Categoría: El Mundo

Pablo Morales no tiene nada contra Donald Trump, y no le preocupó escuchar al presidente de Estados Unidos amenazar con deportaciones masivas, porque él, inmigrante cubano, pensó que sólo afectaría a quienes hubiesen cometido algún crimen.

Pero los oficiales de inmigración detuvieron a su hijo Luis, un camionero sin cuentas pendientes ante la ley y que residía legalmente en Estados Unidos.

Los dos hombres visitaban amigos en Denver, Colorado, cuando los interceptó una redada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su siglas en inglés).

Cuando los agentes les tocaron la puerta, ellos les mostraron sus papeles pensando que no tenían nada que temer, hasta que Luis fue esposado y trasladado a un centro de detención.

«Él tiene todos sus papeles, todo, su permiso de trabajo, todo. Pero por no tener una fecha de (audiencia en la) corte ellos lo arrestan, y se lo llevaron», dijo Pablo Morales a AFP mostrando los documentos.

Luis completó su pedido por residencia en 2023, pero los oficiales le dijeron a su padre que no tenía una audiencia agendada para su aplicación.

El problema recae, según Pablo Morales, en el atraso que presenta el sistema de inmigración estadounidense, donde los casos se arrastran durante meses o años debido a la falta de jueces.

Su hijo ha vivido en Nueva York durante casi cuatro años y está casado con una estadounidense.

«No es ningún criminal», insiste su padre.

«Él es un muchacho que por ahí es trabajador como yo, vinimos a este país, vinimos a luchar, a trabajar», agregó el extrabajador de un casino de Las Vegas.

ICE no respondió a los pedidos de información sobre el caso hechos por AFP.

El ICE dijo en sus redes sociales que realizó varias redadas en Aurora, un suburbio de Denver, el 5 de febrero.

«Más de cien miembros de la violenta organización venezolana Tren de Aragua eran blanco de arresto y detención de ICE hoy en Aurora, Colorado».

De acuerdo con un reportaje de Fox News, unas treinta personas fueron detenidas, de las cuales sólo una tenía vínculos con la banda.

«Eso es lo que yo no entiendo», dijo Morales. «Andan buscando venezolanos que son de la pandilla criminal».

«Y si él es cubano y él le enseña todos sus documentos, no sé por qué el motivo de venir a llevárselo».

Medios locales informaron que una persona en busca de asilo también fue detenida en esa redada.

«Momentos para la foto»

Trump regresó a la Casa Blanca apoyado por la ola de sentimiento anti-inmigración que avanza en Estados Unidos.

Prometió llevar a cabo «la mayor operación de deportaciones de la historia».

Sin embargo, las estadísticas demuestran que ICE deportó menos personas en febrero, el primer mes completo de la administración de Trump, que su predecesor Joe Biden en el mismo período del año pasado, de acuerdo con informaciones de la cadena NBC.

Pero su despliegue ha sido visible, con aeronaves militares utilizadas para llevar migrantes esposados a países latinoamericanos o al centro de detención en la Bahía de Guantánamo.

Colorado sabe que está en la mira.

Su capital, Denver, es una ciudad santuario, en donde las autoridades del partido Demócrata limitan la cooperación de las fuerzas del orden locales con la policía de inmigración, que pertenece a la esfera federal.

Y Aurora ha sido caracterizada por Trump como el símbolo de un «Estados Unidos invadido», gracias a un video en el que se ve a hombres armados entrando en un apartamento allí.

Autoridades locales, incluyendo a las republicanos, afirman que el crimen ha disminuido en Aurora durante los últimos dos años.

El mes pasado las redadas fueron meros «momentos para la foto», dijo Laura Lunn, una abogada de inmigración.

«Creo que el foco en Aurora fue una historia prefabricada. Están tratando de resolver un problema que nunca existió», dijo Lunn, miembro de la Red de Apoyo al Inmigrante Rocky Mountain.

«La retórica que el gobierno usa, juntando inmigración y criminales, realmente hace daño, porque no son la misma cosa».

ICE dice que aunque ellos persiguen criminales, entienden que habrá lo que ellos llaman «arrestos colaterales», refiriéndose a cualquier persona que creen no debería estar en el país.

Durante el primer mes de la presidencia de Trump, la proporción de gente sin antecedentes penales detenida por ICE aumentó de 6 a 16%, de acuerdo con el New York Times.

Lunn dice que nadie está a salvo, incluso quienes esperan por su audiencia con todos los papeles al día.

«Hay gente siendo detenida que hace un mes yo no habría adivinado que lo sería», dijo.

El Senado de Estados Unidos aprobó este viernes un proyecto de ley que endurece las penas cuando los traficantes usen análogos de fentanilo, es decir sustancias con estructuras químicas similares con las que intentan burlar las normas.

Estados Unidos vive una crisis sanitaria con más de 100,000 muertos al año por sobredosis, en su inmensa mayoría por fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina.

El proyecto de ley bipartidista, adoptado por 84 votos a favor y 16 en contra, clasifica de forma permanente «las imitaciones ilícitas de fentanilo» en la lista 1, integrada por drogas sin uso médico actualmente aceptado y con un alto potencial de abuso.

Ya se encontraban en este nivel desde 2018, pero de forma temporal.

El texto preserva el estatus de lista 2 para el fentanilo aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para fines médicos legítimos.

Los congresistas intentan colmar lagunas tras darse cuenta de que los cárteles cambian la composición de los análogos del fentanilo a medida que son declarados ilegales.

El proyecto de ley no crea penas mínimas obligatorias pero el tráfico de análogos pasará a ser sancionado al mismo nivel que el fentanilo ilícito, con lo cual en la práctica las eleva.

También revisa las políticas de investigación de las sustancias de la lista 1.

Sus detractores alegan que no aborda las raíces de la crisis.

«Empeorará las cosas», estimó el senador demócrata Cory Booker, en un comunicado.

«Crea una clasificación general de todas las sustancias relacionadas con el fentanilo», incluidas aquellas «sin evaluar farmacológicamente», cuando «algunos análogos del fentanilo pueden tener potencial como antídotos para las sobredosis de opioides u otros tratamientos médicos», afirmó.

Además, señaló que «toma prestada una página del libro de jugadas de la guerra contra las drogas que introdujo sentencias mínimas obligatorias excesivas bajo la errónea noción que dar a más personas sentencias de prisión severas» sería útil. Y agregó: «Sabemos que este enfoque simplemente no funciona».

La senadora republicana Shelley Moore Capito disiente.

La Ley «ayudará a equipar a las fuerzas del orden con los recursos necesarios para reprimir a los traficantes y mantener estas sustancias mortales fuera de las calles de una vez por todas», opinó en otro comunicado.

El presidente Donald Trump ha convertido la lucha contra el fentanilo en una de sus prioridades y acusa a Canadá y México de no hacer lo suficiente para combatirlo.

El republicano impuso aranceles del 25% a los productos exportados por sus vecinos, pero acordó pausarlos hasta el 2 de abril. Y aplicó el 20% de tarifas aduaneras a los bienes de China, de donde asegura que proceden las sustancias con las que, según Washington, los cárteles de la droga mexicanos elaboran fentanilo.

El albañil Maoro ha vivido casi cuatro décadas en Colorado sin problemas. Pero este último mes ha evitado salir de casa, temeroso de que oficiales de migración lo detengan y lo deporten porque no tiene documentos para residir en Estados Unidos.

«Es peor que una cárcel», dijo a AFP en su casa, en la ciudad de Aurora, foco de la retórica anti-inmigración de Donald Trump durante su campaña presidencial el año pasado.

«Ya me siento enfermo de que no puedo salir a trabajar», añadió este hombre de 59 años que no ha podido pagar el alquiler y depende ahora de su hija, quien sí es ciudadana estadounidense.

Maoro asegura que nunca tuvo tanto miedo como ahora, viviendo bajo una administración republicana que prometió deportaciones masivas de inmigrantes sin documentos de residencia en Estados Unidos.

Así es que cuando tres uniformados golpearon su puerta recientemente, el mexicano, que se identificó a la AFP con un seudónimo, al igual que otros entrevistados, siguió el consejo de activistas pro-inmigración y no les abrió.

Su temor es un sentimiento compartido en Aurora, el suburbio de Denver en el que viven personas de un centenar de diferentes nacionalidades, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales.

Iglesias y mezquitas se han vaciado, al igual que los puntos de la ciudad en los que los jornaleros esperaban por ofertas de trabajo a destajo. Un centro comercial, repletos de restaurantes latinos, dice que en febrero hubo 10.000 clientes menos que en años anteriores.

Oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), fuertemente armados, realizaron redadas en Denver y Aurora el 5 de febrero, y arrestaron a varias personas.

«Operación Aurora»

La ciudad de Aurora entró en el debate nacional sobre inmigración el año pasado, cuando se viralizaron videos en los que se veían a hombres armados, hablando en español, que irrumpían en un apartamento.

Trump, entonces candidato a la presidencia, usó los clips para decir que la banda venezolana Tren de Aragua había «tomado el control» de Aurora.

Pero el alcalde, republicano, desmintió la versión, y dijo que el video era apenas un incidente aislado ocurrido en un edificio particular administrado por un dueño negligente.

A la par, el Departamento de Policía de Aurora dice haber registrado una disminución del índice de delitos entre 2023 y 2024, comparado con los dos años previos.

Sin embargo, Trump insistió en afirmar que Aurora era el símbolo del Estados Unidos sometido al ataque de peligrosos criminales inmigrantes, y aseguró que de ser electo, deportaría a millones.

Los inmigrantes en Aurora sostienen que fueron usados como chivos expiatorios de los existentes problemas sociales.

«Todo lo que está mal en los Estados Unidos ahora, todo, es Tren de Aragua», ironizó Alexander Jiménez, un venezolano que huyó de su país hace un año. «No puede ser».

Jiménez limita sus salidas, y permanece escondido junto a diez miembros de su familia, todos a la espera de que sus solicitudes de asilo sean procesadas.

Desde las redadas, sus nietos se niegan a ir a la escuela por temor de que la policía llegue para llevarse a sus padres.

«Ven en el televisor que está pasando, que se están llevando a los venezolanos y a todos los que no son de acá, de este país», dijo, al referir que en las redadas de febrero cayeron personas sin antecedentes penales.

En aquel momento, una publicación en redes sociales afirmaba que «más de cien miembros de la violenta banda venezolana Tren de Aragua son blanco de arrestos en Aurora, Colorado, hoy por ICE».

De acuerdo con la televisora Fox News, de las treinta personas arrestadas, sólo una estaba afiliada a la banda.

Contactadas por AFP, las autoridades se negaron a dar detalles sobre los detenidos.

«La búsqueda de criminales por parte de ICE se usa como pretexto para agarrar a inocentes, sin antecedentes penales», dijo Nayda Benítez, de la Coalición de los Derechos de los Inmigrantes en Colorado.

Su organización ofrece asesoría a los migrantes sobre sus derechos legales, en español, árabe e inglés. Allí les explican que no tienen que abrir la puerta si la policía no tiene una orden de búsqueda, que pueden permanecer en silencio y que no tienen que firmar nada.

Estos consejos son muy valiosos para Susana, una mexicana sin documentos que fue deportada en 2017, durante el primer gobierno de Trump, y quien pasó cinco años separada de sus hijos hasta que pudo volver a Colorado.

«Cuando tú descubres que tienes derecho es algo fuerte, porque dices 'si yo hubiera sabido'», comentó la mujer de 47 años, que lamenta haber «hablado mucho» cuando fue interceptada por las autoridades la vez pasada.

«Sabía que había una Constitución», suspira. «Pero no sabía que esa Constitución me protegía a mí como migrante».

Cuba sufre la noche del viernes un nuevo apagón general provocado por una avería en su sistema nacional de electricidad, el cuarto en seis meses, en un país que enfrenta una severa crisis económica.

«Alrededor de las 20:15 horas de esta noche, una avería (…) provocó la perdida importante de generación en el occidente de Cuba y con ello la caída del Sistema Eléctrico Nacional», informó el ministerio de Energía y Minas en su cuenta de la red social X.

Con un desgastado sistema de generación de electricidad, la isla, de 9,7 millones de habitantes, sufrió en el último trimestre del año pasado tres apagones generalizados, dos de ellos de varios días.

Esto ocurre cuando la isla comunista enfrenta una profunda crisis económica, la peor en 30 años, que ha provocado escasez de alimentos, medicinas, combustible y una inflación galopante, en medio del recrudecido embargo económico que aplica Washington al país desde hace seis décadas.

«Ante la inesperada desconexión del sistema eléctrico nacional, ya se trabaja sin descanso para su más pronta recuperación», dijo en X el primer ministro, Manuel Marrero Cruz.

Se trata del primer corte general en 2025, aunque la población enfrenta apagones casi de manera cotidiana de cuatro o cinco horas en gran parte de La Habana, mientras que en provincia estos periodos sin luz se pueden prolongar hasta más de 20 horas.

– «No hay quien viva así»

La oscuridad dominaba en las calles de La Habana. Solo algunos hoteles y negocios privados que tienen plantas permanecieron iluminados, igual que centros estratégicos como hospitales y servicios esenciales.

Angélica Caridad Martínez, una habitante de la ciudad de Camagüey (centro), de 50 años, dijo a la AFP: «Uno vive en un sobresalto, me iba a sentar cuando se fue la luz, ya ni hambre tengo, se me quitó de golpe. Esta situación es insostenible, no hay quien viva así».

«Otro apagón general, es para que a estas alturas esto no pasara, no lo esperaba y me molesta muchísimo y ahora a ver cuándo la ponen», se queja Andrés López, de 67 años, en la provincia de Holguín (este).

Las ocho desgastadas termoeléctricas del país, inauguradas casi todas en las décadas de 1980 y 1990, sufren constantes fallas. Las plantas flotantes rentadas a una empresa de Turquía y los grupos electrógenos (generadores), que complementan el sistema energético nacional, se alimentan del combustible que Cuba importa con grandes dificultades y que muchas veces escasea.

Ante la emergencia, el gobierno cubano trabaja a marchas forzadas en la instalación en 2025 de al menos 55 parques solares de tecnología china, que generarán 1.200 megavatios, y que según las autoridades, permitirán alcanzar un 12% de generación de electricidad con energías renovables.

Para 2030, Cuba planea generar más de 2.000 MW con energía solar, lo que hará que 37% de su electricidad provenga de energías renovables.

Los líderes del cártel de Los Zetas, los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, fueron acusados de narcotráfico, lavado de dinero, «conspiración de asesinato» y uso ilegal de armas al comparecer este viernes ante una corte en Estados Unidos, informó el Departamento de Justicia.

Según documentos judiciales, Miguel Treviño Morales, también conocido como Z-40, de 52 años, y Omar Treviño Morales, alias Z-42, de 48 años, «ascendieron al más alto nivel de liderazgo en Los Zetas, un cártel violento compuesto por exoficiales militares mexicanos que comenzó como un ala militar armada del Cártel del Golfo».

Miguel fue líder de Los Zetas desde octubre de 2012 hasta que fue arrestado por las autoridades mexicanas en 2013. Le sustituyó su hermano Omar hasta su detención en 2015, añade el Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado.

Washington cree que desde la cárcel rebautizaron a Los Zetas como Cártel del Noreste (CDN) y siguieron al frente de la organización.

El CDN «continuó las actividades criminales de tráfico de drogas y actos de violencia de Los Zetas, incluyendo asesinatos, asaltos, secuestros y actos de tortura», apunta.

A finales de febrero, el Departamento de Estado designó al Cártel Del Noreste como una organización terrorista extranjera.

Los acusados fueron objeto de solicitudes de extradición estadounidenses durante mucho tiempo pero no fueron atendidas.

El pasado 27 de febrero formaron parte de los 29 narcos extraditados por México, en medio de fuertes presiones del presidente estadounidense Donald Trump que acusaba a su vecino de no hacer lo suficiente contra la migración ilegal y el narcotráfico.

Trump amenazaba a México con aranceles, que finalmente impuso antes de pausarlos hasta el 2 de abril.

Los hermanos Treviño están acusados de formar parte de una empresa delictiva, de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y mil kilogramos o más de marihuana para ser importados a Estados Unidos, de uso ilegal de armas de fuego y de lavado de dinero internacional.

Dentro de la empresa delictiva «se les acusa de participar en conspiraciones para asesinar a miembros del gobierno mexicano, ciudadanos mexicanos, miembros de cárteles rivales, miembros del gobierno guatemalteco y narcotraficantes guatemaltecos».

Ambos se declararon no culpables, según la prensa que asistió a la audiencia en una corte de Washington, y se exponen a ser condenados a la pena de muerte o cadena perpetua.

«Supervisaron el reinado del terror de Los Zetas con una impunidad y una crueldad grotescas, y un desprecio absoluto por cualquier cosa más allá de su riqueza, poder y control», afirma Michael Alfonso, agente especial interino a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, citado en la nota.

Guatemala extraditó este viernes a Estados Unidos a un guatemalteco acusado de liderar una red de tráfico de personas vinculada a la muerte de 53 migrantes en el remolque de un camión en Texas en 2022.

«Ha concluido con éxito el operativo con fines de extradición» a Estados Unidos de Rigoberto Miranda, dijo a periodistas el director del Sistema Penitenciario, Sergio Vela.

Precisó que Miranda, de 48 años, fue trasladado en una aeronave desde el aeropuerto La Aurora de la capital, requerido por la justicia estadounidense por «cargos relacionados al tráfico de personas».

A su vez, la embajada estadounidense publicó en su cuenta de X que Miranda, «implicado en la muerte de 53 migrantes en Texas (2022), fue extraditado para enfrentar la justicia por contrabando de personas».

Miranda fue subido esposado a la aeronave por agentes estadounidenses.

Está inculpado de ser el «líder» de la banda «Los Orozcos», dedicada «al tráfico de migrantes a Estados Unidos», según el Ministerio del Interior.

Las autoridades guatemaltecas lo capturaron el pasado 21 de agosto en el departamento occidental de San Marcos, fronterizo con México.

Tras su captura, un tribunal penal autorizó el 11 de noviembre su extradición a Estados Unidos que lo acusa de dirigir la organización que ingresó ilegalmente a ese país a los migrantes, quienes fallecieron el 27 de junio de 2022.

Según las autoridades estadounidenses, los 53 migrantes murieron por hipertermia y deshidratación aguda al viajar en un remolque sin ventilación. Del total de pasajeros, solo 11 sobrevivieron.

Cuatro mexicanos han sido detenidos por su presunta participación en la muerte de estas 53 personas provenientes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Cuando los traficantes abrieron el remolque tras un viaje de casi tres horas hasta la ciudad texana de San Antonio, 48 migrantes, incluida una mujer embarazada, estaban muertos. Dieciséis fueron trasladados a hospitales, pero cinco de ellos fallecieron.

Miranda y los otros detenidos por los hechos pueden enfrentar cadena perpetua en Estados Unidos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este viernes la posibilidad de que Estados Unidos actúe militarmente contra cárteles del narcotráfico en territorio mexicano.

Esa opción fue admitida por Ronald Johnson, nominado por el presidente Donald Trump como embajador en México, durante una audiencia el jueves en el Congreso estadounidense para su ratificación.

«No estamos de acuerdo. Él dijo: 'Todo está sobre la mesa'. Pues no, eso no está sobre la mesa, ni sobre la silla, ni sobre el piso, ni sobre ningún lado», declaró la mandataria izquierdista en su habitual conferencia de prensa.

Durante la comparecencia en el Senado, el congresista Chris Coons preguntó a Johnson su opinión sobre la pertinencia de acciones militares contra los cárteles en territorio mexicano sin el conocimiento o el consentimiento del gobierno de México.

«Sé que el presidente Trump se toma muy en serio su responsabilidad de salvaguardar las vidas de los ciudadanos estadounidenses y, si hubiera un caso en que las vidas de los ciudadanos estadounidenses estuvieran en riesgo, creo que todas las cartas están sobre la mesa», respondió el aspirante.

Sin embargo, aclaró: «Nuestro primer deseo sería que eso se hiciera en colaboración con nuestros socios mexicanos».

Las declaraciones de Johnson se producen tres semanas después de que el gobierno de Trump designara como terroristas a ocho grupos criminales latinoamericanos, seis de ellos mexicanos, a los que acusa de introducir fentanilo en Estados Unidos.

En esa oportunidad, Sheinbaum advirtió que aunque era una decisión autónoma de Washington, no debía constituir una «oportunidad (…) para invadir» la «soberanía» mexicana.

Este viernes, la presidenta sostuvo que existe «muy buena coordinación» entre México y Estados Unidos, que comparten una frontera de 3,100 km, debido a la «confianza mutua» y el respeto a la soberanía de cada nación.

Agregó que si Johnson es ratificado por el Senado «habrá buena relación», pero subrayó que «a México se le respeta».

El pasado martes, el Congreso mexicano aprobó una reforma que castiga con cárcel acciones intervencionistas de agentes extranjeros.

En su discurso de la semana pasada ante el Congreso, Trump dijo que había llegado la hora de que «Estados Unidos libre una guerra contra los cárteles» y denunció que el lado mexicano de la frontera «está dominado en su totalidad» por grupos criminales.

El Departamento de Educación de Estados Unidos abrió este viernes una investigación a decenas de universidades por sus programas de diversidad, equidad e inclusión, que, según el presidente Donald Trump, discriminan a estudiantes blancos.

«El Departamento está trabajando para reorientar la aplicación de los derechos civiles y garantizar que todos los estudiantes estén protegidos contra la discriminación ilegal», declaró la secretaria de Educación, Linda McMahon, en un comunicado.

«Los estudiantes deben ser evaluados según sus méritos y logros, no prejuzgados por el color de su piel», añadió.

Las 45 universidades investigadas por «participar presuntamente en prácticas de exclusión racial» incluyen prestigiosas instituciones de la Ivy League como Cornell y Yale, y líderes como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la Universidad de Chicago y la Universidad de California-Berkeley.

El Departamento de Educación afirmó que todas ellas podrían haber violado la Ley de Derechos Civiles de 1964 al asociarse con The PhD Project, una organización sin fines de lucro que ayuda a miembros de grupos minoritarios a obtener títulos de doctorado.

El Departamento de Educación anunció, además, la apertura de una investigación sobre otras siete escuelas por «presuntas becas inadmisibles basadas en la raza y segregación racial».

La dependencia gubernamental envió una carta a las instituciones educativas de todo el país el mes pasado, declarando que «ya no tolerará la discriminación racial, abierta y encubierta, que se ha generalizado en las instituciones educativas de este país».

«La ley es clara: tratar a los estudiantes de manera diferente por motivos de raza para lograr objetivos ambiguos como la diversidad, el equilibrio racial, la justicia social o la equidad es ilegal según la jurisprudencia dominante de la Corte Suprema», declaró.

A principios de esta semana, el Departamento de Educación dijo que estaba analizando la situación de 60 universidades por presuntos casos de «acoso y discriminación antisemita».

El gobierno de Donald Trump recortó 400 millones de dólares en subvenciones federales a la Universidad de Columbia la semana pasada, acusándola de no proteger a los estudiantes judíos del acoso durante las protestas contra la ofensiva israelí en Gaza.

Columbia y otros campus estadounidenses se vieron sacudidos por protestas estudiantiles contra la guerra de Israel en Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Las manifestaciones generaron acusaciones de antisemitismo.

En una de sus primeras medidas tras asumir el cargo, Trump puso fin a los programas de diversidad, equidad e inclusión del gobierno federal que buscan corregir la desigualdad histórica, pero que, según afirma, perjudican a las personas blancas, especialmente a los hombres.

Los obispos hondureños manifestaron este viernes su «indignación» por las anomalías ocurridas durante las elecciones primarias e internas del pasado domingo, pero al mismo tiempo se declararon «admirados» por la determinación del pueblo en su ejercicio democrático.

«Con toda la población, nos sentimos indignados pero a la vez admirados. Indignados con los que muchos califican de boicot a las elecciones, pero sobre todo admirados del pueblo hondureño y su firme convicción democrática», señaló la Conferencia Episcopal en un comunicado.

Los obispos instaron a la justicia a realizar una investigación exhaustiva sobre el retraso en la entrega de las maletas electorales, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las principales ciudades del país. Subrayaron la importancia de deslindar responsabilidades para garantizar la transparencia del proceso electoral.

En un hecho sin precedentes, en la capital hondureña se observó cómo cientos de maletas electorales permanecieron por horas en microbuses del transporte urbano sin resguardo, mientras miles de ciudadanos esperaban en largas filas para votar en centros que abrieron con horas de retraso.

El proceso electoral inició a las 07:00 AM , pero en varios centros de votación el material llegó con más de 12 horas de demora, lo que obligó a extender la jornada hasta el lunes en la madrugada.

Por ley, la distribución y custodia del material electoral está a cargo de las Fuerzas Armadas, en coordinación con el Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, diversos sectores han señalado a los militares como responsables de las fallas en la logística, sin eximir de culpa a los tres consejeros del CNE, representantes de los principales partidos políticos.

Algunas voces acusan directamente al expresidente Manuel Zelaya, coordinador del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), de haber manipulado el proceso. También se señala a la ministra de Defensa, Rixi Moncada, quien además es la virtual candidata presidencial por Libre. Aunque su doble rol es legal, algunos cuestionan la ética de su participación en el proceso

En su comunicado, la Conferencia Episcopal reafirmó que «si esos hechos han supuesto una injusta ofensa a la democracia, esperamos que la explicación de éstos no suponga una ofensa -más grave aún- a la inteligencia del pueblo hondureño».

Los obispos también elogiaron el compromiso de la ciudadanía, calificando a los votantes como «héroes del 9 de marzo» por su paciencia y determinación para sufragar. «Los votantes hondureños se han convertido en ejemplo mundial de un pueblo dispuesto a defender sus derechos constitucionales de manera pacífica, perseverante e inteligente», destacaron.

Finalmente, hicieron un llamado a que las elecciones generales del 30 de noviembre se desarrollen en paz y transparencia, exhortando a los organismos responsables a actuar con diligencia y sin manipulaciones.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, prometió este viernes

garantizar la vida y un trato digno a los soldados ucranianos

cercados por las tropas rusas en la región de Kursk, tal y como le pidió el líder estadounidense, Donald Trump.

«En caso de que depongan las armas y se entreguen, se les garantizará la vida y un trato digno de acuerdo con las normas del derecho internacional», dijo el jefe del Kremlin en una reunión telemática con miembros del Consejo de Seguridad ruso.

Putin aseguró que Rusia «comprende» la petición de carácter humanitario que hizo Trump, aunque acusó a los militares ucranianos de «múltiples crímenes contra la población civil» de Kursk, que las tropas de Kiev invadieron en agosto de 2024 y donde Moscú ha lanzado una gran ofensiva en las últimas semanas, recuperando grandes porciones de territorio.

a la vez, subrayó que para el cumplimiento «eficaz» del llamamiento de Trump es necesario que la cúpula político-militar de Ucrania ordene a las tropas atrincheradas en Kursk deponer las armas y rendirse.

En cuanto a las relaciones con Washington, Putin, quien dedicó esta reunión con el Consejo de Seguridad al restablecimiento de lazos con EE.UU., afirmó que «la situación ha empezado a cambiar». «Veremos qué sale de esto», dijo.

El mandatario estadounidense afirmó este viernes que las conversaciones de su Gobierno con Putin fueron «muy buenas y productivas» y declaró que hay «muy buenas posibilidades» de que la «horrible y sangrienta» guerra en Ucrania llegue a su fin.

a la vez, recalcó que «en este momento, miles de soldados ucranianos están completamente rodeados por el ejército ruso y en una posición muy mala y vulnerable».

«He pedido con firmeza al presidente Putin que se salven esas vidas. Esto sería una masacre horrible, una que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. ¡Dios los bendiga a todos!», escribió en su red Truth Social.

en tanto, el expresidente y subjefe del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, advirtió hoy de que «las próximas horas» serán clave para mostrar la elección de Kiev.

«En caso de negarse a deponer las armas, todos ellos (las tropas cercadas) serán eliminados consistentemente y sin piedad», escribió en Telegram.

el jueves, una delegación estadounidense encabezada por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, se reunió en Moscú con Putin para tratar la oferta de un alto el fuego de 30 días con Ucrania, acordada esta semana en Arabia Saudí entre Washington y Kiev.

Putin subrayó que está a favor de la tregua, pero advirtió que ve problemas en su aplicación y verificación y consideró deseable hablar por teléfono con su homólogo estadounidense.