El secretario de Transportes, Sean Duffy, advirtió este domingo que “la situación puede empeorar” si no se restablecen los fondos para el pago del personal. Según Duffy, el número de controladores que se reportan de baja continúa en aumento, superando ya los 2,000, a pesar de ser trabajadores esenciales llamados a laborar sin recibir su salario durante el cierre.

    Además, señaló que el próximo martes está programado un nuevo pago que no podrá realizarse si el Congreso no pone fin al cierre gubernamental. El Senado ha mantenido sesiones durante todo el fin de semana en un intento por llegar a un acuerdo que desbloquee los fondos federales.

    Este episodio representa el cierre más largo en la historia del país y ya ha generado un impacto directo en la movilidad aérea nacional, afectando a miles de pasajeros y alterando las operaciones en los principales centros de conexión aérea.

  • Niña colombiana muere en naufragio de migrantes en costas de Panamá

    Niña colombiana muere en naufragio de migrantes en costas de Panamá

    Una niña colombiana de 3 años falleció el domingo tras el naufragio de una embarcación que transportaba migrantes en la zona costera de Miramar, en Santa Isabel, provincia de Colón, al norte de Panamá, informaron las autoridades este jueves.

    De acuerdo con el comunicado oficial del gobierno panameño, liderado por el presidente José Raúl Mulino, la menor murió pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) que se le practicaron tras el accidente. “Lamentamos profundamente la pérdida de esta vida humana”, expresó el Ejecutivo en la nota.

    La embarcación, que llevaba a bordo 18 adultos y 3 menores, fue auxiliada de inmediato por una lancha privada que se encontraba cerca del sitio del naufragio. Posteriormente, unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) se sumaron a las labores de rescate y brindaron atención médica a los sobrevivientes.

    Según la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el bote era operado por un ciudadano colombiano y no estaba autorizado para el transporte de personas, ya que contaba con registro para realizar únicamente pesca artesanal. Además, zarpó desde un muelle costero no autorizado, lo que constituye una grave infracción a las normativas marítimas panameñas.

    Aunque el comunicado oficial no detalla las nacionalidades de todos los ocupantes, medios locales señalaron que la mayoría de los migrantes eran de origen venezolano.

    Desde la llegada al poder del presidente José Raúl Mulino, el 1 de julio de 2024, en conjunto con las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, implementadas desde el 20 de enero, se ha registrado una fuerte reducción en el flujo migratorio que atravesaba Panamá hacia el norte.

    Entre las medidas adoptadas destacan el cierre de rutas ilegales en la selva del Darién y vuelos financiados por Estados Unidos para deportar migrantes. El Memorando de Entendimiento Migratorio firmado entre ambos gobiernos ha permitido que EE.UU. destine $14 millones —$7 millones en 2024 y otros $7 millones en 2025— para apoyar las deportaciones.

    Gracias a este acuerdo, al menos 2,736 personas han sido deportadas o expulsadas desde octubre, según datos proporcionados por el ministro de Seguridad, Frank Ábrego. Ahora, el flujo migratorio ha cambiado de dirección, siendo de sur a norte en menor escala, y muchos migrantes optan por viajar en bote desde costas panameñas hacia la frontera con Colombia, evitando el peligroso cruce por la selva del Darién.