Las protestas en Ecuador contra el presidente Daniel Noboa cumplen un mes desde que se inició el pasado 22 de septiembre, sin un acercamiento entre el Gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que mantiene bloqueos de carreteras en la provincia de Imbabura, epicentro del conflicto iniciado por el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y al que han sumado otras demandas con el paso de las semanas.
Noboa ha expresado su rechazo a sentarse a conversar con los dirigentes de la Conaie, la mayor organización social del país, que convocó a un «paro nacional indefinido» que solo se ha secundado parcialmente en algunas provincias andinas, con Imbabura como el núcleo principal.
De acuerdo a reportes de organizaciones de derechos humanos, se registran cerca de 300 heridos y unos 118 detenciones, entre ellos doce enviados a prisión preventiva bajo imputaciones de terrorismo, que fueron capturados el 22 de septiembre luego de un ataque a un cuartel de Policía en Otavalo (Imbabura), donde quemaron diez vehículos.
Aunque el detonante de las protestas fue la eliminación del subsidio al diésel, decretada por Noboa el 12 de septiembre, lo que elevó en su momento el precio del combustible de 1,80 a unos 2,80 dólares el galón (3,78 litros), luego la Conaie pidió bajar tres puntos del impuesto al valor agregado (IVA) hasta el 12 % y la liberación de los detenidos en las manifestaciones.
Asimismo, la Conaie agregó en las protestas su rechazo al referéndum convocado por Noboa el próximo 16 de noviembre, en el que, entre otras reformas, se votará si se instala una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución vigente desde el mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017), lo que ha llevado al Gobierno a señalar a la protesta como «política».
La más reciente petición de la Conaie tiene que ver con el aumento de 470 a 650 dólares el salario básico.
Diálogo en punto muerto
Tras una tregua parcial fallida la semana pasada, el diálogo entró en un punto muerto cuando el domingo el Gobierno dio por cerrado el diálogo que mantenía con algunas organizaciones indígenas de Imbabura, cuyas comunidades rechazaron los acuerdos alcanzados y optaron por seguir las protestas en lugar de sentarse a dialogar sin acciones concretas por parte del Ejecutivo.
«Pidieron un diálogo y estuvimos en el diálogo como Gobierno. Llegamos a acuerdos que hemos cumplido y que ellos no. Ellos se encargaron de cerrar la puerta a este diálogo», señaló el ministro del Interior, John Reimberg, quien el lunes apuntó que «a partir de ahora cualquier cosa que pase será responsabilidad de ellos».
Para la Conaie, esas palabras del ministro son «una amenaza abierta y un intento de justificar la represión».
Acusaciones mutuas
La Conaie sostiene que su protesta es por el bien de todos los ecuatorianos y cree que el Gobierno intenta dividir al movimiento indígena al seguir entregando los bonos e incentivos que el Ejecutivo había anunciado que daría directamente a los sectores más vulnerables o a los afectados por la eliminación del subsidio al diésel, como el del transporte.
Para la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, el paro es «una herramienta» de ciertos sectores indígenas «para hacer su plataforma política» y para, supuestamente, desestabilizar a Ecuador.
Y mientras el Gobierno y la Conaie mantienen sus posiciones, crecen los llamados de comerciantes, sector turístico y de ciudadanos para que se abra el diálogo pues las pérdidas en Imbabura se cuentan por millones mientras la provincia está sitiada.
Camino a las urnas
El paro, concentrado en Imbabura, y que ha registrado esporádicas protestas en otras cuatro de las 24 provincias de Ecuador, se mantiene mientras avanzan los preparativos para que los ecuatorianos se pronuncien en las urnas sobre -entre otros temas- la posible instalación de una Asamblea Constituyente y que se establezcan bases militares extranjeras para reforzar la lucha contra el crimen.
La Conaie sostiene que hará campaña por el «No», y es aún incierta la repercusión de las protestas en el resultado del proceso electoral, aunque Rovira no teme afectaciones.
«No creo que esté afectando la imagen presidencial, esto lo que está afectando, es la imagen de aquellos grupos que están activos en este paro y aquellos otros que están a las espaldas», dijo la ministra.
