El Tribunal Supremo de España abrió este martes un juicio oral sin precedentes contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos en el marco de una filtración vinculada al proceso fiscal contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y dirigente del opositor Partido Popular.
El juez Ángel Hurtado dictó un auto firme, no sujeto a recurso, en el que dio diez días a la defensa de García Ortiz para presentar su escrito frente a las acusaciones. Estas solicitan cuatro años de prisión e inhabilitación, salvo la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales que eleva la petición a seis años. No obstante, el magistrado rechazó suspender cautelarmente al fiscal general de sus funciones.
Hurtado también fijó una fianza de 150 mil euros —equivalentes a $166 mil — para cubrir responsabilidades pecuniarias, advirtiendo que en caso de no prestarla en un plazo de cinco días, se procederá al embargo de bienes. La Sala de lo Penal deberá ahora señalar la fecha del juicio, que, según fuentes jurídicas citadas por EFE, podría celebrarse en noviembre con un tribunal conformado por siete magistrados.
El auto señala que el fiscal general habría “indiciariamente revelado, en su condición de fiscal general del Estado, secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo”. La investigación apunta a la supuesta filtración de un correo electrónico remitido en febrero pasado por el abogado de González Amador, en el que reconocía delitos fiscales y proponía un acuerdo para evitar prisión. García Ortiz ha rechazado en todo momento su implicación y asegura ser inocente.
La decisión del Supremo ha intensificado la confrontación política en España. Desde el Gobierno, la ministra portavoz Pilar Alegría reiteró su respaldo al fiscal general, subrayando que “ha defendido la verdad” y “perseguido el delito”, aunque expresó “máximo respeto” a la decisión judicial. En contraste, el Partido Popular exigió su dimisión inmediata por motivos “éticos y morales”.
La tensión entre el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez y la oposición conservadora se evidenció en la reciente apertura del año judicial, marcada por la ausencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, un gesto interpretado como señal de protesta en medio de este escándalo sin precedentes.
Agosto de 2025 se convirtió en el tercer mes más cálido registrado en el planeta desde que existen mediciones, mientras que el suroeste de Europa enfrentó la tercera ola de calor más fuerte del verano, acompañada de incendios forestales, de acuerdo con el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S), del programa espacial europeo.
Durante ese mes, la temperatura media global del aire alcanzó los 16.60 °C, lo que representa un aumento de 0.49 °C respecto al promedio del periodo 1991-2020. Aunque fue 0.22 °C más fresco que en agosto de 2023 y 2024, las temperaturas globales en 2025 estuvieron 1.29 °C por encima de los niveles preindustriales (1850-1900), advirtió Copernicus.
El informe indica que entre junio y agosto la temperatura media global fue la tercera más alta desde que hay registros, con un alza de 0.47 °C respecto al promedio de referencia, quedando únicamente por debajo de los veranos boreales de 2023 y 2024. “Las temperaturas alrededor del mundo estuvieron mayormente por encima de la media, especialmente en el hemisferio norte”, señaló la entidad en un comunicado.
Copernicus confirmó que el suroeste de Europa registró su tercera gran ola de calor del verano, fenómeno que se vio agravado por incendios forestales.
“En el suroeste de Europa, el mes trajo la tercera mayor ola de calor del verano, acompañada de grandes incendios forestales”, advirtió Samantha Burgess, subdirectora de Copernicus. Además, subrayó la “urgencia de reducir emisiones y también la necesidad crítica de adaptarse a eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes e intensos”.
En términos generales, el verano boreal fue el cuarto más cálido en Europa desde que existen registros. Entre junio y agosto, el continente experimentó temperaturas 0.90 °C por encima del promedio 1991-2020. Específicamente en agosto, la temperatura media en Europa fue de 19.46 °C, unos 0.30 °C por encima de lo normal, aunque no logró entrar en la lista de los 10 agostos más calurosos.
Copernicus explicó que la península ibérica y el suroeste francés fueron las regiones más afectadas por las altas temperaturas. Por el contrario, algunas zonas como el noreste de España, el sur de Francia, Alemania, Suiza, Italia, la costa adriática, Escandinavia y Europa del Este registraron un agosto más húmedo de lo habitual. Sin embargo, “para Europa occidental, central y meridional, agosto fue más seco que la media”, precisó el informe.
Respecto al estado de los océanos, la temperatura de la superficie marina en la región ecuatorial del planeta alcanzó los 20.82 °C, convirtiéndose en el tercer valor más alto para un mes de agosto. Aunque fue 0.16 °C inferior al récord de 2023, Burgess advirtió que ese valor muestra que el “mar se mantiene inusualmente caliente”.
En cuanto a los polos, el hielo marino del Ártico mostró una significativa disminución y se espera que este septiembre se registre su mínimo anual. En agosto, la superficie helada se situó un 12 % por debajo del promedio 1991-2020, siendo el octavo valor más bajo registrado para ese mes. En la Antártida, la capa de hielo también fue alarmantemente baja: un 7 % por debajo de lo normal, lo que representa el tercer nivel más bajo para un agosto desde que hay registros.
Un estudio internacional liderado por la Universidad de Nottingham reveló que los adultos mayores producen niveles significativamente más altos de una proteína llamada apolipoproteína D (ApoD), lo que disminuye su capacidad de respuesta inmunológica ante infecciones como el virus de la gripe, incrementando la gravedad de la enfermedad.
El hallazgo fue publicado este lunes en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), y representa un avance clave para mejorar el tratamiento de la gripe en poblaciones de edad avanzada, que son más vulnerables a las complicaciones del virus.
“El envejecimiento es un factor de riesgo principal en las muertes relacionadas con la gripe”, advirtió Kin-Chow Chang, investigador de la Universidad de Nottingham y coautor del estudio.
“Además, la población mundial está envejeciendo a un ritmo sin precedentes en la historia humana, lo que plantea problemas importantes para la atención de la salud y la economía”, añadió Chang.
El equipo de investigación utilizó un modelo de ratón envejecido y tejidos pulmonares humanos para analizar los efectos de la ApoD en el contexto de una infección gripal. Descubrieron que esta proteína, que aumenta con la edad, bloquea la activación del sistema inmunológico, debilitando la defensa antiviral natural del organismo.
El exceso de ApoD en los pulmones genera daño tisular significativo durante la infección gripal, comprometiendo la capacidad del cuerpo para combatir el virus. Este efecto no solo reduce la respuesta protectora, sino que convierte a ApoD en un blanco terapéutico potencial para futuras intervenciones médicas.
“Ahora hay una oportunidad emocionante para mejorar terapéuticamente la gravedad de la enfermedad de los ancianos por infección del virus de la gripe con inhibidores de ApoD”, afirmó Chang, destacando el impacto que esto podría tener en la reducción de la mortalidad y morbilidad en personas mayores.
La investigación fue desarrollada en colaboración con instituciones como la Universidad Agrícola de China, el Instituto de Microbiología de la Academia China de Ciencias, el Centro para el Control de Enfermedades de China, y la Universidad de Edimburgo, lo que refuerza la solidez del estudio a nivel científico global.
El Gobierno de Cuba lanzó el lunes el proceso de consulta pública del nuevo Código del Trabajo, un anteproyecto que introduce reformas laborales como el teletrabajo, la desconexión digital y el seguro de desempleo en el sector privado, pero sigue sin incluir el derecho a la huelga ni establece garantías de salarios suficientes.
El proceso de consulta, no vinculante, se extenderá hasta el 30 de noviembre con reuniones informativas dirigidas por ponentes oficiales y con participación obligatoria de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), el sindicato único del país. Luego, el texto será revisado por la Asamblea Nacional del Poder Popular tras la aprobación del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), único partido legal en la isla.
El documento de 48 páginas, al que tuvo acceso EFE, introduce el seguro de desempleo para trabajadores de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), creadas tras la reforma económica de 2021. Este seguro será financiado por los empleadores, sin vínculo con el sistema estatal de seguridad social. Sin embargo, no se aclara si los beneficios serán equivalentes a los del sector público ni quién administrará dicho seguro.
También se regula el teletrabajo, incluso desde el extranjero, bajo ciertas condiciones. Los contratos deben especificar quién asume los costos asociados y contemplar aspectos como la reversibilidad del acuerdo o mecanismos de control. Además, se reconoce el teletrabajo como una herramienta para la conciliación familiar.
Otro aspecto novedoso es el derecho a la desconexión digital, que impide contactar a los empleados fuera del horario laboral, incluyendo feriados y días de descanso. Este derecho también se aplica a quienes trabajen de forma remota.
El anteproyecto reduce de tres a dos años el servicio social obligatorio para recién graduados universitarios y permite su cumplimiento en el sector no estatal, ampliando así las opciones de los nuevos profesionales.
Aunque se promueve el concepto de «empleo digno» —que incluye protección frente al acoso, igualdad de remuneración por trabajo de igual valor y salarios suficientes—, este principio no es exigible legalmente. El documento no vincula el salario a indicadores como la inflación o el costo de vida, ni obliga a revisiones periódicas a través de negociaciones colectivas. El salario mínimo seguirá siendo definido unilateralmente por el Consejo de Ministros.
En el ámbito de la negociación colectiva, se amplía la participación de los trabajadores, pero se mantiene el control de la CTC sobre los procesos y asambleas. Esta organización sindical responde a la estructura del PCC y no es conocida por impulsar demandas laborales de peso.
Finalmente, el anteproyecto no reconoce el derecho a la huelga, ni garantiza la libertad sindical, limitando la afiliación exclusivamente a la CTC. De esta manera, Cuba mantiene las restricciones establecidas en su Constitución de 2019, generando preocupación entre activistas laborales y observadores internacionales.
La posición favorable a una mayor presión sobre Israel, puesta de manifiesto el lunes por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene lugar mientras en Europa hay quien tiene una similar postura crítica, como Suecia, Noruega y Eslovenia, mientras otros son más permisivos, como Alemania y otros Estados del este.
Sánchez anunció este lunes nuevas medidas contra Israel por la destrucción de Gaza y de los palestinos que se aplicarán de forma inmediata y que incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, prohibir la entrada en España a los implicados en el genocidio y más ayuda humanitaria.
La actitud del Ejecutivo español fue duramente criticada por el de Israel, que le acusó de antisemita y negó la entrada en el país de la vicepresidenta Yolanda Diaz y de la ministra Sira Rego.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. EFE
Los críticos contra Israel
Un país con una postura crítica frente a Israel es Eslovenia, que el año pasado se unió a España e Irlanda para reconocer el Estado de Palestina.
A comienzos de agosto la pequeña exrepública yugoslava, gobernada por una coalición entre liberales y la izquierda, se convirtió en el primer país de la UE en declarar un embargo de armas contra Israel.
Suecia, que en 2014 reconoció oficialmente los territorios palestinos como un Estado, aboga por congelar el capítulo comercial del Acuerdo de Asociación entre el bloque comunitario e Israel y la suspensión parcial de Israel en el programa de investigación Horizonte Europa.
Además, defiende sanciones selectivas contra los ministros extremistas israelíes que promueven actividades de asentamiento ilegales y trabajan activamente en contra de una solución negociada de dos Estados, así como sanciones adicionales contra los colonos violentos.
Noruega reconoció el Estado palestino en mayo de 2024. A finales de agosto pasado, el Fondo de Pensiones Global del Estado noruego, el mayor fondo soberano del mundo, anunció la venta de sus acciones en cinco bancos israelíes, después de que ya hiciera lo propio con sus participaciones en varias empresas israelíes, debido a la situación humanitaria en Gaza.
En esa línea crítica se sitúa Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, anunció en julio que su país reconocería el Estado palestino este septiembre en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU, en una operación condicionada en particular al compromiso de las autoridades palestinas al desarme de Hamás y a la renuncia expresa al terrorismo, que pretende arrastrar a otros países occidentales para que hagan lo mismo.
La reacción de Israel fue acusar a Macron de alimentar así el antisemitismo en Francia, donde vive la comunidad judía más importante de Europa.
Caso aparte es el de Turquía, uno de los países más duros ante el Gobierno de Israel, con el presidente, el islamista Recep Tayyip Erdogan, llamando en los dos últimos años una y otra vez a Netanyahu asesino, criminal de guerra o incluso «nuevo Hitler».
El Gobierno turco, que en el pasado mantenía importantes relaciones diplomáticas, militares y comerciales con Israel, fue congelando esos contactos desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2022.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán. EFE
Los más favorables a Israel
Varios países de Europa central están entre los más favorables a Israel en Europa, como Hungría y la República Checa, cuyos Gobiernos rechazan tajantemente la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel.
El Gobierno ultraderechista de Hungría, liderado por Viktor Orbán, incluso recibió en abril pasado a Netanyahu, pese a la orden de búsqueda y captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes de guerra.
En la vecina Austria, el Gobierno tripartito, formado por democristianos, socialdemócratas y liberales, también tiene una posición favorable a Israel, aunque en los últimos meses expresó alguna crítica contra las acciones israelíes en el conflicto de Gaza.
Para Alemania, la seguridad y existencia de Israel son, por motivos de responsabilidad histórica, «razón de Estado». Se descarta un reconocimiento en breve de un Estado palestino, al considerar que este paso hacia una solución de dos Estados debe tener lugar al final de un proceso negociado.
En términos generales, Alemania se ha limitado a recordar a Israel que debe actuar dentro del marco del derecho internacional y a pedir un pronto inicio de negociaciones sobre un alto el fuego en Gaza, además de advertir de la grave situación humanitaria en la Franja.
Por lo demás, Alemania rechaza un embargo comercial y otro tipo de sanciones contra Israel.
En Italia, el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni es un aliado de Israel que, sin embargo, apoya la solución de los dos estados y ha condenado en las últimas semanas la reacción «desproporcionada» del Ejecutivo israelí ante el terrorismo de Hamás, y en particular tras el ataque en julio pasado a la única parroquia católica de Gaza.
También ha mostrado su disposición a reconocer el Estado de Palestina, pero cuando pueda ser «efectivo» y «no contraproducente», según el vicepresidente del Ejecutivo y ministro de Exteriores, Antonio Tajani.
En Portugal, el Gobierno anunció a finales de julio que iba a iniciar consultas con el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, y los partidos políticos para evaluar un posible reconocimiento del Estado de Palestina.
El objetivo es que el proceso quede concluido en septiembre, con motivo de la Asamblea de la ONU, el mismo plazo que se han marcado Francia, el Reino Unido, Canadá y Malta para adoptar un paso similar, que ya han dado países como España, Irlanda o Noruega.
El Gobierno suizo mantiene su posición de neutralidad y no tiene planes para reconocer al Estado Palestino. Su actitud ha sido cada vez criticada internamente según pasan los meses y la crisis humanitaria, y ahora la hambruna, han diezmado a la población en el enclave.
Un grupo de 72 exembajadores suizos pidieron que reconsidere su posición de no reconocer a Palestina y refuerce su apoyo a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), que está dirigida por un suizo.
Rusia condena pero no ve genocidio
Rusia ha condenado enérgicamente las acciones de Israel en Gaza, pero pese a su apoyo a la causa palestina y su relación con Hamas, se ha abstenido de calificar de genocidio la actuación del Ejército israelí. No obstante, ha denunciado la catástrofe humanitaria que amenaza la vida de unos 132.000 niños menores de cinco años.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este lunes una serie de préstamos por $2,500 millones midestinados a «fortalecer la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe», decisión comunicada durante la Cumbre Regional de Seguridad y Justicia del organismo, celebrada entre este lunes y martes en Buenos Aires.
Ilan Goldfajn, presidente del Grupo BID, presentó el compromiso de fondos a la par del lanzamiento de la Fuerza de Tarea de Respuesta Rápida contra la Violencia y el Crimen Organizado, un mecanismo de asistencia técnica para que los países miembros de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo puedan recibir apoyo inmediato ante crisis de seguridad.
“Con el lanzamiento de la Fuerza de Tarea y el compromiso histórico de 2.500 millones de dólares para los próximos tres años, la Alianza avanza hacia una nueva etapa: una respuesta más rápida y eficaz a las crisis de seguridad, y una inversión a gran escala en las reformas que nuestra región necesita para un desarrollo sostenible”, comentó Goldfajn en el encuentro regional, organizado en colaboración con el Gobierno argentino.
Durante la cumbre, Argentina asumió la Presidencia pro tempore de la Alianza -que cuenta con 22 países miembros y 12 socios estratégicos- para suceder a Ecuador, que lideró la iniciativa durante su año fundacional bajo tres objetivos regionales concretos: protección de poblaciones vulnerables, fortalecimiento institucional y desarticulación de flujos financieros ilícitos.
En paralelo, Goldfajn se reunió este lunes con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina y que asumirá la Presidencia de la Alianza, y señaló que el BID apoya a Argentina en el «fortalecimiento de las instituciones federales de seguridad» y «modernización del sistema de justicia federal mediante la implementación del nuevo Código Procesal Penal», según describió el presidente del BID en su cuenta de la red social X.
«Felicité a la ministra por el liderazgo de Argentina en esta iniciativa regional clave para construir una región más próspera y segura, y reafirmé el compromiso del Grupo BID con el plan de seguridad», agregó.
El presidente del BID también mantuvo este lunes una reunión con el presidente, Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y más funcionarios del Ejecutivo argentino, y reafirmó el compromiso de su organismo a «seguir apoyando al país».
«Conversamos sobre la agenda de reformas económicas de Argentina, el impulso al sector privado, la agenda de seguridad, y la integración del país en la región y el mundo», afirmó Golfajn sobre el encuentro con Milei y Caputo.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este lunes que su administración mantiene una “lucha incansable” contra el crimen organizado, tras heredar un país donde la seguridad, dijo, “fue entregada por otros a las maras y al narcotráfico”.
Durante una conferencia de prensa celebrada en Ciudad de Guatemala, el mandatario destacó los logros obtenidos este año en materia de seguridad: decomisos de droga, extradiciones de narcotraficantes y operaciones dentro de las cárceles del país.
“Estamos haciendo lo que nadie hizo: estamos entrando a los campos de plantación, estamos metiendo presos a los líderes (de las pandillas) y estamos ingresando a los barrios que parecían intocables para quienes gobernaron en el pasado”, afirmó Arévalo, en alusión directa al abandono estatal en zonas dominadas por estructuras criminales.
Uno de los operativos recientes más relevantes, según el presidente, fue el realizado en el barrio El Gallito, una zona clasificada como “roja” por su alta peligrosidad. Este despliegue forma parte del plan gubernamental para retomar el control de las calles, el cual, aseguró, es “una prioridad”.
“Esto implica una etapa en la que el crimen organizado y sus socios en el poder intentarán todo para no perder los privilegios que han venido acumulando. Pero nosotros no vamos a ceder”, expresó el jefe de Estado.
La viceministra de Gobernación, Claudia Palencia, detalló que durante 2025 las autoridades han decomisado más de 7,000 kilos de cocaína, así como tres millones de matas de hoja de coca, marihuana y amapola. También señaló la captura de 12 personas requeridas en extradición por narcotráfico en Estados Unidos.
“Hemos impactado a once organizaciones criminales”, subrayó Palencia, al destacar el trabajo coordinado entre fuerzas policiales, fiscales y el sistema penitenciario.
El Gobierno de Arévalo enfrenta actualmente una pugna directa con las pandillas por el control de las cárceles. Esta tensión se agravó desde el 31 de julio, cuando los líderes de estas estructuras fueron trasladados al penal de máxima seguridad Renovación I, en un intento por aislarlos y cortar sus redes de operación.
La decisión se tomó tras la masacre ocurrida el 29 de julio en una funeraria de la capital guatemalteca, donde siete personas fueron asesinadas, presuntamente por miembros de la Mara Salvatrucha. El ataque ocurrió durante el velorio de un supuesto integrante de la Barrio 18, asesinado el día anterior.
Los traslados provocaron motines y disturbios en varios centros penitenciarios, pero el Ejecutivo insiste en que no retrocederá en su intención de restablecer el orden en las cárceles y en los territorios controlados por grupos delictivos.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, inauguró este lunes un programa de incentivos fiscales para que los habitantes compren armas libres de impuestos en lo que resta del año en el estado, además de impulsar una ley para que puedan portarse abiertamente.
«Hoy me enorgullece anunciar el comienzo de nuestras ‘Festividades fiscales de la Segunda Enmienda’, que será de no impuestos, no impuestos de venta en el comercio minorista de armas de fuego, municiones, pertrechos, así como equipo usado para pescar, acampar y otros usados para cazar», declaró DeSantis en un evento.
El mandatario republicano también pidió aprobar una legislación en el Congreso de Florida para permitir que los ciudadanos porten en público sus armas, lo que se conoce en inglés como ‘Open carry’, pues ahora la ley prohíbe hacerlo salvo en lugares designados de pesca, campamentos y cacería.
Pero la iniciativa se ha atascado porque el presidente del Senado floridano, Ben Albritton, se ha opuesto a la medida, al citar que la Asociación de Alguaciles de Florida se ha manifestado en contra.
«Tenemos una mayoría de casi tres a uno en la Cámara de Representantes de Florida. Treinta y ocho estados tienen ‘Open carry’. No es algo que sea controversial. El cielo no se ha caído en ninguno de esos. ¿Por qué no pasa eso en la Cámara de Representantes de Florida?», argumentó ahora DeSantis.
El hecho ocurre mientras Florida ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la venta de armas, solo por detrás de Texas, con un estimado de 1.22 millones de estos objetos vendidos en 2024, según un reporte de la organización Safe Home con base en cifras del FBI.
Pero esto representó una caída interanual del 7 % entre 2023 y 2024, añadió el informe.
Florida, el estado donde más de un tercio de la población posee un arma, según reporta la asociación Ammo, con base en cifras oficiales, tiene una de las legislaciones más permisivas del país, como una ley que permite portar un arma oculta sin ningún permiso especial.
La venta especial no excluye a compradores que residen en otros estados.
El primer ministro de Francia, François Bayrou, sufrió una aplastante derrota este lunes tras perder la moción de confianza que él mismo presentó ante la Asamblea Nacional, lo que lo obliga a presentar su dimisión, junto a la de su gabinete, tras apenas nueve meses en el poder.
En total, 364 diputados votaron en contra de Bayrou, mientras que 194 respaldaron su continuidad, lo que lo convierte en el primer jefe de Gobierno en caer por una moción de confianza desde la instauración de la V República francesa en 1958.
Bayrou, líder centrista y aliado de Emmanuel Macron, había solicitado el voto de confianza para validar su diagnóstico sobre la frágil situación de las finanzas públicas francesas y la necesidad de un ajuste fiscal de 44,000 millones de euros en 2026. Sin embargo, la oposición completa —de izquierda y extrema derecha— votó en bloque contra él, responsabilizando al presidente Macron del colapso político.
Desde el sector más radical, La Francia Insumisa (LFI), liderada por Jean-Luc Mélenchon, exigió directamente la dimisión del presidente Emmanuel Macron, y este martes presentará una moción de destitución presidencial, aunque con pocas probabilidades de éxito.
Mientras tanto, Marine Le Pen, figura de la extrema derecha, responsabilizó a Macron por la situación actual del país, aunque sin pedir explícitamente su renuncia, apelando al respeto por el orden institucional.
Con la renuncia de Bayrou inminente, el presidente Emmanuel Macron deberá tomar una decisión para salir de esta nueva crisis política en Francia. Entre sus opciones están nombrar a un nuevo primer ministro, medida que parece la más probable, o convocar elecciones legislativas anticipadas.
En los pasillos políticos se especula que Macron podría ampliar la base de su próximo gobierno incorporando al Partido Socialista, lo que incluiría nombrar a uno de sus dirigentes como nuevo primer ministro. Esta maniobra buscaría evitar un nuevo estancamiento legislativo tras el fracaso de Bayrou.
El Ayuntamiento de Lisboa aprobó este lunes la creación de un fondo de apoyo a las víctimas del accidente del pasado 3 de septiembre en el funicular de Glória, en el centro de la ciudad, donde 16 personas murieron y 23 resultaron heridas.
El texto de la propuesta aclara que el fondo municipal no será para pagar indemnizaciones, sino para «garantizar el pago de los gastos a las familias de las víctimas mortales y los heridos graves y leves, tras el accidente»
Entre los fallecidos y heridos hay portugueses y personas de diversas nacionalidades, como dos españoles que sufrieron lesiones leves, así como británicos, estadounidenses, canadienses, brasileños, israelíes, alemanes, surcoreanos y franceses, entre otros.
Anacoreta Correia indicó que «el Ayuntamiento en su conjunto y diversidad apuntó a un conjunto de vías en lo que consideramos esencia: Primero, el apoyo a las víctimas, homenajear a quien debe ser homenajeado, la creación de un portal de transparencia para que se haga disponible la información y documentación relevante» sobre el accidente, indicó el responsable municipal.
Anacoreta Correia señaló que las propuestas estudiadas hoy durante la reunión fueron aprobadas de forma «casi unánime o unánime en mucho casos».Sobre el portal de transparencia, el vicealcalde subrayó que existe «una voluntad muy grande» de que toda la información sobre el siniestro «sea de conocimiento público, independientemente de las consecuencias».
Otra de las medidas aprobadas es la creación de un monumento colectivo a las víctimas y de recomendar a la Comisión Municipal de Toponimia que se ponga el nombre del fallecido guardafrenos del funicular de Glória, André Marqués, a una calle de la capital.
Para el próximo 16 de septiembre el Ayuntamiento mantendrá otra reunión en la revisar la actuación de la empresa de transporte urbano Carris, gestora de los funiculares.
