El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este miércoles a EE.UU. que dé una respuesta a las últimas declaraciones de su homólogo, Vladímir Putin, y de otros dirigentes rusos sobre la voluntad del Kremlin de seguir luchando en 2026 si fracasan las negociaciones de paz que impulsa Washington.
“Hoy hemos oído desde Moscú nuevas señales de que el año que viene lo preparan como un año de guerra. Es importante que nuestros socios lo vean. Y es importante que no sólo lo vean, sino que reaccionen, en particular nuestros socios en los EE.UU., que a menudo dicen que Rusia quiere supuestamente poner fin a la guerra”, dijo Zelenski en su discurso diario a la nación.
El presidente ucraniano agregó que Rusia se vale de la diplomacia para “tapar su deseo de destruir a Ucrania y a los ucranianos” y “de legitimar el robo de nuestra tierra”.
Zelenski hizo también referencia al Consejo Europeo previsto el jueves y el viernes en Bruselas, en el que los Veintisiete deben decidir si utilizan los activos rusos congelados en su jurisdicción para seguir financiando a Ucrania.
“Mañana los líderes de Europa se reúnen en Bruselas. Es una reunión muy importante. El resultado de la reunión es el resultado de Europa. Rusia debe sentir que su deseo de hacer la guerra también el año que viene no tendrá sentido porque Ucrania tendrá apoyo”, declaró. “Eso depende al cien por cien de Europa, de que Europa tome esa decisión”, remachó.
Aunque la mayoría de países de la UE están a favor de hacer uso de los activos rusos congelados para ayudar a Kiev, el depositario de la mayor parte de los activos, Bélgica, se opone a dar este paso por temor a las repercusiones jurídicas que podría tener la medida si Rusia la lleva a los tribunales.
La Comisión Europea ha propuesto como alternativa para seguir cubriendo las necesidades económicas de Ucrania emitir nueva deuda común, una fórmula que provoca reticencias entre numerosos países miembros y que alteraría el equilibrio financiero de la UE.
Zelenski también dijo en su discurso que espera que sus emisarios mantengan esta misma semana nuevos contactos con los mediadores de EE.UU. para avanzar hacia un final pactado del conflicto con Rusia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó aspirar a la presidencia en 2028 si el actual vicepresidente, JD Vance, decide lanzarse como candidato para suceder al presidente Donald Trump.
“Si JD Vance se presenta a la presidencia, será nuestro candidato y yo seré una de las primeras personas en apoyarlo”, afirmó Rubio durante una entrevista concedida a la revista Vanity Fair, donde posó junto a otros altos funcionarios del gabinete presidencial.
Rubio, de 54 años, y Vance, de 41, figuran entre los nombres más sonados para encabezar la fórmula republicana en los comicios de 2028. La Constitución estadounidense impide que Trump se postule nuevamente, tras completar dos mandatos presidenciales.
En tono de broma, Vance ofreció $1,000 a los fotógrafos del reportaje si lograban que luciera mejor que Rubio en las imágenes. Ambos líderes han sido respaldados públicamente por el presidente, quien el pasado octubre valoró una fórmula conjunta entre ambos, aunque sin especificar quién lideraría la candidatura.
“Creo que, si en algún momento formaran un equipo, serían imparables. No creo que nadie se presentara contra nosotros”, declaró Trump al medio estadounidense.
La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, también participó en la entrevista y confirmó que Trump no planea violar la Enmienda 22, que prohíbe un tercer mandato, aunque admitió que el mandatario “se está divirtiendo” con los rumores en torno a su posible reelección.
Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, fue senador republicano entre 2010 y 2025. En 2016 aspiró a la nominación presidencial, pero fue derrotado por Trump tras una intensa contienda interna. En 2024, su nombre sonó como candidato a la vicepresidencia, pero fue JD Vance quien fue elegido y, tras asumir el poder, Rubio fue nombrado secretario de Estado, convirtiéndose en el primer latino en ocupar ese cargo.
Por su parte, JD Vance ganó notoriedad en 2016 tras publicar sus memorias Hillbilly Elegy, donde narra su infancia en una comunidad trabajadora afectada por la pobreza y la desindustrialización. Aunque en un principio se opuso a Trump, posteriormente se convirtió en uno de sus más cercanos aliados.
La organización austríaca de protección de datos Noyb ha denunciado TikTok y Grindr al entender que vulneran la legislación comunitaria de protección de datos al compartir información sobre los usuarios relativa incluso a su vida y orientación sexual.
La asociación None of Your Business (Noyb) informó este miércoles de que ha presentado dos denuncias ante la Autoridad Austríaca de Protección de Datos (DSB) contra esas dos redes sociales y contra AppsFlyer, una empresa de análisis de datos israelí, a la que acusan de facilitar la transferencia de datos.
Noyb considera que la red social china TikTok rastreó el uso de uno de sus usuarios de Grindr, una aplicaión de citas usada principalmente por hombres homosexuales.
«Un usuario descubrió esta práctica de rastreo ilegal a través de una solicitud de acceso, la cual demostró que, por ejemplo, su uso de Grindr fue enviado a TikTok, probablemente a través de la empresa de rastreo israelí AppsFlyer. Esto permite a TikTok sacar conclusiones sobre su orientación sexual y su vida íntima», señala Noyb en un comunicado.
La ONG considera que esa prática viola varios artículos del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, y pide a las autoridades austríacas que multen a las empresas.
Además, afirma que TitTok ocultó esa práctica al usuario, quien tuvo que reclamarle varias veces hasta que la compañía reconoció que conocía que otras aplicaciones usaba y qué hacía con ellas, como por ejemplo añadir un producto al carro de compra.
Por ello, TikTok infringe los artículos 12 y 15 del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, que exigen a las empresas proporcionen información completa y en un formato fácilmente comprensible, según Noyb.
«TikTok recopila cada vez más datos de otras aplicaciones y fuentes», asegura la organización.
«Esto permite que la aplicación china obtenga una imagen completa de la actividad en línea de las personas. El hecho de que los datos de otra aplicación revelaran la orientación sexual y la vida íntima de este usuario es solo uno de los ejemplos más extremos», afirma Kleanthi Sardeli, una de las abogadas de la ONG.
Noyb señala que lo más probable es que la empresa de monitoreo israelí AppsFlyer «actuase como intermediario, recibiendo los datos sensibles de Grindr y luego enviándolos a TikTok».
El problema es que ni AppsFlyer ni Grindr cuentan con una base legal válida, según el artículo 6 del RGPD, para transferir los datos personales del denunciante a TikTok, además de la falta de «cualquier motivo legítimo para compartir datos sensibles».
«Exigimos que TikTok proporcione los datos faltantes. También exigimos que cese el tratamiento ilícito de datos. Finalmente, proponemos que la autoridad imponga una multa para evitar infracciones similares en el futuro», reclamó la organización en la nota de prensa.
La Autoridad Irlandesa de Protección de Datos (DPC), actuando en nombre de la UE, ya abrió el 10 de julio una investigación contra TikTok por el almacenamiento de datos personales y, a principios de mayo, multó a la red social, cuya sede europea se encuentra en Irlanda, con 530 millones de euros ($622.04 millones) por no garantizar una protección suficiente a sus usuarios.
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, presentó este miércoles una denuncia penal en Estocolmo contra la Fundación Nobel por facilitar supuestamente la comisión de crímenes de guerra al haber otorgado el Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado.
Según un comunicado de la organización de Assange, 30 individuos vinculados con la Fundación han cometido, en concreto, delitos de apropiación indebida grave de fondos, facilitación de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y de financiación del crimen de agresión.
Con el galardón a Machado, la Fundación Nobel, incluida la presidenta Astrid Söderbergh Widding y la directora ejecutiva, Hanna Stjärne, han convertido «un instrumento de paz en un instrumento de guerra», denunció la organización, en contra de lo estipulado de forma vinculante por el testamento de Alfred Nobel, que mandaba conferir el premio a quien hubiera realizado la mayor obra por la fraternidad entre las naciones.
Por el contrario, la «incitación» por parte de Machado al que supone el mayor despliegue militar de EE. UU. desde la guerra de Irak la hace «categóricamente inelegible» para el Nobel de la Paz, argumentó Assange.
«Machado ha seguido incitando a la Administración Trump a seguir con su camino de escalada», aseguró el fundador de WikiLeaks.
«Usando su posición elevada como receptora del Premio Nobel de la Paz, Machado bien puede haber inclinado la balanza a favor de la guerra, facilitada por los sospechosos nombrados», agregó, en alusión a los miembros de la Fundación.
La denuncia incluye a modo de prueba declaraciones en las que Machado, según Assange, ha alentado a Washington a intervenir militarmente en Venezuela y ha justificado los ataques estadounidenses contra barcos civiles frente a las costas del país caribeño.
En este contexto, la entrega del premio a la opositora venezonala, incluido el desembolso pendiente de 11 millones de coronas suecas -aproximadamente un millón de euros- supondría un delito de apropiación indebida grave.
Además, existe un «riesgo real» de que los fondos sean desviados de manera que contribuyan indirectamente a financiar crímenes de guerra por parte de EE. UU., violando con ello las obligaciones estatales de Suecia bajo el Estatuto de Roma, señala la denuncia.
Por todo ello, Assange solicita a las autoridades suecas que congelen la transferencia del premio monetario a Machado y soliciten la devolución de la medalla, además de investigar a la Fundación por los crímenes ya citados.
Machado se encuentra actualmente en Noruega, a donde llegó en la madrugada del pasado 11 de diciembre tras un accidentado viaje que no le permitió llegar a tiempo para la ceremonia de entrega del premio, aunque sí participó en diversos actos oficiales en Oslo en compañía de su familia y de otros líderes de la oposición venezolana.
Las órdenes del gerente del madrileño Hospital de Torrejón -operado por el grupo privado Ribera Salud- para aumentar las listas de espera y rechazar pacientes por criterios económicos o los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía (sur) han evidenciado este 2025 las grietas que la privatización ha abierto en el sistema sanitario español durante tres décadas.
Ambas polémicas han recrudecido la batalla del Gobierno de izquierdas de España con las comunidades gobernadas por el conservador Partido Popular (PP) por la gestión sanitaria, especialmente en Madrid, donde el Ejecutivo regional se niega tajantemente a hacer un registro de objetores al aborto pese a que así lo obliga la ley.
Tres batallas que han llegado a los tribunales, donde partidos de izquierdas, asociaciones y el Ministerio de Sanidad buscan enfrentar las políticas de salud de la derecha.
Desde la otra dirección, el PP ha disparado contra Sanidad por la implantación de la ley ELA, que no consigue despegar pese a su aprobación hace más de un año, o la situación de los médicos españoles, que este año han ido a la huelga en tres ocasiones contra la regulación profesional que prepara el Gobierno para ellos.
La gestión privada de los hospitales, en el punto de mira
La indignación que provocó la publicación de unos audios en los que Pablo Gallart, CEO del grupo Ribera que gestiona el hospital público de Torrejón, pide a los trabajadores del centro que rechacen procesos no rentables aunque eso implicase alargar las listas de espera, puso en tela de juicio el proceso de privatización de los hospitales públicos españoles.
Desde la primera operación de este tipo en 1997, los hospitales de gestión privada suponen ya casi un tercio de toda la red del Sistema Nacional de Salud (SNS), tras haberse disparado un 36 % en la última década, según datos de Sanidad.
Además, el gasto total en este tipo de centros ha crecido un 84.6 %, hasta los 4,800 millones de euros.
El caso de Torrejón es, para la ministra española deSanidad, Mónica García, paradigma del ‘modus operandi’ del PP, mientras que para la presidenta madrileña, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, que redujo los audios a «rencillas entre directivos», este escándalo es solo otro intento del Gobierno estatal de cubrir su «corrupción».
Sin cifras de afectadas por los cribados de cáncer de mama
La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) llevaba avisando desde al menos enero de 2024 de fallos en la comunicación de resultados y retrasos en las pruebas de varias mujeres en Andalucía, hasta que a finales de septiembre de este año el asunto saltó al foco mediático.
Aunque el escándalo provocó la dimisión de la consejera de Sanidad de la región, casi tres meses después, todavía no hay una cifra definitiva de afectadas: los datos oficiales hablan de 2.317, pero Amama las eleva a 4,000.
El asunto también ha escalado a nivel nacional: Sanidad considera que no ha sido algo puntual, sino que es un problema estructural de la sanidad andaluza, víctima del modelo sanitario del Partido Popular.
Ante el temor de que esos fallos no fueran exclusivos de Andalucía, el Gobierno exigió a todas las comunidades los datos de los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix, con el objetivo de mejorar su vigilancia. Todas los han entregado menos Madrid, que considera que todavía está «en tiempo» para hacerlo.
99.5 % de abortos en la privada, pero sin registro de objetores
De las 106,172 intervenciones voluntarias del embarazo (IVE) realizadas en 2024, el 78.74 % se hicieron en centros privados, con enormes diferencias por comunidades.
Pese a ser una de las que más abortos deriva a la privada (99.5 %), Madrid se niega en rotundo a hacer «una lista negra» de médicos objetores.
La negativa empujó al Gobierno de España a emprender acciones legales contra la región, cuyo resultado está aún por ver, y llevó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a proponer una reforma para que la Constitución española incluya el derecho al aborto como ocurre en Francia, una medida que es improbable que prospere
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó este miércoles como “dictador” a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, aunque rechazó la acusación de que tenga vínculos con el narcotráfico. El pronunciamiento marca un giro en el discurso del mandatario colombiano, quien había evitado previamente ese tipo de calificativos hacia el líder chavista.
“Maduro es dictador por concentrar poderes, no hay ninguna evidencia en Colombia de que sea narco. Esa es narrativa de Estados Unidos”, escribió Petro en su cuenta de X (antes Twitter), en respuesta a una periodista que le reprochó su dureza hacia líderes como José Antonio Kast en Chile, mientras evitaba llamar “narcotraficante” a Maduro.
Petro ha sido uno de los pocos mandatarios latinoamericanos que ha mantenido una relación diplomática activa con el gobierno de Venezuela. Sin embargo, su comentario representa la primera vez que se refiere públicamente a Maduro como dictador, una expresión que tradicionalmente ha evitado en foros oficiales.
En su mensaje, Petro también reiteró sus críticas contra el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, a quien tildó de nazi. Justificó su acusación señalando que “Kast es hijo y creyente de los nazis” y afirmó que pertenece a una generación alemana que emigró tras la derrota del Tercer Reich, no para huir de Hitler, sino de su caída.
Las relaciones entre Petro y Maduro se han tensado en los últimos meses, principalmente por el proceso electoral venezolano de julio de 2024, marcado por la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado y el rechazo internacional a los resultados. Petro ha cuestionado la falta de garantías democráticas, aunque también ha rechazado las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el régimen chavista.
A pesar de las fricciones recientes, el gobierno de Colombia no ha reconocido oficialmente el resultado de las elecciones venezolanas. Petro, al igual que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, ha mostrado una postura crítica hacia el proceso, sin llegar a romper los lazos diplomáticos con Caracas.
El presidente colombiano ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de una salida negociada a la crisis venezolana, y ha propuesto el diálogo como única vía para lograr una transición democrática en ese país. Sin embargo, su nuevo lenguaje sugiere un posible endurecimiento de su postura ante el estancamiento político y los señalamientos internacionales contra Maduro.
La declaración de Petro también evidencia una creciente presión política interna y externa para que el mandatario colombiano adopte una posición más firme ante las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, tema que ha generado divisiones entre los gobiernos progresistas de América Latina.
Desde enero y prácticamente sin descanso, el segundo Gobierno de Donald Trump está poniendo a prueba el tradicional sistema de controles y contrapesos del modelo democrático estadounidense con decisiones que desafían la legalidad en casi cualquier ámbito imaginable y amenazan seriamente la convivencia en el país.
El pasado septiembre un micrófono abierto captó, durante una visita de Trump al Reino Unido, al secretario de Gabinete de la Casa Blanca, Will Scharf, proclamando entre risas “crisis es nuestra marca”, y explicando a continuación a su interlocutora que ese es el título (‘Our brand is crisis’) de una película de 2015 protagonizada por Sandra Bullock.
Puede que Scharf desconozca que el citado largometraje está basado en un documental homónimo que desentraña la campaña de calumnias diseñada por consultores políticos estadounidenses para lograr la reelección de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia en 2002, pero en cualquier caso supone una admisión inconfundible de la raíz de la que ha partido el Trumpismo en este segundo mandato.
Porque eso es exactamente en lo que ha basado este proyecto político, en inventar o amplificar una serie de crisis que dibujaban en el horizonte el fin de la civilización blanca y judeocristiana en EE.UU. y que posicionaban al magnate neoyorquino como la única solución posible.
Y esto último es la justificación que se ha esgrimido desde la Casa Blanca -que habla de jueces lunáticos empeñados en ignorar la voz y el mandato otorgado por los votantes estadounidenses- cada vez se cuestiona una acción de esta Administración.
El diario The New York Times publicó en abril un artículo en el que se consultaba a 35 prestigiosos académicos del derecho estadounidense sobre las políticas de sus 100 primeros días de su segundo mandato. De los 35, 34 hablaron de ataques frontales a la Constitución, ilegalidad, debilitamiento de las libertades garantizadas por la Primera Enmienda o de una clara obsesión por concentrar y consolidar el poder del presidente.
Donde el movimiento MAGA ve al iconoclasta iluminado que EE.UU. necesita para romper con el sistema corrupto de las élites dominantes, la academia ve vandalismo puro y duro.
Michael Dorf, profesor de derecho en Cornell, y uno de los consultados en el artículo afirma en otra columna que “tras rodearse de aduladores, Trump no se siente ahora constreñido por la Constitución y las leyes federales”.
Dorf considera que su segundo Gobierno se sustenta ahora en las creencias de los “neorreaccionarios” de Silicon Valley, que creen que el país debería ser dirigido como una corporación liderada por un director ejecutivo todopoderoso.
Y así, en menos de un año Trump se ha valido de agencias federales o el Departamento de Justicia para tratar de que se procese a rivales políticos, ha deportado a migrantes sin el debido proceso o firmado órdenes ejecutivas de peso para eludir al Congreso, cómo las relativas a sus “aranceles recíprocos”.
También ha desplegado agentes federales y militares en ciudades estadounidenses de manera unilateral, difuminando la separación entre autoridad civil y militar, ha acosado a medios de comunicación o universidades o intentado eliminar el derecho de suelo para los hijos de indocumentados.
A su vez, ha redibujado distritos electorales sin ajustarse a los calendarios del censo para asegurar asientos republicanos en la Cámara baja de cara a las legislativas de medio mandato de 2026 o dictaminado que aquellos a los que acusa, sin aparentes pruebas, de traficar drogas por rutas marítimas merecen ser volados por los aires.
La lista se antoja interminable y ha deparado cientos de demandas contra las decisiones de la segunda Administración Trump, entre 500 y 530 requerimientos presentados ante tribunales federales, según distintas herramientas de seguimiento en línea.
El segundo Gobierno estadounidense más demandado de la historia es curiosamente el de su predecesor, Joe Biden, que fue llevado a los tribunales en unas 135 ocasiones, muy por debajo de lo que el magnate inmobiliario ha logrado en los apenas 11 meses que han transcurrido desde que volvió a la Casa Blanca.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos reconoció una de sus principales vulnerabilidades en materia de seguridad nacional: la falta de coordinación y el intercambio limitado de información entre sus agencias policiales y de control fronterizo.
Como respuesta, el país emprendió una reestructuración profunda de su sistema de seguridad, que dio origen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), creado el 25 de noviembre de 2002.
Bajo la sombrilla del DHS, el 1 de marzo de 2003 nació la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), hoy considerada una de las agencias policiales más grandes y tecnológicamente avanzadas del mundo.
Su misión es, según su sitio web, proteger a la población, resguardar las fronteras y fortalecer la prosperidad económica del país. Para cumplir con ese objetivo, CBP opera a través de tres componentes clave que actúan de manera complementaria: la Oficina de Operaciones de Campo (OFO), la Patrulla Fronteriza (USBP) y la unidad Aeromarítima (AMO).
Agentes de OFO que operan en los puestos fronterizos y aeropuertos de Estados Unidos. Embajada de EEUU.
OFO: el control en los puertos de entrada
En más de 300 puertos de entrada aéreos, terrestres y marítimos, la Oficina de Operaciones de Campo es la primera línea de contacto para quienes ingresan legalmente a Estados Unidos. Sus oficiales, reconocibles por su uniforme azul, inspeccionan a visitantes extranjeros, ciudadanos que regresan al país y las mercancías que transportan.
Además de verificar documentos migratorios, OFO es responsable de la recaudación de tarifas de productos importados y de la detección de contrabando, documentos falsos y mercancías ilícitas.
Para ello, emplea una amplia gama de herramientas tecnológicas, como lectores de matrículas, sistemas de reconocimiento facial, bases de datos interconectadas y otros mecanismos de análisis que operan las 24 horas del día.
Cada año, estos oficiales inspeccionan a millones de personas y vehículos en aeropuertos, garitas y puertos marítimos, incautando miles de cargamentos de narcóticos y documentos fraudulentos, en un esfuerzo constante por mantener la seguridad sin interrumpir el flujo legítimo de comercio y viajes.
Patrulla Fronteriza: vigilancia entre los puertos
Más allá de las garitas y puertos de entrada, la responsabilidad recae en la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP), cuyos agentes visten el característico uniforme verde. Esta división es la encargada de vigilar más de 20 mil millas (32,186.88 kilómetros) de fronteras terrestres y costeras entre Estados Unidos, México y Canadá.
Su trabajo se desarrolla en algunos de los terrenos más hostiles del país: desiertos, montañas, cañones y zonas remotas donde el acceso es limitado. Ya sea a pie, en camionetas o en vehículos todo terreno, los agentes patrullan áreas donde se detecta el cruce irregular de personas, el tráfico de narcóticos y otras formas de contrabando.
Desde su creación, la Patrulla Fronteriza ha interceptado a millones de personas intentando ingresar de manera ilegal al país. Durante estos operativos, los agentes también detienen a individuos con antecedentes criminales, personas previamente deportadas, pandilleros y narcotraficantes, quienes son evaluados y procesados administrativa o penalmente, según cada caso.
Agentes Aeromarinos de AMO-CBP. Embajada de EEUU en El Salvador.
AMO: la frontera desde el aire y el mar
El tercer componente de CBP es la unidad Aeromarítima (AMO), considerada una de las fuerzas policiales aéreas y marítimas más poderosas del país. Sus agentes, que utilizan uniformes en tonos café, y amplían el alcance de CBP al operar en el espacio aéreo y en aguas costeras.
AMO apoya a los otros componentes mediante el uso de aeronaves, embarcaciones y tecnología especializada para detectar, monitorear e interceptara aquello que consideren una amenaza que podrían ingresar por mar o aire. Su labor es clave para prevenir el tráfico de personas, drogas y otros productos peligrosos que buscan evadir los controles terrestres.
En conjunto, estos tres pilares convierten a CBP en la primera línea de defensa de Estados Unidos, con una misión que combina la aplicación firme de la ley, la protección contra amenazas como el terrorismo y el contrabando, y la asistencia humanitaria a quienes lo necesitan.
En julio de este año, el gobierno de Estados Unidos designó $165,000 millones para fortalecer a CBP, entre estos, $46,000 millones para seguir con la construcción del muro fronterizo, $4,000 millones para contratar a almenos 6,000 nuevos agentes de aduanas y patrulla fronteriza, y 10,000 agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
A más de dos semanas de celebradas las elecciones generales en Honduras el pasado 30 de noviembre, el país sigue sin conocer oficialmente al presidente electo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún enfrenta obstáculos logísticos, políticos y tecnológicos que han retrasado el conteo de votos, alimentando la tensión entre partidos.
El CNE tiene como fecha límite el 30 de diciembre para anunciar resultados definitivos. La presidenta del organismo, Ana Paola Hall, indicó que aún están pendientes 2,792 actas con inconsistencias. El retraso se atribuye a la ausencia de representantes partidarios en mesas de verificación, procesos informáticos incompletos y presiones políticas.
Tanto Hall como la consejera Cossette López, han denunciado amenazas e intentos de intimidación. Ambas forman parte de los dos partidos con más apoyo hasta ahora: el Partido Liberal y el Partido Nacional, respectivamente, según cifras preliminares.
El escrutinio especial debía comenzar el sábado pasado, pero podría arrancar hoy martes por la noche, según anunció el CNE. Este proceso contará con al menos 150 mesas de verificación y trabajará en dos turnos de 12 horas, con presencia de partidos, observadores nacionales e internacionales y auditores.
Mientras tanto, la presidenta Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre), denunció un intento de «golpe de Estado» y advirtió que el expresidente Juan Orlando Hernández, recientemente indultado por Donald Trump, estaría planeando retornar al país para «proclamar al ganador» de los comicios.
El Partido Nacional, por su parte, acusa al gobierno de Libre de estar orquestando un «autogolpe» para desconocer los resultados electorales. “Se niegan a aceptar que fueron derrotados y buscan alterar la voluntad popular”, denunció el jefe de bancada Tomás Zambrano, quien hizo un llamado a la comunidad internacional.
Las protestas en respaldo a Castro y la candidata oficialista, Rixi Moncada, ya han comenzado en distintas ciudades. El expresidente y esposo de Castro, Manuel Zelaya, convocó movilizaciones “pacíficas y democráticas” para exigir transparencia y un conteo «voto por voto».
Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, dijo hoy que «aquí no va a haber ningún golpe» y que los uniformados «garantizamos la estabilidad del gobierno, vamos a garantizar la permanencia del gobierno hasta el 27 de enero del 2026 para lograr la alternabilidad».
Según el último conteo oficial, con el 99.8 % de actas escrutadas, Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, lidera con el 40.54 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla del Partido Liberal con 39.19 %, mientras que Rixi Moncada se ubica en tercer lugar con 19.29 %. Las Fuerzas Armadas han asegurado que no permitirán ningún golpe y garantizarán la transición hasta el 27 de enero de 2026.
Las recientes redadas migratorias ejecutadas por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en el sur de Arizona han provocado el cierre indefinido de varios restaurantes hispanos, entre ellos Taco Giro, una cadena emblemática de comida mexicana que operaba con diez sucursales y que ahora solo mantiene tres abiertas.
El operativo más reciente ocurrió el pasado 5 de diciembre, cuando ICE irrumpió en varios locales de Taco Giro fuertemente armados y arrestó a 46 trabajadores, además de incautar documentación vinculada a la contratación de empleados. César Rodríguez, director de operaciones de la cadena, aseguró que la empresa perdió de forma inmediata al 10 % de su plantilla laboral.
“El proceso de contratar y capacitar personal nuevo es lento, sobre todo cuando hay temor entre los propios ciudadanos por sus familiares indocumentados”, explicó Rodríguez, quien también denunció la visita de agentes a los domicilios de varios empleados, lo que elevó la cifra de detenciones.
ICE justificó el operativo alegando una investigación en curso relacionada con contratación irregular, pagos en efectivo y presuntos vínculos con delitos fiscales y tráfico de drogas. Rodríguez calificó estas acusaciones como “ridículas” y advirtió que la clientela ha dejado de acudir por temor a nuevos operativos.
La situación se repite en otros negocios latinos. Marco Antonio López, dueño del mercado Beef Master Meat Market, también en Tucson, relató que tras una redada de ICE en marzo pasado, sus empleados no volvieron al trabajo al día siguiente, aunque no hubo arrestos.
“Fue muy duro. Mi esposa y mis hijos tuvieron que ayudar para mantener el negocio funcionando”, contó.
Nueve meses después, López sigue enfrentando procesos legales y podría recibir una multa millonaria. Además de los gastos en abogados, tuvo que capacitar a un empleado para cumplir con el sistema federal E-Verify, lo que supuso más inversiones en medio de la crisis.
Un informe reciente del Los Angeles Economic Equity Accelerator and Fellowship (LEAAF) reveló que el 43 % de los empresarios hispanos en zonas afectadas por redadas reportaron pérdidas de ingresos superiores al 50 %, cifra que sube al 68 % entre quienes no dominan el inglés.
La alcaldesa de Tucson, Regina Romero, criticó con firmeza los operativos.
“Estas redadas federales intencionadas, disruptivas y violentas no hacen a nuestra comunidad más segura”, expresó.
Romero añadió que estas acciones afectan a trabajadores de toda la vida y golpean una economía local ya debilitada por el alza en los precios de alimentos y rentas.
