Redacción DEM ADMIN HC

Categoría: El Mundo

  • Homicidios bajan 37 % en primer año de Sheinbaum

    Homicidios bajan 37 % en primer año de Sheinbaum

    El Gobierno de México aseguró este martes que los homicidios en el país se redujeron un 37 % durante los primeros trece meses de gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el 1 de octubre de 2024.

    De acuerdo con datos oficiales, el promedio diario de asesinatos descendió a 54.5 en octubre, en contraste con los 86.9 registrados en septiembre de 2024, último mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La diferencia representa 32 homicidios menos por día, según explicó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

    Figueroa indicó que octubre fue el mes con menor número de homicidios dolosos desde 2016 y que, al analizar los primeros nueve meses de cada año, “este 2025 es el más bajo desde 2016”.

    La funcionaria también detalló que siete estados concentran más de la mitad de los homicidios del país: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

    Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que desde el inicio del mandato de Sheinbaum han sido capturadas más de 37,000 personas vinculadas a delitos de alto impacto, además de haber decomisado 18,981 armas de fuego y cerca de 300 toneladas de droga, incluidas más de cuatro millones de pastillas de fentanilo.

    “El Ejército y la Marina desmantelaron 1,614 laboratorios para la producción de metanfetaminas, lo que representa una afectación económica de cientos de millones de pesos para la delincuencia organizada. También son millones de dosis de droga que no llegarán a las calles y no afectarán la salud y desarrollo de miles de jóvenes”, afirmó García Harfuch.

    Entre los operativos destacados mencionó la captura de un presunto traficante de fentanilo en Tijuana y la detención de Yahir Francisco “N”, presunto integrante del Cártel de los Beltrán Leyva, quien tenía una orden de aprehensión en Estados Unidos. Además, destacó la incautación de 2.5 toneladas de cocaína en las costas de Michoacán y operativos en Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Chiapas.

    Claudia Sheinbaum defendió su estrategia de seguridad, basada en inteligencia, coordinación interinstitucional y prevención. “¿Cómo se ha logrado? Fortaleciendo la estrategia de inteligencia e investigación y de coordinación. Son los dos, siempre lo planteamos así”, sostuvo.

    También destacó cuatro pilares: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, y una coordinación efectiva bajo el marco jurídico vigente.

    Sheinbaum asumió la presidencia tras un sexenio marcado por más de 196,000 homicidios durante la administración de López Obrador. En 2024, los asesinatos cerraron con un repunte del 1.2 % anual, alcanzando 30,057 casos según cifras oficiales.

  • Juzgan a 10 militares por plan para asesinar a Lula en Brasil

    Juzgan a 10 militares por plan para asesinar a Lula en Brasil

    El Supremo Tribunal Federal de Brasil inició este martes el juicio contra diez militares acusados de haber planificado el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y otras altas autoridades, como parte del fallido intento de golpe de Estado orquestado por el exmandatario Jair Bolsonaro tras las elecciones de 2022.

    La causa se desprende del mismo proceso judicial que llevó, en septiembre pasado, a la condena del líder ultraderechista, hallado culpable de conspirar para impedir la investidura del presidente Lula. De acuerdo con la Fiscalía General, los acusados pertenecían en su mayoría a un cuerpo de élite del Ejército y presentaron su plan al propio Bolsonaro en noviembre de 2022, cuando aún ejercía la Presidencia.

    Entre los objetivos del frustrado magnicidio se encontraban el actual vicepresidente Geraldo Alckmin y el magistrado Alexandre de Moraes, entonces presidente del Tribunal Superior Electoral y hoy relator del caso. Las evidencias indican que los militares dieron seguimiento a los movimientos de sus víctimas y contaban con armas de guerra y logística para ejecutar los asesinatos.

    El juicio se desarrolla en la Primera Sala de la Corte Suprema, la misma que sentenció a Bolsonaro, y se prevé que finalice el 19 de noviembre. La investigación bautizó el plan como “Puñal Verde y Amarillo” y señala como autor intelectual al general retirado Mario Fernandes, exviceministro de la Secretaría General de la Presidencia.

    La Fiscalía sostiene que la trama incluía detalles logísticos para ejecutar los asesinatos con apoyo del grupo ‘kids pretos’, una unidad de élite militar, y el uso de armamento pesado contra vehículos blindados. Los investigadores utilizaron registros de visitas al Palacio de la Alvorada, diálogos de allegados a Bolsonaro y análisis de reuniones clave celebradas en los días posteriores a las elecciones.

    Hasta la fecha, además de Bolsonaro, otras 36 personas han sido procesadas por su implicación en el plan para impedir la transición presidencial. Ocho ya han recibido condenas que van desde los 2 hasta los 27 años de prisión, entre ellos exministros y exjefes militares.

    La Corte Suprema también rechazó recientemente las apelaciones de Bolsonaro y los otros siete condenados, con lo que sus sentencias han quedado firmes. En el caso del exmandatario, actualmente bajo arresto domiciliario, se espera que en los próximos días sea trasladado a un penal en Brasilia.

    La defensa de Bolsonaro ha adelantado que pedirá mantener su arresto domiciliario, argumentando razones de salud. A sus 70 años, el exgobernante sufre las secuelas de un atentado sufrido en 2018 durante la campaña presidencial y, recientemente, se le diagnosticó un incipiente cáncer de piel.

     

  • Ecuador inaugura su primera megacárcel inspirada en el modelo Bukele en plena semana electoral

    Ecuador inaugura su primera megacárcel inspirada en el modelo Bukele en plena semana electoral

    Sin previo aviso, el Gobierno de Ecuador trasladó el lunes a los primeros reclusos a la nueva cárcel de máxima seguridad en Santa Elena. Esta prisión es el emblema del plan de seguridad del presidente Daniel Noboa y se inspira en el modelo impulsado por Nayib Bukele en El Salvador. La medida coincide con una semana decisiva para Noboa, quien busca consolidar su proyecto político mediante un referéndum que podría convocar una Asamblea Constituyente.

    La nueva cárcel es la primera de dos prometidas por Noboa al asumir el poder en 2023, como parte de su estrategia contra el crimen organizado. Aunque su homóloga en la provincia amazónica de Napo fue cancelada por la oposición de comunidades locales, la de Santa Elena fue construida a contrarreloj y con fuerte resguardo gubernamental.

    Ubicada en un área boscosa e inhóspita, la instalación se extiende sobre 16,2 hectáreas, a una hora por carretera desde Guayaquil. Está rodeada por un perímetro de altos muros y equipada con inhibidores de señal para evitar el uso de drones y dispositivos electrónicos. La comunidad más cercana, Bajada de Chanduy, ha denunciado que la obra se levantó en terrenos de su propiedad y planea acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

    Con una capacidad máxima de 736 presos, la cárcel consta de tres módulos: alta seguridad, máxima seguridad y super máxima seguridad. El primero cuenta con 160 celdas para cuatro internos cada una; el segundo, con 32 celdas para dos personas; y el tercero, con 32 celdas individuales. En total, seis pabellones hexagonales conforman el complejo carcelario.

    El costo de la obra asciende a 52 millones de dólares y fue ejecutada por la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras, subsidiaria del Grupo Puentes español, que comparte vínculos con la compañía estatal china China Road and Bridge Corporation. Aunque las obras aún no han finalizado por completo, el Gobierno optó por iniciar operaciones esta semana, en medio de una coyuntura política clave.

    Los primeros reclusos llegaron rapados y vestidos con uniformes naranjas, similares a los del modelo carcelario salvadoreño. Estas medidas buscan facilitar su identificación y mantener el control visual en caso de motines o fugas.

    La imagen de los presos alineados recuerda escenas del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que ha sido ampliamente publicitado por el Gobierno de El Salvador.

    El presidente Noboa ha defendido este enfoque como necesario para enfrentar la crisis carcelaria y el auge del crimen organizado en el país, mientras sus detractores cuestionan el modelo por violaciones a derechos humanos y falta de garantías jurídicas. La prisión se convierte así en un símbolo de su lucha por el orden, en vísperas del referéndum que podría redefinir la Constitución vigente desde la era de Rafael Correa.

    El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por corrupción, entre los 300 presos trasladados a la megacárcel.

    Exvicepresidente entre los reclusos

    El exvicepresidente correísta Jorge Glas figura entre los primeros 300 presos trasladados a la cárcel de máxima seguridad denominada Cárcel del Encuentro. Noboa divulgó una foto del exfuncionario con la vestimenta naranja que el Gobierno impone a los presos de sus cárceles.

    Glas, que se encontraba recluido en La Roca, la cárcel hasta el momento de mayor seguridad del país, fue trasladado pese a las últimas medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que requirió al Estado ecuatoriano que garantice su salud física y mental, con el fin de «asegurar sus derechos a la salud, integridad personal y vida».

    El exvicepresidente, sobre el que pesan tres condenas por delitos de corrupción, fue recapturado el año pasado en el asalto ordenado por Noboa a la Embajada de México en Quito después de que el Gobierno mexicano lo considerara un perseguido político ante los procesos judiciales que acumula en la Justicia ecuatoriana.

    Antes de su detención dentro de la embajada mexicana, el que fuera una figura clave en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) tenía pendiente de terminar de cumplir una una pena de ocho años por dos condenas de corrupción. El pasado mes de junio, Glas fue nuevamente condenado a 13 años de prisión por un delito de peculado (malversación de fondos públicos) durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016.

  • Supertifón deja 18 muertos y 2.4 millones afectados en Filipinas

    Supertifón deja 18 muertos y 2.4 millones afectados en Filipinas

    Al menos 18 personas fallecieron tras el paso del supertifón Fung-wong por Filipinas, que impactó el domingo pasado causando estragos en el país y afectando a más de 2.4 millones de personas, informaron este martes las autoridades filipinas.

    El tifón provocó severos daños en infraestructuras, con 37 puentes colapsados y 12 carreteras nacionales anegadas. Fung-wong, ahora degradado a tifón, se desplazaba este martes hacia Taiwán con vientos sostenidos de hasta 108 kilómetros por hora.

    Raffy Alejandro, jefe de Defensa Civil en Filipinas, detalló en una conferencia virtual que, además de las víctimas mortales, se reportaron 28 personas heridas y miles de desplazados que fueron trasladados a albergues provisionales habilitados por el Gobierno con apoyo de agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales.

    Las causas de muerte incluyen deslizamientos de tierra, ahogamientos y electrocuciones. Además, más de 150 municipios permanecen sin energía eléctrica, mientras que varias zonas de Luzón registran interrupciones en el suministro de agua potable.

    Las lluvias más intensas se concentraron en la isla de Catanduanes, ubicada en el mar de Filipinas, aunque también hubo afectaciones en áreas centrales de Luzón, donde se encuentra la capital, Manila. Para atender la emergencia, las autoridades han desplegado más de 10,000 personas, entre ellas rescatistas, personal médico y fuerzas de seguridad.

    Este nuevo desastre natural ocurre mientras el país aún enfrenta las secuelas del tifón Kalmaegi, que dejó 232 muertos y más de 100 desaparecidos en días recientes, según cifras oficiales.

    Entretanto, Taiwán elevó su nivel de alerta y evacuó a miles de residentes ante la inminente llegada del ciclón. A las 10:15 a.m. hora local, el fenómeno se ubicaba a 351 kilómetros al suroeste del cabo Eluanbi, en el extremo sur de la isla, con ráfagas de hasta 136.8 km/h.

    La temporada de tifones en el Sudeste Asiático ha sido especialmente activa este año. Con Fung-wong y Kalmaegi, ya suman 27 tifones registrados en la región. Expertos relacionan esta intensidad con el calentamiento de las aguas del océano Pacífico, lo que favorece la formación de ciclones más potentes y frecuentes.

  • Trump indultó a 77 personas que le ayudaron en su intento de revertir los resultados electorales de 2020

    Trump indultó a 77 personas que le ayudaron en su intento de revertir los resultados electorales de 2020

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó un indulto generalizado a cerca de 80 personas, entre ellos colaboradores cercanos y figuras clave en su intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue derrotado por el demócrata Joe Biden.

    El documento, divulgado por el abogado de indultos del Departamento de Justicia, Ed Martin, y publicado en su cuenta de la red social X, especifica que se trata de un perdón “total, completo e incondicional” por cualquier conducta relacionada con los esfuerzos realizados para “exponer el fraude electoral” y las vulnerabilidades del sistema durante ese proceso electoral.

    “El presidente pone fin a una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense tras las elecciones presidenciales de 2020 y continúa el proceso de reconciliación nacional”, señala el texto oficial. No obstante, la orden aclara que el indulto “no se aplica al presidente de Estados Unidos”.

    Esta medida evitaría que futuras administraciones puedan iniciar acciones penales contra los beneficiarios del perdón presidencial.

    Entre las 77 personas indultadas se encuentran el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani; el exjefe de Gabinete, Mark Meadows; los abogados John Eastman y Kenneth Chesebro; el asesor Boris Epshteyn; y varios expresidentes del Partido Republicano en estados clave como Georgia, Arizona y Nevada.

    La decisión genera una nueva oleada de polémica sobre la legalidad y los efectos de los indultos presidenciales en casos que involucran procesos democráticos y el intento de revertir los resultados electorales.

     

  • Noboa impulsa nueva Constitución y Asamblea Constituyente en Ecuador

    Noboa impulsa nueva Constitución y Asamblea Constituyente en Ecuador

    presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó su deseo de que el país apruebe una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Magna, al considerar que la actual Constitución, elaborada durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), fue diseñada para proteger a intereses particulares.

    “Hoy, el Ecuador elige hacerlo distinto. Una nueva Constitución donde el bien esté por encima del mal, donde un criminal no sea prioridad sobre ti, donde no puedan salir libres al pisar la cárcel”, escribió el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter).

    En su mensaje, Noboa también mencionó a tres figuras que encabezan este camino: Annabella Azin, actual asambleísta nacional y madre del presidente; Niels Olsen, titular de la Asamblea Nacional; y Diana Salazar, exfiscal general y actual embajadora en Argentina. No precisó si estas personas integrarían una eventual Asamblea Constituyente.

    El pasado viernes, la Asamblea Nacional concedió licencia a Daniel Noboa para apartarse temporalmente del cargo con el fin de liderar la campaña por el “Sí” en la consulta popular y en el referéndum que se celebrarán simultáneamente el próximo domingo, 16 de noviembre.

    La oposición, encabezada por el movimiento correísta Revolución Ciudadana y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), promueve el voto por el “No”.

    Preguntas clave en juego

    Los ecuatorianos recibirán una sola papeleta que incluirá la pregunta sobre la instalación de una Asamblea Constituyente, así como tres preguntas del referéndum para reformas constitucionales parciales.

    La primera consulta plantea eliminar la prohibición de permitir bases militares extranjeras o instalaciones de seguridad foráneas en el país, lo que implicaría una reforma parcial a la Constitución vigente.

    Otra pregunta propone suprimir la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto nacional a organizaciones políticas.

    La tercera consulta busca reducir el número de asambleístas, con una nueva fórmula de representación: 10 asambleístas nacionales, 1 por cada provincia y 1 adicional por cada 400,000 habitantes, según el último censo poblacional.

    Noboa apuesta por estos cambios como parte de su agenda de transformación institucional, seguridad nacional y depuración del sistema político.

     

  • Los ataques de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico: 20 lanchas y 75 muertos

    Los ataques de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico: 20 lanchas y 75 muertos

    El Ejército de Estados Unidos asegura que ha hundido veinte embarcaciones y 75 vidas, además de dejar una persona desaparecida, en aguas del Caribe y del Pacífico a raíz de varios ataques, en una nueva etapa de su guerra contra las drogas.

    Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, la Administración de Donald Trump escaló su ofensiva contra carteles latinoamericanos que considera terroristas y a quienes ha declarado un «conflicto armado directo» que justifica sus acciones militares en aguas internacionales.

    El aumento de tensiones empezó en agosto con el despliegue de buques del Ejército estadounidense en el Caribe y con Venezuela en el punto de mira, pero ya se ha extendido a aguas del Pacífico involucrando a Colombia.

    Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro en Colombia, ambos acusados por Trump de narcotraficantes, han denunciado los ataques a las lanchas como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. La ONU aseguró que se tratan de violaciones del derecho internacional y pidió a Estados Unidos ponerles fin.

    Esta es una cronología de los ataques:

    2 de septiembre: Estados Unidos anuncia el primer ataque contra una embarcación y asegura que iban a bordo once personas del Tren de Aragua que salieron de Venezuela para transportar drogas hacia Estados Unidos. La Administración Trump difundió el video del supuesto ataque, pero no aportó más pruebas del vínculo de la lancha con el narcotráfico.

    15 de septiembre: un segundo ataque contra una embarcación mata a tres venezolanos, según Trump, que aseguró que también estaban transportando drogas.

    19 de septiembre: Trump publica en redes información sobre un tercer ataque contra una lancha, esta vez sin precisar el origen de la travesía, aunque República Dominicana incautó parte de la droga que presuntamente transportaba. Tres personas murieron.

    3 de octubre: esta vez es Pete Hegseth, secretario del Departamento de Guerra, quien anuncia el cuarto ataque contra una embarcación también en aguas del Caribe y la muerte de sus cuatro tripulantes.

    14 de octubre: se produce, según Estados Unidos, el quinto ataque contra un bote cerca de las costas venezolanas, con un saldo de seis víctimas mortales.

    16 de octubre: esta vez es un submarino el atacado por el Ejército estadounidense. De sus cuatro tripulantes, dos mueren y dos sobreviven la explosión. Los dos supervivientes son trasladados a sus países de origen, Ecuador y Colombia, sin ningún proceso legal a pesar de que la Administración Trump los tacha de narcotraficantes.

    17 de octubre: Estados Unidos anuncia el 19 de octubre que dos días antes ha hundido una séptima lancha y la vincula con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una de las organizaciones designadas como terroristas por la Administración Trump. Mueren tres personas, según Washington.

    21 de octubre: se trata del octavo ataque contra una lancha supuestamente vinculada al narcotráfico pero es el primero que sucede en aguas del Pacífico, cerca de las costas de Colombia, que mata a dos personas.

    22 de octubre: Hegseth publica el noveno ataque contra una embarcación, que mata a tres personas otra vez en el Pacífico y cerca de aguas colombianas.

    24 de octubre: la Administración Trump anuncia el décimo ataque contra una lancha que, según afirma, era operada por el Tren de Aragua y transportaba a seis personas que murieron. El disparo se produjo «en aguas internacionales» del Caribe.

    28 de octubre: Estados Unidos anuncia el ataque más mortífero hasta la fecha. Catorce personas mueren por el ataque de Washington a cuatro lanchas en aguas internacionales del océano Pacífico, mientras que uno sobrevive y la marina mexicana lanza una operación humanitaria para encontrarlo. Días después, la operación se suspende al no lograr encontrar al superviviente.

    29 de octubre: este ataque, siempre según la información del Gobierno de Estados Unidos, se dirigió a una sola lancha y mató a cuatro personas. Se produjo también en el Pacífico.

    1 de noviembre: Hegseth anuncia un nuevo «ataque letal» contra una embarcación en el Caribe que, según él, «transportaba estupefacientes». El bombardeo mató a las tres personas que iban a bordo.

    4 de noviembre: el titular del Departamento de Guerra asegura que Estados Unidos hundió una nueva lancha en el Pacífico Oriental y mató a sus dos tripulantes, a quienes acusó de narcotraficantes.

    6 de noviembre: un nuevo anuncio habla esta vez de una lancha atacada y tres tripulantes muertos en aguas del caribe.

    9 de noviembre: Estados Unidos asegura el 10 de noviembre que hundió dos lanchas en el Pacífico el día anterior, en dos operaciones en las que murieron seis personas supuestamente «vinculadas al contrabando de narcóticos».

  • Las familias de siete víctimas de la inundación en Texas demandan al campamento de verano

    Las familias de siete víctimas de la inundación en Texas demandan al campamento de verano

    Siete familias de víctimas mortales presentaron este lunes una demanda contra Camp Mystic, en Texas, tras la muerte de 27 mujeres y niñas durante una inundación registrada en el campamento el 4 de julio. En el recurso judicial, los demandantes acusan a los responsables del campamento de negligencia y exigen una compensación superior a $1 millón.

    La demanda fue interpuesta en Austin, capital del estado, y denuncia que Camp Mystic ignoró durante décadas los riesgos de inundaciones en la zona. Según los documentos legales, no existía un plan de evacuación y las autoridades del campamento ordenaron a las niñas y a las supervisoras permanecer en las cabañas mientras el nivel del río crecía peligrosamente durante la noche.

    Las familias de cinco menores de edad y dos supervisoras que murieron durante el desastre natural afirman que la tragedia se pudo evitar. “Estas niñas murieron porque un campamento con fines de lucro priorizó sus ganancias a la seguridad”, expresaron en el escrito legal.

    Además, justificaron su acción judicial con el objetivo de que “se conozca toda la verdad, que todas las partes responsables rindan cuentas y que se eviten futuras tragedias previsibles en campamentos juveniles”.

    Aunque el lugar original quedó destruido por la crecida del río, Camp Mystic ha anunciado su reapertura para el próximo verano, pero en nuevas instalaciones.

    Tras el desastre, que cobró la vida de más de 130 personas en diversas áreas de Texas, las autoridades estatales aprobaron leyes para reforzar los protocolos de seguridad en campamentos de verano. En octubre, la legislatura de Texas también comunicó que abrirá una investigación formal para determinar las causas exactas del evento.

  • ¿Qué se sabe de la nueva masacre en una cárcel de Ecuador que dejó 31 presos muertos?

    ¿Qué se sabe de la nueva masacre en una cárcel de Ecuador que dejó 31 presos muertos?

    Un nuevo enfrentamiento entre bandas criminales al interior de la cárcel de Machala, en el sur de Ecuador, dejó este domingo un saldo de 31 reclusos asesinados y al menos 34 heridos, incluido un agente policial. El hecho marca otro episodio sangriento en la prolongada crisis carcelaria que enfrenta el país.

    La violencia se desató durante la madrugada, cuando miembros del grupo delictivo Sao Box atacaron a cuatro integrantes de Los Lobos, considerada la organización criminal más poderosa de Ecuador. Ambos grupos eran aliados hasta antes del ataque, según fuentes oficiales.

    Tras ese primer choque, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) declaró que la situación había sido “controlada en su totalidad”. No obstante, horas más tarde, se descubrió que 27 integrantes de Sao Box fueron encontrados muertos por ahorcamiento dentro de sus celdas, en lo que se presume fue una represalia de Los Lobos.

    Según el ministro del Interior, John Reimberg, el enfrentamiento estaría relacionado con la inminente reubicación de reos hacia la nueva prisión de máxima seguridad ubicada en la provincia de Santa Elena. “Ellos no sabían el día exacto en que íbamos a trasladar a los detenidos hacia la cárcel nueva de Santa Elena, y querían tratar de impedir que esto se llegue a dar”, dijo el funcionario en entrevista con radio Canela, sin detallar cómo los reclusos accedieron a dicha información.

    El nuevo recinto penitenciario, bautizado como “Cárcel del Encuentro”, comenzó a construirse en junio de 2024 y tiene como objetivo albergar a los presos más peligrosos del país. Pese a varios retrasos en su apertura, este lunes se reportó el primer traslado de internos. El presidente Daniel Noboa confirmó que “los primeros 300 PPL más peligrosos ya fueron trasladados”, en una publicación en la red social X, en la que también compartió imágenes de los reos custodiados por militares.

    Desde 2021, más de 500 reclusos han sido asesinados en las cárceles ecuatorianas como resultado de los enfrentamientos entre bandas rivales. Aunque Noboa declaró en 2024 un “conflicto armado interno” y militarizó los centros penales, la violencia no ha cesado. Solo en los últimos dos años se han producido al menos cuatro masacres con más de diez víctimas cada una, incluida una ocurrida en septiembre en la misma cárcel de Machala, que dejó 14 fallecidos.

  • Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, solicitará a Trump reducir su condena

    Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, solicitará a Trump reducir su condena

    Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores y conocida por ser cómplice del fallecido Jeffrey Epstein, se prepara para solicitar la conmutación de su pena al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según reveló el legislador demócrata Jamie Raskin.

    La petición de Maxwell surge luego de su traslado a una prisión de mínima seguridad en Texas, hecho que se concretó tras un encuentro con el fiscal general adjunto Todd Blanche. La información fue divulgada por un denunciante anónimo, quien también expuso que la reclusa estaría recibiendo un trato privilegiado dentro del penal, según consta en un documento publicado por Raskin.

    El informante detalló que Maxwell recibe comidas especiales, tiene acceso a espacios para hacer ejercicio fuera del horario habitual y pasa tiempo con un perro de servicio en entrenamiento, privilegios no comunes entre el resto de reclusas del centro federal.

    En una carta dirigida al presidente Trump, Raskin expresó preocupación sobre el poder de influencia de Maxwell dentro del actual Gobierno. “Está claro que la Sra. Maxwell tiene buenas razones para creer que, a pesar de su condena por tráfico sexual de menores, podría recibir la concesión extraordinaria de clemencia”, escribió el congresista.

    Raskin también cuestionó si el presidente ha discutido el caso de Maxwell con Blanche u otros miembros de su administración, si ordenó su traslado al centro penitenciario de Texas o si ha otorgado beneficios penitenciarios, además de interrogar si ha recibido promesas de Maxwell, sus abogados o su entorno cercano.

    El legislador pidió que el fiscal adjunto Todd Blanche comparezca ante el Congreso para explicar su papel en este proceso. La solicitud se da en un contexto político marcado por el avance de un acuerdo bipartidista que busca evitar un nuevo cierre del Gobierno federal.

    El caso Epstein ha cobrado nueva atención en Estados Unidos tras publicaciones de investigaciones que vinculan al presidente Trump con una relación más cercana de la que se conocía con el fallecido empresario, quien se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por delitos sexuales.

    La Cámara de Representantes había considerado votar una moción para forzar al Departamento de Justicia a desclasificar los documentos relacionados con Epstein, aunque el proceso se pausó temporalmente por las recientes negociaciones presupuestarias.

    Aunque el presidente Trump ha negado cualquier implicación con las actividades de Epstein, tampoco ha descartado conceder un perdón presidencial a Maxwell.

    Maxwell, de nacionalidad británica, fue hallada culpable en 2021 de cinco delitos relacionados con el tráfico sexual de menores. Desde entonces, familiares de las víctimas han exigido que cumpla su condena en su totalidad, calificando cualquier intento de indulto como una injusticia.