El estado de excepción en Honduras, vigente desde diciembre de 2022, ha derivado en denuncias de abuso de poder y tortura, y su continuación podría afectar la “legitimidad” de las elecciones generales del 30 de noviembre próximo, advirtió este jueves la organización humanitaria Cristosal en un informe.
En su informe ‘Estado de excepción y violencia estructural’, presentado en Tegucigalpa, la entidad alertó que la medida ha dejado de ser temporal para convertirse en «una política permanente, con graves consecuencias para los derechos humanos y la democracia”.
Cristosal alerta que mantener el régimen durante el proceso electoral podría limitar «la libertad de voto, el acceso equitativo a la campaña y la participación ciudadana al restringir derechos fundamentales como la reunión, la asociación y la circulación».
La organización también denunció la presencia “intimidante” de cuerpos armados en comunidades, centros educativos y espacios públicos, que -advierte- podría trasladarse al contexto electoral.
Continuidad de régimen de excepción erosiona confianza electoral
La directora de Cristosal en Honduras, Karen Valladares, dijo a EFE que en el país existe una situación «bastante alarmante” y advirtió que la prolongación del estado de excepción erosiona la confianza en el proceso electoral porque coarta derechos y genera temor.
“Un estado de excepción debe ser excepcional para momentos excepcionales, pero acá en el país ya se volvió como una política”, enfatizó Valladares, quien consideró importante que las autoridades reflexionen y revisen la factibilidad de mantener la medida cuando esta implica la vulneración de derechos.
Aseguró que “no se puede construir democracia” en un Estado “prácticamente fallido”, donde la población “vive con temor y no cuenta con un acceso favorable a la justicia”.
Valladares se pronunció en contra de un «estado de excepción permanente» en el país, señalando que mientras no se implementen políticas efectivas de seguridad ciudadana, diálogos y alianzas para fomentar «una mejor cultura de trabajo», la medida carece de eficacia.
La directora también lamentó que la extorsión en Honduras no haya disminuido pese al decreto emitido por la presidenta Xiomara Castro el 6 de diciembre de 2022.
El estado de excepción ha sido prorrogado 22 veces desde su instauración en diciembre de 2022, ampliándose a más de la mitad del territorio “sin control legislativo ni evaluación pública», enfatizó Cristosal, que en julio pasado anunció el cierre de sus operaciones en El Salvador ante una “escalada represiva” en contra de activistas de derechos humanos, que ha incluido varias detenciones.
Tortura y tratos crueles
El informe recoge testimonios y datos oficiales que evidencian “altas tasas de detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, uso excesivo de la fuerza y casos de tortura y tratos crueles, incluso contra niñas, niños y adolescentes”.
Entre diciembre de 2022 y mayo de 2024, al menos 9.668 personas fueron detenidas; el 91 % son hombres, muchos de ellos jóvenes, lo que -según Cristosal- refleja un “patrón de estigmatización y criminalización por perfilamiento”.
La organización también alertó sobre el deterioro crítico del sistema penitenciario, marcado por la sobrepoblación y la violación de estándares internacionales, así como por los impactos “psicosociales profundos” del régimen, con “altos niveles de ansiedad, miedo y retraimiento” en comunidades vulnerables.
“Mujeres, juventudes y población LGBTIQ+ enfrentan formas específicas de violencia y discriminación”, mientras que las organizaciones comunitarias se “han debilitado” y muchas personas optan por “el silencio o la migración” como mecanismo de protección.
Cristosal sostuvo que, lejos de resolver las causas estructurales de la violencia, el estado de excepción “ha normalizado la suspensión de derechos”, profundizando el miedo, debilitando la democracia y golpeando con mayor dureza a los sectores más vulnerables.
La ONG hizo un llamado al Estado hondureño a poner fin a la prolongación del régimen, restablecer el pleno respeto a los derechos humanos y garantizar un entorno democrático de cara a las elecciones de noviembre.
La experiencia de estos dos años demuestra que “no hay verdadera seguridad sin derechos humanos, ni justicia sostenible sin instituciones democráticas y control civil”, señaló Cristosal.
